La audiencia del caso Pdvsa-Cripto dejó una paradoja medular en el Palacio de Justicia de Caracas: el Estado dice perseguir una trama multimillonaria, pero en sala no se explicó cuánto dinero se perdió, cuánto volvió a la nación ni quién administra los bienes incautados a los acusados.
En una causa construida públicamente sobre una pérdida patrimonial histórica, el silencio sobre la cifra, la recuperación de activos y el destino de los bienes ocupados no solo alimenta dudas políticas, sino que debilita de forma estructural la comprensión pública del juicio. Si el proceso pretende presentarse como justicia legítima contra la corrupción, la primera obligación debería ser elemental: decirle al país cuánto se perdió, cuánto volvió y quién responde por lo que falta.
La audiencia del caso Pdvsa-Cripto celebrada el lunes comenzó aproximadamente a las 5:00 pm y estuvo centrada, principalmente, en la respuesta del Ministerio Público y del tribunal frente a las múltiples solicitudes planteadas por las defensas. El fiscal Eddy Rodríguez pidió que fueran declaradas sin lugar las solicitudes de decaimiento de las medidas privativas de libertad, al sostener que el Ministerio Público había consignado prórrogas respecto de varios acusados. También solicitó que se rechazaran las pruebas complementarias promovidas por algunas defensas, con el argumento de que no se trataba de hechos nuevos ni de elementos conocidos con posterioridad.
En este caso se habla de prórrogas, nulidades, incidencias, traslados, medidas privativas de libertad, audiencias telemáticas, suéteres, guantes, autobuses accidentados y recursos declarados improcedentes. Se habla de casi todo. De lo que no se habló en la audiencia del 15 de junio fue del dato que convirtió este expediente en un asunto tanto de interés nacional como mediático: cuántos millones de dólares se perdieron, cuánto dinero se recuperó, qué bienes fueron asegurados, quién los administra y cuál es el monto real del daño patrimonial que el Estado dice perseguir.
Por eso, la pregunta no es solamente penal, sino institucional: si el Estado dice perseguir una trama de corrupción multimillonaria, ¿por qué el centro de la audiencia no fue el dinero perdido ni su recuperación? Y si la causa se tramita ante un tribunal especial de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, ¿cuáles son los criterios concretos que justifican esa competencia en un expediente cuya explicación pública ha sido, hasta ahora, fundamentalmente patrimonial?
El fiscal sostuvo además que las incidencias, nulidades y supuestos vicios denunciados por las defensas en fases anteriores ya habían quedado convalidados. Rechazó igualmente los alegatos sobre falta de allanamiento de inmunidad parlamentaria, falta de orden de inicio de investigación y denuncias de violaciones de derechos humanos, señalando que no tenía conocimiento de denuncias formales ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. En su intervención, el Ministerio Público defendió la continuidad del juicio y pidió que se declararan sin lugar las solicitudes de sobreseimiento y nulidad.
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