Un total de 24 oenegés de Venezuela emitieron un comunicado este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, en el que advirtieron sobre “las graves amenazas y daños a gran escala” en varios ecosistemas naturales del país y los efectos en la población, así como su relación con la desatención estatal, la negación de información pública, y con ello, de la participación ciudadana para buscar soluciones.
Las organizaciones señalaron que Venezuela atraviesa una crisis ambiental derivada de “acciones y omisiones gubernamentales que restan condiciones de vida digna para todas las personas“.
“Desde los constantes derrames petroleros, los efectos de la explotación en el Arco Minero del Orinoco, hasta la inacción frente a las consecuencias del cambio climático, configuran situaciones que responden a la falta de prácticas y políticas efectivas, transparentes e inclusivas de contención y prevención”, detallaron en el comunicado.
Dominio de política de opacidad
Las ONG enfatizaron en que la defensa del ambiente en el país enfrenta importantes desafíos, “no solo por el alcance de los daños y el riesgo que implica el activismo, sino por la ausencia de información oportuna y confiable, crucial para que los diferentes actores actúen de manera efectiva”.
“El acceso a la información pública es un derecho básico para que personas y colectivos puedan monitorear, denunciar, frenar y evitar amenazas al ambiente. Permite conocer datos clave sobre proyectos, políticas, prácticas y decisiones que tengan impacto en las comunidades y territorios”, expresaron.
Recordaron que en Venezuela “domina una política de opacidad”, en la que “instituciones niegan regularmente información pública e incluso entorpecen y criminalizan su búsqueda”.
A tal respecto, recalcaron que en 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que las peticiones de información deben manifestar expresamente las razones o los propósitos por los que se requiere la información y que la magnitud de lo solicitado debe ser proporcional con el uso que se pretenda darle: “Lejos de revertir estas limitaciones arbitrarias, en 2021 esta y varias políticas restrictivas fueron refrendadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”, denuncian.
En el documento enumeran las consecuencias para el ambiente y la sociedad de esta política de opacidad, entre las que mencionaron, la falta de información sobre proyectos con impacto ambiental y la impunidad de los delitos ambientales.
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