“El Ministro de la Defensa, General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ha sido responsable de la tortura sistemática en contra de los miembros de la Fuerza Armada que hemos demostrado descontento hacia una institución politizada y corrupta, y que en la actualidad funciona como una Organización Transnacional del Crimen Organizado, donde se premia con ascenso de rangos y cargos, a los militares corruptos y a los que torturan, asesinan y desparecen a la disidencia”, fue la perturbadora afirmación que el capitán e Navío, Luis Humberto De La Sotta Quiroga, dijo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por: Sebastiana Barráez – Infobae
Al oficial lo torturaron, amenazaron a él y a su familia, lo imputaron por Traición a la Patria, Motín, instigación a la Rebelión y contra el decoro militar; en la Audiencia de Presentación, 7 meses después, solo le dejaron dos. Permaneció en “prisión preventiva” durante 5 años, 4 meses y 11 días, bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde el 18 de mayo 2018 cuando fue detenido sin orden alguna y en violación a sus derechos humanos, frente al entonces comandante de la base naval de Turiamo, hoy Vicealmirante Edward Ojeda Sojo.
“La Corte Marcial al frente del General Edgar Rojas Borges (2018/2021) y luego a cargo del ex Fiscal Militar General Luis Emilio Vázquez Quintero (2021/cargo actual), negaron los amparos constitucionales consignados por falta del debido proceso, recibieron las denuncias de tortura y nunca hicieron nada”.
“Así mismo los jueces militares de los Tribunales de Control Claudia Pérez Benavides de Mogollón, Leonard Pernía Pereira y Pedro José Milano Rincones y el Juez del Tribunal de Juicio, General de Brigada Luis Galaviz Gonzales, quienes nunca protegieron mis derechos, y permitieron que en mi contra se cometieran crímenes de lesa humanidad”.
De La Sotta era el segundo Comandante de la Octava Brigada de los Comandos de Mar (BRICOMAR) en la Base Naval de Turiamo Estado Aragua, cuando a las 5:00 de la tarde del 18 de mayo 2018, una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a bordo de un helicóptero modelo 412 perteneciente a la Guardia Nacional, aterrizó en el helipuerto de Turiamo, con funcionarios de la DGCIM, fuertemente armados y con pasamontañas, le apuntaron con sus fusiles modelo M4 y sin explicaciones lo obligaron a entregar su arma de reglamento y teléfono celular.
“Me preguntaron si conocía al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, les respondí que por supuesto ya que había sido mi instructor en el Curso de Comando en Turiamo hace ya varios años y lo conocí en la Escuela Naval de Venezuela, en la época que éramos cadetes”.
Relata que durante la gestión del coronel Hannover Guerrero, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se intensificaron, le negó asistencia médica y los expuso a consecuencias en la piel y los huesos.
“A finales de junio del 2019, nos enteramos del asesinato por torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo en manos de la DGCIM”. Los otros detenidos por esa Causa fueron trasladado a los sótanos de la DGCIM, donde se encontraba De La Sotta. “Todos llegaron visiblemente torturados, presentando moretones en las costillas, laceraciones en las muñecas, los ojos morados ocasionado por golpes y algunos con signos post traumáticos”.
Aparece Franco
Después de los 36 días De La Sotta narra que fue llevado a otra celda de tortura ubicada en el sótano 1, al mando del coronel Rafael Franco Quintero, “quien seguía las órdenes del Sub director de la DGCIM GB (Ej) Manuel Ricardo Christofer Figuera, mano derecha del director general, Mayor General Iván Hernández Dala”.
“Me mantuvieron encerrado con dos compañeros militares subalternos, en las mismas condiciones, es decir, evacuando y orinando en bolsas plásticas o envases, porque no nos permitían salir de la celda”.
Ahora la celda no estaba oscura, sino con las luces prendidas las 24 horas del día; así estuvo 5 meses.
Sin salir al patio, sin recibir luz solar, sin acceso a libros, ni a fotos familiares, rosarios o biblias, sin llamadas telefónicas. “Recibía visita familiar una vez a la semana solo por 3 horas”.
No les permitían hablar con otros detenidos ni intercambiar comida. “Llegué a perder 25 kilos”.
De octubre 2018 hasta agosto 2019, el Director de Investigaciones Penales y Criminalísticas fue el Coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares; y como Sub-Director el General de Brigada procubano Rafael Ramon Blanco Marrero (ascendido a General de División después de la muerte por torturas por parte de funcionarios de la Dgcim de Rafael Acosta Arévalo).
En ese lapso, De La Sotta aseguró que varias veces sufrió aislamiento prolongado, suspensión de visita de abogados y familiares. “Ese año no tuve acceso a actividades recreativas, deportivas, laborales, ni religiosas. En varias oportunidades hacían requisas para robarnos los útiles de lmpieza y de aseo personal”.
En el sótano donde se encontraba la capacidad era para 22 personas, pero habían 110, todos para un solo baño disponible y una sola ducha.
Durante 7 meses no le permitieron llamadas telefónicas ni salidas al patio.
Ese año la DGCIM inicio la construcción de más celdas en otro sótano, por lo que el polvo y el olor a pintura, sin aire fresco, produjo infecciones respiratorias, en los ojos y en la piel.
“Me queje con el coronel Hanover Guerrero, y las denuncias salieron en los medios de comunicación, lo que produjo varios enfrentamientos verbales, incluso me amenazó de muerte, lo cual fue denunciado por mi madre en julio 2019 en el Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo quienes nunca atendieron ni una sola de las denuncias consignadas en más de 5 años”.
Hannover es sustituido en el cargo por el General Carlos Enrique Terán Hurtado, quien ordena el 1 de enero 2020 el traslado de 50 presos políticos al nuevo sótano llamado “La casa de los sueños”, un sitio de 16 celdas de 3 x 2 metros, pintadas de color verde oscuro, la celda tenía cámaras, un extractor para que entrara aire, una litera de concreto, una poceta y el lavamanos. “Tenía capacidad para 32 personas y éramos 60″. Así estuvo 10 meses, hasta que fue trasladado en octubre 2020, hasta la cárcel de ña Dgcim en Fuerte Tiuna.
De 170 actuaciones consignadas en Tribunales Militares, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia, 80 son denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes.
“El 47% de las diligencias estuvieron dirigidas a denunciar mis condiciones de reclusión, torturas recibidas y la negativa de atención médica urgente. Ninguna denuncia tuvo respuesta, solo la visita de la Fiscal Dusay Dueñas, para reclamar las denuncias de mi hermana Molly De La Sotta en las redes sociales y hacer un informe en donde nada se dijo de mis condiciones de reclusión, de salud y mucho menos de las torturas”.
Uno de los hechos más delicados que revela el CN Luis De La Sotta fue lo que ocurrió en septiembre del 2020, cuando la Comisión de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), Michelle Bachetet, entrevistó a 13 presos políticos en la sede de la DGCIM en Caracas.
Fue entrevistado por dos delegados de la OACDH en la oficina del General Carlos Terán Hurtado. “Pese a las advertencias que hicimos de estar siendo grabados y escuchados, no pudieron hacer nada para cambiar el sitio de la entrevista”.
Aun así denunció las violaciones de derechos humanos, torturas y tratos crueles de las que había sido víctima, también la falta de atención medica en el contagio del COVID19. “Una vez que se fueron los funcionarios de la ONU, por órdenes del General Carlos Terán Hurtado, me aislaron en mi celda con luz día y noche durante 3 días y luego de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, fui forzado a entrar al cuarto de tortura “La Tumba vertical”, o “Ataud” en “la casa de los sueños “. En el exterior tiene una puerta negra con un letrero en amarillo que dice “Alta tensión”, por dentro es un espacio de 60x60ctmtrs de ancho x 2,75 de alto, es un lugar tan estrecho que solo puedes permanecer de pie, mis hombros rozaban las paredes, es oscuro y de olor nauseabundo”.
“Allí permanecí durante 12 horas, esposado con las manos hacia atrás, sin alimentos, agua, ni medicinas, orinándome encima, y casi sin poder respirar; me sacaron de esa celda de tortura por las denuncias de mi familia en redes sociales”.
Relata el oficial que el hecho fue denunciado ante la Oficina de la ONU en Venezuela, ante la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, y ante el Comité de Represalias de las Naciones Unidas.
“En la Asamblea General de la ONU, en septiembre del 2021, el secretario general Antonio Guterres presentó su informe anual sobre represalias y solicitó mi protección, lo cual nunca ocurrió, pues durante los 5 años, 4 meses y 11 días que permanecí detenido arbitrariamente nunca se respetaron mis derechos humanos, ni fundamentales”.
Un mes después fue llevado a la cárcel que DGCIM tiene en Fuerte Tiuna. No hubo orden de traslado. No se informó ni a su familia ni abogado. “Fui llevado a una celda de 2 x 3 metros, con una puerta con barrotes y candado, la celda extremadamente sucia y mal oliente, con roedores (ratas) y zancudos, extremadamente calurosa, en la ventana de dicha celda había una unidad de aire acondicionado con el evaporador emanando el calor hacia el interior de la celda”.
“Tenía una poceta y un lavamanos, salía a ducharme solo cuando los custodios querían, igual la salida al patio, la comida mínima y altamente salada, no se me respetaba la dieta que tenía por el tribunal. Ese mismo año en diciembre del 2020 fui trasladado sin ninguna orden y sin conocimiento del tribunal y de mi abogado en altas horas de la noche hacia “la casa de los sueños” nuevamente en la DGCIM Boleita, donde permanecí 3 meses aislado y en confinamiento celular, de soledad prolongada, privación sensorial, no había ruidos ni voces, ni salidas al sol”.
Recibe el cargo como director de Investigaciones el coronel José Brito Hernández. “En enero 2021, me revisó un médico por presentar una infección urinaria, y presencia de sangre en la orina, me enviaron varios exámenes que no me hicieron”.
Luego de una serie de denuncias en los medios y la presión de la Comisión de la OACDD de la ONU, el 15 de marzo 2021, lo trasladaron a una clínica privada, para los exámenes de laboratorio, pagados por la familia De La Sotta, así como la consulta con internista, urólogo y cardiólogo. Los resultados de los exámenes fueron preocupantes: lesiones en próstata consistente con hiperplasia prostática grado I, Deficiencia renal grado I y presencia de sangre en la orina, por lo que se solicitó consulta con el nefrólogo.
El 21 de marzo 2021 lo trasladan, sin aviso, a la antigua celda inmunda en la cárcel de DGCIM en Fuerte Tiuna, sin permitirle que se llevara el agua potable ni sus artículos personales. Ahí estuvo hasta el día que fue libreado el 29 de septiembre 2023.
“El director de Policía Militar, General Ibrahim Sirgo Herrera, no hablaba conmigo porque decía que yo era un traidor, y el último año me mantuvo prácticamente confinado, sin actividades recreativas, deportivas, ni religiosas. No dejó entrar a los sacerdotes para dar misas ni permitió la evaluación médica cada 6 meses. Este año 2023, ante la falta de traslado de médico, mi mamá llevó una enfermera privada, para tomarme las muestras de laboratorio y la Dgcim no lo permitió”.
Primeras torturas
De La Sotta explicó ante la OEA, cómo fueron las primeras torturas, apenas fue detenido aquel 18 de mayo 2018.
Esposado fuertemente con las manos hacia atrás causándole flagelación.
Le cubrieron el rostro con una carpeta de manila, apretada fuertemente a su cabeza con cinta de embalaje.
Fue llevado a “el Tigrito”, celda de tortura de 2×2 metros, totalmente oscuro.
Cuatro funcionarios militares de la DGCIM lo torturaron física y psicológicamente durante 4 días.
Lo asfixiaron en reiteradas ocasiones con bolsa plástica, hasta provocarle sangrado en la nariz.
Le colocaron una pistola en la sien simulando una ejecución.
Con palos lo golpearon en las costillas, las rodillas, y las piernas.
Lo privaron del sueño, colocándolo en una posición de stress, golpeándome cada cierto tiempo, con gritos.
Lo inducían el miedo a morir.
Lo privaron de comida, agua potable y sus medicamentos para la presión arterial.
Tuvo que orinarse encima pues no le permitieron ir al baño.
Estuvo, durante esos 4 días, tirado en el piso como un animal.
Sus manos, debido a la fuerte presión de las esposas, se hincharon produciendo un fuerte dolor, le rompieron la piel de las muñecas y aún tiene las cicatrices.
Más torturas
El día que lo regresan del Tribunal Militar a la DGCIM, pasa a resguardo de la Dirección de Custodia, bajo el mando del Mayor Sosa.
Lo forzaron a desnudarse, en presencia de personal femenino.
Le afeitaron la cabeza.
No le permitieron llamadas telefónicas.
Lo golpearon, lo insultaron y se burlaron de él.
Le dijeron que violarían a mi esposa, que se iba a podrir ahí, que no existían los DDHH, que era un traidor.
Fue aislado en la celda de tortura reducida y oscura, llamada “el cuarto de los locos”, con temperaturas glaciales, sin colchón, y con una braga verde sin ropa interior.
Le daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubiertos. “Tenía que comer con las manos llenas de excremento”.
Evacuaba en una bolsa plástica o en el piso. Orinaba en un envase. Solo tenía acceso a la ducha una vez por semana.
Así estuvo 32 días: sin abogado, sin llamadas telefónicas, sin visitas familiares, sin artículos de aseo personal, sin otra ropa que la braga verde, como si fuese un prisionero de guerra.
“Me privaban del sueño, golpeaban a toda hora la puerta de la celda, cuando entraban tenía que ponerme de rodillas frente a la pared de la celda con las manos detrás de la cabeza”.
Luego de 36 días le permitieron la primera visita de su anciana madre de 81 años. Supo que su esposa y sus dos hijos de 17 y 9 años respectivamente, fueron obligados a huir de Venezuela el día siguiente de su detención. “Los estaban buscando para detenerlos y usarlos para que yo admitiera las acusaciones y les diera nombres de políticos y militares que ellos tenían en una lista, a lo cual me negué”.
La Casa de los Sueños
Es un lugar construido en uno de los sótanos de la DGCIM, donde Luis De La Sotta estuvo 10 meses:
Durante 7 meses no le permitieron llamadas telefónicas.
Solo tuvo 10 visitas del abogado y 9 de su mamá.
El inició de la Pandemia en 2020 fue la excusa para mantenerlos aislados. En marzo suspendieron las visitas de abogados y familiares en los centros de reclusión de la DGCIM.
En julio del 2020 se contagió de COVID19. “Me dejaron encerrado en la celda, sin atención médica ni tratamiento”. En una llamada de 3 minutos le pide a su mamá medicamentos para el COVID19. “A los contagiados nos pasaban a otro lugar, aislados sin supervisión médica”.
Datos relevantes
El forense. Dos días después de ser detenido, antes de presentarlo ante el Tribunal Militar, lo llevaron a otro espacio de tortura de la DGCIM llamado La Pecera, para un chequeo médico forense, llevado a cabo por el Dr. Luis Manuel Lugo Pinto.
“Yo estaba con una capucha negra y visiblemente torturado, por presentar moretones, camisa llena de sangre, ropas con olor a orina, laceraciones en las muñecas. Mis torturadores me obligaron a poner mis huellas digitales en un papel, que luego incluyeron en mi expediente, el cual dice que estaba en buen estado de salud y sufría de hipertensión”.
La Policía Técnica. Al día siguiente lo trasladaron, junto con otros 5 Comandos de Mar, a la Policía Técnica para la reseña. “Ninguno de los funcionarios de la Policía técnica encargados de hacernos la reseña, denunció el estado de tortura en que nos encontrábamos”.
El Tribunal Militar. 87 horas después de ser detenido lo presentan ante el Tribunal Militar primero de Control en Fuerte Tiuna, Caracas, el 22 de mayo a las 09.00 am, con la misma ropa con la que fue detenido arbitrariamente, sin haberle permitido una llamada ni a familia ni a abogado alguno.
La Juez, la Fiscal y el defensor. De La Sotta fue presentado ante la Juez Militar Mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón visiblemente golpeado, con moretones en las costillas, la camisa ensangrentada, las muñecas laceradas, y con las ropas mal olientes por sus luidos. Ante la juez, la Fiscal Militar Keyla Ríos Lara, el Defensor Público que le impusieron capitán Enrique Simeone denunció las torturas recibidas en la DGCIM y su detención arbitraria. “La Jueza me respondió que eso no era de su incumbencia y ordenó mi reclusión en el mismo lugar donde me habían torturado”.
El Defensor Público. El capitán Enrique Alexander Simeone Peña, designado por la Corte Marcial le comentó a De La Sotta que a la Jueza no le gustaban los abogados privados, que sería mejor nombrarlo a él. “Enseguida me aconsejó declararme culpable para evitar el juicio”. Durante los 5 meses, hasta que el CN De La Sotta pudo nombrar abogado defensor privado, el defensor público Simeone Peña solo fue a una visita a la DGCIM y fue para decirle que se declarara culpable. “Nunca denunció mi desaparición forzada de corto plazo, mi detención arbitraria y mucho menos mis torturas ante ningún organismo”.
