El abogado venezolano Orlando Viera-Blanco, representante de víctimas y compilador de 1.845 denuncias de crímenes de lesa humanidad, remitió un carta-memorándum jurídico a la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), Päivi Kaukoranta, y con copia a la Oficina de Asesoría Pública para las Víctimas (OPCV).
En el documento, Viera-Blanco urge a la CPI a avanzar con “claridad, transparencia y determinación” en la investigación de la Situación Venezuela I, abierta formalmente desde noviembre de 2021 y reactivada en 2023 tras confirmación de la Sala de Apelaciones en marzo de 2024.
El jurista advierte que la prolongación indefinida de la fase investigativa, sin actualizaciones públicas sustantivas ni hitos procesales visibles, genera una “inquietud creciente” entre las víctimas y podría configurar una forma de denegación de justicia.
“Los artículos 54 y 68 del Estatuto de Roma, así como las Reglas de Procedimiento y Prueba, configuran un verdadero derecho sustantivo a la información y a la transparencia procesal”, señala el memorando. “El retardo injustificado en contextos de presuntos crímenes de lesa humanidad puede traducirse en una forma de denegación de justicia”.
Viera-Blanco enfatiza que esta petición no busca interferir en la independencia del Fiscal Karim Khan, sino fortalecer la credibilidad de la Corte mediante mayor rendición de cuentas: información periódica sobre avances, obstáculos y cronograma estimado.
El documento resalta además que una actuación oportuna de la CPI podría contribuir a una transición pacífica y sostenible en Venezuela, posicionando la justicia como pilar de la reconciliación y el restablecimiento del Estado de Derecho.
Contexto actual del caso
A pesar de que la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad (encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución política) cometidos desde al menos 2014 en el contexto de detenciones, la página oficial de la CPI no registra actualizaciones significativas desde marzo de 2024.
En diciembre de 2025, la Corte cerró su oficina en Caracas por falta de cooperación real del Estado venezolano, lo que refuerza el principio de complementariedad y la necesidad de que La Haya asuma plenamente el caso.
Recientemente, en marzo de 2026, la Fiscalía cerró el examen preliminar “Venezuela II” (relacionado con sanciones), pero aclaró expresamente que esta decisión no afecta la investigación en curso de Venezuela I.
Reacciones y expectativas
Organizaciones de derechos humanos y víctimas han venido expresando desde hace meses su frustración por la lentitud del proceso. El memorando de Viera-Blanco se suma a un creciente clamor por mayor transparencia y celeridad en uno de los casos más emblemáticos de la justicia internacional en América Latina.
La Asamblea de Estados Partes y la OPCV tienen ahora la oportunidad de ejercer su rol de supervisión institucional y protección de los derechos de las víctimas, tal como lo solicita el abogado.
#JusticiaEnLaHaya sigue siendo la demanda central de miles de venezolanos que, tras años de impunidad interna, ven en la CPI una de sus últimas esperanzas de verdad y reparación.
