Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La líder venezolana anunció:

Ofrecemos al mundo la verdad: los resultados detallados de nuestra victoria, que el CNE no presentó en el plazo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ya se puede descargar en la página http://resultadosconvzla.com la base de datos COMPLETA, mesa por mesa, de los resultados de la elección presidencial del 28J.

Escasos minutos antes, el presidente del CNE de Maduro, anunció un segundo boletín oficial sin que el ente comicial haya publicado en su página oficial los resultados MESA POR MESA que espera el mundo entero.

Así desvalijaron hombres armados la sede del Comando Con Vzla la madrugada de hoy.

Alertamos al mundo sobre esta arremetida generalizada.

¿Qué buscan? ¡Las actas ya son públicas!

Kevin Casas, Secretario General The International Institute for Democracy & Electoral Assistance, acudió a su usuario oficial de la red social X y entregó al mundo sus consideraciones sobre las elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio.

1. Tras 5 días, ya está claro que Maduro perpetró un fraude colosal en #Venezuela. Dejémonos de vainas: no habrá actas, salvo las que haga públicas la oposición aquí (https://resultadosconvzla.com), que muestran su clara victoria más allá de toda duda.

2. ¿Qué se hace cuando un régimen abandona cualquier pretensión de legitimidad democrática?Lo primero es dejar atrás los eufemismos. Lo que hemos visto no es una elección dudosa o disputada o sin información de respaldo. Es un fraude descarado y hay que llamarlo así.

3. Al llamar el fraude como lo que es, por lo menos nos damos la satisfacción de que un bribón como Nicolás #Maduro no nos vea la cara de idiotas.

4. ¿Qué puede hacer el mundo frente a un fraude? No mucho, pero sí algunas cosas importantes. Negar cuanto antes reconocimiento al resultado y considerar el de Maduro como un gobierno de facto. Ofrecer protección a los líderes de la oposición, hoy bajo asedio policial y militar.

5. Es también vital crear un entramado de opciones e incentivos para que otros miembros del régimen de Maduro, particularmente oficiales jóvenes de la Fuerzas Armadas, tomen una rampa de salida del régimen.

6. La responsabilidad de responder al fraude es compartida, pero recae con especial intensidad en los gobiernos de América Latina, aunque solo sea porque la implosión política y económica de #Venezuela es una tragedia regional, nunca antes vista en la región.

7. Llamar a cuentas al gobierno de facto de #Venezuela no es alinearse con la política exterior de EEUU. Es alinearse con el pueblo venezolano, que trató de hacer, sin éxito, lo que hacen los pueblos en una #Democracia: cambiar su gobierno en paz. ¿No es este un derecho humano?

8. Ojalá los presidentes de Brasil, Colombia y México: @LulaOficial, @petrogustavo & @lopezobrador_, al frente de las grandes democracias de América Latina, entiendan que no hay nada de ideológico en la defensa de este resultado electoral. ¿No estuvo Lula a punto de sufrir un golpe de estado justo para invalidar una elección legítima?

9. La #Democracia en América Latina tiene muchos problemas, pero ha avanzado mucho en el ámbito electoral. El fraude se ha convertido en una total anomalía. Para América Latina no debería ser demasiado decir que la única vía legítima para acceder al poder es la electoral y que el fraude es inaceptable.

10. Si los gobiernos de América Latina no pueden decir eso tan básico, es muy difícil ser optimista respecto del futuro de la #Democracia en la región. Entonces los latinoamericanos no hemos aprendido nada y, como la estirpe de los Buendía, no tendremos otra oportunidad sobre la tierra.

El coordinador del Consejo Político Internacional del equipo de María Corina Machado, Antonio Ledezma, dijo este viernes a EFE que el creciente apoyo internacional a la alegada victoria opositora en las elecciones en Venezuela abre el camino a la proclamación de Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente y crea las condiciones para que «se verifique una transición pacifica con garantías».

EFE

Ledezma, que está exiliado en Madrid, reclamó además que «la represión brutal desatada por el régimen de Maduro en estos últimos días» sea detenida «cuanto antes».

El dirigente opositor destacó la «clarisíma posición» tomada por la Administración de Joe Biden al reconocer el triunfo de González Urrutia y también el apoyo del G-7 y de países de América Latina para exigir transparencia sobre el escrutinio electoral al Gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Todo ello «no da lugar a dudas de que la convicción que prima en el mundo es que las actas verificables adjudican el triunfo, con una inmensa ventaja, al candidato respaldado por María Corina Machado (González Urrutia) y votado masivamente por millones de venezolanos», subrayó.

Ledezma habló así horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitiera un comunicado en el que asegura que Washington concluye, en base a «pruebas abrumadoras», que el candidatos opositor González fue el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela y pide abrir una transición pacífica.

Las autoridades electorales venezolanas anunciaron el pasado domingo que, con el 80 % escrutado, Maduro tenía el 51,2 % de los votos, pero hasta ahora no han divulgado las actas electorales mesa por mesa como ha reclamado la comunidad internacional.

Sin embargo, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma contar con más del 80 % de las actas gracias al trabajo de testigos y miembros de mesa, asevera que su abanderado, González Urrutia, ganó con una amplia ventaja.

Antes del comunicado de Blinken reconociendo el triunfo opositor, al que Maduro respondió pidiendo a EEUU que «no meta las narices» en Venezuela, el jefe del Estado venezolano se había mostrado dispuesto a reanudar el diálogo directo con Washington sobre la base de lo conversado en Catar a comienzos de julio (EE.UU. y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019).

En sus declaraciones a EFE, Ledezma subrayó que EEUU ha dejado claro que el dialogo de Catar, «al que se aferra maliciosamente» Maduro, es un «capítulo del pasado que no da lugar a tácticas para desvirtuar la actual realidad ni para tretas simuladoras de negociaciones sin buenas intenciones».

«En consecuencia la fase que se inicia es la de proceder a la proclamación de Edmundo Gonzalez Urrutia, al mismo tiempo que se crean las condiciones para que se verifique una transición pacifica con garantías para los factores políticos llamados a facilitar tal procedimiento», subrayó.

Sobre el hecho de que María Corina Machado, que no pudo ser candidata a la Presidencia por haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos, haya anunciado que está «en la clandestinidad», Ledezma indicó que lo hace para protegerse de «un estilo de represión que nunca antes se había vivido en Venezuela».

El dirigente opositor denunció que en la represión actúan «cuerpos policiales creados y entrenados para cumplir tan viles oficios», pero también «mercenarios procedentes de Rusia (Grupo Warner), de las Avispas Negras de Cuba y nicaragüenses a las órdenes del dictador Daniel Ortega».

Aun así, aseguró Ledezma, «la ciudadanía seguirá manifestándose pacíficamente, tal como lo anuncio ayer María Corina Machado y este sábado se realizarán concentraciones en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. También lo haremos en la mayoría de los países del mundo en donde se encuentren venezolanos de la diáspora».

Las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron un comunicado conjunto en el que condenaron las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y le exigieron garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.

Por: Gastón Calvo – Infobae

“En el marco de las protestas en el contexto post-electoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, comenzó el texto firmado en conjunto por las ocho ONGs.

Y siguió: “Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditadas por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que ‘la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática’”.

Luego, las organizaciones enfatizaron en que “las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Asimismo, las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil”. El dictador Nicolás Maduro, días antes de los comicios, había hablando de un “baño de sangre” si él no vencía.

En ese sentido, las ONGs firmantes recordaron que, tras la celebración de los comicios y hasta la publicación del presente comunicado, “organizaciones nacionales han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, exigieron.

En otro pasaje del fuerte escrito, las organizaciones enfatizaron en que el contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet. “Nos preocupa particularmente las cientas de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio, documentadas por las organizaciones nacionales, quienes continúan recibiendo información de nuevos casos y llevan a cabo esta labor de documentación en un contexto sumamente adverso”, indicaron.

Además, dijeron que los alarma la criminalización de la protesta y, en particular, las declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab, quien informó a la prensa que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Las mismas estan siendo señaladas por “actos violentos” y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Además, se les impondrá pena privativa de libertad, resaltaron.

“Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas manifestantes, así como de los observadores de protestas, transeúntes y periodistas. El uso de la fuerza constituye una violación de esta obligación si no se ajusta a las normas internacionales incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Las autoridades en Venezuela tienen la obligación de desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral”, agregaron.

Luego dedicaron un párrafo a las interrupciones de internet en el país petrolero por parte del régimen. “Tomando en cuenta los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recordamos que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica. Los bloqueos de internet afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia y el pluralismo. Las restricciones al acceso a internet durante contextos de protesta son comúnmente utilizados como una forma de represión y control para limitar la capacidad de la población de movilizarse y ejercer sus derechos libremente dentro y fuera del espacio digital”, detallaron.

Es crucial que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación sin temor por su integridad física y vida. Además, las autoridades venezolanas deben garantizar que nadie sea procesado ni privado de libertad por ejercer sus derechos de manera pacífica”, solicitaron.

Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. “Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional”, concluyeron.

Organizaciones firmantes 

  • Amnistía Internacional 
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
  • CIVICUS 
  • Comisión Internacional de Juristas 
  • Freedom House  
  • Global Centre for the Responsibility to Protect  
  • Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 
  • Robert F. Kennedy Human Rights 

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó este viernes «las medidas de detención adoptadas contra ciudadanos venezolanos, incluidos ítalo-venezolanos», tras las elecciones en Venezuela y mostró su preocupación «por las continuas restricciones a la libertad de prensa» en el país.

EFE

«Italia está al lado del pueblo venezolano, que ha expresado su voluntad», dijo Tajani en una nota en la que urgió «a respetar el voto democrático, pisoteado por las numerosas manipulaciones del resultado de la votación, especialmente en la transmisión de datos, registradas por observadores electorales independientes».

Tajani también recordó la reciente declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, del que Italia ostenta la presidencia, y condenó el uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes.

«Reivindicamos el derecho a la información de los periodistas locales, italianos e internacionales que se encuentran actualmente en el país», agregó.

La declaración se produjo después de que Las autoridades venezolanas impidieron la entrada en el país de dos periodistas del canal de televisión pública italiana RAI1 y les obligó a regresar a Italia.

El periodista Marco Bariletti y el cámara Ivo Bonato que trabajan para los informativos de RAI1 llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía este jueves y fueron separados del resto de pasajeros en el control de pasaportes. Posteriormente, fueron expulsados ​​con la obligación de regresar a Italia, denunciaron ambos.

Bariletti explicó que, además, tras obligarlos a tomar un avión de regreso de la compañía TAP se les retiró el pasaporte y se les devolvió sólo después de aterrizar en Lisboa.

Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron este jueves que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.

EFE

El ente electoral le otorgó la victoria al dictador caribeño, por 704.114 votos de diferencia sobre Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, cuando faltaban más de dos millones de votos por computar, cuyo destinatario o destinatarios todavía se desconoce cinco días después, y con el sistema de conteo bajo un “ataque cibernético”, según la institución chavistaVenezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando “en tribunales de terrorismo” y sin el acceso a una defensa con abogados privados.

Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró “más de 250 personas detenidas”, de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos “672 reportes de denuncias de familiares” desde el pasado lunes hasta la mañana de este jueves.

Según Migliorini, unas “75 personas” fueron trasladadas este miércoles a la cárcel Yare III, en el estado Miranda (centro), aunque hay reportes de traslados a otros penitenciarios que no han podido confirmar.

Varios familiares de los arrestados se negaron a dar declaraciones “por la seguridad” de los detenidos, “por temor” a que los vayan “a buscar a la casa” y porque “tienen prohibido dar información”.

Otros, bajo condición de anonimato, dijeron que sus allegados fueron capturados cuando se encontraban en su casa, “caminando” o “regresando del trabajo”, mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.

Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.

Exigimos a las autoridades que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos”, pidió Daniels.

Asimismo, denunció que los detenidos están recibiendo “acusaciones genéricas” y “no individualizadas”, un “patrón” que ya “ocurrió” en las protestas de 2014 y 2017.

“A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas”, mencionó el activista.

Este miércoles, Maduro informó que más de 1.200 personas han sido apresadas, una cifra que supera la información previa dada por la Fiscalía, que cifró en 1.062 las detenciones.

Cárceles de máxima seguridad

Nicolás Maduro prometió este jueves aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.

Maduro, quien sostiene que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.

“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país

La ONG Provea presentó un registro por Estado de los fallecidos en las manifestaciones que han ocurrido en las últimas horas en el país en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la elección presidencial.

La Patilla

A través de las redes sociales, la ONG detalló “se eleva a 19 el número de personas asesinadas en el contexto de las protestas pacíficas realizadas ante el fraude electoral”.

En este sentido, según el informe presentado se puede apreciar que Caracas es el estado con más muertes durante las manifestaciones con 6 casos, seguido del estado Aragua con 5.

Asimismo, destacó que “ninguno de estos asesinatos debe quedar en impunidad y en el caso de la actuación de la fuerza pública debe investigarse también la cadena de mando”.

«Máxima unión y movilización popular, militar, policial perfecta».

Eso reclamó el presidente Nicolás Maduro a sus simpatizantes ante la ola de protestas que estalló en Venezuela tras las elecciones del domingo.

Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo

Los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, han sido cuestionados por la oposición y también por más de una veintena de países. Según esos números, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de su rival, Edmundo González Urrutia, con el 80% del escrutinio.

Pasados los días no se han publicado más datos ni las actas que refrenden esos números.

La oposición, por su parte, ha publicado un 80% de las actas conseguidas por sus testigos, con las que han demostrado un claro triunfo de González. El gobierno niega la veracidad de las mismas.

Desde que se anunció el triunfo de Maduro se han registrado unas 300 manifestaciones en 21 de los 23 estados del país, decenas de las cuales fueron reprimidas por las autoridades dejando alrededor de una docena de fallecidos, de acuerdo con datos de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Laboratorio de Paz.

Asimismo, 1.062 personas han sido detenidas y se enfrentan ahora a la posibilidad de ser enjuiciadas por delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”, según el Ministerio Público.

Antes de que estallara la actual crisis ya Maduro prometió «mano de hierro» contra todo aquel que buscara “manchar el proceso electoral” y aseguró que garantizaría “la paz” de Venezuela gracias a la “unión cívico-militar-policial perfecta”.

¿Pero qué este concepto? ¿De dónde salió y qué implicaciones tiene? Para responder estas preguntas BBC Mundo consultó a ex altos funcionarios venezolanos, analistas y activistas de derechos humanos.

Un aliado poderoso

La propuesta de la unión cívico-militar no es algo nuevo para los venezolanos, pues ya el fallecido Hugo Chávez la puso sobre la mesa.

“La Fuerza Armada Nacional (FAN) junto al pueblo es la ecuación perfecta”, llegó a decir en más de una ocasión el fallecido mandatario, que como militar lideró un intento de golpe de Estado antes de llegar al poder de manera democrática.

“Chávez trataba de inspirarse en el pensamiento de (el Libertador) Simón Bolívar, que en algunas cartas, documentos y discursos decía que la Independencia había sido posible porque se construyó una alianza entre las distintas clases que había en aquel momento, y el sector militar”, explicó el periodista y sociólogo Juan Barreto, quien fue el primer vocero del gobierno de Chávez.

Sin embargo, el politólogo Benigno Alarcón considera que el planteamiento lo que buscaba era acabar con la neutralidad de la institución castrense y convertirla en un aliado del gobierno.

“Chávez, que venía de dar un golpe de Estado (el de 1992 contra el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez), también temía que le pudieran dar un golpe a él, como en efecto ocurrió en 2002; y para ello fue construyendo una FAN leal”, aseguró el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

¿Cómo moldeó a la institución castrense el exmandatario? “Colocando a la gente más cercana y de su confianza en puestos claves, al tiempo que comenzó a vigilar estrechamente a la institución mediante los mecanismos de inteligencia proporcionados por Cuba y más recientemente por Rusia”, agregó Alarcón.

Otro mecanismo fue el clientelismo y la posibilidad de que los militares pudieran ganar dinero con otras actividades.

Buscó darle poder a quienes lo ayudaron a mantenerse en el gobierno y les permitió enriquecerse como compensación al colocarlos en donde se firman los contratos, custodiando una mina, una aduana o una frontera, donde el enriquecimiento (ilícito) puede ser casi instantáneo”, apuntó.

Maduro, por su parte, no solo ha buscado mantener la alianza que Chávez forjó con los militares, sino que ha compartido el poder con ellos, aseguró Barreto.

“El discurso de la alianza cívico militar ha ido degenerando poco a poco en una alianza militar civil, donde el peso del estamento militar en las decisiones del mundo civil es cada vez mayor”, admitió quien fuera diputado y alcalde de Caracas por el partido oficialista.

Prueba de lo anterior es que hoy casi 40% de los ministros del gabinete son militares activos o retirados.

Asimismo, los uniformados han ido incursionando en sectores económicos como el petróleo y la minería, donde cuentan con una empresa propia; y además han llegado a dirigir 60 de las más de 500 empresas estatales, según datos de Transparencia Venezuela.

Un paso más allá

Sin embargo, con Maduro un nuevo actor entró en la alianza: los cuerpos policiales.

Para los analistas consultados esta incorporación se debe al rol que han venido desempeñando en los últimos años los organismos de seguridad en el control social.

«El aparato policial es más grande que el militar, no en capacidad de fuego, pero sí de hombres”, explicó Alarcón, que acusa a la policía de ser el brazo de «represión».

En similares términos se pronunció Barreto, quien dijo: “En la medida en que quienes gobiernan van perdiendo legitimidad de origen el aparato policial va siendo un instrumento fundamental para su sostenibilidad y, por ello, lo incorporan a su nomenclatura, lo meten en el afiche y en la foto para darle peso político a esa fuerza que ahora es influyente, decisiva y que tiene voz propia”.

En las protestas de 2014 y 2017, el rol central lo jugó la Guardia Nacional (policía militarizada). Sin embargo, en las manifestaciones de los últimos días la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo policial civil, ha jugado un papel más activo, aseguró a BBC Mundo la periodista Ronna Risquez, quien se especializa en temas de seguridad ciudadana.

¿Por qué este giro? Los cuarteles están menguados por las deserciones y las bajas provocadas por la crisis económica que azotó al país en los últimos años; y, por lo tanto, no hay suficientes tropas, aseguraron fuentes del mundo castrense.

El Ministerio de la Defensa, en su página web, asegura que la FAN está conformada por entre 95.000 y 150.000 uniformados, lejos de los 350.000 que llegó a tener en la década pasada. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia estima que hay 175.000 agentes policiales en el país.

Una combinación peligrosa

“Nosotros sabemos hacer lo que vamos hacer”, alertó el martes el diputado y segundo vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, quien aseguró que con “la perfecta unión cívico militar policial y les vamos a dar (a los opositores) la lección de las lecciones (…) ¡Los vamos a joder!”.

Por las redes sociales han vuelto a circular imágenes de guardias y policías nacionales, junto a miembros de los llamados “colectivos” atacando a manifestantes.

Los «colectivos» son grupos de civiles simpatizantes del chavismo que históricamente han defendido a la llamada revolución bolivariana desde los tiempos de Chávez.

También han surgido informaciones y grabaciones sobre detenciones sin órdenes judiciales de dirigentes opositores como el exdiputado Freddy Superlano, las cuales habrían sido practicadas por los servicios secretos (Sebin y/o DGCIM).

Miembros de todos los cuerpos militares y policiales antes mencionados han sido señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela como autores de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las nuevas amenazas de las autoridades y los primeros saldos de víctimas han disparado las alarmas en dicha instancia, desde donde recordaron lo ocurrido en el pasado reciente.

“En varias de las operaciones (contra el crimen y de represión a manifestaciones) donde hemos documentado violaciones a los derechos humanos hubo presencia y la participación coordinada de cuerpos policiales y militares, así como las alegaciones de presencia de civiles armados”, afirmó a BBC Mundo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La jurista portuguesa apuntó que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos los militares no deberían participar en labores de orden público, más que en casos excepcionales.

“Pero en Venezuela es algo casi cotidiano”, lamentó.

Sin visos de ruptura

La ola de manifestaciones internas y las exigencias de la comunidad internacional para que las autoridades muestren todas las actas de escrutinio de las votaciones del 28 de julio parecen no haber hecho mella en la unión cívico-militar-policial, al menos por ahora.

“Hay un golpe de Estado en marcha para lo cual el presidente Nicolás Maduro se ha puesto en frente para detenerlo y junto a él el pueblo de Venezuela, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional (FAN), y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más”, aseguró esta misma semana el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Esta declaración y las imágenes de militares y policías dispersando manifestaciones con gases lacrimógenos o arrestando a personas confirman la alineación de los militares y de los cuerpos de seguridad con el gobierno, afirmó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, José Vicente Carrasquero.

“La estructura de mando depende del partido de gobierno. Por eso, en Venezuela hay 2.000 generales y almirantes, un número que es superior a los 900 que tiene Estados Unidos, para tener a una cúpula bien pagada que controle al resto”, explicó el analista.

Asimismo, el experto agregó otro ingrediente para explicar el comportamiento: el miedo.

“Mientras no se rompa ese ciclo de miedo impuesto por la escuela cubana, a través de la cual nadie confía en nadie y donde todos temen que alguien los acuse de traidores o conspiradores para así ascender, es poco probable que haya algún cambio en los cuarteles”, advirtió.

Durante la campaña Maduro dejó en claro de qué lado está la institución armada.

«La FAN me apoya. La FAN es chavista, es bolivariana y es chavista (…) ¿Quién tiene detrás un poder como el que tengo yo?», se preguntó.

La revolución bolivariana que se benefició de un aumento del precio del petróleo de alrededor de 1.000% desde la llegada de Hugo Chávez al poder, a inicios de 1999, quedo en el pasado, ya no emociona a sus aliados situacionales por años que eran los estratos D/E de la población, revelado en votación el pasado domingo 28J. La quiebra de la industria petrolera construyo una nueva realidad: diversas crisis que activaron el desamor a la revolución. Hoy, tras dos décadas y media de gestión revolucionaria, Venezuela vive una evidente combinación de dificultades que hablan en concreto del agotamiento del proyecto chavista – madurista para el legado de Chávez, todo un nudo crítico. 

Ahora bien, los venezolanos acudieron el pasado domingo a las urnas impulsados según los estudios de opinión por el deseo de cambio, el cansancio social y también el temor al cierre de una era abierta en 1998 con la irrupción del comándate Chávez. 

El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, compitió para su reelección entre otros con ex diplomático Edmundo González Urrutia representante de las principales fuerzas opositoras: Comando Venezuela y Plataforma Unitaria, y conto desde el comienzo de la campaña con el total respaldo de la máxima líder política nacional María Corina Machado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncio que Maduro ha ganado las presidenciales con un 51,20 % de los votos, con el 80% escrutado. Ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo mientras la oposición cuestiona el resultado y apunta a la existencia de fraude. Las violentas protestas se han adueñado de las calles.

Las críticas del fraude del pasado domingo 28 de Julio las más severas llegan de nueve países exigieron el pasado lunes, un día después de los comicios, la revisión completa de los resultados electorales» por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa organización se pronunció, refiriéndose a las presidenciales del domingo en Venezuela como unos comicios que sufrieron «la manipulación más aberrante». Los datos cuantitativos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo siglo XXI.

Lo cierto, este 28 de julio, Venezuela fue a las urnas y el ente regulador de las elecciones, el CNE, ha dado por vencedor al presidente Nicolás Maduro con más del 51% de los votos. No obstante, junto a la declaración oficial de los resultados también han llegado las dudas: tanto la oposición como la comunidad internacional, quieren pruebas que respalden el resultado de estos comicios. 

Nicolás Maduro desde su llegada a Miraflores abril de 2013, se mueve con un discurso psicoemocional, violento, divisionista y fabricando enemigos y guerras ficticias, su gobierno las crisis se han trasformado algo complejo, según los diversos análisis integrales – cuantitativos y cualitativos, esta realidad acumulada por años derivo según datos del comando Venezuela en un voto castigo que se movió en 70%…Los números hablaron, Edmundo González Urrutia nuevo presidente de Venezuela.

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