Por Beatrice E. Rangel

El 1 de enero de 1942, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y otras 22 naciones enfrentadas a Alemania, Japón e Italia, establecieron una coalición en la que los miembros se comprometieron a trabajar para el establecimiento de un sistema de seguridad internacional incluyente y efectivo. El Presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas. Y así se quedó para siempre.

En las deliberaciones para su creación se insistió en crea una organización internacional en la cual estuviesen representadas todas las naciones del mundo y cuyos objetivos principales serian evitar guerras; prevenir conflictos y fomentar el desarrollo.

Cuando se inició el diseño de la arquitectura institucional la mayoría de las democracia liberales se pronunciaron por el establecimiento de un cuerpo directivo capaz de proteger la paz; evitar intervenciones militares y dirimir conflictos antes de que estos se tornaran en guerras. Y estos objetivos sirvieron de argumento para la creación del derecho a veto para los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Si juzgásemos estas premisas a partir de la evidencia empírica llegaremos a la conclusión que quienes así justificaron la entronización del derecho a veto estaban todos aplazados en geopolítica. Porque para comenzar los grande beneficiarios de estas políticas fueron precisamente quienes tenían y aun tienen el poder de fomentar guerras y realizar intervenciones militares exitosas. Y una vez ejecutadas este tipo de políticas la mejor forma de evadir la acción de la comunidad internacional es mediante el veto. Así quedó demostrado en el uso de este recurso. Desde la creación de las Naciones Unidas Rusia ha recurrido 120 veces al veto en 78 años. Estados Unidos, por su parte, ha recurrido al veto 82 veces. En síntesis Estados Unidos y Rusia han sido los usuarios más recurrentes del veto.

Desde le punto de vista de la protección de la paz el derecho a veto no ha sido capaz de impedir 285 conflictos armados que incluyen la Guerra de Corea; La Guerra de Vietnam; la Guerra Irán-Irak; la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, la invasión de Irak por los estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia. En términos de recursos destinados, bajas e impacto económico estas guerras sumadas compiten con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

Ni hablar de invasiones militares ya que estas han estado a la orden del día desde 1945 sobre pasando 300 en los últimos 75 años. En este siglo la Segunda Guerra del Congo; la limpieza étnica ejecutada en Ruanda; la guerra civil de Siria; el conflicto de Darfur; el actual conflicto de Sudan y la Guerra de Yemen prometen sobrepasar la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

En síntesis, la idea que dándole poder de voto a cinco naciones iba a establecer un dispositivo de estabilidad que impediría destruir la paz y que aparecieran conflictos han probado estar equivocada. La evidencia así lo demuestra y nos indica que llego la hora de hacer que el consejo de Seguridad tome sus decisiones por mayoría calificada como ocurre en toda democracia. Porque el sistema del veto no solo ha resultado inútil para los propósitos de la ONU sino que ha creado una parálisis en la organización que le impide actuar de manera eficiente. Y es por ello qué según encuestas de opinión de firmas acreditadas el 60% de la ciudadanía de 70 países del mundo piensa que habría que abolir las Naciones Unidas.

A medida que nos acercamos a la celebración de las primarias organizadas por la oposición se acerca también una encrucijada que luce inevitable. Se trata de lo que sucederá el día después de las primarias, cuando se conozca el nombre de la persona ganadora en ese proceso.  ¿Cómo reaccionará ante esa encrucijada el régimen de Nicolás Maduro, cómo reaccionará la oposición, cómo reaccionará el mundo exterior que observa nuestros acontecimientos?

Ya nadie desconoce el acentuado favoritismo del cual disfruta María Corina Machado. Su triunfo aparece como el más probable de los resultados de esa primaria.

Al concretarse su victoria surgirá de inmediato una primera encrucijada: ¿aceptará el régimen de Nicolás Maduro a María Corina Machado como candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024? Aunque en este momento pesa sobre ella una “inhabilitación”, caprichosamente impuesta por el régimen como maniobra política, ello no excluye la posibilidad de que consideraciones estratégicas por parte del régimen y factores de presión externos puedan llevar a levantar tal sanción, de la misma manera unilateral como fue impuesta.

Si ello no sucediera María Corina Machado y Venezuela estarían ante una segunda encrucijada, (a), aceptar la inhabilitación y lograr la aceptación del régimen y el respaldo unificado de la oposición para que la ganadora “inhabilitada”, gozando de la aceptación popular, pueda designar su remplazo, o, (b), seguir adelante con su candidatura, con el apoyo popular, enfrentando una inhabilitación a todas luces arbitraria, lo cual provocaría una crisis política doméstica y regional de resultados impredecibles.

Las dos alternativas

La primera alternativa sería de naturaleza fundamentalmente estratégica y creo que obtendría el apoyo de la sociedad civil en su dimensión más amplia. Más difícil sería obtener el apoyo del grupo de partidos que integran el frente opositor, a pesar de ser un paso lógico y estratégicamente válido, dada la existencia de agendas fuertemente personalistas en el seno de esa oposición.

El  mérito estratégico de esta alternativa pudiera ser muy grande si María Corina logra designar un remplazo que posea un calibre democrático y de liderazgo similar al exhibido por ella. No digo con esto que su remplazo deba ser de su mismo nivel carismático, puede serlo menos, pero si deberá poseer su mismo nivel democrático y de integridad ciudadana, ya que – de ganar – su gobierno deberá estar identificado plenamente con las actitudes políticas y cívicas que le han dado a María Corina Machado su inmensa popularidad. Existen venezolanos de las características deseadas de integridad, honestidad y competencia y de las condiciones físicas y mentales necesarias para representar dignamente esa candidatura ((yo puedo pensar en, al menos, tres).

La segunda alternativa tendría una naturaleza fundamentalmente principista y encarnaría el lema que ha animado la candidatura de María Corina Machado, ese de ir hasta el final. Se presentaría su victoria electoral en las primarias como la expresión verdaderamente legítima de la voluntad popular, en contraste con la decisión arbitraria de su inhabilitación, la cual –puede argumentarse– representa un acto de poder abusivo, llevado a cabo por un régimen ilegítimo, tanto de origen como de comportamiento. No sería incorrecto catalogar la maniobra del régimen de inhabilitar a candidatos que pueden derrotarlo como un  golpe de estado, práctica criminal que se ha hecho costumbre en estados fallidos como Venezuela y Nicaragua.

Me adhiero a los principios

No puedo ocultar mi preferencia por la segunda alternativa, ya que está en línea con lo que Max Weber denominó la ética por convicción, es decir, el hacer lo que se debe hacer en adhesión a principios y valores de rango universal, sin que las consecuencias de la decisión la influyan. No se puede negar que esta es la alternativa más arriesgada, ya que plantearía un conflicto político y social de primer orden en el país y, probablemente, en la región.  La otra alternativa arriba descrita sería más afín a lo que se ha llamado ética de responsabilidad, la cual representa una actitud respetable, aunque la veo como de efecto a corto plazo, sin que vaya a resolver la cuestión de fondo que afecta la vida, el alma misma, de la nación, la cual tiene que ver con Venezuela como país de libertad y de justicia o como país que tolera la coexistencia pacífica con liderazgos criminales.

La médula, la esencia del problema venezolano de hoy es ético, no estratégico, no es de corto plazo sino de largo plazo, su enfermedad no es tanto del cuerpo como del alma. Por ello, su intento real de solución deberá abordarse en adhesión a principios y valores que son universales e inmutables y que no dependen de la coyuntura. Por ello parece necesario enfrentar el problema venezolano desde una perspectiva principista, aunque ello sea el camino más difícil, en lugar de hacer concesiones a un régimen claramente represivo e ilegítimo.

En Venezuela abundan hoy los líderes políticos de corte tradicional quienes ven la posible solución del dilema nacional desde una perspectiva pragmática, de acomodo con el régimen, lo cual lleva a la aceptación de “comer sapos” para obtener concesiones del régimen. Estos grupos definen a quienes hablan de principios como rígidos fanáticos y hasta como sedientos de sangre y de violencia. Ello obedece a una tendencia actitudinal histórica basada en lazos de amistad y de lealtades tribales, más que en la aplicación impersonal de la ley. El precio que hemos tenido que pagar por este enfoque de amable celestinaje ha sido alto, el de una sociedad donde hoy impera la impunidad y donde la viveza criolla y la audacia irresponsable son objeto de admiración. Esta tendencia ha llevado a parte de nuestro liderazgo a la colaboración con el régimen, a suprimir el conflicto al costo de la entrega moral, lo que he llamado en otros escritos “barrer la basura debajo de la alfombra”.

Cuando se abandona el blanco y negro ético se entra en el mundo del gris moral, de infinitos matices, una selva del espíritu en la cual es casi inevitable perdernos.

Conclusión

En base a estas consideraciones, soy partidario de ir hasta el final, aunque respetaría la alternativa estratégica de nombrar un reemplazo para destrancar el juego, solo si María Corina es quien tenga la última palabra sobre su identidad, la cual debe poseer impecables credenciales. Tal alternativa más pragmática no llevaría a torcer el rumbo positivo de la nación en el largo plazo, ni obligaría a comer sapos.