Por Benjamín Tripier

Analizando una vez más el devenir de nuestra atormentada Venezuela, y basándome en los recientes análisis de entorno que hemos estado elaborando, la perspectiva, debo decirles, no es precisamente alentadora.

La situación económica del país se presenta, sin ambages, como precaria y en vías de empeoramiento. Los Análisis de entorno de marzo y abril de 2025 coinciden en señalar una «radicalización política, económica y social», con un chavismo aferrado al poder, pero carente de apoyo popular, militar y ahora de ingresos petroleros.

La caída del negocio petrolero en Venezuela como consecuencia de las sanciones estadounidenses y la salida de empresas clave como Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, además de la inminente caída del precio mundial del petróleo en el entorno de los 60 dólares, debido a una sobre oferta en el mercado (aún no está claro si es transitoria), es un factor determinante.

Lleva a anticipar una fuerte reducción en la producción nacional de petróleo, que podría situarse en torno a los 500.000 barriles por día o menos. Esta disminución conlleva una pérdida de tecnología y experiencia especializada, así como una disminución en la eficiencia operativa.

Económicamente, esto se traducirá en una reducción de los ingresos del Estado, presión sobre el mercado cambiario y el tipo de cambio con el bolívar, y la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento. El informe del IIES-UCAB de abril de 2025 advierte sobre la fragilidad de las finanzas públicas y la posible recurrencia al financiamiento monetario del gasto público para intentar compensar la caída de los ingresos petroleros y tributarios.

Esta medida, como hemos señalado reiteradamente, acentuará la inflación y dificultará la expansión del consumo interno, empujando aún más la economía hacia la recesión, por lo que se estima que la inflación podría cerrar el año con cifras muy superiores a 200%.

El sector eléctrico será uno de los principales damnificados, al quedarse sin el combustible mínimo necesario para operar el sistema, independientemente de si la generación es hidroeléctrica o térmica. El estado calamitoso de refinerías como Amuay y el cierre de El Palito son un claro indicio del desastre que se avecina para este sector.

Por su parte, el rumbo que están tomando las acciones del gobierno de EE UU apuntan a una continuación y profundización de las sanciones, con un retorno al esquema de «máxima presión» y la estrategia de la «fruta madura» para debilitar la situación interna del chavismo. La cual había sido suspendida por el ala izquierdista del gobierno de Joe Biden, que decidió que el sufrimiento del pueblo de Venezuela podría continuar a cambio de unos míseros 230.000 bpd, y vaya a saber los montos personales que se embolsaron a través de su agente Juan González. Petróleo, producido principalmente por Chevron, que fue llamado en el Congreso de EE UU como “barriles de sangre”.

Ya descontando con que EE UU, que representaba 23% de las exportaciones de petróleo venezolano, no volverá a comprarles, la imposición de aranceles, como 25% sobre negocios con Venezuela, dificultará las compras de petróleo por parte de países como China -que en 2023 absorbió 68% de las exportaciones petroleras de Venezuela, consolidándose como su principal socio energético- España y Cuba con 4% cada uno, y Singapur con 1%.

Lo cual promoverá un aumento del comercio de petróleo en negro; sin embargo, este comercio también se verá cada vez más amenazado por la vigilancia y las interceptaciones, como ya ocurre con el petróleo iraní y el ruso. Cuando la prima de riesgo es muy alta, los descuentos aumentan hasta poner a nuestro crudo en el rango de los 25 dólares por barril.

En cuanto a una intervención militar directa por parte de EEUU, los análisis no la señalan como un escenario probable en el corto plazo; sin embargo, la política estadounidense estará enfocada en mantener la presión hasta lograr la salida del chavismo.

Mientras, internamente en Venezuela, existe una creciente y profunda necesidad de cambio en la población venezolana, con menos conformismo y un consenso generalizado de que «nadie quiere pasar la página». La alta popularidad de figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González, reflejada en encuestas, evidencia ese deseo de transformación.

Ante la escasez y la pobreza, se espera que el pueblo venezolano continúe manifestando su resistencia de forma pacífica y pasiva, esperando una señal para exigir un cambio de poder. Y en las encuestas, como la última CATI de Meganálisis, la respuesta a la pregunta sobre si el 28 de julio y sus resultados deben quedar en el pasado revela que una gran mayoría de los venezolanos (84,5%) cree que no, lo que sugiere una tensión en la sociedad que no cederá hasta que el chavismo abandone el poder.

Desde todos los ámbitos, el mensaje está claro: el chavismo debe abandonar el poder, y debe hacerlo pronto… ya sea por una implosión interna de sus estructuras de gobernabilidad que están derrumbándose, ya sea porque la paciencia del pueblo termine agotándose, y por razones de supervivencia (falta de salud y de alimentos), salga a la calle hasta que se vayan… aun con el costo sangriento de la represión que desplegarán con tal de retener el poder. En definitiva, la presión económica y social, intensificada por las sanciones, parece ser el factor determinante.

En la misma línea de lo anterior, si bien el tema de Guyana también podría ser utilizado por el chavismo como un intento de «malvinizarse» y desviar la atención de la crisis, dados los problemas internos y el aislamiento internacional del gobierno, no se anticipa que este tema tenga un peso decisivo en la salida del chavismo, más allá de ser una posible táctica distractiva.

Por otra parte, el futuro de los dirigentes chavistas se vislumbra incierto y potencialmente adverso, considerando que el propio Trump los compara con figuras como Bin Laden o Soleimani, sugiriendo posibles consecuencias severas. Sumándole que la pérdida de legitimidad y el repudio generalizado de la población los dejan en una posición altamente vulnerable.

En cuanto a los «opositores» que están apoyando al chavismo, nuestros análisis no profundizan en su futuro, pero se puede inferir que su credibilidad y capital político se verán seriamente comprometidos ante un eventual cambio de gobierno. Nuestro pueblo ha madurado y aprendió a leer entre líneas; por eso es que la credibilidad de personajes como Manuel Rosales y Henrique Capriles, según la mencionada encuesta CATI de Meganálisis, se encuentra en 6,4% y 5,6%, respectivamente, ambos con niveles de rechazo que superan 70%.

Y en ese mismo orden de ideas, hay que tomar en cuenta el futuro de los dirigentes empresariales que apoyan al chavismo, y sus seguidores, que se han ido enriqueciendo a costa de la brutal pobreza del pueblo. Y que han ido secundando todas las ocurrencias del chavismo, y no han levantado ni un susurro para distanciarse de lo que pasó el 28 de julio y la represión, y menos aún de lo del 10 de enero y pasos posteriores para retener el poder “a cualquier costo”.

Los análisis de entorno les fueron advirtiendo directamente que se están «inmolando» por una «causa perdida» y que se arrepentirán de su apoyo al proceso, ya que la situación económica no da para más y sus empresas tampoco serán viables.

Porque también están los que no son dirigentes pero están apoyando al deterioro acelerado de la economía, y que por las medidas de excepción (Ley de Emergencia Económica) que el gobierno está implementando, ellos serán los primeros afectados, porque son los que están más cerca y, por las complicidades societarias, les conocen todo, y saben que podrían representar un peligro con lo que saben … simplemente deberían mirarse en el espejo del empresario camaronero Rincón, y del Derwik Convit… uno por resultarles molesto y el otro por ser ambicioso.

Ahora, poniéndose en los zapatos del gobierno chavista, con un panorama tan sombrío, cualquier intento de reforma parcial o medida tibia está destinado al fracaso. La teoría dice que bajo una crisis de esta magnitud la prioridad es salir de la crisis. Sin embargo, dada la naturaleza del régimen y su histórico aferramiento al poder, es poco probable que atiendan recomendaciones que impliquen una apertura real o una transición negociada.

Porque ya tuvieron que rescatar la figura de Chávez y aferrarse a temas perimidos como Ley de Emergencia, leyes constituyentes o Plan de la Patria para intentar mostrar que bajo el chavismo aún podría haber oportunidades.

Por eso, en forma reactiva y defensiva, generaron dos instrumentos:

El decreto de estado de emergencia económica, un instrumento de perfil eminentemente político -no de perfil económico- que uno tendría que analizar qué es lo que nos está anticipando. Porque si en realidad los problemas económicos que han ido acumulándose se arreglarán con un decreto, imagínense lo fácil que sería solucionarlo todo. Es un instrumento que recoge prácticamente los mismos elementos que se fueron repitiendo durante los últimos años, que es hablar de la guerra económica, de la amenaza exterior, de garantizar el desarrollo productivo, entre tantos conceptos vacíos. Declarar esta emergencia debe ser por lo menos la vez número 15 que en el chavismo pasa esto y por lo menos la vez número 10 que lo hace Maduro.

Y lo que hay detrás pudiera interpretarse como el marco referencial para que los militares, de coronel hacia abajo, que son los únicos que realmente necesitan un marco legal que los proteja (¿des obediencia debida?) puedan salir a ejecutar parte de este de este instrumento, especialmente el artículo 7. “Todos los órganos del Poder Público, cuerpos de seguridad ciudadana, policía administrativa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedan obligados a colaborar activamente con la ejecución de las medidas dispuestas en este decreto”, donde los van a poner a participar en la etapa que se viene (hace tiempo se los vengo anticipando) de nacionalizaciones, de toma de empresas y de toma de activos.

Porque con el poder de excepción con el que ya cuenta el chavismo no le hace falta un instrumento de este perfil, como no sea para involucrar a los militares, como ocurrió en el 2016 con la invasión a los bancos cuando entraban a las bóvedas buscando billetes de 100 bolívares, usando la Guardia Nacional. Porque ahora no se trata ya de billetes de 100 bolívares sino de los dólares en efectivo que la banca tiene en custodia… como si fuera una caja de seguridad.

También habilita a que vuelvan los controles de precios, de cupos y de inventarios, las alcabalas, las solvencias, los certificados, las guías de circulación, y la “puesta o sacada” de impuestos y tasas según le convenga a alguien. Porque si hay algo de lo que estamos seguros es que ese decreto no incentiva ninguna inversión, ni siquiera de los amigos.

Porque aquí no hay ningún elemento de economía, sino que son todos elementos políticos; si se mencionara que van a subir o bajar la tasa de interés, van a regular la emisión monetaria, fijar el precio del dólar o por el contrario (que sería lo recomendable) liberar el dólar, declararlo como moneda de curso legal, y que pueda haber compensación bancaria en dólares. O sea, todo lo que sea necesario para alejar al sector privado del gobierno, para alejarlo de las sanciones; porque el sector privado no está sancionado

El Plan de la Patria de las 7T, las Grandes Transformaciones, rumbo al 2030 un paper en el cual hacen un inventario de todo lo que no hicieron en 26 años, y que ahora, cuando ya no tienen fuerza ni para paliar la crisis, tratan de hacer ver que pueden hacer estratégico:

1. Transformación económica.
2. Independencia, cultura, ciencia y tecnología.
3. Seguridad ciudadana y defensa.
4. La protección y desarrollo social.
5. Política. Transformación política y poder popular. Los nuevos métodos de gobierno revolucionario.
6. El derecho a la ciudad y enfrentar la emergencia climática y defensa de la Amazonía venezolana.
7. Geopolítica. La geopolítica de paz e integración.

Entre otras tantas órdenes y resoluciones menores con la idea de blindar” -si es que eso aún es posible para ellos- ciertos mecanismos que les permitan consolidar el “un día a la vez” que vienen aplicando desde el 28 de julio pasado y que les ha ido dando resultado. Pero que a su vez los hacen más vulnerables y los está llevando a la disolución, que ellos ven venir y ya no pueden revertir.

Siempre en el campo de interno, pero ahora de la oposición, es crucial que la dirigencia opositora, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, comparta de forma clara y llana con la sociedad venezolana los rasgos importantes de su plan de gobierno. Esto es fundamental para consolidar los niveles de confianza, generar entusiasmo, tranquilidad y esperanza en la población, preparándola para el momento en que deba exigir el cambio de poder. Es importante explicar cómo sus propuestas se traducirán en un nivel de vida superior, equiparable al de sociedades del primer mundo en tiempos relativamente cortos.

Y para los empresarios comunes que piensan más allá de sus propios beneficios (que son la enorme mayoría), la recomendación principal es que cuiden su patrimonio y desempolven las estrategias defensivas para documentar y sostener la propiedad de sus activos ante posibles confiscaciones o medidas excepcionales del gobierno.

Deben prestar menos atención al capital de trabajo, que puede reconstruirse, y enfocarse en la preservación de sus bienes. Es fundamental que asuman un verdadero liderazgo en sus ámbitos de influencia y propongan medidas para proteger el patrimonio ante el «tsunami que se nos viene».

Estamos claros que la situación venezolana se dirige hacia un punto crítico, y que la ventana para reformas graduales se ha cerrado; y solo salidas drásticas permitirán iniciar una verdadera transformación hacia un futuro de bienestar y prosperidad.

Como siempre he sostenido, Venezuela necesita una visión estratégica clara y una ejecución impecable, alejada de la opacidad y la improvisación que nos han traído hasta este precipicio.

¡Un futuro próspero es posible, pero requiere un compromiso firme con el cambio! Y ese cambio debe ser ahora…

Recomendación

• Al gobierno: implementar un plan de emergencia humanitaria unilateral y transparente, tomando en cuenta la crítica situación económica y social evidenciada en los análisis. El gobierno podría tomar la iniciativa de diseñar e implementar un plan de emergencia humanitaria sin condicionamientos políticos, enfocado en la distribución de alimentos básicos y medicinas esenciales a través de canales verificables y con supervisión de organizaciones internacionales imparciales. Esto podría aliviar parcialmente la grave escasez y generar un mínimo nivel de confianza tanto a nivel interno como internacional, demostrando una preocupación básica por el bienestar de la población más allá de consideraciones políticas. Esta acción se diferenciaría de la mera continuidad de políticas asistencialistas con fines de control social.
• A la dirigencia opositora: que desarrolle e implemente en forma articulada una estrategia de comunicación específica para la diáspora en forma proactiva y detallada que vaya más allá de presentar propuestas generales, detallando los planes para la reinserción económica y social, las garantías de seguridad jurídica y personal, y las oportunidades concretas que se ofrecerán en el futuro post-chavista. Esto podría fomentar la planificación del retorno del talento humano y sentar las bases para la reconstrucción del país con el aporte de sus ciudadanos en el exterior. Esta recomendación complementa la necesidad de compartir el plan de gobierno a nivel nacional, al enfocarse en un público específico con un potencial significativo para el futuro.
• A la dirigencia empresarial: que establezca un observatorio empresarial de riesgos y oportunidades para la transición, ante la inminente transición post-chavista anticipada en los análisis; más allá de la protección patrimonial inmediata, la dirigencia empresarial debería organizar y financiar un observatorio independiente encargado de analizar los posibles escenarios políticos y económicos de la transición. Este observatorio podría identificar riesgos específicos y oportunidades emergentes en los diferentes sectores, desarrollar estrategias de adaptación proactivas, y facilitar la coordinación entre las empresas para una reactivación económica más eficiente y planificada en el nuevo contexto. Esto implicaría una visión a largo plazo más allá de la mera supervivencia y protección de activos en el presente.