Sesenta y un días después de su última aparición pública, Daniel Ortega regresó el 19 de julio al escenario político con un discurso que provocó una de las mayores condenas internacionales de los últimos años.
Por: Wilmar Iglesias – Infobae
Durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe de Managua, el dictador declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a la oposición política, a la que acusó de responder a intereses de Estados Unidos y de sectores somocistas.
En la misma intervención anunció que coordinaría con la Asamblea Nacional la construcción de un “muro” legal para impedir que esos sectores regresaran al poder por la vía electoral.
Aplausos y condenas
La frase fue recibida dentro del acto con aplausos de miles de simpatizantes sandinistas. Sin embargo, apenas comenzó a circular el video íntegro del discurso, las reacciones trascendieron rápidamente las fronteras de Nicaragua. Gobiernos, organismos internacionales, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos interpretaron las palabras de Ortega como el reconocimiento explícito de que su administración abandonaba incluso la apariencia de celebrar elecciones competitivas.
Las primeras respuestas llegaron desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la declaración demostraba “la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo” por parte de Ortega y Rosario Murillo. Añadió que ambos gobernantes habían abandonado incluso la apariencia de contar con respaldo popular y llamó a la comunidad internacional a actuar de manera conjunta frente al régimen.
La Organización de los Estados Americanos también reaccionó con rapidez. Su secretario general, Albert Ramdin, sostuvo que las declaraciones únicamente oficializaban una realidad que las actuaciones del régimen ya venían mostrando desde hacía años: el abandono de la democracia y hasta de su apariencia formal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las palabras de Ortega como incompatibles con los principios de la democracia representativa y afirmó que confirmaban la consolidación de un régimen autoritario caracterizado por la supresión de derechos y libertades.
Al día siguiente se sumó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Volker Türk sostuvo que los acontecimientos profundizaban las restricciones a las libertades fundamentales y el desmantelamiento del espacio cívico en Nicaragua. El funcionario pidió restablecer el Estado de derecho y garantizar que toda persona pudiera votar y postularse a cargos públicos sin discriminación política.
En la región también comenzaron a acumularse los pronunciamientos. Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores en Managua y calificaron la eliminación del derecho al voto como un agravio contra los principios democráticos.
Costa Rica recordó que nunca reconoció las elecciones presidenciales de 2021, reiteró su respaldo a procesos electorales libres y transparentes y su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, resumió la posición oficial con una frase breve: “Gracias a Dios Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones”.
El Congreso costarricense aprobó además una moción unánime de condena, mientras varios expresidentes se pronunciaron en el mismo sentido.
Dirigentes opositores nicaragüenses en el exilio, organizaciones civiles y analistas interpretaron el discurso como un paso más dentro del proceso de concentración absoluta del poder iniciado años atrás mediante la cancelación de partidos políticos, el encarcelamiento de precandidatos presidenciales, el cierre de organizaciones civiles y las reformas constitucionales que ampliaron las facultades del Ejecutivo.
Parlamento a “cumplir el mandato”
Mientras las condenas crecían, el régimen respondió acelerando el siguiente paso político. Dos días después del discurso, la Asamblea Nacional anunció que había iniciado los análisis y consultas para cumplir el “mandato” de Ortega mediante reformas constitucionales y legales.
El Parlamento informó que trabajaría junto con el Consejo Supremo Electoral para diseñar el nuevo marco jurídico y adelantó que las modificaciones serían sometidas a votación durante la primera semana de agosto.
La rapidez con que actuó el Legislativo reforzó la percepción de que las palabras de Ortega no habían sido una improvisación, sino el anuncio público de una decisión política previamente definida.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó además que los diputados iniciarían consultas con magistrados del Consejo Supremo Electoral para identificar todos los cambios necesarios y evitar cualquier “resquicio” que permitiera, según dijo, la manipulación de los “imperios y sus lacayos”. También anunció que el proyecto sería presentado antes de finalizar julio para ser aprobado durante la primera semana de agosto.
Sin embargo, mientras el Parlamento avanzaba con las reformas, la presión diplomática continuaba aumentando.
Chile y Guatemala expresaron igualmente su rechazo a las declaraciones de Ortega, mientras desde Europa comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos de parlamentarios y funcionarios comunitarios.
La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Hana Jalloul Muro, condenó que el gobernante hubiera arrebatado a los nicaragüenses su derecho a elegir y participar políticamente. Recordó que el país llevaba dos décadas bajo un proceso continuo de represión y exigió la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones justas.
Reinterpretar a Ortega
Fue precisamente en ese contexto de creciente aislamiento internacional cuando el discurso oficial comenzó a cambiar. Sin desmentir nunca a Ortega ni reconocer que hubiese cometido un exceso verbal, los principales voceros del régimen empezaron a ofrecer una interpretación distinta de sus palabras.
La estrategia consistió en sostener que el mandatario nunca quiso decir que desaparecerían las elecciones, sino únicamente que no volverían a celebrarse procesos supuestamente controlados por Estados Unidos.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró públicamente que Ortega “no dijo que no iban a haber elecciones”, sino que nunca volverían elecciones “en manos de los imperialistas”. Según esa versión, el país seguiría celebrando comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que impediría cualquier influencia extranjera.
Sin embargo, Porras evitó explicar quiénes podrían competir en esos procesos o cómo participarían los cientos de opositores encarcelados, desterrados o despojados de su nacionalidad por el propio régimen.
En su primera comparecencia pública tras el discurso del 19 de julio, Rosario Murillo afirmó que las reformas impulsadas por el Gobierno permitirían celebrar “procesos soberanos, libres y democráticos de elección nacional y local de autoridades”, organizados exclusivamente por los nicaragüenses y sin injerencia extranjera.
Ese primer intento de explicación no implicó una rectificación de las palabras pronunciadas por Ortega. Murillo nunca afirmó que el mandatario se hubiera expresado incorrectamente ni que hubiese querido decir otra cosa. Su estrategia consistió en redefinir el significado de las elecciones. Según su narrativa, el país continuaría celebrando procesos electorales, pero únicamente bajo reglas establecidas por las instituciones controladas por el Estado y sin participación de actores considerados vinculados a intereses extranjeros.
El discurso se endureció conforme crecían las condenas internacionales. Después de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Murillo respondió calificando de «perros» a quienes cuestionaban la decisión del Gobierno y sostuvo que Nicaragua avanzaba hacia un nuevo modelo democrático.
Mientras los principales dirigentes del oficialismo difundían esa interpretación, la maquinaria de propaganda del Frente Sandinista trasladó el mismo mensaje a las redes sociales. Cuentas identificadas con el aparato de comunicación gubernamental comenzaron a sostener que las palabras de Ortega habían sido «sacadas de contexto» o malinterpretadas por la prensa internacional y la oposición.
Algunos propagandistas incluso intentaron modificar el sentido literal de la frase pronunciada el 19 de julio. Argumentaron que Ortega no había dicho que “no volverán a haber elecciones”, sino que «no volverán a ver elecciones“, utilizando el verbo “ver” y no el verbo “haber”. Esa explicación pretendía sostener que el mandatario se refería únicamente a quienes el régimen considera golpistas o traidores a la patria.
Sin embargo, la transcripción oficial publicada por el propio portal gubernamental El 19 Digital reprodujo las palabras exactamente como fueron escuchadas durante el acto público: «no volverán a haber elecciones“. El video íntegro del discurso también mostraba con claridad la expresión utilizada por Ortega, lo que debilitó la explicación difundida posteriormente por los propagandistas.
Entre quienes impulsaron esa narrativa figuró Amílcar Dubois, quien sostuvo en redes sociales que la frase había sido sacada de contexto y que Ortega en realidad se refería a otro tipo de elecciones. El estadounidense Ben Norton también afirmó que Washington y los medios internacionales estaban difundiendo propaganda basada en una interpretación falsa de las declaraciones del mandatario nicaragüense. Ambos coincidieron en presentar las críticas internacionales como parte de una campaña de desinformación impulsada desde el exterior.
Cambios de versión
Para el abogado y analista nicaragüense Yader Morazán, la evolución del discurso oficial reflejó una reacción directa al costo diplomático que provocaron las palabras de Ortega. “El 19 de julio, cuando Ortega gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’, les tocaron el hombro para que aplaudieran como focas amaestradas. Esa misma noche salieron a defenderlo con uñas y dientes. Pero apenas les llovieron las reacciones internacionales, les cambiaron la versión y ahora andan repitiendo que ‘solo era contra los golpistas’ y que ‘sí van a haber elecciones propias’“, afirmó.
Morazán añadió que el cambio de narrativa evidenciaba la disciplina interna del aparato propagandístico. “Primero les mandan a aplaudir, después a defender, luego a mentir y al final les ordenan que digan que nosotros somos los que no escuchamos lo que todos oímos“, sostuvo.
El abogado también consideró que el intento de reinterpretar el discurso presidencial terminó generando una contradicción difícil de sostener. “Apenas vieron la reacción internacional, Ortega y Murillo ya se echaron para atrás y tergiversan sus propias palabras. El mismo que gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’ ahora sale con que sí van a haber, pero solo para quienes le caen bien“, señaló, en referencia a la exclusión de opositores encarcelados, desterrados, desnacionalizados o inhabilitados políticamente.
