La Justicia británica eliminó este jueves uno de los mayores repositorios de datos judiciales sobre abusos sexuales a menores, una base que ha permitido durante años analizar la dimensión real del escándalo de las bandas de explotación infantil y detectar patrones de actuación entre delincuentes. La desaparición de este archivo supondrá, según sus responsables, la pérdida irreversible de conexiones clave para periodistas, investigadores y organizaciones civiles.
La empresa especializada en análisis de datos Courtsdesk confirmó ayer miércoles que, tras agotar todas las vías legales, procederá a borrar su motor de búsqueda elaborado a partir de más de 4,8 millones de registros. Esta información se había recopilado gracias a un acuerdo con el Ministerio de Justicia firmado hace cinco años. El Gobierno ordenó a finales de 2025 la supresión del archivo, lo que dejó a la compañía sin margen de maniobra.
El Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad había remitido previamente una notificación para que cesara su actividad, acusando a la empresa de compartir información judicial sin autorización. Courtsdesk rechaza esa acusación y sostiene que su trabajo se realizaba conforme a los términos establecidos con las autoridades.
El impacto de la eliminación va más allá del acceso de los medios de comunicación. Según la compañía, también se perderá para siempre la evidencia que podría servir a la investigación pública abierta en 2025 sobre el escándalo de las redes de abuso sexual, impulsada bajo el mandato de Sir Keir Starmer.
El estudio de Courtsdesk reflejaba la magnitud del problema: 25.118 procedimientos relacionados con delitos sexuales contra menores en Inglaterra y Gales, que implicaban a unos 24.670 acusados distintos en 153 tribunales. Más de 1.100 víctimas anónimas aparecían vinculadas a dos o más presuntos agresores, mientras que nueve figuraban en causas con al menos diez acusados.
El análisis también mostraba retrasos extremos en la tramitación judicial. Más de 5.100 casos presentaban una diferencia superior a diez años entre la fecha del delito y la primera vista. En cerca de 1.500 procedimientos, ese intervalo superaba las dos décadas, lo que da una idea de la duración de los procesos y de las dificultades para llevar a los responsables ante la justicia.
Otro de los hallazgos señalaba la reiteración delictiva. Un total de 469 acusados comparecieron en más de un procedimiento con números de caso distintos, y 178 fueron juzgados en tribunales diferentes. Estos datos permitían identificar conductas repetidas y posibles vínculos entre escándalos en diversas localidades.
Enda Leahy, fundadora de la empresa, advirtió de que la desaparición del archivo impedirá detectar patrones geográficos, relacionar víctimas y agresores o seguir la evolución de las investigaciones con el paso del tiempo. A su juicio, la pérdida afectará no solo al trabajo informativo, sino también a la sociedad civil y a la propia investigación oficial.
Los datos incluían tribunales de todo el país y coincidían con ciudades señaladas en otros estudios sobre el escándalo, como Bradford, Oxford, Rochdale, Rotherham, Oldham y Telford. Este mapa judicial ofrecía una visión global de la extensión de los abusos.
Desde la oposición, el secretario de justicia en la sombra, Nick Timothy, criticó la decisión. Afirmó que, sin acceso a registros detallados, será mucho más difícil identificar irregularidades o respaldar a víctimas que denuncian fallos del sistema. En su opinión, el análisis de reincidencia, delitos en varias jurisdicciones y evolución de los procesos demuestra el valor de la transparencia.
Timothy subrayó que el acceso a los datos es esencial para garantizar la rendición de cuentas y evitar que la opacidad favorezca la impunidad. También instó al Gobierno laborista a rectificar antes de que el archivo desaparezca definitivamente.
