La Guardia Civil busca el rastro del «one» del caso Leire y una de las claves de la investigación está ahora en los dispositivos intervenidos a Juanma Serrano, persona del círculo más próximo de Pedro Sánchez y antiguo jefe de Gabinete del líder socialista en el PSOE. Los agentes de la Unidad Central Operativa le requisaron un teléfono móvil y un ordenador durante el operativo desplegado hace unos días, con el objetivo de reconstruir sus comunicaciones y aclarar hasta dónde llegaba su relación con la red investigada.

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El análisis de ese material puede resultar decisivo para fijar el papel de Serrano en la causa y para comprobar si actuaba únicamente como interlocutor de Leire Díez o si, por el contrario, servía de puente con instancias superiores. Los investigadores tratan de determinar si trasladaba información a terceros después de recibirla y, especialmente, si esos mensajes acababan llegando al presidente del Gobierno.

Sánchez aparece citado en distintas ocasiones dentro del sumario, aunque su eventual implicación continúa siendo una hipótesis pendiente de verificación. Por su condición de aforado, la Audiencia Nacional no podría investigarle directamente. En caso de que el juez Santiago Pedraz apreciara indicios suficientes, tendría que remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, que sería el órgano competente para decidir si abre diligencias contra él.

La UCO ya ha señalado en sus informes la comunicación constante entre Díez y Serrano. Los agentes han localizado más de 10.000 mensajes intercambiados durante varios años, en los que la conocida como fontanera del PSOE le informaba de reuniones, movimientos y avances relacionados con sus gestiones. Entre esas comunicaciones figuran referencias a encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo y menciones a documentos que, según los mensajes, podían ser útiles para el «jefe».

Uno de los mensajes atribuidos a Serrano también ha llamado la atención de los investigadores. En él, supuestamente, señalaba: «Mira el jefe cómo cita lo de los audios», en coincidencia temporal con el final del periodo de reflexión abierto por Sánchez tras la carta dirigida a la ciudadanía después de las diligencias contra su esposa, Begoña Gómez.

La investigación sitúa además a Serrano en una reunión celebrada en Ferraz que, según la Guardia Civil, marcó el punto de arranque operativo de la trama. La UCO vincula ese inicio con los días posteriores a la carta publicada por Sánchez el 24 de abril de 2024. Dos jornadas después, Santos Cerdán habría convocado un encuentro en la sede socialista para recabar información que pudiera emplearse en la defensa del presidente y de su entorno más cercano.

Los investigadores confían ahora en que el material intervenido conserve comunicaciones relevantes. Fuentes próximas al caso apuntan a que la Guardia Civil espera que Serrano no se considerara en el centro de las pesquisas y que, por tanto, no hubiera eliminado mensajes o archivos de interés. La UCO ya ha detectado en otros intercambios indicios de borrados, de ahí la importancia de recuperar la otra parte de las conversaciones.

Una vez concluido el análisis del teléfono y del ordenador, la Guardia Civil elaborará un nuevo informe que será remitido al juez instructor. Ese documento puede definir el futuro procesal de Serrano y también aclarar si las sospechas sobre la identidad del denominado «one» se quedan en el entorno de la trama o ascienden hasta la Presidencia del Gobierno.

Sánchez, por su parte, ha negado conocer las actuaciones investigadas. El presidente se ha declarado públicamente «decepcionado e indignado» y ha asegurado que nadie le informó de las maniobras atribuidas a Díez. «Nunca lo hubiera tolerado», afirmó al desmarcarse de las actividades que analiza la UCO.

Aldama afirma que Sánchez será el próximo imputado por la financiación ilegal del PSOE

El empresario y comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha alertado de que Pedro Sánchez acabará siendo imputado en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. Así lo afirmó durante una entrevista en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, donde sostuvo que el avance judicial terminará alcanzando directamente al presidente del Gobierno.

Aldama aseguró que no le han sorprendido los últimos movimientos policiales ni las diligencias abiertas en torno a Ferraz. Según defendió, las investigaciones continuarán su curso y el juez Santiago Pedraz no frenará las pesquisas relacionadas con la SEPI, la financiación del partido o el rescate de Plus Ultra.

Durante más de 40 minutos, el expresidente del Zamora mantuvo la tesis que viene defendiendo desde que decidió declarar ante la Justicia. A su juicio, la responsabilidad política y judicial de las tramas investigadas asciende hasta la cúspide del Ejecutivo. «El número uno es el presidente y será imputado», afirmó.

El empresario también se refirió al registro de la sede socialista y a las supuestas cloacas del PSOE. En ese contexto, describió el actual entramado de poder como una estructura corrupta que, según sus palabras, iría «desde arriba hasta abajo».

Diamantes, rubíes, esmeraldas y un zafiro. Éstas son las piedras preciosas que conforman el conjunto de joyas que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE. Las piezas, incautadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, ya han recibido una primera valoración de expertos de la firma de subastas Ansorena, que sitúa su coste por encima del millón de euros como mínimo.

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La cifra abre un grave problema legal para el expresidente. Al no constar como declaradas, y al haber sido presentadas por su entorno como un «regalo de viaje«, las joyas podrían derivar en un presunto delito fiscal si Hacienda concluye que Zapatero estaba obligado a tributar por ellas y no lo hizo. Un particular ya ha presentado una denuncia ante la Agencia Tributaria.

En España, quien recibe un bien de valor significativo como regalo debe declararlo y tributar por él a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Da igual que se trate de dinero, un coche o un conjunto de joyas. La obligación fiscal recae sobre quien recibe el bien. En este caso, con unas piezas valoradas en más de un millón de euros y sin parentesco cercano con la persona que las entregó, la cuota tributaria podría situarse entre los 300.000 y los 340.000 euros.

Ese importe supera ampliamente el umbral de los 120.000 euros a partir del cual una irregularidad fiscal deja de ser una simple infracción administrativa y puede convertirse en delito. El artículo 305 del Código Penal castiga la elusión del pago de impuestos por encima de esa cantidad con penas de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces la cantidad defraudada.

La situación podría complicarse aún más si la valoración definitiva de las joyas eleva la cuota supuestamente defraudada por encima de los 600.000 euros. En ese caso entraría en juego el artículo 305 bis del Código Penal, que contempla un subtipo agravado. Para alcanzar ese umbral, el valor total de las piezas tendría que rondar aproximadamente entre 1,4 y 1,5 millones de euros, en función del tipo impositivo aplicable. La primera valoración de Ansorena ya habla de más de un millón, por lo que la tasación final será determinante.

De confirmarse esa modalidad agravada, las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión por delito fiscal agravado y, en determinados supuestos, llegar a los diez años. Además, una condena de esa naturaleza dificultaría cualquier suspensión de la pena o acuerdo judicial.

La última palabra, sin embargo, la tiene Hacienda. El delito fiscal exige que la Agencia Tributaria detecte la irregularidad, practique sus cálculos y decida si existen indicios suficientes para remitir el caso a la Fiscalía. La denuncia presentada este lunes por un particular obliga, en principio, a la Administración a examinar los hechos, aunque el procedimiento penal no arrancaría hasta que Hacienda se pronunciase.

Zapatero todavía podría acogerse a una vía de escape si regulariza voluntariamente su situación antes de que la Agencia Tributaria inicie actuaciones formales. El artículo 305.4 del Código Penal establece que quien declara y paga lo debido antes de una investigación oficial queda exento de responsabilidad penal por delito fiscal. Para ello, el expresidente tendría que declarar las joyas y abonar la cantidad correspondiente.

Pero esa regularización tampoco despejaría todas las incógnitas. El hecho de que las piezas permanecieran ocultas en una caja fuerte hasta su incautación por la UDEF obliga a aclarar su origen. Si Zapatero intentara aflorar ahora unas joyas valoradas en más de un millón de euros, debería acreditar que proceden de una fuente lícita. En caso contrario, podría abrirse la puerta a un presunto delito de blanqueo de capitales.

Ese escenario elevaría notablemente el riesgo penal. Además de la posible pena de prisión, el delito de blanqueo puede acarrear una multa equivalente al triple del valor de los bienes. Las joyas podrían ser decomisadas si un tribunal considera que proceden de una actividad ilícita o que se intentó introducirlas en el circuito legal sin justificar su origen.

El hallazgo de las joyas se enmarca en el sumario del caso Plus Ultra, una causa que investiga las conexiones con Venezuela y China, así como negocios relacionados con el petróleo y las exportaciones de oro. En ese contexto, la aparición de una gargantilla, pulseras y pendientes engarzados con piedras preciosas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno añade una nueva derivada al caso.

Por ahora, Hacienda no ha calificado los hechos como delito fiscal. Pero la tasación de Ansorena, la denuncia ya presentada y el origen todavía no aclarado de las joyas sitúan a Zapatero ante un problema que puede dejar de ser político para convertirse en penal.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este martes ataques contra objetivos iraníes después de que Teherán derribara un helicóptero militar Apache estadounidense en la zona del estrecho de Ormuz.

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El anuncio fue realizado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que confirmó el inicio de las operaciones militares mediante un comunicado difundido en la red social X.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5:00 p.m. (hora del Este) de hoy”, señaló el organismo militar.

Según la misma declaración, la acción fue autorizada directamente por el presidente Donald Trump.

“El operativo es una respuesta proporcional a la agresión injustificada de Irán”, afirmó el CENTCOM.

La confirmación de los ataques llega pocas horas después de que Trump advirtiera públicamente que Washington respondería al incidente.

El mandatario había informado que las fuerzas iraníes abatieron una aeronave Apache que realizaba tareas de patrullaje en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo.

La dirigencia del partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez dio una conferencia de prensa en la que salió a defender la validez del conteo rápido de Ipsos y Transparencia —que al 100% de su muestra dio ganador a Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos válidos— y cuestionó las declaraciones públicas del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre escenarios adicionales que, según el partido, no forman parte del estudio técnico publicado.

Infobae

La conferencia fue encabezada por el abogado del partido, Roy Mendoza, el secretario general y virtual diputado Ernesto Zunini y el también del embajador Miguel Rodrigo Cuadro, quienes mencionaron que Juntos por el Perú tomará acciones formales ante las instituciones electorales y de control ante los dichos sobre que los resultados del conteo rápido pueden revertirse.

JPP defiende conteo rápido

El abogado Roy Mendoza indicó que el partido está enviando una carta formal a Ipsos para que explique los “nuevos modelos” y “nuevos escenarios” que el presidente de la encuestadora ha difundido públicamente desde la noche del domingo. Al mismo tiempo, informó que se dirige una comunicación a la Defensoría del Pueblo para que el organismo esté alerta ante cualquier situación que pueda afectar la defensa del voto.

“Estamos dirigiendo una carta a Ipsos para que expliquen esos nuevos modelos, y también estamos dirigiendo una carta a la Defensoría del Pueblo para que esté alerta, así como nosotros, en la defensa del voto”, señaló Mendoza ante los representantes de la prensa nacional e internacional presentes en el local partidario.

El abogado fue enfático en reivindicar el valor del conteo rápido como el instrumento más sólido disponible antes de la proclamación oficial: “Lo cierto en un proceso electoral hasta la fecha es el conteo rápido. Un conteo rápido que tiene sustento histórico, que tiene antecedentes y que siempre se ha cumplido en todo proceso electoral”. Con esa afirmación, Mendoza estableció la posición central del partido: el conteo rápido de Ipsos y Transparencia y el de Datum Internacional —ambos con resultados favorables a Sánchez— son la referencia técnica válida, y cualquier comunicación que se aparte de esas conclusiones debe estar respaldada con el mismo rigor metodológico.

Acusan a Ipsos de incurrir en una infracción a la normativa del JNE

El secretario general del partido, Ernesto Zunini, apuntó específicamente a las declaraciones públicas del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien en los días posteriores al cierre de mesas ofreció análisis y escenarios adicionales sobre el resultado de la segunda vuelta que, según Zunini, no se ajustan al informe técnico del conteo rápido publicado.

“Nos llama la atención que el señor Torres, en representación de Ipsos, haya salido a exponer un conjunto de escenarios y de supuestos que no cumplen con este rigor técnico”, señaló Zunini. “Por lo tanto, estamos cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones, a la Defensoría del Pueblo y a Transparencia para que se pueda especificar y aclarar en base a qué se están haciendo este conjunto de afirmaciones».

El secretario general subrayó que el conteo rápido se publicó “sobre la base de una muestra de actas reales, de cosas decididas en las urnas por parte del pueblo peruano”, y que cualquier afirmación que altere esas conclusiones debe cumplir el mismo estándar metodológico. En ese punto, Zunini advirtió que la normativa del JNE establece que la información comunicada por los actores de este tipo de estudios debe condecirse con el informe técnico publicado, y que apartarse de esa exigencia “podría constituir una infracción a la normativa establecida por el Jurado”.

“Eso se determinará”, precisó Zunini, dejando abierta la posibilidad de que el partido formalice una denuncia ante el JNE si las aclaraciones solicitadas no resultan satisfactorias.

No aceptan cambios o que votación se revierta

Uno de los ejes centrales del mensaje de Zunini fue reivindicar la estadística como disciplina científica y, con ella, la validez del conteo rápido como instrumento de referencia electoral. “El conteo rápido basado en la estadística no es una hipótesis, sino una disciplina científica. Si no, estaríamos hablando de cualquier otra cosa”, afirmó. “Es lo más sólido que tenemos hoy en día. Y ambos estudios de conteo rápido han dado como ganador al candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú“.

El secretario general también señaló que, en un contexto donde la diferencia de votos entre los dos candidatos es “escasa, como se ha reconocido”, existe “una inmensa responsabilidad por parte de todos los actores respecto a lo que se comunica a la población”. Esa responsabilidad, según Zunini, obliga a priorizar herramientas que “cumplan con estándares, con normativa y con una metodología rigurosa”, como el conteo rápido, por encima de comunicaciones que no tengan el mismo respaldo técnico.

El conteo oficial de la ONPE y la tensión poselectoral

Las declaraciones de Juntos por el Perú se producen en un momento de alta tensión poselectoral. El conteo oficial de la ONPE, actualizado al 95,979% de actas contabilizadas a las 11:55 a.m. de este martes, sitúa a Roberto Sánchez con 8.911.541 votos (50,057% de los votos válidos) y a Keiko Fujimori con 8.891.320 votos (49,943%). La diferencia entre ambos es de 20.221 votos en términos absolutos y de 0,114 puntos porcentuales, con 3.730 actas aún pendientes de incorporar al cómputo.

Ese margen —que se ha reducido progresivamente desde los 26.344 votos registrados en la madrugada del lunes hasta los 20.221 de este martes al mediodía— es el que genera la tensión: el conteo rápido da ganador a Sánchez, el conteo oficial también lo pone por delante, pero la diferencia es lo suficientemente estrecha como para que cada acta pendiente sea objeto de atención máxima por parte de ambos partidos.

JPP confiado en llevarse las elecciones

Zunini cerró su intervención con un doble llamado. Al pueblo peruano, le pidió “confiar en la solidez de estos estudios, en la institucionalidad democrática y defender el voto popular”. Y al proceso en su conjunto, reafirmó la posición del partido: “Nosotros vamos a respetar los resultados del proceso electoral y estamos aguardando el fin de la contabilidad”.

La conferencia de prensa de Juntos por el Perú se produce en paralelo a las declaraciones que Fuerza Popular ha realizado en los últimos días cuestionando el conteo rápido y pidiendo esperar el resultado oficial de la ONPE.

En una reciente entrevista concedida al programa En La Mira conducido por Jessica Vallenilla (@la_katuar), la periodista y escritora venezolana Nitu Pérez Osuna analizó la relación entre Venezuela, Estados Unidos y el proceso de liberación del país, enfatizando que los intereses económicos siguen siendo el eje central de la dinámica bilateral.

MFM

Pérez Osuna fue clara al señalar que Estados Unidos no contempla convertir a Venezuela en su estado 51. “Olvídense de eso porque les está yendo estupendo en este momento”, afirmó. Según su criterio, Washington obtiene beneficios significativos a través de la producción petrolera venezolana sin necesidad de una anexión formal.

“Es horrible lo que te voy a decir, pero la libertad se paga y nosotros la estamos pagando con petróleo, hasta con oro. La estamos pagando”, expresó la comunicadora, quien reconoció que Venezuela posee recursos para cumplir con ese “pago” mientras exige, a su vez, avances concretos hacia la democracia.

La periodista resaltó la importancia de la liberación interna como prioridad. “Nosotros tenemos que liberarnos. Eso lo tenemos que entender. Somos nosotros”, insistió, y elogió el camino que transita la líder opositora María Corina Machado, a quien describió como enfocada en el objetivo principal, a diferencia de otros sectores de la oposición que, en su opinión, buscan “un pedacito de la torta” o acuerdos que dilaten el cambio.

Pérez Osuna también advirtió sobre la temporalidad de las alianzas internacionales y la necesidad de no depender indefinidamente de factores externos, recordando que incluso administraciones como la de Donald Trump tienen plazos definidos.

La entrevista se produce en un contexto de continuas tensiones políticas en Venezuela, con debates sobre el rol de la comunidad internacional, las sanciones, la producción energética y las estrategias de la oposición para lograr una transición democrática.

Nitu Pérez Osuna, reconocida por su trayectoria periodística y su postura crítica hacia el chavismo, reside actualmente en el exterior y mantiene una activa presencia en medios digitales y redes sociales.

"La libertad se paga y nosotros la estamos pagando"

Estados Unidos no tiene en el radar que Venezuela sea el estado 51, olvídense de eso porque les está yendo estupendo en este momento, señala la periodista venezolana @NituPerez

EN VIVO: https://t.co/DhU2nE2Zwy pic.twitter.com/Ge5NWnAUeK

— Jessica Vallenilla (@la_katuar) June 9, 2026

La UCO se ha personado en el Ministerio de Justicia por orden del juez Santiago Pedraz para recabar documentación relacionada con el expediente de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. La diligencia forma parte de las investigaciones del denominado caso Leire, en el que se analizan posibles gestiones realizadas para favorecer la obtención de la ciudadanía española por parte del antiguo alto cargo chavista.

La Gaceta de la Iberosfera

Los agentes de la Guardia Civil acudieron a la sede ministerial después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara nuevas actuaciones tras examinar los informes incorporados a la causa. Entre las medidas aprobadas por el magistrado figuraba la obtención de información detallada sobre la tramitación del expediente de Villalobos y sobre los accesos realizados durante su gestión administrativa.

Desde el departamento dirigido por Félix Bolaños se ha confirmado que Villalobos obtuvo la nacionalidad española en abril de 2025, después de que dos solicitudes anteriores, presentadas en 2017 y 2020, fueran rechazadas. Según la versión oficial, la concesión fue evaluada por varios funcionarios y resuelta conforme a criterios jurídicos.

Sin embargo, los investigadores han localizado conversaciones que apuntan a una posible intervención de Leire Díez en favor del exviceministro venezolano. Entre los mensajes analizados aparecen intercambios en los que Villalobos remitía información sobre el estado de su expediente y recibía respuestas de Díez indicando que había trasladado la cuestión para que fuera revisada.

La Guardia Civil también destaca una serie de comunicaciones mantenidas a finales de 2024 entre Díez e Ismael Oliver, abogado vinculado a otras líneas de investigación del caso. En esos mensajes se aborda expresamente la situación de la nacionalidad de Villalobos y se hace referencia a conversaciones con distintas personas del entorno político e institucional.

Según los informes incorporados al sumario, el asunto continuó apareciendo en distintas conversaciones durante los primeros meses de 2025. La documentación analizada refleja intentos de buscar interlocutores en organismos públicos para estudiar la situación patrimonial y administrativa del exdirigente venezolano, así como posibles reuniones o contactos relacionados con su caso.

La investigación de Pedraz pretende determinar si existió algún tipo de influencia indebida en la tramitación de la nacionalidad. Por ello, el juez ha ordenado que la UCO supervise directamente la entrega de información por parte del Ministerio de Justicia y recopile todos los datos necesarios para reconstruir el recorrido administrativo del expediente.

Villalobos aparece además en otras causas judiciales abiertas en España relacionadas con presuntos delitos económicos y de blanqueo de capitales. Su nombre también figura en varias de las líneas de investigación que la Audiencia Nacional mantiene activas sobre operaciones empresariales y financieras vinculadas a Venezuela.

El informe de la UCO concluye señalando que, tras consultar distintas bases de datos oficiales, los agentes comprobaron que Villalobos dispone actualmente de Documento Nacional de Identidad español y que llegó a abrir una cuenta bancaria en España, aunque esta ya se encuentra cerrada.

 Por primera vez en la historia, Estados Unidos canceló la visa diplomática a la jefa de Gabinete del secretario General de la OEA, que está bajo investigación penal por un supuesto caso de corrupción pública en Surinam.

Por: Román Lejtman – Infobae

Se trata de Xaviera Jessurun, que hasta ayer era jefa de Gabinete de Albert Ramdin, secretario General de la OEA. Ramdin y Jessurun se conocen desde hace años, y trabajaron juntos en Surinam.

Ramdin fue canciller de ese país caribeño, y Jessurun fue su principal asistente de confianza. En ese contexto, el canciller designó a Jessurun en una comisión oficial que debía analizar la privatización de la compañía de aviación de Surinam.

El dos de febrero de 2025, Jessurun fue imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales, y el actual gobierno de Surinam canceló su pasaporte diplomático.

A Ramdin no le preocupó la imputación penal contra Jessurun, y la nombró en la OEA en mayo de 2025.

Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario General relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

La defensa explícita que Ramdinhizo de Jessurun fue cuestionada por Lee Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Y a los pocos días, la administración Trump redactó un memorándum interno que desnudó la protección política que ejercía Ramdin a favor de su entonces jefa de Gabinete.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun», advirtió el memo interno que lleva como título “¿Diplomacia o Dinastía? La Crisis de Credibilidad en la OEA».

Y completó:

“Llamar a Jessurun “poco calificada” para una de las posiciones más poderosas en la diplomacia del hemisferio occidentales un cortés eufemismo.Antes de esto, su currículum presentaba un período como asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam. Ella no poseía ni la experiencia diplomática de alto nivel ni la permanencia institucional típicamente requeridas para manejar los complejos intereses geopolíticos de 32 estados miembros (de la OEA)“.

La publicación que hizo Infobae en exclusiva del memo interno desembocó en un encuentro reservado entre Ramdin y Rizzuto.

El embajador de Estados Unidos llegó a la cita asumiendo que el secretario General de la OEA entendía la crisis de confianza que enfrentaba con la Casa Blanca.

Rizzuto se equivocó.

Ramdin lo esperaba en su despacho junto a Jessurun, que no se inmutó cuando el amigo personal de Donald Trump ratificó que el memo publicado por Infobae era cierto.

Todos los embajadores de la OEA participan de un grupo de chat en WhatsApp para articular reuniones e intercambiar información reservada.

Tras su discusión con Ramdin, Rizzuto posteó un chat en el Grupo de la OEA que reflejaba la posición de la Casa Blanca respecto al secretario General.

Ese chat, al que accedió en exclusiva Infobae, decía lo siguiente:

“ASUNTO: Preocupaciones urgentes respecto a acciones recientes del Secretario General

Excelencias y estimados colegas,

Les escribo para compartir los detalles de una reunión altamente preocupante que tuve hoy con el Secretario General, la cual tuvo lugar a su solicitud. Acepté esta reunión para abordar directamente los crecientes problemas que amenazan la integridad y la reputación de nuestra organización.

Durante nuestra discusión, expresé una grave preocupación por el daño institucional causado por el reciente artículo de Infobae. Específicamente, cuestioné la decisión unilateral del Secretario General de promover a su asistente al cargo de Jefa de Gabinete. Esta decisión es profundamente preocupante por varias razones. Investigación en curso: La persona en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación penal en su país de origen y se le ha revocado su pasaporte diplomático. Compensación injustificada: La promoción estuvo acompañada por un aumento salarial significativo, muy superior a su remuneración base anterior. (250.000 dólares libres de impuestos) Desconsideración hacia los Estados Miembros: Esta acción fue tomada a pesar de solicitudes directas de Estados Miembros sugiriendo que la promoción fuera retenida hasta que los asuntos legales en su país de origen fueran completamente aclarados.

El Secretario General continúa ignorando la significativa vergüenza que el artículo de Infobae y está situación han causado a la OEA.

Lo más alarmante es que, al ser confrontado con estos hechos, el Secretario General afirmó arrogantemente que “REPORTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.”

Rizzuto sabe que en política, el plato se come frío.

Fue hasta el Departamento de Estado y comentó su conversación con Ramdin. El secretario Marco Rubio escuchó con atención, y al final decidió cancelar la visa de Xaviera Jessurun, a pesar de un postrero esfuerzo del secretario General para salvar la situación legal de su perenne asistente personal.

La comunicación oficial llegó ayer a la Secretaría General, y a Jessurun no le quedó otra alternativa que renunciar.

–¿Jessurun cuándo se tiene que ir?-, preguntó Infobae a un vocero de la administración Trump.

Infobae consultó al entorno de Ramdin respecto a la decisión inédita del Departamento de Estado.

Textual, se respondió lo siguiente:

-“Tras la recepción de una nota diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el asunto fue revisado internamente. En ese contexto, la Jefa de Gabinete ha presentado su renuncia en el mejor interés de la Organización y con el propósito de dar por concluido este asunto.

-“El Secretario General permanece plenamente enfocado en promover los objetivos y propósitos de la Organización y continúa dedicando toda su atención a su labor. Su prioridad inmediata es garantizar una Asamblea General exitosa en la Ciudad de Panamá, centrada en los temas sustantivos y las prioridades identificadas por los Estados Miembros».

La respuesta del entorno de Ramdin es puro optimismo político.

Estados Unidos no quiere que continúe como secretario General y aguardará que concluya la Asamblea General en Panama para ejercer su poder regional.

La mayoría de los embajadores de la OEA consideran que Ramdin mintió cuando designó a Jessurun y la protegió cuando fue imputada por la justicia de Surinam.

Demasiado por un foro regional que depende de la Casa Blanca y tiene escaso prestigio institucional.