La Relatoría Especial de la Cidh se pronunció sobre la detención arbitraria de periodistas en Venezuela tras los últimos sucesos ocurridos en el país tras la elección presidencial del pasado 28 de julio.

Vía La Patilla

A continuación comunicado íntegro:

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias de periodistas y la persecución sistemática de medios y voces disidentes en Venezuela durante el período poselectoral. La RELE llama a la comunidad internacional a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen.

Detenciones arbitrarias

Durante el período poselectoral, la Relatoría Especial ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTI+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

La Relatoría Especial ha seguido de cerca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin que se tenga conocimiento de su paradero. El SEBIN y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) niegan tenerlo bajo su custodia; asimismo, las autoridades se habrían negado a recibir una denuncia y habeas corpus presentado en su favor. Ronald Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la “Ley Contra el Odio”, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública. También se reportan alegaciones de manipulación o fabricación de pruebas por parte de las autoridades. Además, la RELE ha recibido informes sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión por parte de funcionarios. Las familias de periodistas acusados de terrorismo enfrentan obstáculos adicionales, incluyendo dificultades para trasladarse al área metropolitana de Caracas, donde se encuentran los tribunales especializados.

Persecución y criminalización de la prensa

La RELE alerta a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión. Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público.

A nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos “colectivos”. También se ha denunciado la circulación de listas con nombres, fotos e información personal de líderes, miembros de mesas electorales, testigos y periodistas para facilitar su detención. Estas acciones forman parte de una creciente estigmatización de periodistas y medios independientes, quienes son calificados por funcionarios públicos como “golpistas”, “cómplices”, “operadores de la derecha fascista” y “terroristas financiados”.

Debido al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad.

Represión digital y cierre de espacios informativos

La Relatoría Especial advierte sobre la criminalización y represión de las expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado a plataformas accesibles de ser “multiplicadores del odio” y promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como “fascistas”, “neofascistas” o “ciberfascistas”. Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos. En una transmisión en vivo, Nicolás Maduro también ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones, fomentando herramientas que comprometen la seguridad y privacidad de las personas usuarias. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y mantener el anonimato.

Igualmente, la CIDH y su RELE han sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas. Además, se han denunciado la producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales, quienes también serían obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia, como actos de escarnio público.

El bloqueo extensivo de sitios web ha impuesto un cerco informativo que limita el acceso a contenido crítico y favorece la versión oficial de los resultados electorales. Esta censura afecta la viabilidad económica de los medios y restringe gravemente el ecosistema informativo en Venezuela. En este contexto, la deportación de equipos de prensa internacionales, como el de TVN de Chile, y las acusaciones de Nicolás Maduro contra la prensa internacional, exacerban la opacidad y deterioran la pluralidad informativa. La RELE advierte que la presencia de medios internacionales es crucial para garantizar la transparencia electoral y movilizar el apoyo diplomático y humanitario necesario para abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. A esta grave situación se suma la reciente sanción de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.

Por lo tanto, la Relatoría Especial insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:

Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;

Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;

Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;

Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;

Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.

Las detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen de Maduro han alcanzado niveles alarmantes en Venezuela, en su mayoría dirigidas contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa, personas que fueron testigos de la oposición durante las elecciones o simplemente aquellos que se han atrevido a expresar un pensamiento contrario por redes sociales.

Observatorio Venezolano de Prisiones

Las recientes detenciones así lo confirman, como es el caso del estudiante de medicina de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado Bolívar. Se trata de Virgilio Laverde, de 24 años de edad, quien fue detenido en las afueras de su residencia y, según información aportada por sus familiares, no existía una orden de aprehensión en su contra.

Este joven estudiante está a una semana de que se realicen los actos protocolares para recibir su título como médico cirujano, mientras que su detención es un reflejo de cómo se les viola el derecho a los estudiantes por alzar su voz y exigir un mejor futuro.

Otra situación alarmante es la constante amenaza contra los trabajadores de la prensa, lo que constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados.

Desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron: Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez. Las dos últimas fueron en contra de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.

Condiciones inhumanas

Son más de 1.500 personas detenidas, según han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna.

En ese sentido, en el OVP sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente. Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada.

El acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse, la alimentación está basada en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.

En cuanto a las personas que se encuentran en los calabozos policiales, son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, según la cantidad de detenidos en un mismo calabozo; mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.

El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares.

La opacidad de la información por parte del régimen también está a la orden del día, tanto así que no se sabe con certeza la cantidad de aprehendidos trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.

En tanto, los detenidos en algunas regiones de Venezuela están siendo trasladados a la ciudad de Caracas, sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse. Esto complica más su situación porque además se incrementan los gastos en los traslados de los familiares para realizar las visitas y proveer de insumos a sus seres queridos.

Desde OVP exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria por el simple hecho de manifestar pacíficamente, aquellos que solo estaban en la puerta de su casa o caminando por alguna calle, o quienes simplemente fueron apresados por su pensamiento político.

El fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab declaró este jueves que se registraron dos nuevas muertes por hechos violentos en Venezuela que totalizan 27 fallecidos desde las cuestionadas elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición.

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Se trata de “dos motorizados” cuyos decesos están bajo investigación de la Fiscalía, detalló Saab a la televisión estatal sin ofrecer más detalles.

El fiscal había responsabilizado en días anteriores a la oposición por estas muertes, la mayoría ocurridas en las protestas desencadenadas contra la reelección de Maduro el pasado 28 de julio que también dejaron cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, que el régimen tacha de “terroristas”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival Edmundo González Urrutia sin presentar el detalle del escrutinio, al alegar un jaqueo contra el sistema de votación. La oposición, sin embargo, denunció fraude y sostiene tener pruebas que demuestran su triunfo.

Los cuestionamientos llevaron a Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, para dirimir las denuncias. La máxima corte respondió este jueves convalidando su reelección para un tercer mandato de seis años, hasta 2031.

Maduro denuncia a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado como artífices de un intento de golpe de Estado y ha pedido cárcel para ambos, pese a no existir una orden de captura.

La Fiscalía está presta para “avanzar, profundizar en esas investigaciones” en su contra, declaró este jueves Saab.

El máximo tribunal además remitirá a la Fiscalía la decisión de la certificación de la reelección de Maduro para que se sume a la investigación penal contra González Urrutia y Machado en virtud de que los documentos que la oposición defiende como pruebas de su victoria podrían ser “presuntamente falsos o forjados”.

Una vez más, las opciones para resolver la crisis venezolana parecen agotarse. Por un lado, el poder de Nicolás Maduro luce inamovible: la coalición de fuerzas institucionales que lo mantienen en el poder, entre ellos las Fuerzas Armadas, sigue cohesionada.

Por: Daniel Pardo – BBC

Por el otro, la oposición se aferra a no perder la esperanza de un cambio y a presionar por todas las vías: en las calles, en los medios, en el mundo.

Luego está una comunidad internacional que intenta mediar entre las fuerzas, pero cuyas propuestas han sido rechazadas por ambas partes.

Mientras tanto, la vasta mayoría de los venezolanos ven que, como pasó en años anteriores, la crisis humanitaria se puede profundizar si no hay soluciones políticas.

El dictamen este jueves del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), próximo al oficialismo, convalidando la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio y siguiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma la prolongación del statu quo, escenario deseado por Maduro y su cúpula.

Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado va a mantener la presión para que se cumpla lo que consideran el mandato popular de aquel 28 de julio, cuando el 70% de los venezolanos, según las actas publicadas, manifestaron su deseo de cambio.

¿Qué viene ahora? Los escenarios que se plantean tienen muchas formas, están llenos de matices y pueden superponerse entre ellos. Es probable, incluso, que como ocurrió con la economía la transición política se dé de manera gradual, lenta e improvisada.

Por mucho que todo esto suene familiar, la política venezolana siempre sorprende: hay similitudes con experiencias anteriores, sí, pero también elementos nuevos: la respuesta del gobierno es cada vez más dura y radical; la oposición está fuerte y unida como nunca; el chavismo perdió apoyo popular y la consecuencia migratoria convierte la crisis en una de orden internacional.

Aunque la sentencia del TSJ, acusado de parcial, busca resolver el asunto, la crisis está intacta. Y los servicios, la pobreza, la salud, la educación y la violencia empeoran.

Veamos, entonces, tres escenarios generales de hacia dónde puede ir la situación.

1. Se mantienen las cosas como están

El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el estado de cosas: que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda el interés y que la gente tenga que resignarse a resolver su día a día.

Para eso, el oficialismo necesita ganar tiempo.

“El tiempo hoy no es un vector en el cual pasan las cosas, sino un arma política en una contienda”, dice Jesús “Chúo” Torrealba, un activista y exdirectivo de la oposición.

En crisis anteriores, el chavismo logró ganar tiempo hasta que la crisis menguó.

Pero, según Torrealba, esta vez la tiene más difícil: “El gobierno ya no es este ente todopoderoso que pone los términos; ahora está a la defensiva, actuando sin mucha sofisticación, y la oposición está a la ofensiva”.

Una oposición empoderada no va a resignarse a que las cosas sigan igual.

Ahí surge la posibilidad de que las cosas se deterioren.

“El gobierno le está apostando a una especie de escenario intermedio entre el statu quo y la profundización”, dice Mariano de Alba, un abogado próximo a la oposición y experto en diplomacia.

“Está dispuesto a profundizar el autoritarismo si tiene que hacerlo para tratar de mantenerse en el poder, pero preferiría un statu quo para evitar las reacciones y decisiones que en la práctica anulan las perspectivas de una recuperación económica, lo que seguiría aumentando el descontento masivo”.

Se suele decir que los venezolanos ya no tienen nada que perder: que sus familias apartadas y sus salarios paupérrimos son como tocar fondo.

Pero hay otra cosa que se suele decir: siempre se puede estar peor.

2. La profundización

En efecto, el gobierno puede optar por una crisis más aguda.

Eso significa aceptar que les apliquen más sanciones económicas que les impidan la venta de petróleo o los obligue a venderlo más barato, afectando su flujo de caja. Que sus familias en el extranjero sean perseguidas por autoridades internacionales. Que ya no solo los líderes sino también militares medios y funcionarios públicos vean sus propiedades y visas congelados.

También se podría traducir en más represión ya no solo en contra de la oposición y sus activistas, que terminarían asilados y anulados, sino de la población en general, que se vería incapaz de manifestar sus opiniones en público, acceder a redes sociales u organizarse en comunidad para resolver problemas cotidianos como, por ejemplo, la recolección de basuras y la distribución del agua.

Eso, necesariamente, significaría un aislamiento casi total de Venezuela en el mundo, con la incapacidad de tener vías de comunicación con gobiernos vecinos para atender la crisis migratoria.

Colombia sería particularmente afectado por esto, no solo porque es el mayor receptor de migrantes, sino porque puso sus apuestas de paz con el Ejército de Liberación Nacional en la mediación de Maduro con la guerrilla.

Muchos ven en los casos cubano y nicaragüense ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela, con una oposición anulada y elecciones sin competencia.

Venezuela, sin embargo, es un país más grande y conectado al mundo.

Las consecuencias de una profundización de sus crisis serían de una envergadura mucho más compleja de lo que ha visto la región en su historia reciente.

3. Algún tipo de transición

Aunque parece lo menos probable, una transición en Venezuela no se puede descartar.

Si la crisis se deteriora, o si se produce un estallido social de la magnitud del Caracazo, el evento de 1989 que significó el origen social del movimiento político que se tradujo en la victoria de Hugo Chávez en 1999, la posibilidad de que se quiebre el apoyo a Maduro entre militares y funcionarios es mayor.

Sin dinero, además, las deserciones son más difíciles de evitar.

“La oposición está apostando a un quiebre dentro del gobierno que obligue a Maduro a negociar su salida”, dice De Alba.

“Todo indica que el cálculo de quienes sirven de soporte a Maduro sigue siendo que prefieren el status quo, y si la oposición también llega a esa conclusión, haría bien en abrirse a lo que plantean los negociadores”.

En este escenario es donde sí juega un rol la comunidad internacional, que bajo el liderazgo de Colombia y Brasil, países gobernados por los izquierdistas Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva, que tienen vías de diálogo con el chavismo, ha propuesto destrabes como unas nuevas elecciones o un gobierno de cohabitación transitorio.

La oposición, en principio, ha rechazado estas iniciativas. Tambén el gobierno. Pero una versión de éstas puede entrar en la ecuación.

Torrealba se plantea el escenario: “La única manera de aceptar unas nuevas elecciones es que sean antecedidas por un gobierno de coalición, con un relevo de las autoridades militares y electorales y sin las condiciones desequilibradas y antidemocráticas en que se dieron las elecciones (del mes pasado)».

“La oposición puede llegar a aceptar algo así porque es un hecho que no tiene la fuerza para hacer valer el resultado de las elecciones del 28 y porque para la oposición es importante encontrar una solución a la crisis”, añade.

Se suele plantear el desenlace de la crisis en términos de blanco y negro: o elecciones, o gobierno de coalición, o salida de Maduro, o gobierno de Machado. No se suele hablar, sin embargo, de versiones abigarradas de la transición que les den opciones a todos.

España no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras no se publiquen “de manera íntegra y verificable” las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio.

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“Es indispensable”, han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han añadido que hasta que este hecho no se produzca, no se podrá reconocer el resultado de las elecciones que se celebraron el pasado 28 de julio en Venezuela y no se podrá tampoco verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición que asegura que su candidato, Edmundo González, es el ganador.

El hecho es que pasado casi un mes desde que se celebraron los comicios, el gobierno venezolano no ha publicado aún las actas y este mismo jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), un órgano controlado por el propio régimen, ratificaba la victoria de Maduro tras un supuesto escrutinio de las actas de las presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), también controlado por el chavismo, le proclamó ganador de la contienda.

Tras conocerse la decisión del TSJ, González exigió una auditoría internacional independiente para “mostrar las actas mesa por mesa y dar paso a una auditoría internacional, imparcial, independiente y confiable”. “Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran”, afirmó el exembajador, quien acusa al régimen de Maduro de judicializar los resultados para ocultar la realidad.

“Como hemos dicho desde el primer momento, para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones, de manera que haya plena transparencia como ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas y como es habitual en todas las democracias”, han explicado las fuentes de Exteriores.

“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, han advertido desde el departamento que encabeza José Manuel Albares, alineándose así a la postura expresada por algunos mandatarios iberoamericanos, como el chileno Gabriel Boric, que han rechazado reconocer la victoria de Maduro ratificada por el TSJ este jueves.

Pide no encarcelar a opositores

Desde Exteriores también han reiterado “el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas”, después de que las protestas a raíz del resultado electoral hayan dejado varios muertos.

Además, han asegurado que desde el Gobierno seguirán trabajando con sus “hermanos latinoamericanos” y sus “socios en la UE para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, para que haya una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita”.

España ya firmó la pasada semana una declaración conjunta con varios países entre los que se incluían los Estados Unidos para expresar su “profundo rechazo” por la represión a manifestantes y hacer un “llamado urgente” para que las autoridades del país pusieran fin a la violencia y liberaran a los detenidos, incluidos representantes de la oposición.

En la misma línea se ha pronunciado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores,Josep Borell, quien ha avanzado este viernes que la UE no reconocerá tampoco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. En unas declaraciones recogidas por las agencias con motivo del cierrel curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, el jefe de la diplomacia europea ha recalcado que “mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”.

Los veintisiete Estados miembros de la UE fijarán una postura común ante Venezuela en la próxima semana, cuando se reúna el Consejo de Ministros de Exteriores, ha anunciado. Borrell ha insistido en que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección”. “Esto todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”, ha reconocido.