Vía El Nacional
El Estado le ocupó inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes. Su defensa sostuvo que la detención fue una represalia por las acciones legales que Moreno impulsó para cobrar la deuda arbitral
José Ignacio Moreno Suárez, representante en Venezuela de la minera Gold Reserve, fue excarcelado este viernes del Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I tras más de tres años detenido, y en su primera entrevista denunció que perdió absolutamente todo lo que tenía.
“Yo no tengo casa. Esto es mi ropa, esto es lo que me queda después de tres años. Me quitaron todo, todo lo que yo tengo”, dijo Moreno frente a las puertas del penal, en entrevista con la periodista Maryorin Méndez.
Su voz se quebró al recordar a su esposa, fallecida por cáncer poco antes de su detención
Moreno, abogado y representante de la empresa estadounidense-canadiense que ganó un arbitraje internacional cercano a los 1.000 millones de dólares contra el Estado venezolano por activos expropiados, fue detenido el 4 de junio de 2023 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, sin orden judicial.
Las autoridades ocultaron su paradero durante semanas y luego lo acusaron de traición a la patria, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir. Por esos supuestos delitos permaneció más de tres años preso sin juicio.
Durante el proceso, el Estado le ocupó inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes. Su defensa y Gold Reserve sostuvieron que la detención fue una represalia por las acciones legales que Moreno impulsó para cobrar la deuda arbitral.
Su hija Priscilla también fue detenida durante más de 30 días, después de visitarlo en la sede de la DGCIM.
Pese a haberlo perdido todo, Moreno aseguró que no piensa abandonar Venezuela y pronunció una frase que sorprendió a quienes lo escuchaban: «Yo los perdono». También llamó a impulsar un cambio en el país: «Hay que generar el cambio ya».
«Deficiencias, sesgos y arbitrariedades»
El expediente judicial contra Moreno Suárez condensó de forma exhaustiva las deficiencias, sesgos y arbitrariedades que diversos organismos internacionales de derechos humanos —como la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— han documentado sobre la justicia penal en Venezuela cuando se procesan causas con trasfondo político o de alto interés para el poder central:
Arresto arbitrario y sin flagrancia: La aprehensión se ejecutó sin la existencia previa de una orden judicial dictada por un tribunal competente ni bajo el supuesto de flagrancia previsto en la Constitución.
Aislamiento e indefensión: Moreno Suárez permaneció aproximadamente 45 días incomunicado, sin la posibilidad de designar o reunirse con abogados de su confianza y asistido únicamente por una defensa pública formal. Asimismo, se le negó reiteradamente el acceso directo al expediente y a las pruebas en su contra.
Restricciones en la reclusión: Ya trasladado a El Rodeo I, los abogados defensores han denunciado trabas severas para preparar la estrategia jurídica, incluyendo la prohibición de ingresar papel, lápiz, documentos o jurisprudencia durante las breves sesiones de visita otorgadas.
Vencimiento de la prisión preventiva: De acuerdo con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la privación preventiva de libertad no puede exceder el límite legal de dos años sin que medie un juicio fundado. Con más de tres años encarcelado sin condena ni juicio instalado, la medida privativa resulta a todas luces ilegal y desproporcionada.
Debilidad del acervo probatorio: Las supuestas evidencias presentadas por la Fiscalía se reducen a una gorra institucional con el logotipo de la minera Gold Reserve, una copia impresa del laudo arbitral (un documento público e internacional de libre acceso) y la mención a un supuesto correo electrónico al que la defensa jamás ha tenido acceso para ejercer el control de la prueba.
