Vía The Economist
Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio dejaron más de 2.000 muertos, según la cifra oficial. Muchas más personas continúan desaparecidas y las Naciones Unidas han solicitado 10.000 bolsas para cadáveres. Sin embargo, probablemente nunca se conocerá el verdadero número de víctimas. Tras décadas de una brutal cleptocracia, Venezuela ya no es un país donde los fallecidos sean contabilizados de manera adecuada.
La respuesta del régimen ante la tragedia ha sido desoladora. En La Guaira, el estado más afectado, los sobrevivientes afirman que durante las primeras 48 horas —el período crucial en el que aún existe la mayor probabilidad de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los edificios derrumbados— no llegó ninguna ayuda oficial. Las familias tuvieron que escarbar por su cuenta entre montañas de polvo y concreto para buscar a sus seres queridos. La maquinaria pesada necesaria para remover los escombros tardó en llegar y, en algunos casos, ni siquiera tenía combustible. Algunos equipos de rescate carecían de linternas. El olor de los cadáveres en descomposición impregna ahora muchas zonas. Los heridos que logran llegar a los hospitales encuentran servicios saturados, con poco personal y escasos equipos. El régimen, tan incompetente como autoritario, ha sido lento en distribuir la ayuda humanitaria.
Desde enero, cuando Donald Trump envió fuerzas militares para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro, los problemas de Venezuela también se convirtieron en problemas de Estados Unidos. El presidente Trump reemplazó a Maduro por su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, considerada más dispuesta a cooperar, y ha llegado a afirmar que ahora gobierna el país a través de ella. Esa afirmación es una exageración, pero Estados Unidos sí controla directamente los ingresos petroleros de Venezuela, y Rodríguez debe cooperar, al menos en cierta medida, con Washington si quiere evitar el destino de su antecesor, quien permanece encarcelado en una prisión estadounidense.
La singular implicación de Estados Unidos en Venezuela conlleva responsabilidades igualmente singulares. Washington debería hacer mucho más para cumplirlas. Cerca de 300 rescatistas estadounidenses han llegado al país, junto con 900 marines. Sin embargo, de los 300 millones de dólares prometidos en ayuda, solo 100 millones corresponden a nuevos recursos. Toda ayuda es bienvenida, pero las necesidades son enormes.
Mientras tanto, se avecinan otros desafíos. La dirigente opositora María Corina Machado, la política más popular de Venezuela, permanece en el exilio. La administración Trump le ha pedido que no intente regresar por temor a que su llegada a Caracas provoque disturbios. Hasta ahora, ella ha acatado esa petición. Sin embargo, tras los terremotos, resulta comprensible que desee desesperadamente volver junto a su pueblo. Durante la última semana, tanto Estados Unidos como el régimen han impedido su regreso. Eso, sostiene el artículo, es incorrecto. Como venezolana, tiene derecho a regresar a su país.
Se han prometido elecciones, pero muchos temen que el régimen continúe postergándolas. El descontento crece rápidamente. La popularidad de Trump en Venezuela, que alcanzó niveles muy altos inmediatamente después de la captura de Maduro, ha venido disminuyendo. Esa combinación resulta peligrosa. Quizá no sea posible celebrar elecciones en el corto plazo, pero Estados Unidos y el régimen deberían establecer un calendario claro para realizarlas. Eso podría aliviar parte de la indignación pública y, además, ofrecería a los inversionistas extranjeros la esperanza de que el país llegue a ser menos caótico desde el punto de vista jurídico y, por tanto, más atractivo para invertir.
Los terremotos también han agravado otro enorme desafío: el problema de la deuda pública venezolana. Según una estimación, la deuda soberana asciende a 240.000 millones de dólares, equivalentes al 240 % del producto interno bruto. Si esa cifra es correcta, su reestructuración sería la más ambiciosa jamás emprendida en cualquier parte del mundo. Para complicar aún más el panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que normalmente desempeña el papel de árbitro neutral en este tipo de procesos, no participa actualmente, mientras que entre los acreedores figuran bancos chinos, el gobierno de Rusia y otros prestamistas que prefieren permanecer en el anonimato.
Funcionarios estadounidenses aseguran que esperan alcanzar un acuerdo sobre la deuda antes de finalizar el año, aunque esa expectativa parece poco realista. Estados Unidos no debería aceptar un acuerdo parcial o mal diseñado simplemente para cumplir un calendario político. Eso podría dar lugar a impugnaciones legales y acusaciones de corrupción. Si realmente quiere ofrecer a Venezuela una oportunidad de recuperar unas finanzas públicas estables, Washington debería presionar al gobierno para que respete las normas internacionales y trabaje conjuntamente con el FMI, aunque ello requiera más tiempo.
Para los miles que fueron aplastados o asfixiados por los terremotos, ya es demasiado tarde. Para Venezuela, existe una oportunidad de renovación, pero los venezolanos merecen algo mejor que el señor Trump y su nefasta protegida
