La reciente defensa del presidente Miguel Díaz-Canel al descomunal aumento de tarifas de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, no solo profundiza el malestar social en Cuba: lo agravia con cinismo. Pretender que los cubanos deben estar agradecidos por tener internet, porque “hay 2.500 millones de personas en el mundo sin acceso”, es una forma grosera de manipulación emocional que no resiste el más mínimo análisis ético ni económico.
Este argumento busca consolar a los afectados con comparaciones absurdas: ¿acaso una persona que no tiene comida debería estar agradecida si hay alguien más hambriento en otra parte del mundo? Esta lógica de la resignación forzada encubre el fracaso de una política pública que impone a los cubanos pagar tarifas inaccesibles con salarios y pensiones de miseria. Pagar 3.360 pesos por tres gigabytes —más de 1.200 pesos por encima del salario mínimo y más del doble de muchas pensiones— no es un “repliegue táctico”, como lo llamó el mandatario: es un acto de exclusión digital masiva.
Más aún, el tarifazo viola el propio contrato de ETECSA, que obliga a avisar con 30 días de antelación cualquier cambio en las condiciones del servicio. Saltarse esta cláusula es una muestra más de impunidad, disfrazada de “reorganización” para la sostenibilidad del sistema. Es decir, se castiga al usuario para sostener el monopolio, no para mejorar el servicio.
Peor todavía es la retórica con la que Díaz-Canel intenta suavizar el golpe: “vamos avanzando”, dice, mientras el país retrocede en libertades, calidad de vida y ahora también en acceso a la conectividad. El mensaje es claro: el Estado puede fallar, imponer y restringir, pero el pueblo tiene la obligación de agradecer.
La presidenta de ETECSA, Tania Rodríguez, completó el cuadro al admitir implícitamente que la moneda nacional es casi inútil frente a la nueva estructura tarifaria. Esto equivale a confesar que el sistema económico ya no ofrece un marco realista para sostener siquiera el acceso a la información digital, mucho menos para progresar.
Este tarifazo no es solo un abuso económico: es una herramienta política. Limitar el acceso a internet en medio de una crisis —cuando más se necesita información, organización y expresión— implica un cerco deliberado a la libertad. En lugar de transparencia, se refuerzan los muros de control. En vez de avanzar, como dice el discurso oficial, Cuba sigue retrocediendo.
Afirmar que “no es posible vivir al margen de las necesidades” mientras se condena a millones a la desconexión no es gobernar: es encubrir un despojo con lenguaje heroico. Y eso, además de injusto, es profundamente desmoralizante.
