Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El Gobierno de Brasil ha establecido el estado de calamidad en 336 de los 496 que conforman el estado meridional de Río Grande do Sul debido a las fuertes precipitaciones que han estado cayendo durante toda la semana pasada, alcanzando niveles que no se habían visto desde 1941.

Infobae

La lista de municipios afectados incluye la capital del estado, Porto Alegre, donde el nivel del agua ha superado este fin de semana los cinco metros, y urbes con gran densidad de población como Canoas y Caxias del Sur.

De acuerdo con Defensa Civil del estado sureño, al menos 78 personas han muerto como consecuencia del temporal, hay más de cien heridos y otras 105 desaparecidas, mientras la Fuerza Aérea Brasileña ha desplegado este domingo drones de reconocimiento para ayudar a localizar e identificar a más víctimas.

En total, se han visto afectadas más de 844.000 personas en todo el estado, el más meridional del país, de las cuales 134.300 han perdido sus hogares.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha prometido que la burocracia no será obstáculo en las labores de recuperación del estado y que se pondrá a disposición de la región todos los recursos necesarios: “Le debemos mucho a Río Grande del Sur y al pueblo gaucho”, ha dicho, informa el portal G1.

Lula visitó este fin de semana la región encabezando una comitiva formada por varios ministros de su Gobierno y los presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Cámara de Diputados, Artur Lira, quienes han adelantado que esta semana el Congreso votará “medidas extraordinarias” de auxilio financiero.

“Estamos en guerra, sé que ese es el sentimiento del presidente Lula, no habrá limitaciones, ni restricciones legales. Es necesario deshacerse de la burocracia, las trabas y las limitaciones para que nada falte en la reconstrucción de Río Grande del Sur”, dijo Pacheco.

“Es un escenario de guerra y necesitará medidas de posguerra”, añadió el gobernador estatal, Eduardo Leite.

Rescates, muertes y desaparecidos

El número de muertos podría aumentar de forma considerable, dada la cifra de desaparecidos, que ha crecido considerablemente frente a las 70 del día anterior, según la autoridad estatal de defensa civil. También indicó que se está investigando si otras cuatro muertes están relacionadas con las tormentas.

Las inundaciones provocadas han afectado a más de dos tercios de los casi 500 pueblos y ciudades del estado, fronterizo con Uruguay y Argentina, dejando a más de cien mil personas desplazadas.

Las inundaciones destruyeron carreteras y puentes en varias zonas. Las lluvias también provocaron corrimientos de tierras y el derrumbamiento parcial de una presa en una pequeña central hidroeléctrica.

Más de 400.000 personas estaban sin electricidad el domingo por la noche, mientras que casi un tercio de la población del estado carecía de agua potable, según las autoridades.

En Porto Alegre, la capital del estado, el lago Guaiba se desbordó, alcanzando el nivel de agua más alto registrado, según el servicio geológico nacional. El aeropuerto internacional ha suspendido todos sus vuelos desde el viernes.

En la ciudad de Canoas, cerca de Porto Alegre, Julio Manichesque, de 76 años, fue rescatado por voluntarios tras permanecer desde el viernes en el tejado de la casa donde vive desde hace 52 años. “Nunca había visto tanta agua”, afirmó.

Contratos verbales, vidriosas transacciones a través de sociedades, laberínticos esquemas para ocultar el rastro del dinero. Y un botín transformado en exclusivas viviendas… El que fuera abogado de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y director financiero de la empresa estatal Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León Pérez, cobró 19 millones de dólares de la trama investigada por expoliar 2.000 millones de la energética pública venezolana. Así consta en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS y que forma parte de las pesquisas de un juzgado del principado pirenaico sobre el saqueo de la petrolera.

El País – Joaquín Giljosé y María Irujo

El exletrado percibió parte de su fortuna a través de un alambicado entramado societario con tentáculos en Panamá, Suiza y Andorra al que perteneció su esposa, Andreina Gámez Rodríguez. El matrimonio canalizó 25 millones y urdió un plan para adquirir una lujosa propiedad en Caracas de 4.000 metros cuadrados y cuatro inmuebles en Madrid. Sus inversiones en ladrillo sumaron nueve millones.

La mayor parte de las transferencias que nutrieron las cuentas de la pareja ―algunas justificadas bajo la cobertura de supuestos “contratos verbales”― fueron ordenadas a través de sociedades instrumentales (sin actividad). Y, tras este engranaje, estaba el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. Otro maná de fondos le llegó al exabogado de PDVSA a través del presunto testaferro de la red, el caraqueño Luis Mariano Rodríguez Cabello, que movió 1.144 millones por un tinglado de 11 herméticas cuentas en Andorra, según los documentos.

Formada por una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas, la red que saqueó PDVSA operó entre 2007 y 2012. Integró en sus filas prohombres del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) como los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El grupo ideó un entramado para ocultar el cobro de comisiones ilegales. Algunos miembros percibían presuntamente un 10% de los empresarios, especialmente chinos, que conseguían adjudicaciones públicas de la energética y sus filiales. Para esconder el caudal de fondos, la trama movió su botín a través de una opaca telaraña de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. El entramado offshore circuló mediante una treintena de sociedades en Suiza y Belice.

De León, Villalobos y Rodríguez Cabello forman parte de la treintena de personas procesadas en 2018 por un juzgado Andorra. Se les acusa de integrar una red que cobraba comisiones a empresarios ―principalmente chinos― a cambio de facilitar adjudicaciones de la energética pública venezolana.

El exviceministro chavista Villalobos recurrió en agosto de 2008 a su empresa instrumental panameña Lomond Overseas S. A. para firmar un contrato con una de las compañías opacas del exabogado de la firma estatal, Ribston Investments. La presunta treta sirvió para justificar una transferencia de 5,5 millones de dólares bajo la excusa de supuestos servicios de “asistencia”.

A través de otra sociedad sin actividad panameña, Megana International Ltd, Villalobos saldó también una supuesta deuda de ocho millones con la firma del que fuera letrado de PDVSA. En ambas transacciones, los investigadores andorranos creen que se trató de un envío de fondos que no correspondía con una actividad real, ya que ni Villalobos y ni De León aportaron documentos para acreditar sus operaciones.

Para ocultar el dinero, De León y su esposa se hicieron clientes de la BPA, la entidad en la que los saqueadores de PDVSA ocultaron su botín de 2.000 millones entre 2007 y 2015.

El letrado manejó a través de sociedades instrumentales dos cuentas en esta entidad y fue titular de una tercera cifrada entre 2008 y 2013. De León se presentó en 2008 ante el banco como un abogado de 48 años. Dijo que eligió el país pirenaico ―que hasta 2017 permaneció blindado por el secreto bancario― por opacidad y seguridad. E indicó que planeaba transferir trimestralmente fondos a la BPA, donde tenía previsto ingresar entre 2,5 y 5 millones, según el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde se explica a la institución financiera el origen de los fondos, según los documentos.

Un emporio de ladrillo en España

La esposa de De León, Andreina Gámez Rodríguez, venezolana de 47 años, controló entre 2009 y 2014 dos cuentas en la BPA a nombre de sociedades instrumentales y fue titular de otra tercera. Y, cuando desembarcó en el banco, comunicó que necesitaba transferir un millón de euros a una empresa de Madrid para comprar un inmueble. Gámez Rodríguez figuraba en 2010 como administradora única y dueña de la empresa inmobiliaria de Madrid Sansobino 1977. S. L. En 2019, último año que presentó sus cuentas, esta compañía acumulaba un activo de 2,8 millones, según la plataforma mercantil Informa.

Además, según el registro de la propiedad de España, la empresa madrileña de la esposa de De León adquirió en 2011 una vivienda dúplex de 221 metros cuadrados y tres plazas de garaje en el número cuatro de la calle Tahona de la capital española. Gámez Rodríguez firmó en 2010 un contrato para hacerse con el inmueble por 2,5 millones.

La fijación por el ladrillo no cesó ahí. De León reservó en 2009, a través de una inmobiliaria española, sendas viviendas y cuatro plazas de garaje valoradas en más de un millón de euros. Y su esposa suscribió ese mismo año un contrato para comprar una tercera propiedad en Madrid en la promoción conocida como Paseo de la Habana. El paquete incluía tres plazas de garaje y costaba 665.540 euros.

Este diario también ha tenido acceso a un contrato de opción de compra que revela la intención del abogado y su esposa de hacerse en diciembre de 2012 con la casa “Maricarmen” en la ciudad de Baruta, en el Estado de Miranda, Caracas. Con una superficie construida de 800 metros cuadrados, la propiedad se extiende sobre un área de 4.000. La pareja se comprometió a desembolsar 5,2 millones. El abogado de la energética recurrió a su entramado financiero en Andorra, que sirvió de pasarela para hacer llegar fondos a otros miembros de la organización. Sus cuentas traspasaron 8,4 millones de dólares a las cuentas de Villalobos y al que fuera viceministro de Energía chavista Javier Alvarado.

Junto a sus charcos en Andorra, donde se le procesó en 2018 por blanqueo de capitales y pertenencia a una red de sobornos, De León encadena múltiples frentes con la justicia. Un tribunal de Texas dictó contra él en 2017 una orden de arresto y fue detenido en Madrid. Y en 2018 fue declarado culpable por violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según un documento de la fiscalía de Houston citado por Infobae. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de De León y su esposa a través de sus abogados en Andorra.

El candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, visitó este domingo al expresidente Ricardo Martinelli, en la embajada de Nicaragua.

Panamá América

Después de ejercer su derecho al voto en el Centro de Convenciones Atlapa junto a su familia, Mulino sostuvo un breve encuentro con el exgobernante.

«Fue un gran abrazo al amigo. Nos tomamos un capuchino y ya», comentó el aspirante presidencial.

A través de sus redes sociales, el exministro también compartió escenas del emotivo encuentro que sostuvo con Martinelli, acompañado de un concreto mensaje.

«Hermano, vamos a ganar», destacó Mulino, quien parte como favorito para los comicios de este cinco de mayo.

Tenía 21 años cuando tomó su teléfono móvil y grabó parte de las protestas populares que sacudieron la ciudad de Nuevitas, en la provincia cubana de Camagüey, en agosto de 2022. Hace apenas unos días se ha sabido que un tribunal la condenó a 15 años de prisión. De purgar por completo esa pena, cuando salga de la cárcel, Mayelín Rodríguez Prado estará próxima a cumplir cuatro décadas de vida. Habrá pasado tras las rejas los momentos más preciados de su existencia. El tiempo de estudiar una carrera universitaria, de pasear con sus jóvenes amigos, de ser madre o emprender un proyecto profesional transcurrirá para ella en un centro penitenciario.

Yoani Sánchez – DW

La mayoría de los 13 cubanos procesados por las manifestaciones en ese municipio camagüeyano fueron juzgados por el delito de sedición, la figura legal que también esgrimió el régimen cubano contra parte de los manifestantes en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. En el caso de Rodríguez Prado, su participación se redujo a transmitir a través de Facebook los sucesos de Nuevitas y recabar testimonio de unas niñas que recibieron golpes de las tropas uniformadas mientras detenían a varios participantes en la revuelta.

La severidad de las condenas busca enviar un mensaje ejemplarizante al resto de la población cubana. El plan oficial consiste en advertir a todo ciudadano que cualquier demostración de inconformidad en las calles será duramente castigada. Además del recorte de derechos cívicos que esa política de Estado conlleva, trae aparejado dos fenómenos que por secundarios no son menos importantes: la extensión del oportunismo y el aumento del éxodo. Antes de terminar en un calabozo, la gente prefiere colgarse la máscara ideológica o emigrar hacia cualquier país donde la protesta pacífica no sea tan duramente penalizada. 

Juicios por sedición

Resulta también significativo que se haya juzgado por sedición a estos manifestantes. Según el Código Penal cubano, se trata de un «delito contra la seguridad interior del Estado” y se utiliza contra quienes «tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista”. Pero, a pesar de esa explicación, resulta imposible separar la palabra de sus connotaciones castrenses, al asociarla con el motín o la sublevación que llevan a cabo efectivos reclutados en un entramado militar. Esa evocación no se aleja de la realidad de esta Isla.

Por décadas, el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha tratado a sus ciudadanos como parte de un pelotón, como simples efectivos de un cuartel. Para las autoridades de este país, la gente común debe responder rápido y sin titubeos a las convocatorias oficiales, aceptar sin cuestionamientos las órdenes por más delirantes que parezcan, estar siempre alerta para combatir al enemigo en una batalla que nunca llega y tragarse las críticas sin desobedecer a los superiores. Aunque no llevemos uniformes, todos somos tratados como soldados rasos. Cualquier insubordinación social, será juzgada como si de un proceso en una corte militar se tratara. 

La efectividad de este mensaje de terror solo se podrá comprobar con el tiempo. Para el verano que se nos viene encima parecen repetirse las razones que hace dos años llevaron a la calle a los pobladores de Nuevitas. El déficit energético aumenta en la medida que suben las temperaturas, la canasta básica subsidiada sufre oscilaciones de suministros y apenas alcanza para mal comer unos pocos días del mes. El hartazgo social no para de crecer debido a la inflación, la devaluación del peso cubano y la evidente incapacidad de la cúpula del PCC para encontrar soluciones. Los soldados cada día se comportan más como ciudadanos: se quejan en voz alta y creen que las calles les pertenecen.

La reforma de la Ley de Transporte Terrestre, que trabajan las autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), va de la mano con un nuevo formato de la Licencia para Conducir.

Diario 2001

El presidente del INTT, G/D Gabriel Aguana Rodríguez, comentó: “Desde que iniciamos esta gestión nos hemos preocupado por el tema de la prevención y por el fortalecimiento de la plataforma tecnológica, e innovar en nuestros documentos”.

“Por ello se viene trabajando en el cambio del formato de la Licencia para Conducir, impresa en policarbonato de 7 capas, con nuevos elementos de seguridad, que van en concordancia con los estándares internacionales, a fin de favorecer los convenios de canjes del documento en otros países”, señaló.

En tal sentido, se establecerán los protocolos para la obtención de la licencia en físico, “la cual convivirá con el documento de conducir actual por un tiempo determinado”.

La líder opositora, María Corina Machado, compartió un mensaje en sus redes sociales, luego de sostener una reunión con el candidato unitario Edmundo González.

La Patilla

Machado, celebró dicho encuentro, señalando que junto a González, seguirán superando “cada obstáculo en esta ruta”.

Además reiteró que, “juntos haremos cumplir el mandato que nos dimos los venezolanos el 22 de octubre”.

Más temprano, el candidato opositor, destacó la reunión señalando que Venezuela cuenta con esa unión para construir, “con el trabajo de todos”, un gran país.

La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360.000 personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

EFE

Las autoridades mexicanas detectaron a 359.697 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y marzo de 2024, un incremento de 199,68 % frente a las 120.029 del mismo periodo de 2023, según revelan las estadísticas disponibles este sábado de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En tan solo tres meses, el Gobierno de México ha interceptado casi la mitad, el 46 %, del récord de 782.176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando este flujo subió un 77 % anual.

El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 89.718 registrados, casi uno de cada cuatro del total, el 24,94 %.

Le siguen Honduras (37.323), Ecuador (36.956), Guatemala (36.934), Colombia (21.534), Nicaragua (18.711), El Salvador (17.720), Haití (16.791) y Cuba (10.464).

Más operativos y menos migración, según el Gobierno

Las cifras se difunden tras un comunicado conjunto emitido el lunes pasado por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes acordaron “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares”.

Como logro, López Obrador afirmó el jueves que las capturas de indocumentados han caído en más del 50 % en la frontera con Estados Unidos, que reportaba unas 12.000 diarios en diciembre y en abril bajó a un promedio de 5.812.

La tensión por la migración ha aumentado este año porque coinciden las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos, pero el mandatario mexicano negó que endurezca los controles por presiones de EE.UU.

“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero”, aseveró en su conferencia matutina.

La frontera sur resiente el fenómeno

Tapachula, la mayor ciudad en la frontera sur de México, aún resiente el fenómeno, aunque algunos activistas señalan que la cantidad de migrantes en las calles ha disminuido.

Gerver Bermúdez, administrador del albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula, consideró que ha bajado la presencia de extranjeros, pero no han dejado de llegar a la ciudad, donde están cuatro o cinco días y siguen su ruta porque las autoridades no les están dando permisos de tránsito.

“El albergue siempre se mantiene lleno y el objetivo es apoyar a todo aquel que venga siendo inmigrante. Hemos manejado entre 800 y 900 personas de diferentes nacionalidades como hondureños, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos”, expuso a EFE.

En cambio, Cecilia Izaguirre, defensora de los derechos humanos en Tapachula, destacó que ya no es muy visible la presencia de tantos extranjeros.

“La gente ya no se queda en Tapachula, porque venían a estar aquí para hacer su procedimiento de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero ahora están pasando de largo, ha disminuido un poco, pero no ha parado o no ha disminuido en una gran cantidad”, apuntó la activista.

El cubano Felipe Martínez, quien trabaja de manera informal estacionando vehículos, expuso que ahora los migrantes “se van caminando” desde la frontera sur ante la acción de las autoridades mexicanas.

“Se van en caravana porque demoran los papeles un poco, caen en estado de ansiedad porque quieren estar establecidos en un solo lugar con sus familiares, se desesperan, emigran y siguen buscando nuevos horizontes”, indicó el migrante, quien está esperando que la Comar resuelva su solicitud de asilo.

En cambio, Jorge Cruz, hondureño que está en el albergue Jesús el Buen Pastor, consideró que la migración se mantiene normal porque “siempre llegan bastantes todos los días”.

“Siempre hay, yo miro que hay más gente que sube y sube, no ha bajado, entra bastante gente, también entra bastante gente en el albergue, hay niños y mujeres, quienes son apoyados vienen y se van”, comentó.

Venezuela registró una inflación acumulada de 6,3% en el primer cuatrimestre del año, tras haber cerrado abril con incremento promedio de precios de 2%, según datos difundidos este viernes por el Banco Central (BCV).

EFE

«Con este resultado de abril, la inflación acumulada durante 2024 se ubicó en 6,3% en el primer cuatrimestre, la más baja en los últimos 12 años para un período similar», señaló el ente emisor en una breve nota de prensa.

El pasado mes la inflación subió levemente respecto a marzo, cuando fue de 1,2%, la misma variación que en febrero, mientras que en enero los precios aumentaron una media de 1,7%.

En abril, el sector que registró el porcentaje de incremento más alto fue transporte, 6,8%; seguido de educación, 2,7%, y servicios de vivienda (excepto teléfono), 1,9%, según el ente emisor.

Venezuela vivió entre 2017 y 2021 una hiperinflación con incrementos mensuales de hasta tres dígitos -el más elevado de 196,6% en enero de 2019- que reducía con rapidez el poder adquisitivo de los trabajadores y el valor del bolívar, la moneda local, lo que llevó al país a adoptar de manera no oficial el dólar estadounidense como forma de protegerse ante esta crisis.

Actualmente incluso el precio de la gasolina está fijado en dólares, en 50 centavos el litro.

El gobierno prevé que Venezuela cierre 2024 con la inflación más baja en la última década, informó en marzo Nicolás Maduro, quien aseguró tener un plan para seguir desacelerando el ritmo de crecimiento de precios.

Entretanto, profesores universitarios y trabajadores de diversos sectores exigen a las autoridades un aumento del salario mínimo -referencia para el resto de remuneraciones en el sector público-, que equivale hoy a unos 3,5 dólares al mes, cuando un venezolano requiere más de 100 dólares mensuales para satisfacer necesidades básicas de alimentación, según estimaciones independientes.

Los Astros de Houston derrotaron este viernes 5×3 a los Marineros de Seattle en un duelo donde el venezolano José Altuve alcanzó las 300 bases robadas en su carrera.

AFP

Altuve es el segundo jugador activo en las Grandes Ligas de béisbol con al menos 300 bases robadas, junto al dominicano Starling Marte (344), de los Mets de Nueva York.

El pelotero de Maracay, de 33 años, es además el quinto en la historia en acumular al menos 300 robos, 2.000 imparables, 200 jonrones y un promedio superior a .300.

Altuve fijó la marca en la séptima entrada al robar su séptima base de este inicio de campaña.

El segunda base de los Astros, MVP de la Liga Americana en 2017 y dos veces campeón de la Serie Mundial, impulsó una carrera en un frenético séptimo ‘inning’ en el que Astros encadenaron cuatro anotaciones.

Otra figura venezolana, Luis Arráez, fue también protagonista del día por los reportes de su traspaso desde los Marlins de Miami a los San Diego Padres.

En la operación, los Marlins recibirían un paquete de tres jóvenes promesas de ligas menores y un lanzador relevista, según avanzó ESPN y confirmó el sitio web de ‘Las Mayores’.

El traspaso, que estaría pendiente de los exámenes médicos, se dio a conocer solo minutos antes del partido de los Marlins en el campo de los Atléticos de Oakland. Arráez formaba parte de la alineación titular, pero fue retirado de la lista poco antes del juego, en el que los Atléticos se impusieron por 3×1.

En otros escenarios, los Mellizos de Minnesota anotaron también cuatro carreras en la séptima entrada para asegurar la victoria 5×2 frente a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano Jhoan Durán firmó su segundo salvamento de la temporada para los Mellizos y el número 37 en su carrera en ‘Las Mayores’.

Los Reales de Kansas City derrotaron a los Rangers de Texas 7×1 con el venezolano Salvador Pérez como principal figura con tres imparables.

Con dos carreras en la novena entrada, los Yankees de Nueva York vencieron 2×1 a los Tigres de Detroit.

El mexicano-estadounidense Alex Verdugo y el estelar Aaron Judge anotaron las carreras de la victoria neoyorquina.

El presidente argentino Javier Milei puso en duda este viernes la transparencia de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio.

La Patilla

Consultado sobre un posible reconocimiento al candidato ganador, el mandatario cuestionó la legitimidad del proceso electoral venezolano.

En una entrevista con Univisión, Milei dijo que “Va a haber que dar una batalla en el control de la elección porque el régimen (de Maduro) está tratando de hacerla suya“.

Asimismo, Milei rechazó de plano conversar con Nicolás Maduro.

Yo no tengo nada que hablar con Nicolás Maduro porque para mí es un dictador“, afirmó tajantemente.

El líder argentino expresó su escepticismo ante los comicios en Venezuela y dejó en claro que no reconoce la presidencia de Maduro, a quien tachó de dictador.

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