La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la presunta red impulsada desde el entorno del PSOE para recopilar información comprometedora contra jueces, fiscales, mandos policiales y adversarios políticos acerca cada vez más el foco judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Distintas fuentes jurídicas consideran que, a medida que avance la instrucción dirigida por el juez Santiago Pedraz, resultará difícil evitar su citación al menos como testigo.
El nombre de Sánchez aparece de forma recurrente en el auto con el que el magistrado avaló los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acordó requerimientos de información e imputó a varios de los principales responsables de la trama. La investigación se encuentra todavía en una fase inicial, pero ya apunta a una estructura organizada que, según los indicios recogidos por el juez, habría operado con apoyo logístico y económico del propio PSOE.
La situación contrasta con las declaraciones realizadas por Sánchez cuando fue preguntado directamente sobre Leire Díez. Entonces respondió: «Que me conste a mí, desde luego que no«, negando que actuara para el partido y amparándose en una fórmula que ahora vuelve a cobrar relevancia a la luz de los avances de la investigación.
Las referencias al «uno»
Uno de los elementos que más interés despierta entre los investigadores son las continuas referencias al «uno«, «one«, «jefe» o «superjefe» que aparecen en los dispositivos electrónicos intervenidos a Leire Díez, al empresario Antxon Alonso y a otros integrantes del entramado.
Según la investigación, los miembros del grupo trasladaban a sus interlocutores que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, les aseguraba que Pedro Sánchez conocía las actuaciones que estaban desarrollando. Los mensajes y conversaciones incorporados a la causa apuntan a que la protección del presidente y de su entorno constituía uno de los principales objetivos de la operación.
Las pesquisas se apoyan en el análisis de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos incautados durante los registros. Fuentes cercanas al caso sostienen que las referencias al máximo responsable político son más numerosas de las que han trascendido hasta ahora en las resoluciones judiciales.
El entorno más próximo de Sánchez
Otro de los aspectos que sitúan al presidente en una posición delicada es la aparición de personas pertenecientes a su círculo de máxima confianza.
El juez menciona en sus resoluciones a Juanma Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, y a Juan Francisco Serrano, ambos vinculados al entorno de Santos Cerdán. El instructor considera que existen indicios de colaboración con los investigados y deja abierta la puerta a determinar posteriormente su eventual responsabilidad penal.
También figura en la investigación el exdirector de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.
La presencia de personas que ocuparon puestos estratégicos en el núcleo político de Sánchez dificulta la tesis impulsada desde Moncloa y Ferraz para presentar el caso como una actuación limitada exclusivamente a Santos Cerdán.
Ferraz como centro de operaciones
La investigación también pone el foco sobre el propio PSOE. Según los indicios recogidos por el magistrado, el partido habría proporcionado soporte estructural y logístico a las actividades del grupo investigado.
Además de sufragar determinadas actuaciones, dos trabajadoras de la Secretaría de Organización habrían colaborado en la gestión de desplazamientos y alojamientos. La sede nacional del PSOE en la calle Ferraz también habría servido para celebrar más de una veintena de reuniones vinculadas a las actividades bajo sospecha.
La UCO permaneció durante cerca de doce horas en la sede socialista esta semana recopilando documentación. Entre los requerimientos realizados figura la entrega íntegra de los programas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos correspondientes a 2024 y 2025, así como la identificación de los responsables encargados de supervisarlos.
La eficacia o inexistencia de esos controles resulta especialmente relevante, ya que podría abrir la puerta a una eventual imputación del PSOE como persona jurídica.
La protección de la familia del presidente
El auto judicial sostiene que una de las prioridades de la organización era neutralizar investigaciones que afectaban al entorno más cercano del presidente del Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con su familia.
Esa motivación aparece como uno de los elementos centrales de la investigación y constituye otro de los argumentos que llevan a diversos juristas a considerar probable una futura declaración de Sánchez en la causa.
En caso de ser citado como testigo, el presidente podría acogerse a la posibilidad de responder por escrito debido a su condición institucional. La Audiencia Nacional tampoco puede investigarle directamente al estar aforado ante el Tribunal Supremo.
