Se conoció esta semana un informe de 104 páginas que revela que al menos 13 de los 59 relatores especiales de derechos humanos reciben dinero de los mismos regímenes que deberían vigilar, y que no existe ningún mecanismo para removerlos. Esta denuncia se suma a la pila de vergüenzas, inconsistencias, trampas, deshonestidades y miserias que son moneda cotidiana en la organización supranacional más importante del mundo.
Por: Karina Mariani – La Gaceta de la Iberosfera
¿Qué sucede cuando el organismo encargado de vigilar a los peores gobiernos del mundo es financiado por ellos?
En mayo de 2026, UN Watch, publicó una investigación que da una respuesta documentada, caso por caso, con nombres, montos y fechas. La conclusión no admite matices: una porción significativa de los expertos de derechos humanos que el mundo trata como árbitros neutrales son, en los hechos, portavoces remunerados de los regímenes que supuestamente fiscalizan.
El informe, titulado «From Watchdogs to Ideologues» analiza la trayectoria de los “relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos» y traza un patrón que no puede explicarse por coincidencia ni por mala suerte en los nombramientos. China transfirió dinero directamente a las oficinas de relatores que luego guardaron silencio sobre los «campos de internamiento» uigur. Rusia financió al experto que durante meses defendió al Kremlin contra sanciones internacionales, incluso después de la invasión a Ucrania. Arabia Saudita entregó fondos a la relatora sobre violencia de género que a continuación negó públicamente los crímenes sexuales cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ninguno de estos expertos fue sancionado. Ninguno fue removido. Todos conservan sus acreditaciones de la ONU.
Los números de fondo ilustran la distorsión. Entre el 7 de octubre de 2023 y marzo de 2026, los relatores emitieron 148 declaraciones dirigidas contra Israel. En el mismo período produjeron 64 sobre la guerra de Rusia en Ucrania, 62 sobre Myanmar (donde una junta militar ejecuta aldeas enteras) y apenas 24 sobre Sudán, cuya guerra civil ha generado uno de los peores colapsos humanitarios del siglo. La magnitud de la desproporción no puede explicarse por la gravedad comparada de los conflictos sino como resultado de un activismo militante instalado en el corazón mismo de la institución que se supone es la custodia de los derechos humanos universales.
Para medir esta decadencia y malicia, hay que recordar el punto de partida. El sistema de relatores especiales nació en 1967, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (predecesora del actual Consejo) necesitaba una forma de investigar el apartheid en Sudáfrica sin depender de los gobiernos implicados. La solución fue elegante: expertos independientes, sin sueldo de la ONU, que reportaran con libertad lo que encontraran sobre el terreno. Su desvinculación económica garantizaría su desvinculación política. En 1975, el mismo mecanismo se aplicó a Chile. En la década de 1980 se crearon los primeros relatores temáticos, sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura, expandiendo el alcance del sistema más allá de países particulares hacia problemas globales.
Durante décadas, el sistema funcionó con suficiente credibilidad como para que sus informes fueran incorporados como fuentes de autoridad por tribunales internacionales. El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia identificó 140 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que citan trabajos de los Procedimientos Especiales, además de referencias frecuentes en los fallos de la Corte Interamericana. Esa reputación acumulada es el activo que está siendo explotado.
La fractura se volvió estructural en 2006, cuando la Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 naciones, la mayoría de las cuales no son democracias. A finales de ese año, el secretario general Kofi Annan describió el sistema de relatores como «la joya de la corona del sistema de derechos humanos de la ONU.» Lo que no dijo fue que el nuevo Consejo carecía de incentivos para nombrar expertos que incomodaran a sus miembros, y que el mecanismo de selección era lo suficientemente opaco como para que esa captura ocurriera en silencio.
En 2014 se filtró un cable diplomático que expuso el desastre. El embajador de Marruecos, en el comité de selección, había enviado a su cancillería las preguntas de la entrevista antes de evaluar a una candidata marroquí. Esa candidata obtuvo la máxima calificación y fue nombrada para el cargo. Esto fue denunciado y se presentaron quejas, pero la ONU no tomó ninguna medida.
Para 2011, los auditores internos de la propia organización habían advertido formalmente que el esquema de financiamiento externo “earmarked funding” generaba «influencia indebida» sobre la agenda de los expertos. Recomendaron reducirlo. La advertencia fue archivada. Quince años después, el informe de UN Watch documenta sus consecuencias.
La corrupción del sistema no requirió conspiraciones elaboradas. Bastó con tres grietas estructurales que cuesta mucho pensar que no fueron creadas adrede.
La primera es lo que en la jerga de organismos internacionales se llama earmarked funding (contribuciones que un gobierno donante destina específicamente a la oficina de un relator particular, no al presupuesto general de la ONU). La diferencia con una contribución ordinaria es decisiva: cuando un país dona al fondo común, el dinero se diluye entre decenas de mandatos y la Oficina del Alto Comisionado decide cómo distribuirlo. Cuando dona con destino fijo, está pagando directamente el funcionamiento de una oficina concreta durante meses o años. El relator recibe personal, viajes, investigación y plataforma financiados por el mismo gobierno que debería estar vigilando.
En algunos casos el mecanismo opera de forma difusa: el régimen financia el mandato en general y la orientación de los informes se alinea con esa fuente de un modo que resulta difícil probar pero imposible ignorar. En otros, la dirección es quirúrgica: Open Society Foundations reconoció públicamente que una donación de 2017 estaba diseñada para influir en la elección del tema del informe anual de una relatora específica. Esto significa que un gobierno puede transferir dinero directamente a la oficina del relator cuyo mandato se superpone con sus intereses. No hay auditoría sistemática que lo detecte. Las declaraciones financieras son voluntarias e inconsistentes. El mecanismo no requiere ni siquiera el acuerdo explícito del relator sobre su agenda: basta con que el financiamiento fluya hacia quienes ya piensan lo que el donante quiere que se piense.
La segunda grieta es la selección politizada. Los candidatos son evaluados por un Grupo Consultivo de cinco embajadores, uno por región, que elabora un ranking y eleva recomendaciones al presidente del Consejo. En teoría, los criterios son independencia, imparcialidad e integridad. En la práctica, los gobiernos autoritarios que dominan el Consejo colocan en ese comité a representantes que filtran candidatos según afinidad ideológica. El caso de la embajada marroquí es un ejemplo de la forma habitual de funcionamiento del sistema.
La tercera es la impunidad permanente. Una vez en funciones, un relator es virtualmente inamovible. No existe ningún procedimiento formal de destitución en el Consejo de Derechos Humanos. Las quejas éticas se derivan a un comité integrado por los propios relatores. Un experto puede publicar en redes sociales insultos racistas, puede defender públicamente a organizaciones terroristas, puede recibir dinero de un régimen mientras emite informes favorables a ese régimen, y nada de eso activa consecuencia institucional alguna.
El informe muestra casos concretos, declaraciones rastreables y transferencias verificables. Los perfiles más representativos que el patrón documenta deberían haber generado al menos renuncias, pero nadie espera de ONU respuestas morales ni éticas.
Alena Douhan: relatora sobre sanciones occidentales
Su accionar refleja un objetivo que salta a la vista: argumentar que las sanciones que Occidente impone a dictaduras son la causa de sus crisis humanitarias, no la corrupción ni la represión de esos mismos regímenes. China le transfirió casi un millón de dólares a lo largo de cinco años. Rusia le entregó 265.000 dólares entre 2020 y 2021; los meses siguientes, Douhan publicó informes defendiendo al Kremlin de las sanciones norteamericanas y siguió haciéndolo después de la invasión a Ucrania. Qatar aportó 50.000 dólares, y Douhan promovió luego que los países del Golfo levantaran sus sanciones a Doha, sin hacer ninguna mención al historial documentado de Qatar como financiador de redes terroristas. El total recibido de esas tres fuentes supera el millón trescientos mil dólares.
Irene Khan: relatora sobre libertad de expresión
Para empezar a entender este zafarrancho, basta saber que fue designada con el respaldo del representante chino en el comité de selección. Antes del nombramiento, había visitado China en varias ocasiones y elogiado públicamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Una vez en funciones, su agenda mostró una coherencia notable con ese historial: guardó silencio sobre el encarcelamiento masivo de periodistas en Venezuela, sobre los cortes sistemáticos de internet en Irán y Turquía, y sobre la censura en Arabia Saudita. En cambio, dedicó una visita completa a Alemania para denunciar la supuesta represión de manifestantes propalestinos, y presentó ante la Asamblea General un informe que acusa a los gobiernos occidentales de suprimir voces críticas en sus universidades. Su oficina recibió 775.000 dólares de la Fundación Wellspring, una organización estadounidense de izquierda que opera con fondos opacos. Ha defendido a periodistas de Al Jazeera señalados por vínculos con Hamás, y describe los señalamientos de antisemitismo en los campus como mecanismos para silenciar disidencia política.
Tlaleng Mofokeng: relatora sobre el derecho a la salud
Declaró públicamente que Hamás no es una organización terrorista y que la lucha armada del grupo tiene legitimidad. Fue encontrada culpable de conducta indebida por la autoridad regulatoria médica de Sudáfrica, en parte por haber atacado en redes sociales al director de UN Watch, Hillel Neuer, con lenguaje que el propio organismo regulador consideró inaceptable. El informe documenta además que ha promovido la prostitución como opción para adolescentes en debates sobre salud sexual, y ha afirmado falsamente que Estados Unidos ocupa militarmente Haití. Nada de esto generó ninguna revisión de su mandato.
Ben Saul: relator sobre lucha contra el terrorismo
Recibió 150.000 dólares de China en 2024. En ese mismo período no emitió ninguna declaración sobre la persecución china de la minoría uigur, un caso de represión que Pekín justifica oficialmente como política antiterrorista (que es exactamente el área de mandato de Saul). Ha descrito a Estados Unidos como una distopía y ha pedido el arresto de sus funcionarios de seguridad por asesinato en masa. Rechaza la definición de antisemitismo más utilizada internacionalmente, la de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, calificándola de instrumento político. Cuando Irán lanzó ataques directos contra Israel en 2024, salió en defensa de Teherán y criticó a los países que intentaron interceptar los proyectiles.
George Katrougalos: experto sobre orden internacional democrático
Exministro de Relaciones Exteriores de Grecia por el partido de izquierda radical SYRIZA, cuestiona abiertamente si el modelo democrático tiene alguna superioridad legítima sobre otros sistemas de gobierno. En 2025, año en que su oficina recibió 100.000 dólares de China, promovió públicamente el libro del presidente Xi Jinping y elogió su visión política. Viajó a Teherán para expresar condolencias al gobierno iraní por los que calificó como crímenes norteamericanos e israelíes. Ha propuesto crear un asiento permanente en el Consejo de Seguridad para el «mundo musulmán», lo que en la práctica otorgaría poder de veto a regímenes como el iraní o el qatarí.
Michael Fakhri: relator sobre el derecho a la alimentación
Venezuela prohíbe sistemáticamente el acceso de monitores independientes de la ONU a su territorio. Curiosamente, Fakhri fue la excepción. En realidad, es aún peor: el régimen de Maduro lo invitó especialmente. Fakhri aceptó y aprovechó la visita para presentar al gobierno venezolano como víctima de la presión externa, sin ninguna referencia a las décadas de corrupción institucional que explican la crisis del país. Ha dirigido una campaña que acusa a Israel de provocar hambre deliberada como arma de guerra, mientras sus informes no contienen ninguna mención a la tragedia de los rehenes israelíes mientras estuvieron en manos de Hamás, a varios de los cuales se les negó agua y alimentos durante meses. También acusó a Canadá de cometer genocidio.
Reem Alsalem: relatora sobre violencia contra la mujer
En los meses que siguieron al 7 de octubre de 2023, con documentación de organismos internacionales, testimonios judiciales y evidencia forense confirmando crímenes sexuales cometidos por Hamás durante los ataques, Alsalem negó repetidamente que existiera prueba independiente de esas violaciones. Al mismo tiempo, amplificó denuncias sin verificar contra soldados israelíes basadas en fuentes con vínculos a organizaciones terroristas. El dato más revelador de su perfil financiero: recibió 70.000 dólares de Arabia Saudita y otros 100.000 del Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque de monarquías que somete a las mujeres a sistemas de tutela masculina legalmente consagrados. Esos regímenes financiaron a la persona encargada de defender los derechos de las mujeres ante la ONU.
Balakrishnan Rajagopal: relator sobre el derecho a la vivienda
Argumenta que el derecho internacional es fundamentalmente una construcción al servicio de los intereses de Washington y pone en duda que Estados Unidos sea moralmente diferente de China como actor global. Sus informes sobre Gaza acusan a Israel de lo que denomina «domicidio». Paralelamente, no ha producido ningún informe relevante sobre el desplazamiento forzado de la minoría uigur en China , el caso contemporáneo más grande y documentado de violación masiva del derecho a la vivienda, ni sobre la respuesta del Estado turco tras los terremotos que dejaron decenas de miles de muertos.
El informe reconstruye con detalle los montos transferidos desde regímenes autoritarios hacia mandatos específicos. China es el mayor financiador documentado, y el total de fondos provenientes exclusivamente de gobiernos no democráticos supera el millón ochocientos mil dólares en los últimos cinco años, solo para estos trece casos. A esos montos hay que agregar los flujos provenientes de fundaciones privadas con agendas políticas declaradas. La Fundación Ford entregó más de seis millones de dólares a distintos mandatos entre 2015 y 2023. Open Society Foundations aportó alrededor de tres millones. El volumen total de financiamiento externo con intereses propios supera holgadamente los diez millones de dólares en la última década.
China, Rusia, Qatar, Arabia Saudí e Irán llevan décadas trabajando en bloque dentro del sistema de la ONU para redirigir el escrutinio internacional hacia las democracias occidentales, alejándolo de sus propios abusos. Los relatores que financian son el instrumento de esa estrategia. El membrete de las Naciones Unidas convierte esa propaganda en documentos citables ante tribunales internacionales.
Esa consecuencia no es menor. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional tratan los informes de los relatores como fuentes de autoridad. Los gobiernos occidentales los incorporan a sus debates de política exterior. Las universidades los estudian como bibliografía. Cuando un relator financiado por Qatar produce un informe que presenta a Israel de determinada manera, ese documento viaja hacia los argumentos de la fiscalía de la CPI, hacia los razonamientos de los jueces de La Haya, hacia los debates en los parlamentos de democracias que creen estar citando una fuente neutral.
UN Watch llega a la conclusión de que la reforma interna no es viable mientras el Consejo de Derechos Humanos esté controlado por países que no tienen incentivo para producirla. Lo cierto es que los miembros democráticos deberían imponer mecanismos de verificación serios e impedir que cualquier activista obtenga validez automática usando el membrete de la ONU para operar contra occidente.
Los Estados miembros también deberían prohibir el earmarked funding. Las declaraciones financieras de las oficinas de los relatores deberían ser obligatorias, estandarizadas y auditadas. Los estándares de evidencia deben ser restablecidos: no es aceptable que un relator cite como fuente a una ONG sin verificar sus vínculos ni su metodología. Y debe crearse un mecanismo real de remoción, compuesto por democracias con independencia judicial demostrada, con capacidad de actuar cuando un titular de mandato viole los principios que supuestamente encarna.
Pero es casi imposible que esto vaya a ocurrir. El activo que los regímenes autoritarios están explotando es la reputación y el «sello» y el asalto de las dictaduras sobre la gobernanza de ONU no es reversible. No al menos en el corto plazo.
Lo que el informe describe no es una colección de escándalos individuales ni unas pocas manzanas podridas en una institución por lo demás sana. Es la historia de una toma hostil que produjo este resultado. El sistema está actualmente diseñado de tal manera para que las personas menos probas y más corruptas operen sin consecuencias. Mientras esto no cambie, el membrete azul seguirá siendo el mejor negocio de la diplomacia totalitaria.
