¿Cómo fue que miembros de pandillas venezolanas se encontraron repentinamente en los suburbios de Colorado?
Por: Christopher F. Rufo – The New York Post
La preocupante conclusión: la administración Biden, en asociación con las autoridades de Denver y ONG subsidiadas con fondos públicos, proporcionó el financiamiento y la logística para ubicar a una gran cantidad de migrantes venezolanos en Aurora, creando un imán para el crimen y las pandillas.
Y lo que es peor, algunas de las organizaciones sin fines de lucro involucradas parecen estar sacando grandes beneficios de la situación.
La historia comienza en 2021, cuando la administración Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), asignando 3.800 millones de dólares en fondos federales a Colorado.
La ciudad de Denver, que se había declarado una “ciudad acogedora” para los migrantes, recurrió a esta reserva de dinero para lanzar su programa de reasentamiento de Respuesta de Emergencia a Migrantes, con el objetivo de albergar y brindar servicios a un flujo masivo de migrantes.
Denver, a su vez, firmó contratos multimillonarios con dos ONG locales, ViVe Wellness y Papagayo, para brindar vivienda y servicios a más de 8.000 migrantes predominantemente venezolanos.
Estas ONG están dirigidas, respectivamente, por Yoli Casas y Marielena Suárez, quienes, según sus biografías profesionales, no parecen tener experiencia previa en reasentamiento de migrantes a gran escala.
Sin embargo, la ciudad los inundó con dinero en efectivo.
Según registros públicos, entre 2023 y 2024, ViVe Wellness y Papagayo recibieron $4,8 millones y $774.000, respectivamente; gran parte de esta financiación provino de la Subvención de Apoyo a Migrantes, que fue financiada por ARPA.
Luego, en 2024, ViVe consiguió 10,4 millones de dólares adicionales en tres contratos, mientras que Papagayo recibió 2,9 millones de dólares de un solo contrato para atender a los migrantes; dos de esos cinco contratos se adjudicaron para implementar el Programa de Solicitantes de Asilo de Denver , que prometió seis meses de asistencia para el alquiler a casi 1.000 migrantes.
‘Falsas pretensiones’
Con este financiamiento en mano, las dos ONG comenzaron a trabajar con propietarios para ubicar a los inmigrantes en unidades de vivienda y subsidiar su alquiler.
Una de estas organizaciones, Papagayo, trabajó con un propietario llamado CBZ Management, una compañía inmobiliaria que opera los tres edificios de apartamentos en el centro de la controversia actual: Edge of Lowry, Whispering Pines y Fitzsimons Place, también conocido como Aspen Grove .
Hablamos con un ex empleado de CBZ Management, quien, bajo condición de anonimato, nos explicó cómo funcionaba el proceso.
El verano pasado, dijo el empleado, representantes de Papagayo comenzaron a trabajar con CBZ Management para colocar a inmigrantes venezolanos en los complejos de apartamentos Aurora de la compañía.
Cuando una persona o familia venezolana necesitaba vivienda, la ONG se comunicaba con el administrador de propiedades regional, quien luego los conectaba con los apartamentos disponibles.
Era un negocio en auge.
Según el empleado, Papagayo concertó cientos de contratos con el administrador de la propiedad. La ONG proporcionó hasta dos meses de asistencia para el alquiler, ya que muchos migrantes no tenían o no podían abrir cuentas bancarias.
En seis meses, según el empleado, aproximadamente el 80% de los habitantes de esos edificios eran migrantes venezolanos. El empleado también señaló que en los edificios había actividad de pandillas y violencia.
El empleado, sin embargo, alega que estos acuerdos se hicieron bajo falsas premisas. Para convencer a los empleados indecisos de aceptar a los inmigrantes, Papagayo les aseguró que los inquilinos tenían empleos e ingresos estables.
Sin embargo, debido a que hablaban un inglés limitado y tenían que esperar al menos seis meses para obtener permisos de trabajo, muchos inmigrantes no eran elegibles para empleo legal, tenían dificultades para encontrar empleos estables y, en última instancia, se atrasaban en el pago del alquiler.
Esto fue sólo el comienzo.
A medida que los inmigrantes venezolanos se instalaban en los apartamentos, causaban muchos problemas.
Según un informe legal confidencial que obtuvimos, basado en informes de testigos, en los apartamentos se produjeron una serie de delitos, incluidos allanamiento, asalto, extorsión, uso de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, trata de personas y abuso sexual de menores.
Desde entonces, cada uno de los tres complejos de apartamentos ha mostrado un aumento localizado de la delincuencia.
Los voluntarios que hablaron con nosotros bajo condición de anonimato dijeron que inicialmente estaban ansiosos por ayudar con el reasentamiento de migrantes, pero se desilusionaron con las ONG que lo organizaban.
“Me apasiona ayudar a los migrantes y, sinceramente, me ha sorprendido la forma en que la ciudad está enviando fondos a una organización que claramente no está equipada para manejarlos”, dijo un voluntario.
Denver, por su parte, parece estar tomando la delantera.
Recientemente votó para proporcionar fondos adicionales para programas para migrantes y, según el Common Sense Institute, de tendencia derechista, el costo total para Denver podría ser de hasta 340 millones de dólares, teniendo en cuenta las nuevas cargas para las escuelas y el sistema de atención médica.
Y la ciudad tampoco parece tener reparos en exportar la crisis a los suburbios circundantes, incluida Aurora, que en 2017 se había declarado una ciudad no santuario.
La verdad es que no existe santuario para una ciudad, un condado o un país que acoge —y, de hecho, atrae— a pandilleros violentos de Venezuela.
Esto es crueldad, no compasión.
Lamentablemente, podría hacer falta algo más que la confiscación de un edificio de apartamentos, un aumento dramático de la delincuencia y un asesinato espantoso para que ciudades como Denver cambien de rumbo.
