Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ofrece este viernes una actualización oral sobre los atropellos de la administración chavista de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Patilla

Türk celebró el regreso de delegados a su oficina en Caracas, pero instó a la inmediata liberación de presos políticos y llamó a cesar el asedio contra los seis opositores refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela.

A continuación, la declaración íntegra de Türk:

“Mi oficina ha comenzado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas.

Mi esperanza es que podamos restablecer nuestra plena presencia. Como en otras situaciones, mi Oficina puede desempeñar un papel importante como entre las instituciones del Estado y la población del país.

Mirando los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el desproporcionado uso de la fuerza y la violencia durante las protestas electorales de julio y agosto, incluso por parte de individuos armados que apoyan al gobierno. Insto a que se lleve a cabo una investigación sobre al menos 28 asesinatos que, según los informes, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas.

Las autoridades han confirmado la detención de unas dos mil personas desde las elecciones. Me preocupa mucho que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes.

Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de detenidos, con condiciones. Desde entonces han anunciado otras liberaciones. Es un paso importante. Animo a las autoridades a revisen los casos de quienes siguen detenidos, de acuerdo con las garantías internacionales y otras normas de derechos humanos.

Insto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de los derechos humanos, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios.

También insto a las autoridades a que ofrezcan garantías de un juicio justo a los detenidos. Esto incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a los indígenas intérpretes.

El uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes.

Insto a las autoridades a que cumplan su obligación de garantizar que las condiciones de detención se ajustan a las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están encarcelados en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica.

El espacio cívico en Venezuela continúa restringido. Mi Oficina ha recibido informes creíbles de que defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores de ayuda humanitaria y personal que trabaja en los colegios electorales han sido objeto de amenazas y acoso. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los Estados de la región a garantizar su protección y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identificación caducados.

Según los informes, al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor.

La legislación restrictiva, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, corre el riesgo de atentar gravemente contra el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política.

Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y especialmente en Venezuela de cara a la toma de posesión en enero y a las elecciones previstas para el próximo año.

Urgen negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable.

Hago un llamamiento para que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos.

También estamos siguiendo de cerca la situación de las seis personas en los locales de la embajada argentina, y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución.

Los venezolanos se enfrentan a graves obstáculos para acceder a la alimentación, la educación, la sanidad y el trabajo digno, incluido un salario digno. Los salarios siguen siendo extremadamente bajos a pesar del aumento del 8,5% del Producto Interior Bruto registrado el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos. Insto a las autoridades a que aborden estos problemas de derechos humanos en consonancia con sus obligaciones internacionales.

El reciente anuncio de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes es un paso adelante. Sin embargo, me preocupan los informes sobre la suspensión arbitraria de los salarios de los docentes, el despido injustificado de trabajadores y la jubilación forzosa de dirigentes sindicales, incluso por sus opiniones políticas.

Algunas comunidades indígenas también se enfrentan al impacto de la minería ilegal en su territorio. Las operaciones militares contra estas actividades deben ir acompañadas de la reintegración social y de un componente civil, y deben respetar el consentimiento libre, previo e informado.

Me alarman las noticias sobre el asesinato de un guardián indígena que participaba en la protección del territorio frente a la minería. Pido una investigación transparente sobre este asesinato, y sobre el asesinato del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Virgilio Trujillo, hace dos años.

También me gustaría señalar de nuevo que las amplias sanciones sectoriales tienen un impacto desproporcionado en los más vulnerables, y también afectan al trabajo de algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Es necesario reevaluarlas y levantarlas.

Visité Venezuela hace casi dos años, y lo siento por la gente del país que ha pasado por momentos muy difíciles. Me quedó claro entonces, como ahora, que la sociedad necesita sanar, superar las divisiones y la polarización, y entablar un diálogo integrador, como prioridad absoluta.

Estamos dispuestos a apoyar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos difíciles, en un espíritu de compromiso constructivo.”

Si algo ponen de manifiesto los eventos mundiales de fines de 2024 es que, en política, el tiempo no es lineal. Puede moverse en zigzag: estancarse por largos periodos, retroceder de pronto para luego dar un inesperado salto hacia adelante.

Por: Boris Muñoz – El País

Los venezolanos lo saben de sobra por experiencia propia. Hoy ven lo acontecido con el tirano sirio Bachar El Asad con la mirada fija en el 10 de enero, fecha en que Edmundo González Urrutia, quien derrotó de manera abrumadora a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, debería juramentarse como nuevo presidente constitucional, si Maduro no se hubiese robado la elección.

Pero repasemos lo que ha pasado en Siria. Hasta hace dos semanas, El Asad parecía mantener el férreo y sanguinario control de su país con el apoyo de Irán y Rusia. De pronto, se hizo evidente que ese control era precario. En pocos días un grupo rebelde apoyado por Turquía lo puso en jaque y el domingo El Asad huyó de Damasco a un exilio incierto en Rusia.

No quiero sugerir que la caída de Asad vaya a causar la caída de Nicolás Maduro, pero ha sido una buena noticia para la oposición venezolana, como me lo han comentado varias personas allegadas a González Urrutia y la líder nacional María Corina Machado.

El caso de Asad les recuerda el del dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1957 se pensaba que Pérez Jiménez se eternizaría en el poder. Su régimen comenzó a desmoronarse con las campanadas del nuevo año gracias a una conspiración cívico-militar tras un plebiscito fraudulento. En la madrugada del 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez huyó en el avión La Vaca Sagrada, dejando tras de sí una maleta con millones de dólares, como lo contó Gabriel García Márquez en Cuando era feliz e indocumentado.

A raíz del fraude del 28 de julio, Maduro se atrincheró en el poder desplegando una campaña represiva sin precedentes para acabar con la protesta y asfixiar la esperanza de cambio.

Por esa razón, el chance de que González Urrutia se juramente el 10 de enero es mínimo en este momento. Sobre el presidente electo pesa una orden de captura por conspiración y sabotaje, entre otros cargos. María Corina Machado pasó a la clandestinidad y su equipo político sufre una feroz persecución, como lo demuestra el acoso contra la Embajada de Argentina (bajo la protección de Brasil), donde se encuentran refugiados sus asesores principales.

En vista de todo esto, los esfuerzos por aumentar la presión sobre la cúpula chavista para forzar su salida son un desafío enorme. Pero aumentar la presión es la movida correcta, el único camino para evitar la normalización de un estado forajido y el avance totalitario.

Y no debe perderse de vista el potencial que presenta un escenario internacional que ha cambiado súbitamente de muchas maneras. Desde la elección de Donald Trump, el manifiesto colapso eléctrico en Cuba y la prolongación de la guerra en Ucrania hasta los ataques de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá, la caída de El Asad, un nuevo (des)orden se está asomando, debilitando alianzas que han sido críticas para Maduro.

Todas las personas cercanas a González Urrutia y Machado con las que conversé sobre cómo afectan estos desarrollos la posibilidad de cobrar el triunfo opositor optaron por mantener el anonimato para no poner en riesgo acciones y gestiones que se adelantan dentro y fuera de Venezuela.

Para una de ellas, el hecho axial es que a partir del 10 de enero el régimen madurista pasa a ser un gobierno de facto. Dentro de Venezuela, esto envía un mensaje a la base de las fuerzas armadas, cuyo respaldo al régimen es frágil, como lo demuestra el triunfo electoral de González Urrutia en los centros electorales donde votaron militares. “El objetivo es profundizar grietas en la coalición cívico militar que le permite a Maduro gobernar. La misión principal de los militares es la custodia de la patria. Hemos trabajado en los rangos bajos y medios para que retiren su apoyo a Maduro en apego a esa misión y no a un gobierno”, me confió.

Otra persona cercana a las conversaciones que se han efectuado en Estados Unidos con el Gobierno de Biden y los equipos de Trump, piensa que el nuevo cuadro político favorece una mayor presión. En especial, ve como auspiciosos los nombramientos de Marco Rubio y Christopher Landau, como secretario y subsecretario de Estado, y de Mike Waltz como asesor de seguridad del presidente. Los tres conocen el proceso político venezolano y son garantía de que la nueva administración no perderá a Venezuela y América Latina de vista, a pesar de la guerra en Ucrania y la volátil situación del Medio Oriente. “Ni que lo hubiésemos mandado a pedir habríamos encontrado un equipo como este. Rubio le dará énfasis a Venezuela, más allá de la migración”, dijo esta persona respondiendo a informaciones de prensa que han ventilado que Trump, persuadido por cabilderos del petróleo, daría prioridad a un arreglo que mantenga las licencias petroleras en Venezuela a cambio de que Maduro reciba a los venezolanos deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, en su opinión, eso no implica acciones inmediatas: “Veo difícil que la nueva administración Trump tome decisiones antes de haber llegado. Biden ha apoyado el rescate de las formas democráticas, como lo hizo claro en su comunicado del Departamento de Estado agosto. Entretanto la oposición venezolana tiene sus propias tareas. Lo más importante para nosotros es coordinarnos internamente, tener claridad sobre qué tenemos que impulsar para presionar por la transición y cómo manejar la expectativa de movilización en Venezuela”.

Cuando esta persona habla sobre presionar, tiene en mente el ejemplo del presidente Bernardo Arévalo, quien llegó al poder en Guatemala tras meses de tenso pulso con los poderes fácticos –el llamado “pacto de corruptos”–, gracias a organizaciones indígenas y al apoyo decidido de Estados Unidos, mediante presión sancionatoria y diplomática. “González Urrutia sería un Arévalo reloaded”, resume añadiendo en su fórmula a los países latinoamericanos que se han ya pronunciado a favor del rescate democrático en Venezuela. “Hay un nuevo momento político a partir del 10 de enero. No intentar la presión necesaria ahora sería un grave error”.

Para una tercera persona, clave en el entorno de Machado, un elemento crucial de esa presión es la promesa de Edmundo González Urrutia de regresar a Venezuela a tomar juramento en la fecha constitucional. La pregunta es si podrá hacerlo con el gobierno de Maduro en su contra. La intención de González Urrutia es firme, pero está condicionada por varios factores, empezando por su seguridad personal, admite. “El 10 de enero no es solo una fecha sino también un acontecimiento que refleja la voluntad de los venezolanos de recuperar la democracia cobrando su triunfo electoral del 28 de julio. El cambio de poder puede ocurrir inmediatamente antes o inmediatamente después. Lo que no va a pasar es que ese cobro se aplace indefinidamente o lleguemos a 2026 sin una transición democrática”, dijo. Pero, por eso mismo, se buscará con más intensidad una negociación con Maduro para la transferencia de poder y se insistirá en fracturar el estamento militar. “Entre los militares hay tensiones a raíz de las elecciones y sobre el papel que está jugando Diosdado Cabello. Muchos no quieren acompañar el hundimiento del Titanic chavista”, remató. Sin embargo, nadie puede asegurar que los cuadros bajos y medios de las fuerzas armadas se expresarán rompiendo filas con el gobierno.

A cuatro semanas para el 10 de enero no hay certezas sobre nada, pero es notable el despliegue de actividades de González Urrutia y Machado para hacer valer el derecho de sus ciudadanos, sea a través de una negociación con Maduro o mediante un quiebre interno del régimen.

Si alguien duda de que también en Venezuela los acontecimientos pueden precipitarse con un cambio de dirección repentino, solo tiene que pensar en Siria, un país lejano geográficamente de Venezuela, pero muy cercano en términos del ejercicio de un poder brutal, apoyado por tiranías que desprecian la democracia y los derechos humanos. Y si los líderes opositores quieren persuadir a Trump de que apoyar la democracia en Venezuela es una apuesta que lo ayudaría a cumplir su promesa de retornar a millones de migrantes a sus países de origen, solo tendrían que mostrarle la imagen de las kilométricas caravanas de carros y gente abarrotando los caminos a Damasco, en medio de cantos de celebración. Esos cientos de miles de sirios –probablemente millones– que regresan a su país liberado tras décadas de opresión –ojalá que no solo momentáneamente–, son el espejo de millones de venezolanos que anhelan volver a Venezuela y reconstruir su democracia.

Sería un duro golpe para las expectativas de los venezolanos dentro y fuera del país que la transición no se concrete, pero más desmoralizante aún sería que sus líderes no hagan el mayor esfuerzo en la hora más oscura de la dictadura.

El régimen de Maduro anunció la excarcelación de 103 detenidos durante las manifestaciones contra la cuestionada reelección del mandamás, que eleva la cifra oficial de liberados a 328 desde finales de noviembre.

DW

Más de 2.400 personas fueron detenidas en las horas posteriores a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, que desataron protestas con un saldo de 28 muertos y casi 200 heridos.

«En las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre) se han producido 103 excarcelaciones, que se suman a 225 medidas cautelares otorgadas el pasado 26 de noviembre», informó un comunicado de la vicepresidencia de Seguridad, que encabeza el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

«Tales medidas se realizan en atención a la solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro (…) de revisar todas las causas concernientes a hechos de violencia y delitos cometidos en el marco de la elección del 28 de julio», añadió.

Los detenidos, incluidos más de un centenar de adolescentes, fueron acusados de «terrorismo» y llevados a cárceles de máxima seguridad. El miércoles, la ONG especializada Foro Penal informó de la liberación de 18 personas, incluidos 12 adolescentes. La misma organización ha confirmado la excarcelación de 169 del primer grupo de 225 que anunciaron las autoridades.

Las liberaciones de esta semana se dieron a la vez que se ejecutaron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, la del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas y la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf.