Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

De acuerdo con un informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), excluyendo las exportaciones de cobre, los productos de los sectores productivos alcanzaron hasta septiembre de 2023 los US$709.1 millones, con un crecimiento de 8.4% en el valor FOB, comparado con igual lapso de 2022 que fue de US$653.9 millones.

ANPanamá

El informe destaca que, a septiembre las exportaciones totales acumuladas registradas de bienes panameños sumaron US$2,926.7 millones, con un desempeño que superó en US$112.8 millones a lo reportado en el mismo periodo de 2022.

El banano, los camarones congelados, el aceite de palma, los desperdicios de hierro o acero, las grasas o aceites de pescado, los demás medicamentos y la teca en bruto continúan siendo los más exportados en el 2023, según el informe.

En cuanto a los nuevos productos, se exportó por primera vez cera para odontología o compuestas para impresión dental.

En tanto, las exportaciones con valor agregado desde zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico también mostraron cifras positivas, con un acumulado de U$214.3M, lo que eleva la oferta exportable total a US$923.5 millones.

El brusco aumento de la discursiva nacionalista en la causa de la soberanía venezolana en la Guayana Esequiba, promovido con inusitada agresividad por el Gobierno de Nicolás Maduro, descansa sobre una conclusión que lleva años dormida, pero que subyace en la psique de la sociedad, comenzando por las Fuerzas Armadas: la gran cantidad de territorio legítimo que ha perdido la nación en diversos laudos internacionales y circunstancias políticas confusas, en los tiempos de la colonia española y también como nación independiente.

Por: Alonso Moleiro – El País

A pesar de esa realidad y del enorme despliegue de propaganda orquestado desde el Gobierno nacional para promover un referéndum de anexión sobre el Esequibo, los centros de votación se vieron con poca gente durante toda la jornada y el chavismo no obtuvo la convocatoria que habría deseado para capitalizar la iniciativa de soberanía.

La celebración, en cambio, ha dado paso al debut de un tono nacionalista muy intransigente en el alto Gobierno, que está sirviendo como argumento para penalizar judicialmente cualquier posición política incómoda. Cuatro de los más cercanos colaboradores de la candidata opositora, María Corina Machado —una tradicional activista en la causa del Esequibo, pero que ahora apela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir su soberanía—, han sido detenidos, acusados de colaborar con la multinacional Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana.

La antigua Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, tenía cerca de unos 1.500.000 kilómetros cuadrados (la actual República de Venezuela tiene 912.000), que incluían a la isla de Trinidad, una de las provincias de aquella entidad, arrebatada por los ingleses a España en 1802. Con la llegada de la independencia, el país perdió también el control de la península de la Guajira, parte de los actuales llanos orientales colombianos y amplios sectores de la Amazonía, en beneficio de Colombia y Brasil.

También, progresivamente, la Guayana Esequiba. Un territorio sobre el cual ha existido una larga pugna diplomática posterior, primero con los británicos, que fomentaron la colonización de la zona, y luego con el Gobierno independiente de Guyana. Un asunto que había permanecido adormecido como polémica durante varias décadas hasta ahora.

“Hay dos laudos que han dejado una huella profunda en la identidad territorial de Venezuela”, afirma Lauren Caballero, internacionalista y analista de la Universidad Central de Venezuela. “El laudo de 1891, que definió la frontera definitiva entre Venezuela y Colombia y la pérdida casi total de la península La Guajira, y el Laudo Arbitral de París de 1899, que se tradujo en la pérdida del Esequibo. Estos dos eventos de alguna manera han generado una especie de trauma en la conciencia de generaciones de venezolanos, hasta el punto que la diplomacia en Caracas evitó durante casi todo el siglo XX comprometerse en algún tratado internacional que la obligase a dirimir con terceros su delimitación territorial”.

El famoso “hito de Castilletes”, posterior a la delimitación que se tradujo en la pérdida de casi toda la península La Guajira, es el punto de partida ulterior del famoso diferendo sobre el Golfo de Venezuela— controlado por el país, pero reivindicado en una parte por Colombia—, que durante años fue el que monopolizó todos los titulares noticiosos en esos años, con algunos picos de tensión diplomática y militar binacional incluidos.

“Siguiendo la doctrina de Simón Bolívar, Venezuela apeló siempre al principio del uti posedetis juris para delimitar en forma amistosa y expedita sus fronteras al disolverse la Gran Colombia. Para ese entonces, ya los primeros colonos británicos comenzaban a cruzar la frontera de la ribera occidental del río Esequibo, lo cual provocó protestas diplomáticas del propio Bolívar”, explica Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

En la pérdida de estos territorios, advierten ambos expertos, concurren también como causas la diplomacia incipiente de la Venezuela independiente, y las dificultades de entonces para controlar efectivamente todo su territorio. Venezuela fue, por lo demás, uno de los varios teatros de operaciones de la diplomacia imperial británica en todo el mundo.

“Con Brasil, el país perdió también miles de kilómetros cuadrados”, afirma Ramírez. “Inexplicablemente, Venezuela aceptó sin mayor oposición apartarse del Uti Posedetis Juris, y el tratado de límites de 1859 confirmó los derechos venezolanos sobre las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo”. En aquel año, uno de los más caóticos que ha tenido Venezuela en su historia, una nación sin gobierno, comenzaba la Guerra Federal, un conflicto civil de cuatro años de duración, aún más virulento que la guerra de independencia.

El Congreso venezolano no había querido ratificar el famoso tratado Pombo-Michelena, que colocaba límites satisfactorios a las demandas venezolanas frente a Colombia en 1833. Tras sucesivas negociaciones colombo-venezolanas sin acuerdos, “en 1886, el Acta de París nombra árbitro de derecho a la Reina María Cristina para ejecutar sentencia en este diferendo con Colombia. El Laudo de 1891 es muy perjudicial para Venezuela, puesto que le arrebata extensas zonas territoriales desde el Caribe hasta el Amazonas”, relata Ramírez.

“Esto es lo que explica la reticencia del Estado venezolano de asistir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir con Guayana la controversia del Esequibo, esa ha sido una postura permanente”, afirma Caballero. “A pesar de que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 los negociadores venezolanos no excluyeron la posibilidad de un arreglo judicial, según lo estipulado en las Naciones Unidas”.

“Venezuela ha perdido un quinto de su territorio desde los tiempos de la Capitanía General”, añade Kenneth Ramírez. “Como bien afirmó el poeta Andrés Eloy Blanco en un famoso discurso parlamentario en 1941, lo hizo sin disparar un solo tiro. Es natural que haya una sensibilidad con el tema de las fronteras. Y han sido, otra vez, los errores diplomáticos del Gobierno de Maduro los que nos tienen en esta situación, negados a asistir a la Corte Internacional de Justicia”.

El encuentro entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, Irfaan Ali, buscará bajar las tensiones que se han incrementado en días recientes por el territorio Esequibo, que ambos países consideran suyo, coinciden especialistas.

Por: Carolina Alcalde – La Voz de América

Los mandatarios confirmaron que asistirán el jueves, en San Vicente y las Granadinas, a una reunión de “alto nivel” impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Maduro dijo esperar el lunes que la iniciativa se convierta “en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países”, según escribió en una carta enviada al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, también presidente pro tempore de la CELAC.

Sin embargo, horas antes, el mandatario guyanés advirtió que el diferendo limítrofe “no está en discusión”, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano, posición ratificada en un referendo consultivo celebrado el 3 de diciembre.

A juicio del diplomático y analista internacional, Edmundo González, el encuentro busca «bajar el tono a las tensiones y provocar normalidad dentro de lo que cabe».

“El presidente de Guyana ha sido claro en que va al encuentro y que el tema de la controversia territorial no va a ser parte de la conversación. Yo presumo que, por el lado de Venezuela, Maduro va a insistir en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para avanzar en el tema”, dice consultado por la VOA.

González considera que los recientes anuncios de gobierno venezolano que implican, entre otras acciones, el avance en el Parlamento de una ley para crear un estado en el territorio en disputa, la designación de una autoridad única y una zona militar, son “ejercicios retóricos” que no crean un “ambiente favorable”.

La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes, luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación.

Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia, coincide en que la reunión podría ser una “buena oportunidad” para bajar las tensiones, pero afirma que no luce muy probable un regreso a las negociaciones.

De Alba subraya que el escenario de reiniciar negociaciones sería el “ideal” para Venezuela que defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé la resolución amistosa y “en forma que resulte aceptable para ambas partes”, como el mecanismo para resolver la controversia territorial.

Guyana, por su parte, insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que el Estado venezolano califica de “nulo e írrito”.

“Ahora bien, nada impide que Guyana y Venezuela acuerden retomar algún tipo de conversaciones mientras el proceso ante la Corte Internacional de Justicia sigue su curso, teniendo en cuenta además que la Corte difícilmente dictaría su decisión final en al menos dos años”, opinó de Alba en su cuenta en X.

Venezuela objeta la jurisdicción de la CIJ para examinar la disputa fronteriza y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia.

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPYG) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), debe prevalecer la “cautela”, debido a que la posición del gobierno venezolano pareciera ser “irreconciliable” con Guyana que, a su vez, ha manifestado que no tiene nada que discutir en relación al Esequibo.

“Hay cosas que podemos hacer y que el derecho internacional nos permite, como las actuaciones que el gobierno llevaba a cabo ante la CIJ. Otra cosa es decir que se desconoce a la corte y a sus decisiones y decir que vamos a ejercer soberanía por otros medios, creo que aquí es donde empiezan los problemas para el gobierno y eso explica este intento de negociación con Guyana”, dice.

Lea la nota siguiendo este enlace a La Voz de América

El proyecto de ley francés sobre reforma migratoria fue retirado temporalmente el lunes 11 de diciembre, después de que una mayoría de parlamentarios aprobara  una moción del Partido Verde para rechazar el proyecto de ley .

Por: Hélène de Lauzun – The European Conservative

La ley de inmigración ha atraído una oposición generalizada tanto de izquierda como de derecha. Como resultado de la votación, el ministro del Interior desautorizado, Gérald Darmanin, presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la rechazó.

El proyecto de ley para reformar la política migratoria francesa se está examinando desde hace muchos meses . Su paso por el Senado provocó una importante reescritura del texto por iniciativa del partido de derecha Les Républicains, que tiene mayoría en la cámara alta. Hicieron una serie de cambios destinados a endurecer la política de acogida de Francia. Luego el proyecto de ley fue devuelto para ser examinado por la Asamblea Nacional. En los comités preparatorios se modificó considerablemente y los miembros de la mayoría gubernamental no mantuvieron los cambios buscados por Les Républicains, proponiendo finalmente una versión mucho más laxa. La versión resultante fue vista como demasiado laxa a los ojos de la derecha, pero todavía demasiado severa a los ojos de la izquierda, y el proyecto de ley obtuvo una oposición unánime.

Los ecologistas del Partido Verde presentaron por tanto una moción de rechazo previo, procedimiento que, si se aprueba la moción, conlleva la retirada de un texto legislativo sin examen. Una coalición de oposición sin precedentes se reunió para aprobar la moción de rechazo a última hora del lunes 11 de diciembre: los votos de la derecha, el partido LR y la Asamblea Nacional se unieron a los de la izquierda para derrotar al gobierno. 270 diputados votaron a favor del rechazo, mientras que 265 votaron en contra.

«Su Gobierno ha permitido que el texto firme del Senado fuera pisoteado en comisión», dijo a Darmanin Olivier Marleix, líder del grupo LR. Marleix pide ahora volver a la versión del texto aprobada por el Senado. Marine Le Pen, líder del grupo parlamentario Asamblea Nacional, se mostró “encantada” por el voto de rechazo : “Hemos protegido al pueblo francés de una ola migratoria”, explicó en los pasillos de la Asamblea, ya que el proyecto de ley “prevé la creación de uno de los mayores canales de inmigración desde la reunificación familiar”. La Asamblea Nacional tiene intención de proponer un nuevo proyecto de ley para frustrar el plan del gobierno. El líder del partido Les Républicains, Eric Ciotti, reiteró su llamamiento a una reforma constitucional en materia de inmigración.

La izquierda se alegró de haber enviado al ejecutivo una señal muy clara de la independencia del Parlamento. “Darmanin ha domesticado a los grupúsculos macronistas. Pero no la Asamblea Nacional”, felicitó Jean-Luc Mélenchon por X.

Tomando nota de este duro rechazo a una reforma que deseaba y con la que estaba personalmente comprometido, Gérald Darmanin presentó su dimisión a Emmanuel Macron, quien la rechazó.

La coalición de oposición dificulta la interpretación de la votación, ya que los motivos del rechazo del texto no son los mismos para los ecologistas del Partido Verde, los republicanos y la Asamblea Nacional. La diputada de La France Insoumise, Mathilde Panot, está encantada de haber “ahorrado al país dos semanas de debates xenófobos y racistas”, mientras que el parlamentario de RN Sébastien Chenu explica que la votación fue “consistente con todos nuestros votantes que nos piden que nos opongamos a estas políticas laxas”.

Gérald Darmanin se ofendió por este rechazo, afirmando que la mayoría de los franceses estaban a favor del texto y habían sido traicionados por sus diputados, lo que no es del todo cierto, ya que las encuestas de opinión sugieren que los franceses están a favor de una ley más estricta que la del plan del gobierno y de un estricto control de la inmigración.

La interpretación más obvia es la de un rechazo generalizado a la política de Emmanuel Macron: el enfoque “al mismo tiempo” ( en même temps ) en una cuestión tan sensible como la inmigración no puede funcionar. Darmanin intentó defender una “línea de cresta”, como él mismo dijo, lo que finalmente no convenció a nadie. Es imposible intentar conciliar firmeza y flexibilidad, de lo contrario los efectos serán contrarios a los pretendidos. 

En palabras de Gérald Darmanin, invitado al telediario vespertino de TF1 el día de la aprobación de la moción de rechazo del proyecto de ley, el texto “debe continuar su camino institucional”. Hay varias soluciones posibles: o se puede cancelar el texto, se puede reintroducir la versión del Senado o se puede pasar directamente a la siguiente etapa, es decir, el comité conjunto, un comité selecto diseñado para alcanzar un texto de compromiso entre los senadores y los Diputados. Por el momento, el gobierno aún no ha decidido qué camino tomar.

Las posibilidades de los venezolanos de organizarse y agruparse para participar en los asuntos públicos y transformar la realidad que los rodea por métodos pacíficos, democráticos y legales son cada vez menores, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 52 que «toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos». ¿La razón? Los constantes golpes que las autoridades, incluidas las judiciales, vienen propinando a este derecho. Los últimos dos zarpazos los dio la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en apenas 10 días intervino en los procesos electorales de la Universidad de Carabobo y el Colegio de Abogados de la misma entidad estadal.

Acceso a la Justicia

El primer golpe se registró el pasado 13 de noviembre, cuando la instancia suspendió los comicios que la casa de estudios tenía previsto celebrar el día 29 de noviembre, atendiendo así a una solicitud que le formularon Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios, el primero trabajador administrativo activo y el segundo jubilado. Cabe agregar que, a mediados de octubre,  la Sala Electoral suspendió las elecciones del gremio de profesores que hace vida en ese recinto universitario.

Las razones para adoptar tal decisión se desconocen, por cuanto el contenido íntegro del fallo n.º 123 todavía no ha sido publicado por el máximo juzgado.

El segundo embate se produjo el día 22, cuando la Sala acogió la denuncia contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que el 25 de enero le presentaron Roymar Alí Armas Graterol y Gianni Egidio Piva Torres, a través de una acción de amparo constitucional con medida cautelar. Los accionantes acusaron a la instancia encargada de organizar las elecciones de la agrupación gremial de no informar a sus miembros «de manera oportuna, veraz y precisa sobre el proceso electoral» que se terminó celebrando el 3 de febrero de este año.

En su sentencia n.º 124, la Sala no solo suspendió «el acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación del impugnado proceso electoral», sino que además designó a Erwin Gerardo Fernández  Zerpa (presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (vicepresidente), César Julio Centeno Ramírez (secretario), Gustavo Alberto Guevara Morales (Tesorero) y Ramón Antonio Navas Martínez (Bibliotecario) como miembros una junta directiva ad hoc del Colegio.

Por último, les ordenó «instalarse de manera inmediata, para ejercer sus respectivos cargos, ejecutando solo actos de simple administración, hasta que se dicte la decisión definitiva en la presente causa».

«Yo quito, yo pongo»

La intervención del Colegio de Abogados se produjo pese a que la Sala consideró que los accionantes utilizaron el recurso judicial incorrecto para exponer su caso. No obstante, en lugar de desechar el asunto, como ha hecho en otras tantas oportunidades, la instancia decidió hacer uso de sus potestades discrecionales y transformarlo.

«El error u omisión en la calificación jurídica que realicen las partes respecto a los hechos alegados no resulta vinculante para el juez en aras de garantizar la tutela judicial efectiva», declaró la Sala, desempolvando un criterio que ya esgrimió en una ocasión en el año 2012.

A continuación dictaminó:

«Considerando la situación fáctica y jurídica denunciada, y atendiendo a la perpetua búsqueda de la verdad y la justicia, esta Sala reconduce la acción ejercida en recurso contencioso electoral conjuntamente con amparo cautelar, mediante el cual lo que se pretende es la nulidad del proceso electoral que se organizó en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, puesto que en refuerzo de ello, solicitaron en el amparo “…la suspensión de las elecciones de [ese] Colegio de abogados”, siendo que la medida por excelencia de los recursos de nulidad está constituida por la suspensión de efectos del acto presuntamente lesivo; todo ello, a decir de los accionantes, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye competencia para conocer las demandas contencioso electorales contra actos de naturaleza electoral de organizaciones de la sociedad civil, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional asume la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto contra la Comisión Electoral de dicha Corporación Gremial».

La sentencia es producto de una ponencia conjunta redactada por los tres miembros de la Sala, los magistrados Caryslia Beatríz Rodríguez Rodríguez, Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa.

No es la primera vez

La Sala Electoral suspendió cautelarmente las elecciones del Colegio de Abogados, por considerar que no tuvieron «la publicidad efectiva para que el mayor número de electores tuvieran conocimiento firme, para garantizarles su participación y de esa forma ejercer el control de cada fase». Esto en virtud de las denuncias realizadas por los accionantes de que la Comisión Electoral solo utilizó la red social X (antigua Twitter) y las carteleras en la sede del Colegio para informar a los miembros de la institución sobre el proceso eleccionario. La instancia no pasó por alto las informaciones de que las carteleras solo se podían consultar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario laboral del Colegio.

Esta no es la primera vez que el máximo juzgado interfiere con los comicios para renovar la junta directiva de este gremio en particular. El 25 de mayo de 2022 la Sala Electoral suspendió cautelarmente los comicios convocados y días después, en su sentencia n.º 64 le ordenó de manera definitiva  a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que le solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) su acompañamiento.

La instrucción estaba sustentada en el numeral 6 del artículo 293 de la Constitución, el cual establece que el organismo comicial debe «organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley».

Las autoridades han utilizado esta disposición del texto fundamental como un arma contra los colegios profesionales, con la cual han buscado

«desarmarlos y despojarlos de su libertad y autonomía, aparte de callarlos y neutralizarlos para que no sigan ejerciendo funciones que comprometan, e incluso amenacen, los intereses del poder del Gobierno, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de derecho».

Así lo denunciamos desde Acceso a la Justicia en el informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela 2000-2020, en el cual hicimos un repaso de cómo ha sido la estrategia de las autoridades para intervenir a las agrupaciones civiles.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La intervención del Colegio de Abogados de Carabobo es otra prueba de las restricciones que sufre el espacio cívico en Venezuela y, sobre todo, de las intenciones de las autoridades por controlar todos los aspectos de la vida nacional. En lo que va de 2023 al menos siete organizaciones gremiales, profesionales, deportivas o políticas han visto cómo sus autoridades han sido destituidas y se les han impuesto otras designadas a dedo por las salas Electoral y Constitucional del TSJ.

Los casos de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) fueron los más recientes y los que más ruido generaron dentro y fuera del país, pero no han sido los únicos.

La seccional del estado Bolívar de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Federación Venezolana de Surf, la Asociación Civil Puerto Encantado y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) fueron otras organizaciones que corrieron una suerte similar.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunió el lunes en Estados Unidos con los directivos de varias empresas de armamento, a los que animó a cooperar con la industria ucraniana para reforzar militarmente a sus respectivos países en el actual contexto internacional.

EFE

“Estamos listos para producir más municiones y material militar, pero necesitamos apoyo”, dijo Zelensky a través de su canal de Telegram sobre la reunión celebrada en Washington, que se produce días después de que otra delegación ucraniana firmara un acuerdo con EEUU para desarrollar proyectos conjuntos en producción militar.

El jefe del Estado ucraniano destacó la “importancia” para Ucrania de “desarrollar la producción conjunta de munición para artillería, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de artillería y misiles”.

“Trabajando juntos podemos crear más puestos de trabajo y hacer más fuertes y dar beneficios a nuestros respectivos pueblos”, agregó Zelensky.

El presidente de Ucrania dio las gracias a “todos los trabajadores, ingenieros” y demás empleados de las empresas de defensa estadounidenses que “producen las armas que están salvando a los ucranianos y ayudan a nuestro Ejército a defender el país”. “Es gente que hace mucho por Ucrania”, afirmó.

Ucrania ha firmado acuerdos con las principales industrias de defensa de Occidente para redoblar la producción nacional de armamento y así reducir su dependencia del suministro de armas de sus socios.

Zelensky llegó este lunes a Washington para intentar convencer a los congresistas republicanos de que voten a favor de la partida de ayuda a Ucrania de más de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente Joe Biden, con el que el líder ucraniano se reunirá este martes.

“Ucrania no se ha rendido ni se rendirá. Sabemos qué hacer y pueden contar con Ucrania. Esperamos, igualmente, poder contar con ustedes”, dijo desde la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos en vísperas de reunirse en la Casa Blanca con Biden.

El presidente ucraniano subrayó que su país ha conseguido “más de lo que nadie esperaba” cuando Rusia inició la guerra y lo atribuyó a la “valentía” de su Ejército y a la ayuda “crucial” procedente de Estados Unidos.

“Ucrania está en la batalla contra un Estado nuclear y uno de los mayores Ejércitos”, dijo alertando de que “la actual generación de naciones libres debería aprender de conflictos pasados en Europa que la destrucción provocada por las dictaduras es muy avariciosa y es necesario detenerla desde el principio”.

“La libertad siempre requiere unidad y debe prevalecer cuando se ve cuestionada”, recalcó dejando claro que el verdadero objetivo de la ofensiva de Putin no es Ucrania, sino la “libertad”.

Zelensky también se ha reunido con representantes de organizaciones financieras internacionales que ofrecen apoyo económico a Ucrania.

El Observatorio Venezolano de Finanzas comenzó a implementar la Encuesta de Expectativas Económicas cuya metodología se basa en los trabajos pioneros del NBER (Oficina Nacional de Investigaciones Económicas) y la Reserva Federal de Filadelfia y más recientemente por el Banco de España y el Banco Central de Chile.

Observatorio Venezolano de Finanzas

Para el caso de Venezuela se seleccionaron tres variables claves que son fundamentales para seguir y tener una mirada prospectiva sobre el estado de la economía: la tasa de inflación, el tipo de cambio y la actividad económica. La información se recopiló con diez expertos en materia económica, tanto de consultoras privadas como de académicos.

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta

Cuadro 1

Resultados de le Encuesta de Expectativas Económicas al cierre de 2023

 MediaMínimoMáximo
Tipo de Cambio (Bs/US$)38,937,640,1
Tasa de Inflación (%)3,72,84,8
Actividad Económica (Variación % anualizada IV trimestre)0,5-1,10,8

Nota: Para no recargar el cuadro se omitieron la desviación estándar, la mediana  y la moda de los datos

Cuadro 2

Resultados de le Encuesta de Expectativas Económicas para 2024

 MediaMínimoMáximo
Tipo de Cambio (Bs/US$)67,16286,7
Tasa de Inflación (%)176150210
Actividad Económica (Variación % anualizada IT trimestre)3,51,65,1

Para el cierre de 2023, se espera que la tasa de inflación cierre en diciembre en 3,7%, el tipo de cambio en Bs/US$ 38,9 y la actividad económica con un crecimiento de 0,5% para el cuarto trimestre.

En cuanto al 2024, la tasa de inflación se situaría en 176%, el tipo de cambio concluiría ese año en Bs/US$ 67,1 en tanto que la economía experimentaría una expansión de 3,5% en el primer trimestre de 2024.

La cúpula del Partido Comunista chino (PCCh) celebró este martes una reunión de trabajo económico en la que aseguró que el país se está “recuperando” en ese ámbito, si bien reconoció “dificultades y desafíos”.

Reuters

El presidente chino y secretario general de la formación, Xi Jinping, presidió el encuentro, de carácter anual, en el que se destacó que las “perspectivas” económicas son “positivas a largo plazo”.

”China todavía tiene que superar algunas dificultades y desafíos para reactivar aún más la economía, pero las condiciones favorables superan a los factores desfavorables”, incidió el encuentro, según la agencia estatal Xinhua.

Los líderes chinos creen que la economía de China ha logrado una “recuperación” y que se lograron “avances sólidos” en el “desarrollo de alta calidad” durante este 2023, e instaron a una mayor “confianza”.

Pero la semana pasada, el Politburó, máximo órgano en la toma de decisiones de la formación, mantuvo otro encuentro en el que adelantó que el país buscará “estimular la demanda interna y consolidar la recuperación económica en 2024″. Una señal de que las tareas no fueron exitosas en este año.

También indicó que China continuará con “una política monetaria prudente y una política fiscal proactiva” el próximo año después de tres años de prevención y control de la covid.

”China ganará vitalidad económica, prevendrá y resolverá riesgos, mejorará las expectativas sociales, consolidará y realzará la recuperación económica y continuará promoviendo una mejora efectiva de la calidad y el crecimiento de la economía”, según un texto oficial sobre el encuentro.

En los últimos meses, Pekín ha tratado de paliar la débil recuperación económica tras la pandemia con amenazas como la crisis inmobiliaria, los riesgos de deuda de los gobiernos locales, el lento crecimiento global y las tensiones geopolíticas.

La economía china crecerá un 5,4 % este año, pero frenará hasta el 4,6 % en 2024 debido a la “continua debilidad” del mercado inmobiliario y a una “apagada” demanda proveniente del exterior, pronosticó en noviembre el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI señaló que, a medio plazo, sus proyecciones sobre China pasan por un decrecimiento paulatino del ritmo de crecimiento hasta situarse en torno a un 3,5 % hacia 2028 debido a factores como una “débil productividad” o el envejecimiento de la población.

Corte de las inversiones

Los inversores extranjeros se han mostrado reacios a China durante la mayor parte de este año debido a factores como una recuperación tras la pandemia más débil de lo esperado, una serie de redadas en oficinas por parte de las autoridades chinas, gobiernos locales con problemas de liquidez que ofrecen menos incentivos a la inversión y mayores rendimientos de la inversión en Estados Unidos.

“En años anteriores, el 80% (de las empresas) invertía más debido al potencial del mercado, pero parece que ahora estamos entrando en una fase de verdadera claridad”, dijo Julian Fisher, presidente de la Cámara de Comercio Británica en el país.

“Las empresas son mucho más pragmáticas y hay menos especulación”, añadió.

Las conclusiones de la Cámara, basadas en las opiniones de sus miembros durante octubre y noviembre, revelaron que el 60% de las empresas consideraban que hacer negocios en China se había vuelto más difícil durante el último año y el 78% de ellas lo achacaban a factores económicos.

Más de la mitad de las empresas encuestadas afirmaron que la geopolítica también dificultaba las operaciones en China, mientras que el 43% de las empresas se enfrentaba a problemas normativos, como la obtención de licencias.

La inversión extranjera directa en China se ha ralentizado sustancialmente desde que el país abandonó sus estrictas restricciones COVID-19 a finales del año pasado, lo que ha llevado al país a registrar el primer déficit trimestral de su historia en inversión extranjera directa en el periodo julio-septiembre, lo que sugiere una presión a la salida de capitales.

La guerra abierta no ha llegado al borde caribeño de América del Sur. Es posible que aún prevalezca la calma después de que una teórica invasión venezolana de Guyana se volviera algo menos teórica la semana pasada, luego de las amenazas hechas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de anexar casi las tres cuartas partes del territorio del vecino oriental de su nación. Las intervenciones de destacados líderes mundiales, incluido el secretario general de la ONU y el presidente brasileño, allanaron el camino para las conversaciones entre Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, programadas para este jueves para desactivar la crisis.

Por: Ishaan Tharoor – The Washington Post / Vía Infobae

El clamor de Maduro se produjo después de un referéndum reciente en el que alrededor del 95% de los votantes venezolanos aprobaron la idea de anexar la región -conocida por los venezolanos como El Esequibo, por el río principal que atraviesa Guyana y que Venezuela ha sostenido durante mucho tiempo debería ser la frontera natural entre los dos países. Durante la mayor parte de dos siglos, los venezolanos de todas las tendencias políticas han considerado a Esequibo como suyo e han insistido en su soberanía sobre la tierra.

“El sol venezolano sale en Esequibo”, tuiteó Maduro, un autócrata demagógico y polarizador, en 2021. “El pueblo venezolano reitera su determinación firme e irreductible de defender nuestra soberanía”.

La medida actual está guiada en parte por los problemas internos de Maduro, a medida que se acercan las elecciones del próximo año y la oposición venezolana, a menudo dividida, se está uniendo, contra todo pronóstico, en torno a un líder opositor fuerte y recién nombrado. “Las únicas opciones del gobierno son tratar de irritar los sentimientos nacionalistas con Guyana y escalar gradualmente la situación e incrementar la represión y persecución política”, dijo Enderson Sequera, director estratégico de la firma de análisis político Politiks, con sede en Venezuela, informó The Washington Post.

El petróleo también es parte de la ecuación. Desde que ExxonMobil descubrió enormes depósitos de petróleo en alta mar en aguas territoriales de Guyana en 2015, el régimen de Maduro ha intensificado los reclamos históricos de Venezuela, una época durante la cual el régimen de Caracas ha presidido una crisis económica trascendental que obligó a millones de venezolanos a huir del país.

La semana pasada, “Maduro presentó un mapa que mostraba la región del Esequibo de Guyana, de 61.000 millas cuadradas, como parte de Venezuela”, informó el Post. “El socialista autoritario dijo a una multitud de funcionarios y partidarios del gobierno que crearía el estado venezolano Guyana Esequiba, otorgaría la ciudadanía venezolana a sus residentes guyaneses, otorgaría licencias a la compañía petrolera estatal PDVSA y al conglomerado estatal de metales CVG para buscar petróleo y ordenaría a las compañías de energía, actualmente allí, incluida ExxonMobil, con sede en Houston, para irse en tres meses”.

Las amenazas despertaron oídos en Washington. Esto llevó a que Estados Unidos anunciara el jueves ejercicios de vuelo militares conjuntos con sus homólogos de Guyana. Una declaración de la Embajada de Estados Unidos en Guyana describió las maniobras como “compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad” entre Estados Unidos y Guyana, “y fortalecer la cooperación regional”.

Pero, a medida que las tropas brasileñas se concentraban a lo largo de la frontera con Venezuela en su propio intento por mantener la paz, el trasfondo era claro.

El papel estadounidense en esto conduce a una curiosa ironía. Uno de los principales orígenes de la disputa surge de una intervención estadounidense hace más de un siglo, durante la cual Washington estuvo del lado de Venezuela, no de Guyana.

Durante siglos, las selvas, pantanos y matorrales entre los ríos Orinoco y Esequibo fueron escenario de exploraciones furtivas y fantasías coloniales europeas. Los conquistadores españoles se embarcaron en expediciones desastrosas por ambos canales en busca del mítico El Dorado. El famoso corsario inglés Sir Walter Raleigh mintió descaradamente al público de su país diciendo que encontró dicha “ciudad dorada” y luego, más adelante en su vida, se vio obligado a demostrarlo en un viaje desafortunado que se cobró la vida de su hijo.

En el siglo XIX, no había aquí una frontera clara entre el imperio español y el de los británicos, que asumieron el control de lo que se llamaría Guayana Británica después de un tratado con los Países Bajos en 1814. En 1841, la Venezuela independiente se resistió a los Límite territorial trazado por el topógrafo y naturalista alemán Robert Hermann Schomburgk al servicio del gobierno británico, que según ellos violaba la delimitación entendida del territorio en el momento de la independencia de Venezuela de España en 1811.

La disputa se desarrolló a fuego lento en una época en la que las fronteras eran vagas y porosas y los mapas eran en sí mismos herramientas de coerción política. El descubrimiento de oro y otros minerales valiosos en la región escasamente poblada agudizó la atención británica sobre sus posesiones allí, para consternación de la incipiente república venezolana.

Luego entró en los Estados Unidos y el presidente Grover Cleveland. Más famoso por ser la única persona -hasta ahora- que ocupó la Casa Blanca en dos mandatos no contiguos, la incursión más significativa, pero ahora casi olvidada, de Cleveland en asuntos exteriores se centró en la disputada frontera entre Venezuela y Guyana. En 1895, el impasse entre Venezuela y Gran Bretaña llevaba más de medio siglo de antigüedad, pero llegó a un punto crítico con la participación de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Cleveland, Richard Olney, envió una severa carta a su homólogo británico, reviviendo el espíritu de la Doctrina Monroe que, invocada a principios de siglo, advertía contra los proyectos coloniales europeos en el hemisferio occidental. Olney, que estaba presionando a los británicos para que aceptaran un arbitraje externo para resolver la frontera con Venezuela, amplió el principio y declaró a Estados Unidos “prácticamente soberano en este continente”.

Los desconcertados británicos se burlaron de esto y dijeron a la administración de Cleveland que no creían que la Doctrina Monroe fuera compatible con el derecho internacional. Eso provocó aullidos de indignación en Washington y llevó a Cleveland a pronunciar un discurso especial ante el Congreso, donde pidió autoridad para nombrar una comisión de límites para resolver el asunto, y advirtió a Gran Bretaña que sus decisiones se harían cumplir “por todos los medios” en los Estados Unidos.

Esta amenaza implícita de acción militar enardeció al público estadounidense, y los periódicos imprimieron caricaturas de Cleveland tirando de la cola imperial del león británico y Olney sugiriendo que el “corazón estadounidense” no se había conmovido tanto desde la Guerra Civil. El enviado británico en Washington lamentó ante sus superiores que, tras la “nota de guerra” de Cleveland, “no se escuchó nada” en el país excepto “la voz del Jingo gritando desafío”.

Ante la profundamente dañina Guerra Bóer en Sudáfrica, Gran Bretaña cedió y accedió a las demandas estadounidenses de un arbitraje independiente. Para disgusto de Venezuela, la comisión que surgió estableció la frontera aproximadamente a lo largo de la Línea Schomburgk, con algunas desviaciones, en 1899. Guyana logró la independencia en 1966 y considera esta resolución como un asunto resuelto. Los sucesivos gobiernos venezolanos rechazaron el fallo y la forma en que fue emitido.

Para el legado de Cleveland, el resultado de la disputa importaba menos que su reafirmación de la primacía estadounidense en los asuntos del hemisferio, un preludio de décadas de esfuerzos coloniales estadounidenses en todo el Caribe. La aquiescencia británica subrayó una nueva realidad.

“En 1826, el comercio británico, el capital británico, la diplomacia británica y el poder naval británico habían conseguido para Gran Bretaña una posición preeminente en América Latina”, escribió el historiador RA Humphreys. “En 1896, la diplomacia estadounidense, el comercio estadounidense y el capital estadounidense estaban empezando a ganar esa preeminencia para Estados Unidos”.

Sigue la incertidumbre sobre el paradero de Alexei Navalny. El líder opositor ruso, quien lleva una semana sin contactar con sus abogados y que, según sus colaboradores, habría sido trasladado a una nueva prisión, tampoco compareció este martes por videoconferencia en una audiencia judicial.

EFE

La principal portavoz de Navalny, Kira Yarmish, dijo en su cuenta de la red social X que las autoridades han modificado ahora su versión, después de que durante días atribuyeran su incomparecencia en los tribunales a supuestos problemas de conexión.

Un trabajador de la colonia IK-6 confirmó que ya no está en esta cárcel, aunque desconoce su paradero actual, según Yarmish.

“Durante seis días, mintieron (…) sólo para ganar tiempo”, denunció.

Sobre la desaparición de Navalny hoy se pronunció también por primera vez el Kremlin: dijo desconocer el paradero del líder opositor ruso.

“No, nosotros no tenemos ni intención ni posibilidad de conocer la suerte de los presos y los pormenores de su estancia en las correspondientes instituciones penitenciarias”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telemática diaria.

A su vez, tachó de “inadmisible” la injerencia de Estados Unidos en la situación de Navalny.

“Aquí estamos hablando de un preso que fue declarado culpable en virtud de la ley y está cumpliendo la condena que se le dictó. Consideramos inadmisible e imposible cualquier injerencia, sea de quien sea, incluido Estados Unidos”, señaló.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, adelantó que manifestará a Moscú su preocupación por el estado de Navalny.

Los colaboradores, que denuncian desde hace una semana la imposibilidad de contactar con el político, levantaron el lunes la voz de alarma de que éste ya no se encontraba en la prisión número 6 de la región de Vladímir, donde cumplía su condena desde junio de 2022.

“Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalny ya no está en la cárcel”, dijo ayer Yarmish.

Por el momento, se desconoce si el líder opositor fue trasladado a una prisión en la parte europea de Rusia o a otra penitenciaría en Siberia.

Silenciarlo después de la nueva postulación de Putin

Sus aliados acusan al Kremlin de querer silenciarlo justo después de que el presidente, Vladímir Putin, anunciara su intención de presentarse a la reelección.

El pasado 7 de diciembre Navalny pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

“Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladímir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato”, escribió en su canal de Telegram.

Navalny también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento el sitio fue bloqueado.

El líder opositor, con varios frentes judiciales abiertos, cumple una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior.

Sus abogados denunciaron las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud, si bien el Gobierno no ha dado ninguna muestra de clemencia hacia una de las voces más simbólicas de disidencia.

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