Henrique Fernando Salas-Romer tuvo como invitado al exministro de Energía y Minas y expresidente de la OPEP Humberto Calderón Berti en su programa “Reinventarte”.
El gobierno venezolano invalidó de improviso los pasaportes de decenas de opositores de su gestión en los últimos días, según denuncian. Sólo en el estado occidental de Zulia serían más de 30 activistas políticos perjudicados.
A Romer Rubio, coordinador de la Plataforma Unitaria de partidos opositores venezolanos en Chile, una fuente de confianza en su país le advirtió los primeros días de agosto que revisara el estatus de su pasaporte en el sistema gubernamental de documentación. A los pocos minutos, confirmó su temor al leer un mensaje en letras rojas en su sesión: “Anulado”.
Rubio es parte de un grupo creciente de activistas de derechos humanos, académicos, comunicadores y políticos de Venezuela que han confirmado en las últimas horas, mediante notificaciones oficiales, que sus documentos de viaje han sido invalidados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Las anulaciones de pasaportes se conocen en un contexto de represión y arrestos de manifestantes y dirigentes de la oposición venezolana después de la disputada elección presidencial del 28 de julio, donde el poder electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro.
Según las denuncias, la mayoría de los pasaportes fueron expedidos tan recientemente como el año pasado, incluso algunos son este año. Su vigencia sería de unos 10 años, han precisado los perjudicados por las invalidaciones.
“Es una nueva forma de destierro”, comenta Rubio a la Voz de América desde Chile. Su pasaporte debía estar vigente por nueve años más.
Si bien no hay un catastro formal de los afectados, el dirigente político adelanta que se anularon pasaportes de 30 activistas opositores, sólo en el estado occidental de Zulia.
Espacio Público, una asociación civil dedicada a la promoción de los derechos de libertad de expresión y de libre prensa, dijo haber documentado al menos 16 casos de anulación de pasaportes, que incluyen a periodistas.
De acuerdo con Rubio, se trata de una medida violatoria de derechos humanos, que dificulta la migración desde Venezuela y la movilización fuera del país de voces críticas con el gobierno de Maduro.
“Es una forma de apatridia”, lamenta el dirigente opositor, también miembro académico de la universidad Andrés Bello, de Chile.
Muchos más casos
El 3 de agosto, fue retenido por seis horas en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, el activista y defensor de derechos de la comunidad LGBTQ+, Yendri Velásquez. Su pasaporte fue anulado, reportó la prensa.
El 4 de agosto, la profesora de ciencias políticas, poeta y trabajadora humanitaria Edni López reportó a su pareja que su pasaporte aparecía vencido en el sistema oficial en Maiquetía, cuando se disponía a viajar por vacaciones. Sus familiares y colegas académicos denunciaron su detención por parte de agentes de contrainteligencia militar.
Su arresto ocurre entre cientos de detenciones por parte del gobierno venezolano bajo cargos de presunto terrorismo después de la controvertida proclamación del presidente Maduro, que la oposición considera como un anuncio sin evidencias y un fraude.
De acuerdo con el jefe de Estado, sus fuerzas policiales han detenido a más de 2.200 personas, calificadas por él como “terroristas” que promueven violencia y odio en el país.
Entre el 5 y el 6 de agosto, el periodista residenciado en Ecuador, Jefferson Díaz, denunció que los pasaportes de su esposa, sus hijos y el suyo habían sido anulados. Díaz no tiene explicación oficial de la medida, aunque sospecha que se debe a sus reportes sobre migración.
En conversación con la VOA, el comunicador consideró la medida como una “coerción” para los venezolanos dentro y fuera del país.
“Nos encierran dentro de Venezuela, violentando nuestro derecho humano a la movilidad”, asegura, temiendo que los migrantes tendrán mayores dificultades para solicitar visas o naturalizaciones en países de acogida.
Un “cerco” contra la disidencia
El 6 de agosto, el coordinador en Ecuador del opositor Partido Voluntad Popular, Luis Magallanes, reportó la anulación de su pasaporte y dijo tener informes similares de “muchísimas personas” más en Argentina, Chile y Colombia, todos críticos del gobierno.
A su entender, es una “arbitrariedad” del gobierno que busca generar “un cerco” contra quienes disienten y denuncian sus políticas en el extranjero.
Aula Abierta, oenegé promotora de derechos humanos en Venezuela, comparó las anulaciones de pasaportes con medidas similares recientes en Nicaragua.
La retención arbitraria de pasaportes es parte de “medidas de represión y hostigamiento” por parte del gobierno en el contexto de las elecciones, advirtió este miércoles la organización.
“Nos recuerda las tácticas represivas observadas en otros regímenes autoritarios particularmente en Nicaragua, representando una grave violación de los derechos humanos y de las normas internacionales que garantizan la libertad de movimiento, el derecho a la identificación, inclusive el derecho a la nacionalidad”, apuntó Aula Abierta en su informe.
R4V, una plataforma que coordina 200 agencias de las Naciones Unidas y organizaciones para atender a refugiados y migrantes de Venezuela, exhortó este miércoles a los países a aceptar documentos de identidad vencidos de esta población.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Voz de América
El fraude flagrante de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas del 28 de julio era previsible. De hecho, Maduro, profundamente impopular, calculó que, con la atención internacional centrada en dos guerras y las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, su régimen tenía margen de maniobra para salirse con la suya. Podía manipular los resultados y consolidar otro mandato de seis años para el partido chavista.
Por: Martín Rodríguez Rodríguez – The Hill
Antes de que se emitieran los votos, los analistas se preguntaban por qué Maduro no siguió el ejemplo de Nicaragua , mediante el cual el régimen de Daniel Ortega simplemente canceló el registro de todos los partidos políticos de oposición creíbles y encarceló a los líderes de la oposición con cargos falsos.
Es cierto que a la líder opositora María Corina Machado y a su sustituto elegido, un académico octogenario sin experiencia política previa, se les prohibió registrarse, pero al permitir que Edmundo González estuviera en la boleta, el régimen estimó que las tácticas de intimidación y todo el peso de los recursos estatales serían suficientes para producir un resultado favorable.
La reacción popular y espontánea tras consumarse el fraude en la madrugada del lunes 29 de julio indica que las élites del Partido Socialista se pasaron de la raya.
A pesar de la ira y la frustración expresadas por los ciudadanos en las calles, cristalizadas por el derribo de las estatuas de Hugo Chávez en todo el país, algunos analistas han pronosticado que “muy poco va a pasar”, lo que sugiere que Maduro tiene asegurado el poder. Sin embargo, su análisis parece descartar tres factores que hacen que la situación actual sea realmente diferente del pasado.
En primer lugar, las elecciones anteriores no tuvieron oposición (2018) o fueron muy reñidas, como en 2013. En cada caso, la situación hizo que la afirmación de Maduro de su victoria fuera al menos plausible. Esta vez, las encuestas a la salida de las urnas creíbles indicaban que el candidato opositor González derrotaba a Maduro por 65% frente a 31%. Las cifras de la oposición del 81% de las actas electorales dan a González una ventaja de 67% frente a 30%, y los datos están disponibles en línea para que todo el mundo los vea.
En segundo lugar, la oposición está unida y disciplinada. A diferencia de los líderes anteriores a cargo de la coalición opositora, María Corina Machado es competente, confiable y no propensa a improvisaciones de aficionados. Su victoria en las primarias de octubre del año pasado, con más del 90 por ciento de los votos, le dio a su liderazgo una autoridad incuestionable, que ha utilizado con gran eficacia. Tener decenas de miles de actas de escrutinio en línea para que todo el mundo las vea menos de 24 horas después de la votación es una jugada maestra que tomó a todos por sorpresa. Incluso los apparatchiks del partido fueron tomados por sorpresa.
En tercer lugar, la naturaleza espontánea de las protestas en todo el país, que recuerdan el mito fundacional del chavismo de 1989, asestó un golpe poderoso, aunque simbólico, a la narrativa del régimen. A diferencia de los acontecimientos anteriores, esta vez las protestas no comenzaron en los suburbios de clase media y acomodados de las grandes ciudades, sino en Petare , la favela más grande de Venezuela y Sudamérica. Esta vez, la ira pública es amplia y resuelta.
Sin duda, como Maduro cuenta con un aparato coercitivo bien aceitado y patrocinado por Cuba , es poco probable que se produzca una rendición limpia o una revuelta organizada. La represión violenta a manos de las fuerzas de seguridad y los “colectivos” (pandillas civiles armadas por el gobierno) ya ha estado sembrando el caos y el caos, con 11 muertos confirmados y más de 900 arrestos tan solo en los primeros días de las protestas, según la ONG Foro Penal.
Sin embargo, los analistas pierden de vista el bosque al centrarse en lo obvio.
A nivel internacional, Maduro está arremetiendo contra el poder. El lunes después de las elecciones, el gobierno venezolano expulsó a las delegaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos. Incluso destacados observadores invitados por el régimen , el expresidente colombiano Ernesto Samper y el expresidente dominicano Leonel Fernández, pidieron que la autoridad electoral publicara todas las actas.
Pocos países democráticos de la región, fuera de los clientes del régimen y las autocracias establecidas, han reconocido la elección. La negativa de aliados ideológicos como Colombia y Brasil a validar la afirmación de Maduro de que obtuvo la victoria pone de relieve lo flagrante del fraude, por no hablar de la preocupación particular de Colombia por una nueva ola de inmigrantes venezolanos desilusionados.
Dada la habilidad de Machado para manejar los asuntos de la oposición, las negociaciones para un “puente dorado” entre Maduro y su círculo íntimo pueden estar en marcha. El éxito es difícil de medir debido al “faccionalismo oligárquico” dentro del chavismo, la violenta represión del régimen a la disidencia y su intención de encarcelar a Machado y González Urrutia. Sin embargo, la creciente presión interna y externa sobre las figuras del régimen en las próximas semanas puede hacer que mantener el poder sea más costoso que entregarlo.
Con todas las miradas puestas en Venezuela, lo que hace que esta vez sea diferente es el liderazgo de María Corina Machado y una población completamente harta después de décadas de mal gobierno. Si bien las posibilidades de que triunfe la democracia pueden parecer insignificantes, los analistas harían bien en reconocer que la Dama de Hierro de Venezuela es de otra calaña.
El periodista, ex parlamentario, ex concejal y consultor político Johan Perozo hizo un análisis sociopolítico del proceso electoral presidencial del 28J, según el cual la voluntad de producir un cambio en la conducción del país resultó unánime e igualó a todas las clases sociales del país.
Antonio Ecarri consignó un recurso de revisión constitucional contra las sentencias emitidas por la Sala Electoral del TSJ por asumir funciones que son competencia del CNE.
«El Poder Electoral debe ejercer su autonomía, asumir su papel y no escurrir el bulto detrás del máximo Tribunal», dijo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró este jueves en Miami la importancia de respetar la voluntad del pueblo venezolano, que en las elecciones del pasado 28 de julio se pronunció a favor de una “transición hacia la democracia y la paz”.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la Alcaldía de Miami, Almagro enfatizó que los venezolanos votaron por el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales: “la paz, la democracia y la justicia”.
“La paz que defiende los derechos humanos, la paz que garantiza mejores condiciones sociales y el respeto a los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de toda la ciudadanía”, puntualizó el secretario general de la OEA.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios con más del 51% de los votos, sin ofrecer pruebas y sin publicar el escrutinio correspondiente a cada mesa electoral, a diferencia de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que mostró las actas que muestran ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia.
El proceso electoral venezolano ha sido criticado por la comunidad internacional, así como por el titular de la OEA, y varios países han reconocido a González Urrutia como presidente electo.
Almagro lamentó este jueves que Venezuela esté “pasando momentos más que difíciles”, en medio de “represión, cárcel, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales”, lo que refleja que la dictadura de Maduro ha hecho un “uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo”.
“Hay que ser muy bajo, hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso”, denunció el titular de la OEA.
El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado de esta ciudad Joe Carollo le hicieron entrega a Almagro de las llaves de la ciudad, así como una proclama de reconocimiento por su labor en defensa de la democracia y los derechos humanos.
En declaraciones a los medios, Suárez pidió no dejar que Maduro “efectúe este fraude” electoral, y abogó por una respuesta coordinada a nivel internacional a favor de “la verdad” de los resultados.
“Eso no solo va a liberar a Venezuela sino que le dará un respiro de esperanza a Cuba, Nicaragua y a las personas que quieren y merecen ser libres”, recalcó.
Almagro ha criticado que las autoridades electorales de Venezuela hayan proclamado ganador a Maduro sin haber presentado las actas que certifiquen esta victoria, un retraso que posiblemente sea, dijo, “el más largo en la historia de la región”.
El martes, el líder de la OEA se pronunció tras el secuestro de María Oropeza, coordinadora regional de María Corina Machado en el estado Portuguesa, a manos de las fuerzas represoras de Nicolás Maduro y afirmó que esta acción “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen”.
“Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, pidió el jefe de la organización en un mensaje en la red social X.
La semana pasada, el Consejo Permanente de la OEA no pudo sacar adelante una resolución que exigía la publicación de las actas del CNE, debido a la abstención o ausencia de Brasil, Colombia y México.
La resolución había sido impulsada por Estados Unidos y por los países latinoamericanos cuyos embajadores fueron expulsados de Venezuela tras las elecciones, como Argentina, Perú y Chile.
Cargos a la CPI
Almagro reafirma que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que se imputen cargos y se liberen órdenes de aprehensión para Nicolás Maduro y otros responsables del régimen venezolano. “Es hora de que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad,” afirma.
Un grupo de diputados del chavismo preparan una ley para regular las redes sociales, luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos “multiplicadores del odio y el fascismo” en el país, informó este jueves el partido gobernante PSUV, con amplia mayoría en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
La diputada chavista Imarú González indicó -en una nota de prensa- que el objetivo es “revisar o crear una norma” que regule el uso de las redes sociales, ante su “creciente impacto negativo” en “los niños, niñas y adolescentes” y “la violencia desatada en estas plataformas digitales”.
Además, la también primera vicepresidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la AN señaló que la discusión responde “al llamado” de Maduro, quien dijo recientemente que en Venezuela no hay “ningún tipo de regulación nacional” en esta materia.
Por su parte, el legislador oficialista Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Comunicación del Parlamento, propuso que la regulación se incluya en el Proyecto de Ley de Medios Electrónicos, y que uno de sus objetivos sea que las compañías “tengan una oficina en el territorio nacional” para contactarlas en caso de que “se violenten las leyes del país”.
Este martes, Maduro denunció un “golpe de Estado cibernético, fascista y criminal” que “está en WhatsApp y todas las redes sociales”, que buscan, según el mandatario, “meterse en la mente de los venezolanos”.
En este supuesto golpe de Estado, Maduro vinculó al magnate sudafricano Elon Musk y a una “secta satánica” que el empresario -dijo- “dirige en EE.UU. de multimillonarios”, sin mostrar alguna prueba de estos señalamientos.
El pasado lunes, el jefe de Estado aseguró que WhatsApp se usa en el país para amenazar a militares y policías, así como líderes comunitarios, por lo que pidió a la población que eliminen la plataforma de manera voluntaria, progresiva y radical.
Maduro ha hecho estas denuncias luego de que el país celebrara el 28 de julio unas presidenciales en las que fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado rechazado por la oposición mayoritaria, que denuncia “fraude”, y que generó múltiples protestas en el país, vistas por el Gobierno como acciones “criminales” y “terroristas”.
Este jueves, Caracas fue escenario de una manifestación multitudinaria en la que cientos de venezolanos exigieron la liberación de los presos políticos y condenaron la represión que ha seguido a las protestas que estallaron tras el fraude electoral perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el domingo 28 de julio, que dio la victoria a Nicolás Maduro, un resultado que ha generado rechazo tanto en el ámbito nacional como internacional.
“Libertad y paz” se leía en el centro de la plaza caraqueña donde se concentraron los manifestantes, quienes se ubicaron alrededor de ambas palabras construidas con velas, todas encendidas, en una actividad convocada por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que acusa a la dictadura chavista de una “persecución” contra quienes denuncian que hubo fraude electoral.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre esta actividad y expresó a través de su cuenta en X que “el nivel de resiliencia y templanza en la sociedad venezolana es inmenso”.
Añadió que, aunque el miedo es comprensible, “así como superamos todos los obstáculos, también dominamos el miedo y nadie se rinde”.
La dirigente subrayó que “hoy, toda Venezuela ha estado en vigilia por nuestros secuestrados, presos y perseguidos. Son nuestros héroes. Vamos de la mano de Dios”.
Durante la manifestación, el coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó que hay “2.500 presos políticos”, la gran mayoría detenidos desde el 29 de julio, y señaló que a “absolutamente todos se les está aplicando la ley antiterrorismo” que contempla penas de hasta 30 años de cárcel, la máxima del país.
La activista de derechos humanos Leida Brito afirmó durante la manifestación, que el pueblo “se cansó” tras haber “vivido 25 años de trato cruel, de detenciones y de guardar silencio”, en alusión al tiempo que lleva el chavismo en el poder.
En este sentido, condenó que el régimen “quiera quitar” a los venezolanos “el derecho de un cambio político” en el país, que -expresó- “no está preparado para seis años más” de Maduro, cuya victoria aún no cuenta con el respaldo de los resultados desglosados, pues el CNE no ha publicado estos datos, lo que viola la normativa legal.
Por su parte, Sairam Rivas, activista del Comité de Familiares de Presos Políticos, explicó que el objetivo de la actividad es “demostrar que la lucha es por la libertad y por la paz” de Venezuela, donde -denunció- hay “una situación de terror y de persecución” contra “la oposición”.
“En las últimas semanas, hemos vivido el mayor terrorismo de Estado, que ya lo hemos calificado de esa manera”, agregó.
Las protestas poselectorales, algunas devenidas en hechos de violencia, y la posterior acción policial y militar se ha saldado con 24 civiles muertos, según la ONG Provea, a los que se suman dos militares fallecidos, de acuerdo con los reportes de las autoridades.
Detenciones arbitrarias
Al menos 16 personas con alguna discapacidad han sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas y la represión policial y militar desatada luego de las elecciones del 28 de julio, según denunció este jueves la organización no gubernamental Foro Penal.
En su actualización diaria, la ONG -que lidera la defensa de los presos políticos en el país- indicó que ha verificado 1.229 arrestos de personas ya identificadas, entre ellas 16 ciudadanos que presentan distintos tipos de discapacidad, congénita o adquirida, sin más detalles al respecto.
Asimismo, el reporte del Foro Penal disgrega los casos de cinco miembros de pueblos indígenas, 157 mujeres y 105 adolescentes, todos detenidos por agentes de los diversos cuerpos policiales o por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los últimos días.
Sobre los menores de edad, varias organizaciones que defienden los derechos de esta población han instado al Estado a detener “de inmediato la criminalización a la protesta pacífica, detención arbitraria, incomunicación, intimidación o cualquier otro acto de violencia contra los y las adolescentes”.
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Mullvad
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También centra mucho sus esfuerzos en la seguridad, con sistema anticensura e incluso poder crear una cuenta anónima sin que te pidan datos personales. Todo ello desde una jurisdicción segura, máxima privacidad y una instalación sencilla. Su precio es fijo a 5 euros al mes, ya lo contrates por un mes, un año o una década.
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Norton es un nombre muy conocido en el mundo de la ciberseguridad, y la empresa también tiene su propio servicio de VPN. Cuenta con más de 1.000 servidores en más de 28 países, y aplicaciones para Windows, macOS, Android e iOS.
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Private Internet Access
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Este jueves 8 de agosto, familiares del exdiputado a la Asamblea Nacional y exalcalde del municipio Piar del estado Bolívar, Américo de Grazia, denunciaron la desaparición del dirigente opositor.
Rayceida De Grazia, hija del opositor, hizo la denuncia pública a través de las redes sociales.
Rayceida dijo que la última vez que se comunicaron con su papá fue el miércoles 7 de agosto, poco después del mediodía.
“Mi papá no está preso, mi papá está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro”, expresó la hija de Américo de Grazia.
“Después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de buscarlo bajo piedras, nos entrenamos que lo tienen en El Helicoide, el mayor centro de tortura de Venezuela”, añadió.