Hay una fecha que marca el destino de José Luis Rodríguez Zapatero: el 19 de septiembre de 2024. Ese día, El Parlamento Europeo aprobaba el reconocimiento de Edmundo González como presidente “legítimo” de Venezuela. González había ganado las presidenciales de su país, pero el régimen de Nicolás Maduro no reconoció su triunfo y le obligó a exiliarse a España. Zapatero negoció durante esos convulsos días de crisis política por la vicepresidente chavista, Delcy Rodríguez, para encontrar una solución. Zapatero no sospechaba que ese mismo día, 19 de septiembre de 2024, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF había recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiéndole ayuda para que facilitara información sobre el patrimonio en España de varias personas que estaban siendo investigadas en Francia y Suiza por blanqueo de capitales.
Por: David Fernández – Infobae
Se trataba de los hermanos Luis Felipe y Enrique Baca Arbulu, dos ciudadanos peruanos asentados en Madrid. De hecho, uno de ellos se acababa de comprar en marzo de 2024 un pisazo con vistas al Retiro por 3,9 millones de euros. También de la francesa Marie Caroline Boyer (esposa de Luis Felipe); de la venezolana Gabriela Puente; del venezolano Danilo Alfonso Díazgranados, un empresario que vive en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón; y del holandés Simón Leendert Verhoeven. El primero de ellos, Luis Felipe Baca, estaba siendo investigado por la Autoridad del Mercado de Valores de Francia (AMF) por el uso de información privilegiada y lavado de dinero. Las autoridades francesas habían decomisado el móvil de Baca dos años antes, en octubre de 2022. Y como se sabe en este tipo de investigaciones, el teléfono de una persona siempre es una pieza clave. En su caso, había “multitud de conversaciones a través de la aplicación Signal con socios y clientes”.
Luis Felipe Baca tenía una empresa radicada en Islas Mauricio, cerca de Magadascar, un Estado con grandes ventajas fiscales. La sociedad se llama Bluecap Corp, que tenía una filial en España, Kaimana Capital. Esta última había sido constituida por un abogado español, Miguel Palomero. Baca es una especie de bróker que gestiona patrimonios. Y entre sus clientes, cargos del Gobierno venezolano y empresarios de ese país, como Gilberto Morales Reverón, con nacionalidad española y que también acababa de adquirir un piso en Madrid valorado en 1,7 millones de euros.
Morales, golfista profesional en el pasado, es una figura “relevante”. El FBI estadounidense le investigaba por corrupción, por el presunto desvío de fondos públicos venezolanos vinculados a las subvenciones de alimentos. Morales abrió una cuenta bancaria en Madrid y empezó a recibir fondos (2,6 millones de euros) desde Alemania, Suiza y Dominica. Y como estas madejas societarias se enredan cada vez más, Morales había recibido dinero desde una empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas a nombre de Armando Capriles, primo del líder opositor venezolano. Es decir, en esos momentos se investigaba si Baca blanqueaba para Morales.
La línea llega de Plus Ultra
A Baca no solo le investigaban en Francia, también en Suiza “por su participación en redes vinculadas al presidente Maduro para evadir las sanciones internacionales de venta de crudo”. Pero con la madeja siempre se enrolla más, Baca, junto a su esposa y Simón Verhoeven, también estableció “esquemas financieros” para la venta de oro del Banco Venezolano a través de una empresa radicada en Emiratos Árabes llamada Noor Capital. Luis Felipe Baca es la clave. En su móvil aparecían conversaciones con Danilo Alfonso Díazgranados que dejaban claro que ambos tenían inversiones en España y que ambos colaboraban en el blanqueo para terceras personas. ¿Cómo? A través de la venta de oro. Y aquí aparece un nuevo personaje: Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano y accionista de referencia de Plus Ultra a través de su esposa, María Aurora López. Reyes es una de las figuras clave de la aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo de rescate gestionado por la SEPI.
El móvil de Baca refleja que realizó varias operaciones de lavado de dinero para Reyes. Una de ellas en julio de 2020. El teléfono recoge un correo enviado por un gerente comercial de la empresa Coyne Airways, con sede en la zona franca del aeropuerto de Dubái, solicitando una cotización para el “transporte de 5 a 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái”. Con toda esta información, la UDEF lo resume con cautela en un informe que plasmó el 18 de octubre de 2024: Rodolfo Reyes “podría ser de interés en España” porque, además de la eventual canalización de fondos hacia territorio español señalada por las autoridades francesas, se habían comprobado importantes inversiones y estructuras empresariales en nuestro país». Entre ellas, su participación en Plus Ultra. Baca y Diazgranados idearon el blanqueo para Reyes en un restaurante de Pozuelo.
¿Cómo? A través de una empresa llamada Adamas, gestionada por el holandés Simon Verhoeven. Este ya había declarado ante la Fiscalía de Ginebra que otras tres sociedades suyas habían hecho préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra, y que esos préstamos habían sido “íntegramente reembolsados”. Con dinero público español: el del rescate. Después, con ese dinero, una filial de Adamas, Allpa Wira, le vendió 30 millones de euros de oro a otra sociedad de Emiratos Árabes también controlada por Baca, llamada Al Joud. De ahí el dinero viajó a una cuenta en Panamá de otra sociedad y finalmente a Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra. Dinero blanqueado.
La madeja se fue enredando cada vez más. La Policía Nacional registró en octubre de 2024 el despacho del abogado Miguel Palomero, abogado de Baca. En su teléfono móvil encontró un chat denominado ‘Danilo-España’ en el que se recogían las conversaciones del letrado con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa “y un hombre de negocios cercano a Hugo Chávez”. En ese chat se cita a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”. La UDEF no sabía que había podido encontrar la primera referencia al expresidente Zapatero. Todos estos datos, resumidos, dieron origen a la denuncia de 21 páginas que judicializó la Fiscalía Anticorrupción a finales de octubre de 2024 y que está en el origen del ‘caso Plus Ultra’ y la posterior investigación a Zapatero un año después.
La Administración estadounidense había interceptado a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años después, en 2024, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes. Este había reenviado en julio de 2020 un mensaje de directivos de Plus Ultra en el que contaban el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (…)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”. Reyes está hoy en busca y captura, el bróker Baca está imputado. Y Zapatero se ha convertido en el primer presidente del Gobierno de España investigado por un juez.
