La joven Ariadna Pinto, de 20 años de edad, falleció el pasado sábado 10 de mayo en el estado Cojedes, luego de enfrentar un delicado estado de salud agravado durante su encarcelamiento.
Pinto fue detenida el 1 de agosto de 2024 en el marco de las protestas poselectorales del 28 de julio, tras ser acusada de incitación al odio y terrorismo por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (Ubch).
La información fue confirmada este domingo 11 de mayo a El Pitazo por Néstor Gutiérrez, miembro del Foro Penal en Cojedes, quien lamentó el fallecimiento y recordó que tanto la familia como organizaciones de derechos humanos habían alertado sobre el riesgo de muerte si no era liberada a tiempo.
Ariadna Pinto había sido diagnosticada con diabetes mellitus tipo I a los 10 años y, a los 19, con hipertensión arterial crónica.
Según su madre, Elizabeth Pinto, su salud se deterioró rápidamente tras su detención en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tinaquillo.
Durante su reclusión, Pinto sufrió múltiples convulsiones, retención de líquidos y crisis de ansiedad que derivaron en una insuficiencia renal crónica.
Ante el agravamiento de su condición, su madre solicitó una medida humanitaria, que fue finalmente otorgada por el fiscal chavista, Tarek William Saab, el 7 de diciembre de 2024.
Aunque fue excarcelada y trasladada a su hogar, su salud continuó deteriorándose.
Organizaciones como Foro Penal han exigido una investigación sobre la responsabilidad del chavismo en la muerte de Ariadna Pinto, señalando que su permanencia en prisión a pesar de su delicado estado de salud vulneró sus derechos fundamentales.
Cuadro de horror
El 1 de agosto de 2024, Ariadna fue detenida tras ser denunciada por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo, en el marco de las protestas poselectorales del 28 de julio. A partir de entonces, su salud entró en una espiral de deterioro. El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo I, y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas.
El 12 de agosto fue hospitalizada por una hiperglicemia grave en el Hospital Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo, pero fue regresada al CICPC sin recibir tratamiento sostenido. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2024, Ariadna fue nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas: la glicemia superaba los 400 mg/dL y su condición general era crítica. Esta vez permaneció hospitalizada hasta su excarcelación el 7 de diciembre, bajo custodia del CICPC y esposada, en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal. Durante ese tiempo, su madre cubrió todos los gastos médicos gracias a la solidaridad de familiares y amigos.
Su liberación fue el resultado de una intensa presión pública, impulsada por su madre y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero ya su cuerpo mostraba signos de agotamiento.
Luego de ser excarcelada, Ariadna fue ingresada en el Hospital de San Carlos por un cuadro grave de retención de líquidos y dificultad respiratoria. Allí fue sometida a diálisis, y en febrero de 2025 su cuadro de insuficiencia renal adquirido en prisión se volvió crónico, según familiares y amigos. Su salud no volvió a estabilizarse. El 27 de abril fue ingresada nuevamente tras una recaída crítica y permaneció hospitalizada hasta el 10 de mayo, cuando falleció por un paro respiratorio.
Ariadna no murió solo por una complicación médica. Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. Su historia no puede repetirse. Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico.
Su fallecimiento se produce apenas una semana después del suicidio de Lindomar Amaro Bustamante, también oriundo de Cojedes, quien se quitó la vida en la cárcel de #Tocorón tras meses de maltrato y promesas incumplidas de libertad.
Hoy permanecen detenidos en condiciones similares los cojedeños Amado Ramón Villega, Amado José Villega González y Freddy José Flores Acosta, en Tocorón; y en El Helicoide, el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo.
