Vía BBC Mundo
España está más cerca de saber quién gobernará el país los próximos cuatro años, pero lo hace sumida en un ambiente de tensión política y social.
Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, logró un polémico acuerdo con el partido independentista catalán Junts per Catalunya.
Esto es clave para que Sánchez sume los apoyos necesarios en el Parlamento para ser investido nuevamente como presidente del gobierno de España.
Y es que en las elecciones del pasado mes de julio, ninguno de los candidatos logró la mayoría de votos necesaria para formar gobierno por sí mismo.
Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, España se rige por un sistema parlamentario.
Es decir, en las elecciones generales no se elige directamente al presidente, sino a un Parlamento. Y son sus miembros los que votan la formación de un Ejecutivo.
Se requiere un voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados para ser investido presidente en un primer intento, o mayoría simple, es decir más síes que noes, en un segundo.
El Partido Popular (centro-derecha) de Alberto Nuñez Feijóo ganó las elecciones al ser el más votado yobtener 137 diputados, pero no logró la investidura ni en primera ni en segunda votación por la falta de apoyos de otros partidos.
Ahora es el turno de Sánchez, que cuenta con 122 diputados.
El líder socialista buscar repetir el llamado “bloque de investidura”, la heterogénea relación de grupos de izquierda y nacionalistas e independentistas que facilitaron su ascenso al poder en 2020.
Sánchez ya se había asegurado el apoyo, entre otros, del grupo de izquierda Sumar, de independentistas vascos y de los independentistas catalanes de ERC.
Pero para obtener los votos definitivos le faltaba un acuerdo con Junts per Catalunya, que finalmente se anunció este jueves y que causó una gran polémica, por contemplar una amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán, que culminó en 2017 con una declaración de independencia unilateral ilegal.
El pacto se dio a conocer tras días de tensión en la calle y protestas frente a las sedes del Partido Socialista, principalmente en Madrid, que se repitieron este jueves.
1. En qué consiste el acuerdo
En el texto, que se dio a conocer este jueves, tanto PSOE como Junts per Catalunya reconocen sus “profundas discrepancias”, además de “desconfianzas mutuas”, pero también ven esto como una oportunidad que tienen la “voluntad de aprovechar de forma responsable”.
El pacto contempla:
- Creación de «un mecanismo internacional entre ambas organizaciones que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue».
- Una ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el procés (proceso independentista catalán que derivó en la celebración de un reférendum de independencia declarado ilegal por la Justicia y una declaración unilateral de independencia) que “han sido objeto de decisiones o procesos judiciales”.
- Participación de Cataluña de modo directo en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales.
- La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.
- La estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez.
Este último punto está sujeto a los avances y al cumplimiento de otros posibles acuerdos que resulten de negociaciones que ambos se comprometen a mantener sobre dos aspectos sobre los que hay mayores discrepancias.
Estos son:
- La propuesta de Junts de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña bajo el amparo de la Constitución.
- La propuesta de Junts sobre una excepción fiscal para Cataluña que permita a esta comunidad autónoma quedarse con el 100% de lo recaudado en impuestos en ese territorio, entre otras medidas económicas.
2. Por qué es polémico
El independentismo catalán, así como su relación con el gobierno de España, es un asunto que ha estado en la agenda política del país desde hace más de una década y ha generado suspicacias y grandes tensiones.
El máximo punto de tensión en el llamado procés fue el referendo de autodeterminación de Cataluña de 2017, por el que varios líderes políticos y ciudadanos catalanes fueron condenados por la justicia española, ya que había sido previamente declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional.
Se celebró el primero de octubre de ese año, en una jornada violenta con la intervención de fuerzas de seguridad del Estado.
El entonces gobierno catalán, encabezado por el expresidente Carles Puigdemont, consideró los resultados legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Días después, Puigdemont huyó a Bruselas para evitar ser enviado a prisión.
Con los acuerdos anunciados este jueves, las condenas contra los líderes independentistas, sus colaboradores y los ciudadanos serían anuladas, así como los procesos legales en marcha. De esta manera, Puigdemont podría regresar a España.
No obstante, eso depende de cuándo será aprobada la ley en el Congreso, pues los socialistas tienen que presentar el proyecto de ley para que los parlamentarios lo registren y se prevé que ese proceso se demore.
Además, existe la posibilidad de que la aplicación de la ley se paralice por la vía legal aun siendo aprobada por el Congreso.
Y es que la amnistía es fuente de una gran polémica en el país europeo, donde algunos líderes políticos han llegado a argumentar que se trata del fin del Estado de Derecho.
El propio Sánchez se había opuesto a una amnistía hasta las elecciones del pasado 23 de julio, antes de necesitar el apoyo de los independentistas catalanes para poder seguir siendo presidente.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó al posible gobierno de Sánchez como el «gobierno de la mentira» y dijo que, antes que esto, era «más decoroso optar por la segunda opción: convocar nuevas elecciones».
La amnistía también ha generado duras críticas por parte de integrantes históricos del PSOE, como el expresidente Felipe González, quien ha reiterado que es mejor celebrar nuevas elecciones.
3. Qué puede pasar ahora
Este acuerdo con los independentistas ayuda a que Sánchez sume los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente.
El PSOE ya logró cerrar también un acuerdo con los nacionalistas vascos del PNV, por lo que Sánchez tiene asegurado un amplio apoyo en el Congreso.
Se espera que el 15 y 16 de noviembre se vote una nueva investidura en el Congreso.
Si no se logra la investidura de aquí al 27 de noviembre, los españoles tendrán que volver a las urnas en enero.
El probable éxito de Sánchez en esa votación, no obstante, no parece que vaya a acabar con la crispación política y social que se vive en España.
Tampoco con la inestabilidad dentro del Congreso.
Al anunciar el acuerdo, Puigdemont dijo que «a diferencia de la legislatura anterior, donde Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día».
En el caso concreto de la amnistía, el PSOE debe registrar la propuesta de esta ley en el Congreso español para que entre a trámite. Esto ya se anticipa como un proceso legislativo largo y complejo con mucha oposición. Después podría haber incluso una batalla judicial sobre su validez.
Desde el Partido Popular han acusado al presidente del gobierno en funciones de firmar un «cheque en blanco para el movimiento independentista».
«Esto es el culmen de la deriva (del PSOE) para mantenerse a toda costa en el poder. Es un proceso de capitulación a espaldas de los españoles», dijo el líder del PP, Núñez Feijóo.
Feijóo dijo que la reacción al pacto «ha de ser firme y serena, institucional, legal política y social y debe de ir mas allá de los márgenes de los partidos políticos» en lo que ha calificado como un «desafío a la democracia española».
Desde distintas asociaciones de jueces y fiscales en España firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su «profunda preocupación» por el pacto y no descartaron tomar acciones al considerar que «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia».
Para el próximo domingo hay convocadas manifestaciones en toda España contra el pacto.
