Por Benjamin Tripier

La semana que culmina el 6 de junio de 2025 nos presenta un panorama de radicalización y fragilidad crecientes en Venezuela, donde las líneas de la economía, la política y la sociedad se tensan hasta el límite. Los datos no mienten, y las acciones del chavismo gobernante de facto continúan confirmando la precariedad de su posición.

La anunciada salida de Chevron el 27 de mayo, y la previa retirada de las empresas de servicios como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford a principios de mayo, marcan un punto de no retorno para la industria petrolera venezolana; como les he anticipado, este evento no es un simple ajuste, sino que reduce el negocio petrolero a un desierto técnico y operativo.

Las cifras proyectadas son contundentes: una caída de la producción a 500.000 barriles por día o menos para fines de 2025, muy por debajo de los 920.000 bpd de 2024, lo cual implica la pérdida de tecnología, experiencia especializada, y una drástica disminución de la eficiencia operativa. Las «soluciones de emergencia» con Irán, Rusia y China, ya vistas en el pasado, han demostrado ser meros «parches» que no mejoran la situación subyacente, consecuencia de 26 años de políticas equivocadas y contraproducentes.

El impacto fiscal es demoledor: una reducción de los 1,2 mil millones de dólares en ingresos anuales, la pérdida de 2,6 mil millones de dólares en inversiones previstas, y un impacto acumulado de 3,8 mil millones de dólares en el PIB solo por la salida de Chevron. Las exportaciones restantes enfrentarán descuentos de entre 25% y 30% por no poder venderse en Estados Unidos, lo que se traduce en una pérdida de más de 3.400 millones de dólares en ingresos y cerca de 6 mil millones de dólares en el valor total de las exportaciones.

La amenaza de aranceles punitivos de 25% a cualquier país que comercie petróleo venezolano, y el riesgo de intercepciones de tanqueros como ya ocurrió con buques iraníes, exacerba esta situación.

En contraste, las propuestas de privatización total de la industria petrolera y gasífera, protección a la inversión, licitaciones transparentes, e incentivos fiscales de María Corina Machado, son esperanzadoras. Esta visión, que requiere un cambio de modelo profundo, abandonando la figura del «Estado empresario» -que ha demostrado su ineficiencia y ha arrastrado a Pdvsa a la ruina, marcada por deudas millonarias y una reputación tóxica- se convierte en la tan esperada “luz al final del túnel”.

Y entrando en la economía no petrolera, la inercia de la recesión con inflación y devaluación se profundiza, con lecturas “optimistas” que dicen que la economía venezolana retrocedió 2,7% en el primer trimestre de 2025 (creo que el retroceso fue más grande), con una proyección para el cierre de año de una contracción del PIB superior a 5%, revirtiendo cualquier tímida recuperación previa.

La inflación se acelera hacia los picos hiperinflacionarios, con proyecciones de superar 250% para fines de 2025, impulsada por la depreciación descontrolada del tipo de cambio, que a su vez es una consecuencia directa del financiamiento monetario del gasto público por parte del Banco Central.

La política de «doble indexación» (combinación de la indexación de salarios y otros ingresos a la inflación, junto con la posible indexación de la tasa de cambio oficial del bolívar) ha fracasado, dejando claro que la fragilidad de la política de estabilización basada solo en la política monetaria y cambiaria, es insostenible; los bolívares «inorgánicos» que intentan reemplazar la escasez de dólares solo exacerban la inflación.

En un intento por controlar la narrativa de la devastación económica, el gobierno ha intensificado la persecución de las plataformas y fuentes que publican el valor real del dólar, distinto al tipo de cambio oficial. Esta maniobra busca ocultar una realidad innegable: que el bolívar, en su intento de ser moneda de transacción, ha perdido valor, y el dólar se consolida como referencia de precios y reserva de valor, porque la gente ya no quiere usar sus dólares para la transacción diaria como ocurría desde 2018, sino que prefiere guardarlos y convertirlos en bolívares gastables, a la tasa de cambio más alta posible… de allí la velocidad de la devaluación y el casi equivalente disparo asintótico de la inflación.

El Decreto de Estado de Emergencia Económica del 8 de abril de 2025, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.907 Extraordinaria del 24 de mayo de 2025, del que ya hemos hablado en detalle en el pasado, formaliza el control absoluto del chavismo sobre la economía. Suspende la garantía constitucional de reserva legal en materia económica, financiera y monetaria, permitiendo al chavismo dictar medidas excepcionales y transitorias a su antojo.

En la práctica, esto facilita la administración discrecional de impuestos, permisos, contrataciones y créditos, beneficiando a unos pocos «amigos» y perjudicando a la gran mayoría de la población. El impacto social de esta crisis es catastrófico y se profundiza en todos los estratos:

• la pobreza multidimensional afecta a más de 88% de la población, con la pobreza extrema rondando 50%; la mayoría de los hogares está muy lejos de tener ingresos cercanos a la canasta básica;
• los ingresos económicos de los venezolanos son «malos» o «pésimos» para 84,94% de la población; la canasta básica supera los 650 dólares mensuales, mientras que los salarios son ínfimos;
• las pequeñas empresas pierden dinamismo, enfrentando una altísima presión fiscal (84%), fallas en el suministro de combustible (73%), incertidumbre política (56%) y escasez de financiamiento (46%); la actividad manufacturera privada, ya frágil, se contraerá nuevamente en 2025;
• el sistema bancario enfrenta una política monetaria restrictiva que limita la expansión del crédito y genera altos costos por déficit de encaje.

Saliendo de lo económico, la debilidad política del chavismo es innegable y se exhibe en cada movimiento; la narrativa de un gobierno fuerte y unificado se desmorona ante la evidencia de profundas divisiones internas.

A Diosdado Cabello le sigue costando mantenerse como jefe de la revolución (rol que asumió el 28 de julio del año pasado) más que nada porque el madurismo está enquistado en el chavismo y se defiende frente a la brutal y violenta presión que se ejerce sobre ellos, para controlar los espacios del petróleo y la economía que no ha logrado recuperar.

Él se sostiene desde su ángulo tradicional del control del partido y los militares, así como de una parte importante de los organismos de represión de inteligencia y contrainteligencia. Y aún allí, el control ya está muy lejos de ser absoluto, como era lo usual. Ese “tira y encoge” interno está dejando espacios fuera del tradicional control férreo que supo tener el chavismo, que ahora permite filtraciones y manifestaciones públicas de desacuerdo o descontento.

En contrapartida, el impacto del liderazgo de María Corina Machado es contundente. Su llamado a la abstención para las «elecciones» regionales del 25 de mayo ha sido un éxito rotundo, con 84,9% de la población declarando que no votaría y que finalmente no lo hizo. La participación real fue de 12,5%.

Cuando el chavismo llamó a votar, ella dijo que no lo hagan, y la gente se quedó en sus casas y no salió, con el valor de convertirse en «desobediencia civil pasiva», lo cual fue mucho más importante que unos cargos públicos que ya estaban preasignados.

Eso, no fue una elección sino una pulseada por el poder político, que ganó, de punta a punta, María Corina Machado.

Los números que emergieron de esa pulseada muestran que la dirigencia de la oposición quedó más depurada, con los candidatos alacranes que ahora son vistos como «traidores» por 82,9% de los venezolanos. La voluntad popular, expresada el 28 de julio de 2024, sigue siendo imborrable para 84,5% de la sociedad, que no dará vuelta la página hasta la salida definitiva del chavismo.

La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, sigue aumentando la presión; las declaraciones del secretario de Energía Chris Wright sobre la necesidad de un «cambio de régimen» en Venezuela para lograr el dominio energético de EE UU demuestran que la política de «paz a través de la fuerza» de la administración Trump es una realidad que va más allá de las licencias petroleras.

A eso debe sumarse la advertencia de viaje del Departamento de Estado, que compara Venezuela con Gaza, como un preludio ominoso de posibles «operaciones de fuerza» futuras; además de las limitaciones de entrada de venezolanos con visa, que van a tener que revalidar la legitimidad de sus antecedentes. Entrarán solo los buenos.

Por otra parte, las revelaciones sobre las conexiones entre funcionarios del chavismo y las actividades del Tren de Aragua, incluyendo la facilitación de su migración ilegal para atacar a la diáspora en EE UU y otros países son gravísimas.

Las recientes detenciones de miembros de esta banda criminal en Argentina y Colombia, así como la mención de su operación en otros países, confirman la naturaleza transnacional de esta amenaza, y el vínculo intrínseco del chavismo con el crimen organizado.

En síntesis, el gobierno chavista se aferra al poder con medidas desesperadas que solo aceleran la implosión económica y social.  Y su falta de legitimidad, la ausencia de apoyo popular y militar, y la pérdida de ingresos petroleros, lo dejan en una posición de extrema vulnerabilidad.

La voluntad del pueblo, el liderazgo de María Corina Machado y la presión internacional de aliados como EE UU y Argentina, configuran un escenario donde la salida del régimen parece no ser cuestión de «si», sino de «cuándo» y «cómo». Y hay cada vez más señales de que eso podría ocurrir pronto.

Recomendaciones

• Al gobierno chavista (que está de salida): la evidencia del colapso inminente es abrumadora, y sus medidas no hacen más que profundizar el sufrimiento del pueblo y la destrucción del patrimonio nacional. La única vía que les queda, si aún les interesa algún vestigio de pragmatismo y sentido patriótico, es gestionar una salida ordenada y lo menos traumática posible. Abran canales de negociación serios con la oposición real y los actores internacionales clave para una transición que minimice el «descenso a los infiernos» que se avecina y así se evite dejar «tierra arrasada».
• Al liderazgo de la oposición (comandado por María Corina Machado): consolidar la hegemonía moral y la capacidad de gobernanza alternativa. Mantener la unidad, la firmeza y la disciplina comunicacional. No se distraigan con el ruido de los «alacranes» o las tácticas del gobierno de facto, su foco debe ser la consolidación de la voluntad popular expresada el 28 de julio y la preparación para la transición. Su última estrategia de «desobediencia civil pasiva» ha demostrado su eficacia en la deslegitimación de las “alternativas” electorales. Continúen articulando de forma sencilla y clara la visión de futuro que ofrecerán a los venezolanos, centrada en la liberalización económica, la recuperación de la institucionalidad y la mejora del nivel de vida; y blinden su mensaje contra la desinformación.
• A la dirigencia de los empresarios (cooptada por el chavismo): es imperativo que hagan un acto de contrición y reconozcan la inviabilidad del modelo rentista y la ilegitimidad del status quo. Su cooptación por el chavismo solo les brinda beneficios cortoplacistas, pero los expone a un riesgo existencial a mediano y largo plazo. Dejen de aplaudir medidas confiscatorias y discresionales. Es momento de proteger el patrimonio (que es distinto al capital de trabajo y al flujo de caja) ante el tsunami económico y la ingobernabilidad que se anticipa. Diversifiquen sus fuentes de palanca y aboguen activamente por un marco legal estable y predecible que invite a la inversión privada genuina y a una economía de mercado; en lugar de una de subsistencia y privilegios transitorios. El futuro de Venezuela depende de la acción y la conciencia de todos.