Por Joaquin Morales Solá en La Nación
Algún día de la semana que comienza, la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país, decidirá finalmente si habrá juicio oral y público sobre el supuesto delito de lavado de dinero en las empresas Hotesur y Los Sauces, ambas propiedades de la familia Kirchner. Será la primera consecuencia concreta del desplazamiento de la exjueza Ana María Figueroa por decisión de la Corte Suprema de Justicia contra la porfiada insistencia de Cristina Kirchner, que quería a toda costa que esa magistrada siguiera en el cargo más allá de los 75 años, el límite etario que les impone la Constitución a los jueces para seguir en el cargo. Figueroa, que suscribió todas las desquiciadas teorías de la vicepresidenta sobre su situación judicial (incluido el inconcebible lawfare), demoró su voto en la Sala I de la Cámara de Casación, que debe resolver sobre ese necesario juicio. Aunque en aparente minoría, Figueroa postergó de esa manera la decisión del tribunal sobre una crucial causa durante casi dos años. En efecto, en noviembre se cumplirán dos años desde que los jueces del tribunal oral Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que debían conducir el juicio oral y público, sobreseyeron a la expresidenta y a sus dos hijos, Máximo y Florencia. Es un caso casi único en la historia porque los acusados fueron sobreseídos sin juicio previo. Son inocentes por el solo hecho de pertenecer a la aristocracia política.
Los otros dos jueces de esa sala de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, tendrían ya una posición unificada sobre el caso. La salida de Figueroa les permitirá emitir un dictamen con los votos de dos de los tres miembros del tribunal; es decir, ellos constituyen por sí solos una mayoría. Barroetaveña y Petrone vienen rodeados por un halo de jueces honestos e independientes. Aunque ningún juez adelanta nunca sus sentencias a nadie, versiones coincidentes en los tribunales señalan que esos magistrados resolverán que deberá haber un juicio oral y público y revocarán, por lo tanto, los apresurados sobreseimientos dispuestos por Obligado y Grünberg; será un juicio oral y público el que decida entonces si la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López son culpables o inocentes del delito de lavado de dinero en hoteles y edificios de las empresas Hotesur y Los Sauces. Es la única investigación judicial sobre presunta corrupción del kirchnerismo en la que los únicos funcionarios imputados son Cristina Kirchner y su hijo Máximo, diputado.
Vale la pena, por todo eso, analizar el golpe de gracia que la Corte Suprema le dio a la exjueza Figueroa, poco después de que esta protagonizara uno de los papelones más célebres de la Justicia. Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado; el Senado no pudo reunir antes el quorum necesario para darle un nuevo acuerdo; ella se había apartado de la presidencia de la Cámara de Casación, cargo que tenía, y se comprometió a no firmar más sentencias hasta el pronunciamiento del Senado. El martes último, ante una reunión extraordinaria de todos los jueces de la Cámara (eran diez) para tratar su rara situación, Figueroa retomó la presidencia del cuerpo, se exhibió como malinterpretada y culpó a un pobre secretario de haber escrito de manera incorrecta el acta en la que constaba que ella se alejaba del cargo. Algunos jueces no reconocieron su presidencia y amagaron con retirarse de la reunión. Por iniciativa de su único aliado, el juez Alejandro Slokar, también simpatizante del kirchnerismo, la Cámara pasó a cuarto intermedio hasta el día siguiente con la idea casi instalada de que Figueroa pediría 30 días de licencia extraordinaria.
En esa esfera de chifladura y enajenación estaban las cosas cuando la Corte Suprema decidió tomar cartas en el asunto. El máximo tribunal tenía desde el 10 de agosto un documento de la Cámara de Casación en el que le pedía una definición sobre Figueroa porque, sostenía, “habría cesado” en sus funciones. La Corte debía analizar cuestiones de formas. Una de ellas era que la Casación, a ojos de los jueces supremos, no se hizo cargo del poder para velar por la disciplina y la administración internas que la Corte les delegó a las Cámaras del país. También veía venir un pedido de licencia por parte de Figueroa, y la Corte ya tenía redactado el párrafo de la respuesta: “No se puede tratar el pedido de licencia de alguien que ya no es juez”. La magnitud del escándalo y del desvarío corría el riesgo de crecer aún más.
La Corte tenía también frente a ella cuestiones de fondo, que pueden resumirse en una sola línea: la Constitución no puede ser violada por los propios jueces. La Corte Suprema de Menem cometió un acto único en la historia: declaró nulo un artículo de la Constitución (el que fija el límite de los 75 años) para proteger la continuidad del entonces juez Carlos Fayt. Fayt fue un juez entrañable e intachable, pero el deber de la Corte es hacer cumplir la Constitución, no anularla parcialmente. Casi 20 años después, la Corte, con otros miembros, usó el llamado “caso Schiffrin” para establecer que el artículo de los 75 años está vigente. El miércoles, los cuatro jueces de la Corte por unanimidad acordaron, en apenas 20 minutos exactos de debate, algunas precisiones y dijeron no solo que los jueces deben respetar ese artículo; también estipularon que en caso de que existan un nuevo acuerdo senatorial y una nueva designación por parte del Poder Ejecutivo, ambas cosas deben estar concluidas antes de que el juez cumpla los 75 años. Esa interpretación es la que desplegó varias veces en la Casación el juez Barroetaveña, el único que anticipó el criterio de la Corte, porque había otros jueces, sobre todo en el Consejo de la Magistratura, que tenían una opinión más laxa sobre el artículo constitucional. “Si el pedido de acuerdo está en el Senado, se puede esperar”, decían, por ejemplo, jueces también independientes y honestos.
Es cierto que la propia Corte Suprema está atravesada por casos contradictorios. Después de Fayt, que cumplió todo el trámite judicial hasta el dictamen de la Corte, los exjueces supremos Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi se quedaron en sus cargos luego de cumplir los 75 años por medio de medidas cautelares de simples jueces de primera instancia. En algunos de esos casos se recurrió al método del forum shopping, que es como se define la práctica de elegir el tribunal (o el juez) que más les conviene. Resulta al menos inquietante que miembros de la Corte Suprema busquen atajos legales para eludir el mandato de la Constitución. Otros dos exjueces de la Corte, Augusto Belluscio y Eugenio Zaffaroni, se jubilaron no bien cumplieron los 75 años. La actual Corte no podía, además, ver con indiferencia semejante anomalía porque dos de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron constituyentes de la Asamblea que en 1994 reformó la Constitución e incorporó en ella el artículo referido al límite de los 75 años para los jueces.
Tales cuestiones de formas y de fondo existían, aunque también caracolearon los asuntos políticos. “Sabemos que Cristina Kirchner estaba detrás del caso Figueroa”, dijeron en despachos de la Corte, sin agregar nada más. Sabían. Eso fue todo, pero es mucho. La expresidenta no hizo nada para crear en el máximo tribunal un clima más o menos comprensivo sobre su situación. Al contrario, espoleó a sus fanáticos para que les entablaran un juicio político sin destino ni fin a los jueces de la Corte con argumentos falsos, calumniosos y agraviantes. También ordenó extorsionarlos con las remesas del dinero del presupuesto del Poder Judicial. El miércoles, el Gobierno le mandó una nota a la Corte comunicándole que no le giraría más recursos para compensar la inflación porque carecía de dinero. Rosatti, presidente del cuerpo, ordenó una investigación para comprobar que el Poder Judicial estaba siendo discriminado. Era obvia la denuncia posterior. En la noche del jueves, el Gobierno cambió la nota anterior, descubrió que tenía fondos y le prometió a la Corte que le enviaría el dinero. La Corte dispuso para el viernes un aumento salarial para los judiciales retroactivo a julio. La rebeldía del kirchnerismo y el chantaje financiero se agotaron en un puñado de horas.
Cristina Kirchner tiene pocos amigos en la Justicia; así es la rutina de toda su vida. En medio de esa soledad, su situación se enreda cada vez más. Ni siquiera Sergio Massa es ya una garantía de su salvación judicial. Ella sabe que en el actual ministro-candidato germina un verdugo probable.