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El reciente comunicado oficial, fechado el 12 de junio de 2026 no es solo una nota de prensa; es una pieza de acrobacia política que revela la profunda crisis de legitimidad del régimen. La narrativa oficial insiste en calificar el operativo en el estado Bolívar como una «operación combinada» con los Estados Unidos, pero esta retórica se desmorona ante la cruda realidad del terreno: un «bombazo» ejecutado contra un ciudadano venezolano, en suelo venezolano, bajo una dirección que claramente no emanó de Caracas.
El documento intenta vender una imagen de cooperación bilateral para camuflar una verdad más incómoda. Al reconocer el «apoyo tecnológico especializado» y la «inteligencia» de autoridades estadounidenses, el régimen no está exhibiendo una alianza, sino admitiendo su propia obsolescencia.
La realidad material es contundente: el territorio nacional fue escenario de una acción donde el control operativo y la decisión táctica fueron orquestados desde Washington, dejando al régimen en el papel de un observador que se apresura a validar la intervención para no quedar fuera de la foto.
Estamos ante una contradicción insostenible:
- La claudicación operativa: El régimen residual se ve obligado a validar la injerencia extranjera para reclamar una «victoria» sobre el crimen organizado, confesando tácitamente que, sin el mando externo, el Estado carece de capacidad técnica y operativa para neutralizar amenazas de alto perfil dentro de sus propias fronteras.
- Reacción ante el hecho consumado: La rapidez con la que se emitió el comunicado tras el anuncio de Donald Trump deja claro que Caracas no lidera la agenda, sino que reacciona ante una realidad dictada y ejecutada desde el exterior. El objetivo no es la seguridad nacional, sino la supervivencia política; un intento desesperado de transformar una evidente vulneración de la soberanía en un falso ejercicio de «seguridad compartida».
En última instancia, este documento es el certificado de una derrota soberana. El régimen se cuelga una medalla ajena para ocultar que, ante los ojos del mundo, ha quedado reducida a un ente cuya única función en operativos críticos es la de avalar la voluntad de la potencia que jura combatir. La «exitosa operación» descrita en en el documento oficial confirma, por encima de todo, que quien ostenta el poder real sobre el territorio ya no se encuentra en Miraflores. (MP)
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