En un nuevo gesto de hostilidad diplomática, el régimen de Nicolás Maduro declaró persona non grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, escalando así el conflicto con la ONU tras la publicación de un informe que denuncia graves violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en Venezuela.
La medida, aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, refleja el endurecimiento del discurso oficial frente a organismos internacionales que documentan el deterioro de libertades en el país, reseña El Observador
El documento del Alto Comisionado, presentado en Ginebra el pasado 27 de junio, expone una realidad alarmante: torturas, desapariciones forzadas, represión política, condiciones carcelarias inhumanas y un colapso absoluto del Estado de derecho.
Maduro y Rodríguez cargan contra la ONU
En un discurso televisado, Maduro acusó a Türk de representar los intereses de Washington y de las “élites europeas”, y de “ignorar” la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, desviando el foco de atención del informe. “Ha llegado al colmo de ignorar el secuestro de 252 venezolanos y 18 niños”, dijo, sin ofrecer pruebas ni contexto verificable.
La retórica fue llevada al extremo por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, quien mostró una fotografía de Türk y lo calificó públicamente como “basura” y “sátrapa”, acusándolo de hacer “la vista gorda ante crímenes atroces” —una afirmación que ignora la minuciosa documentación internacional sobre los crímenes de Estado cometidos por el régimen venezolano.
Oficina paralizada en Caracas
Desde que Maduro suspendió el acuerdo de cooperación con la ONU en febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado funciona en Venezuela en estado de congelamiento. Solo un funcionario permanece en el país. La decisión de declarar persona non grata a su titular podría dejar al gobierno de Caracas sin vínculo operativo con la ONU en materia de derechos humanos, un aislamiento sin precedentes desde que la oficina se instaló en 2019.
El informe de la ONU advierte que, pese a las promesas públicas del régimen, Venezuela se niega a emitir nuevas visas para el personal internacional, y ha bloqueado de facto toda cooperación técnica.
Crímenes sistemáticos y control político
El informe, que cubre el período de mayo de 2024 a abril de 2025, documenta al menos 70 detenciones arbitrarias, incluyendo a defensores de derechos humanos, activistas opositores y 17 ciudadanos extranjeros acusados de “terrorismo”, sin garantías judiciales mínimas. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —cuya legitimidad es ampliamente cuestionada— la ONU identificó 28 casos de desaparición forzada, 32 casos de tortura, y 15 víctimas adolescentes en centros de detención.
El Alto Comisionado también denunció el uso político de la legislación antiterrorista y el encarcelamiento de figuras destacadas como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres, quienes permanecen detenidos pese a llamados reiterados de organismos internacionales para su liberación inmediata.
El régimen responde con propaganda y desinformación
El fiscal general Tarek William Saab, en lugar de anunciar investigaciones o reformas, arremetió contra la ONU. Propuso debatir la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y tildó al Alto Comisionado de ser “el bufete privado de terroristas y mercenarios”. Según Saab, los detenidos son “convictos y confesos”, ignorando denuncias sobre tortura, desaparición y juicios sin debido proceso.
Un aislamiento cada vez más profundo
La expulsión simbólica del Alto Comisionado marca un nuevo punto de quiebre en la relación entre Venezuela y el sistema multilateral de protección de derechos humanos. Tras la salida de la Misión Internacional Independiente de la ONU y el cierre del canal formal de cooperación con la Oficina de Türk, el régimen parece decidido a blindarse de todo escrutinio internacional, mientras la represión se intensifica y el país se hunde aún más en la arbitrariedad institucional.
El gesto de Maduro no es un acto de soberanía, sino una confesión de culpabilidad encubierta por retórica antiimperialista. Lejos de fortalecer la posición internacional de Venezuela, aísla aún más a un gobierno que, a ojos del mundo, opera como una maquinaria de represión y crimen sistemático.
