Mientras equipos internacionales de rescate de más de una veintena de países llegan al país para apoyar las labores de búsqueda y salvamento tras los devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5, denuncias crecientes señalan restricciones impuestas por las autoridades venezolanas a la ayuda organizada por la sociedad civil y voluntarios.
Los terremotos, ocurridos el 24 de junio, han dejado hasta ahora cientos de fallecidos (cifras oficiales superan los 180 y continúan en ascenso), más de 1.500 heridos y decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, Caracas y zonas cercanas. Aunque el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha aceptado y agradecido la cooperación internacional —con arribos de rescatistas de México, Chile, España, El Salvador, Estados Unidos y Suiza, entre otros—, reportes locales indican obstáculos para la distribución ágil de donaciones y el trabajo independiente.
Vecinos y activistas denuncian que en varios estados, incluyendo La Guaira (zona fuertemente afectada), las autoridades han restringido el acceso, militarizado áreas y exigido permisos especiales. En municipios de Portuguesa, Barinas, Aragua, Miranda y Mérida, funcionarios de Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana y alcaldías afines al PSUV han cerrado centros de acopio organizados por la sociedad civil, ordenando que las donaciones solo sean entregadas a través de canales oficiales.
“Nos prohibieron usar la palabra ‘centro de acopio’ y nos obligaron a entregar todo a Protección Civil”, relató una dirigente opositora en Portuguesa, según reportes difundidos en redes y medios. En Charallave (Miranda), la alcaldesa Yubismar Hernández anunció que solo se recibirían donativos en la sede del PSUV. Casos similares se registraron en Altamira (Caracas) y otros puntos, donde policías retuvieron insumos y exigieron traslado en vehículos oficiales.
Un patrón histórico
Estas restricciones no son aisladas. Durante la última década, el chavismo ha enfrentado críticas recurrentes por condicionar o centralizar la ayuda en emergencias, bajo el argumento de “coordinación” y evitar “manipulación política”. Organismos humanitarios y la oposición advierten que esta lógica retrasa la asistencia en momentos críticos, cuando cada hora cuenta para rescatar sobrevivientes bajo los escombros.
Civiles han tenido que remover escombros con sus manos o herramientas improvisadas ante la falta de equipos suficientes en los cuerpos de rescate locales, golpeados por años de crisis institucional y económica. Mientras tanto, la comunidad internacional ha desplegado más de mil especialistas, hospitales de campaña y suministros, en un esfuerzo coordinado con la ONU.
El gobierno defiende su respuesta declarando el estado de emergencia y destacando la llegada de ayuda extranjera. Sin embargo, la lentitud percibida y los controles han generado frustración y temor de que parte de las donaciones se desvíe, un temor alimentado por denuncias en desastres previos.
Organizaciones como la Cruz Roja, Direct Relief y la diáspora venezolana llaman a canalizar la ayuda a través de entidades independientes verificadas, mientras exigen a las autoridades facilitar el acceso sin restricciones políticas.
La tragedia ha expuesto nuevamente las debilidades estructurales del país: un sistema de salud colapsado, infraestructura vulnerable y una respuesta estatal que, según críticos, prioriza el control sobre la eficiencia humanitaria. Mientras las réplicas continúan y las necesidades crecen, la presión aumenta para que la solidaridad internacional llegue efectivamente a las víctimas.
