La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de este miércoles un operativo en la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, dentro de una investigación sobre una trama de financiación ilegal del partido, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes próximas al caso citadas por ese medio.
Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se enmarcan en las diligencias abiertas en torno a la denominada «fontanera» del PSOE, Leire Díez, y sus supuestos vínculos con operaciones relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según la información publicada, los agentes no sólo han accedido a dependencias de la sede socialista, sino que también tienen previsto inspeccionar distintos inmuebles repartidos por varios puntos de España vinculados a altos cargos del partido presuntamente relacionados con la investigación. El dispositivo cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y las actuaciones podrían prolongarse durante toda la jornada.
Las pesquisas de la Guardia Civil apuntarían, según las fuentes citadas, a una supuesta estructura destinada a introducir fondos opacos en la contabilidad del PSOE mediante mecanismos diseñados para evitar los controles ordinarios. Los investigadores buscan documentación, archivos informáticos y cualquier otro material que pueda resultar relevante para determinar si existió una contabilidad paralela dentro de la formación política.
De acuerdo con esa información, los investigadores sospechan que esa supuesta operativa habría permitido al partido concurrir a distintos procesos electorales con recursos superiores a los declarados oficialmente. La investigación habría cobrado fuerza tras el análisis de mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios intervenidos durante meses por los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil.
No es la primera vez que los agentes acceden a Ferraz. El pasado 20 de junio de 2025, la UCO acudió a la sede socialista tras la imputación del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública. En aquella ocasión, la actuación se limitó a un requerimiento de información y al clonado de material informático relacionado con el exdirigente socialista.
La financiación del PSOE lleva meses bajo el foco judicial a raíz de diversas investigaciones abiertas. Parte de las sospechas surgieron tras conversaciones intervenidas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que aparecían referencias a pagos en efectivo para cubrir determinados gastos.
Las declaraciones posteriores del antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno, tampoco disiparon las dudas. Según la información publicada, describió una práctica habitual de pagos en efectivo y movimientos periódicos de dinero hacia la caja fuerte del partido, una dinámica que llegó a definir como una «cultura organizativa».
De forma paralela, algunos investigados en otras causas han realizado declaraciones que afectan al entorno socialista. El empresario Víctor de Aldama aseguró ante el Tribunal Supremo que buscó empresas dispuestas a pagar supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y afirmó haber entregado documentación relacionada con fondos procedentes de Venezuela. Asimismo, la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, sostuvo haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista.
Imputados
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.
Según han indicado fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado instructor ha dado ese paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Las imputaciones se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la AN por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ vinculada al PSOE, así como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, al que también declara investigado.
Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró en el marco de otra investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre la exmilitante socialista, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por ello.
A principios de mes, el juez de la Audiencia Nacional prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a Díez, Fernández y otros por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.
