A poco más de un mes de la decisión del presidente Donald Trump de ir a la guerra con Irán, tomada a la sombra de su intervención militar en Venezuela, el contraste entre ambas es innegable. Una intervención se encamina hacia la incertidumbre, mientras que la otra se consolida como un éxito rotundo.
Por: Cyril Widdershoven – OilPrice
Mientras la atención del mundo sigue centrada en las andanadas de misiles que cruzan Oriente Medio, la idea de que Irán pueda seguir el camino de Venezuela resulta ahora un tanto absurda.
Por un momento, fue una historia convincente de una intervención rápida y un régimen frágil que se derrumbaba bajo presión. Pero más de un mes después, esta narrativa se ha estancado. El levantamiento popular contra la República Islámica de Irán, que el presidente Trump parecía anticipar, no se ha materializado.
Mientras tanto, en Caracas, el resultado es muy diferente y parece ser notablemente duradero. Las encuestas realizadas por AtlasIntel y Bloomberg muestran que casi el 80% de los venezolanos cree que su país está igual o mejor ahora que bajo el gobierno de Maduro.
Más de la mitad considera que la creciente influencia estadounidense es una fuerza positiva, lo que supone un cambio sorprendente en una región donde este tipo de opinión rara vez se expresa a la ligera.
Esa relativa estabilidad no ha sido casualidad. El plan de tres etapas de la administración estadounidense —estabilización, recuperación y transición— se ha mantenido, al menos en sus fases iniciales.
Fundamentalmente, la consolidación del poder bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez ha evitado la fragmentación y las luchas internas que suelen seguir a un cambio de régimen. Washington, por su parte, ha tomado medidas para reforzar esa estabilidad, incluyendo el levantamiento de las sanciones contra la propia Rodríguez, lo que se ha interpretado como una señal inequívoca de que Estados Unidos está dispuesto a respaldar el nuevo orden, no solo a instaurarlo.
Junto con el reconocimiento que el gobierno estadounidense le otorgó a Rodríguez en un documento formal presentado ante un tribunal federal el mes pasado, en el que se reconoció a su administración como la autoridad legítima de Venezuela, esto le ha dado a su posición peso tanto político como legal.
Estados Unidos prometió a los venezolanos prosperidad económica tras derrocar a Nicolás Maduro, y hay indicios de que el país va por buen camino.
El Banco Central, que permaneció en silencio durante años, ha reanudado la publicación de datos sobre la inflación y, quizás lo más significativo, el gobierno ha comenzado a reelaborar el marco legal y comercial que sustenta el sector petrolero.
Lo que está surgiendo es un intento más deliberado de reconstruir la maquinaria que posibilita la inversión. El gobierno de Rodríguez ha impulsado una reforma del marco legal que rige el petróleo y el gas, eliminando los elementos más restrictivos de la era Chávez y otorgando a las empresas extranjeras mayor control operativo y condiciones fiscales más favorables.
Ahora se están debatiendo abiertamente acuerdos que antes parecían políticamente imposibles, incluidos arreglos que permitirían que el crudo venezolano volviera a fluir a gran escala hacia los mercados estadounidenses.
Las exportaciones mensuales de petróleo de Venezuela superaron el millón de barriles diarios en marzo por primera vez desde septiembre, gracias al aumento de las operaciones de empresas como Vitol y Trafigura. Las ventas de estas empresas comercializadoras ascendieron a unos 635.000 barriles diarios, mientras que las exportaciones de crudo venezolano de Chevron también aumentaron a 267.000 barriles diarios en marzo, frente a los 209.000 barriles diarios del mes anterior.
El gobierno de Rodríguez también ha dado pasos hacia una apertura política negociada. Entre ellos se encuentra la Comisión Presidencial para la Convivencia Democrática y la Paz , integrada por miembros de la oposición, así como una comisión de reforma política presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Además, una comisión parlamentaria multipartidista supervisa la ley de amnistía.
Entre todos estos avances, gran parte del trabajo operativo se ha concentrado en un grupo muy unido de asesores y funcionarios públicos, muchos de los cuales han trabajado con Delcy Rodríguez durante años y ahora coordinan el proceso con una coherencia que había estado ausente durante mucho tiempo.
Este grupo se ha convertido, de hecho, en la pieza clave de las negociaciones del sector petrolero, aprovechando su experiencia en la estructuración de acuerdos para facilitar las exportaciones de crudo venezolano y en la navegación por un entorno jurídico internacional que sigue siendo complejo y a menudo implacable.
Quienes participan en el sector petrolero venezolano comprenden la importancia de esta continuidad. Los inversionistas no solo buscan oportunidades; buscan la garantía de que los acuerdos alcanzados hoy seguirán vigentes mañana.
Sí, nada de esto garantiza un resultado duradero, dado que la infraestructura del país sigue estando degradada, la política de sanciones aún depende de factores políticos y la cuestión más amplia de la legitimidad democrática está lejos de estar resuelta.
Sin embargo, no cabe duda de que el panorama está evolucionando hacia un sistema más funcional. Se pasa de un sistema caracterizado por la disputa de autoridad, la ambigüedad jurídica y el riesgo político a uno en el que las decisiones las toma un gobierno reconocido, los contratos se estructuran a través de canales legales establecidos y las exportaciones de petróleo pueden volver a realizarse mediante acuerdos comerciales predecibles.
Venezuela, a pesar de todas sus complicaciones, parece ser un caso de intervención exitosa, pero Irán sigue siendo un problema que aún está por resolverse.
