La empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (IMPSA), recientemente privatizada y adquirida por un fondo estadounidense, firmó un acuerdo con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para reactivar los proyectos hidroeléctricos Macagua y Tocoma, con el objetivo de incorporar 672 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional en un plazo de 14 meses. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela respaldó públicamente el acuerdo.
Detrás de esta operación destacan varios ejecutivos venezolanos que asumieron roles clave en la directiva de IMPSA tras su adquisición en 2025 por el Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo principal socio es ARC Energy, firma del sector oil & gas con sede en Houston.
Jorge Rafael Salcedo Hernández, abogado venezolano, ocupa la presidencia de IMPSA desde julio de 2025. Salcedo Hernández fue defensor de Samark López Bello, señalado por las autoridades estadounidenses como testaferro de Tareck El Aissami. Nueve años después de aquel caso, lidera la compañía que retoma contratos millonarios con el Estado venezolano, revela El Pitazo en su investigación.
Otro directivo relevante es Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, excontratista de PDVSA. Socorro ha estado vinculado a polémicos negocios durante la era chavista, como la venta de 42 remolcadores a PDVSA en 2010 a través de Brumby Shipholdings (contrato que generó una deuda que recientemente fue ratificada a favor de la empresa por un tribunal en La Haya) y la operación del semisumergible Aban Pearl, que terminó hundido y con cuestionamientos por sobreprecios. En 2016 su nombre apareció en un escándalo de presunto lavado de dinero en Guatemala relacionado con el Banco de los Trabajadores.
Jason Arceneaux, fundador de ARC Energy y cercano al Partido Republicano, es señalado como financista de la campaña de Donald Trump. Su firma fue la única oferente en la licitación para adquirir IMPSA, la primera empresa estatal argentina privatizada bajo el gobierno de Javier Milei. Durante la firma, los nuevos directivos obsequiaron a la vicegobernadora de Mendoza una gorra con el lema “Make Impsa Great Again”, en clara alusión al eslogan MAGA.
Juan Manuel Domínguez completa el cuadro como vicepresidente de IMPSA y director en IAF, con amplia experiencia en negocios entre Argentina, Estados Unidos y América Latina.
Antecedentes del contrato
IMPSA fue contratista clave durante el gobierno de Hugo Chávez para el suministro de turbinas en Tocoma y Macagua. Aquellos proyectos estuvieron marcados por retrasos, incrementos presupuestarios y una deuda acumulada de Venezuela con la empresa que rondaría los 300 millones de dólares. Ahora, bajo nueva administración, se busca culminar las obras y cobrar lo adeudado.
El acuerdo ha generado cuestionamientos sobre transparencia y posibles riesgos, especialmente por los perfiles de algunos directivos y la ausencia de licitación pública en Venezuela, según opositores como el dirigente Jesús Armas.
Esta operación ilustra la compleja trama de intereses energéticos que cruzan fronteras, ideologías y administraciones: de los contratos chavistas a la privatización mileísta y los vínculos con el trumpismo en Estados Unidos.
