La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) ha expresado su preocupación por la aparente falta de avances en la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Estas críticas se dirigen directamente al fiscal Karim Khan, quien ha sido acusado de no actuar con la celeridad y contundencia necesarias para llevar a cabo un proceso justo y eficaz.
En un escrito dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPÍ, con motivo de la recusación presentada contra Khan por presuntos conflictos de intereses, la OPCV advirtió que «las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos».
«Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos», señaló la OPCV.
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas cuestionó que desde junio de 2023, cuando la Fiscalía de la CPI reanudó la investigación sobre Venezuela, no ha habido avances concretos para la apertura de un caso o la emisión de pedidos de captura contra imputados.
«Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más”, advirtió la OPCV.«La sensación de injusticia de las víctimas se ve agravada aún más por la situación actual en Venezuela (…) tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Venezuela ha intensificado el uso de las medidas más severas y métodos violentos de represión», destacó.
Represión postelectoral
La Oficina cuestionó que «el Fiscal no ha adoptado una posición pública sobre los recientes crímenes cometidos en las secuelas de las elecciones de 2024 en Venezuela. Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares en relación con el compromiso del Fiscal de abordar la grave situación actual y garantizar que la investigación siga respondiendo a nuevos acontecimientos».
En el escrito, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas explicó que «tras el anuncio de los resultados electorales, en el país estallaron protestas que llevaron a las autoridades a iniciar una operación sin precedentes de detenciones masivas e indiscriminadas. Según cifras reportadas por las propias autoridades, estas detenciones se cuentan por miles, alcanzando niveles comparables sólo a las observadas durante las protestas de 2014, 2017 y 2019″.
Resaltó que la mayoría de los detenidos no son dirigentes políticos ni personas con una trayectoria conocida o un perfil público. «Más bien, son ciudadanos comunes que habían expresado su descontento con el Gobierno y los resultados electorales anunciados. Muchos provienen de barrios de clase trabajadora, y una proporción significativa son jóvenes, hombres (…) El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas las personas con discapacidad), lo que representa el 10 % del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, son una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad», alertó la Oficina.
También destacó que muchas de estas detenciones se ejecutaron en el marco de la denominada «Operación Tun Tun», que describió como «una campaña diseñada para intimidar e infundir miedo entre la población. Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en los hogares de las personas que habían participado en las protestas o habían expresado opiniones críticas contra las Gobierno, con el fin de detenerlos. Las casas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una X se recomendó una aplicación móvil (VenApp) para los seguidores del Gobierno para informar y denunciar a los presuntos opositores».
Asimismo, la OPCV reportó que en este periodo postelectoral se registraron, al menos, 25 muertes, la mayoría de ellas por balazos.
Por último, la Oficina de la CPI indicó que «las víctimas han expresado serias preocupaciones con respecto al énfasis constante del fiscal en seguir una vía de ‘complementariedad positiva’ a pesar de la determinación inequívoca de la Sala de Apelaciones de que Venezuela se encuentra actualmente no realizar investigaciones o procesos genuinos».
Esto, advirtió, genera «un profundo sentimiento de malestar» entre las víctimas que «refuerza su sentimiento de abandono, sin ningún recurso tangible a la justicia».
Lea a continuación el escrito dirigido a la Sala de Apelaciones de la CP (en inglés)
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