María Corina Machado brindó una rueda de prensa desde el estado Zulia este viernes, donde hizo un llamado a sus seguidores para que mantengan una actitud de “cero triunfalismo” y se organicen para materializar en votos el anhelo de cambio compartido por el 80% de los venezolanos. Enfatizó la importancia de la organización y el arduo trabajo requerido, incluso cuando las probabilidades parezcan favorables.

La Patilla

Durante su intervención, Machado resaltó la relevancia de difundir la imagen de Edmundo y lo que representa en todos los hogares del país. Asimismo, expresó su satisfacción por la manera en que González Urrutia ha asumido el desafío y destacó que en él encuentra un reflejo del espíritu del 22 de octubre, con el cual concuerda plenamente.

En ese contexto, manifestó su compromiso de garantizar que cualquier transición se realice respetando el mandato del 22 de octubre, sin imposiciones ni decisiones ajenas al interés nacional. Instó a los ciudadanos a mantenerse organizados a través de la plataforma 600K y de los comanditos, con el objetivo de movilizarse el 28 de julio para proteger los votos en apoyo al candidato unitario.

La líder opositora advirtió sobre las graves violaciones que se están produciendo en el proceso electoral, haciendo referencia a los obstáculos impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el régimen de Nicolás Maduro para la inscripción y actualización del Registro Electoral de los venezolanos en el exterior. Señaló con contundencia que solo 6.528 personas lograron empadronarse de entre los casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, lo cual calificó como una flagrante violación a los derechos políticos y un acto desesperado del régimen.

En este sentido, María Corina Machado denunció la reducción arbitraria del acceso al voto desde el extranjero, contraviniendo inclusive acuerdos internacionales como el de Barbados. Consideró esta situación como una burla y una clara muestra de las maniobras desesperadas de un gobierno que busca socavar la participación democrática de los venezolanos.

«La sucursal del cielo». Así fue llamada durante mucho tiempo Caracas y a partir de ahora también lo será de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). El jurista británico Karim Khan ya tiene su anunciada oficina en la capital venezolana, aunque la misma todavía no está operativa.

Acceso a la Justicia

La oficina técnica que cumple la promesa estipulada en el segundo Memorándum de entendimiento suscrito el 10 de junio de 2023 entre Karim Khan y la República Bolivariana de Venezuela (cuyo texto se mantiene como confidencial al día de hoy), fue inaugurada por el fiscal durante su cuarta visita al país desde que asumió su puesto en junio de 2021, y la misma se desarrolló entre el 22 y 23 de abril. El despacho caraqueño es el segundo que abre la Fiscalía de la CPI; el primero está ubicado en Ucrania, pero a diferencia de aquel,  el venezolano carece de facultades de investigación, por lo que la Fiscalía con ello pondrá en marcha el «enfoque de doble vía», con el cual el funcionario espera ejecutar el principio de complementariedad que rige al órgano de justicia internacional.

¿Qué implica esto? Al tiempo que continuará con sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, el fiscal, de forma simultánea e independiente, desea entablar un marco de cooperación con el Estado para, en palabras del propio Khan, «establecer una plataforma tangible de actuación en relación con las denuncias de crímenes del Estatuto de Roma». En otras palabras, buscará fortalecer las capacidades del sistema de justicia venezolano para que este sea capaz en el futuro de procesar y de castigar los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.

El funcionario sostiene que las dos vías podrían converger en algún momento siempre que internamente se lleven a cabo procesos judiciales genuinos contra los máximos responsables de las graves violaciones, lo cual implicaría que podría haber juicios contra los presuntos perpetradores de los crímenes cometidos por lo menos a partir de 2014.

El presidente Nicolás Maduro parece estar de acuerdo con la estrategia. Esto declaró al comparecer junto a Khan en el Palacio de Miraflores.

«Aplaudo los avances que ha habido en la cooperación entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano. Creo que hoy tenemos buen diálogo y buena comunicación y que debemos avanzar hacia el concepto de la complementariedad, donde el Estado nacional ejerce su soberanía, se perfecciona, cambia, mejora y avanza en sus tareas constitucionales y los organismos internacionales acompañan al país en esa gran misión».

Incógnitas en el aire

Para conseguir que el «enfoque de doble vía» funcione, Khan ha ofrecido formar a jueces, fiscales y policías venezolanos.

«Mi equipo va a regresar en un plazo de tres semanas para interactuar con sus expertos (del Gobierno) y podamos trabajar desde el punto de técnico en capacitación y apoyo (…) para que Venezuela pueda seguir resolviendo los problemas que existen», anunció el jurista británico.

Maduro aceptó esta oferta con las siguientes palabras:

«Estamos absolutamente de acuerdo en fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de la justicia y a sacar el máximo provecho a la asistencia técnica de la Fiscalía», dijo, al tiempo que se comprometió a emprender nuevas reformas legales para «incorporar al ordenamiento jurídico interno los principios y valores del Estatuto de Roma».

Asimismo, el fiscal anunció: «vamos a fijar ciertos hitos y plazos para asegurarnos que haya progreso».

Khan también informó que durante esta visita se lanzó «oficialmente» el llamado «plan de trabajo conjunto» que su despacho y las autoridades venezolanas suscribieron a finales de 2023. No obstante, el contenido de este sigue siendo un misterio.

El plan fue presentado en un acto celebrado en el Palacio Federal Legislativo, al cual asistieron el fiscal de la CPI; el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez; el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz. Sin embargo, los medios de comunicación apenas transmitieron algunas declaraciones de algunos de los asistentes y ninguna de ellas versó sobre la iniciativa, tal y como constató Acceso a la Justicia luego de revisar dos videos y las informaciones aparecidas en siete medios de comunicación digitales, públicos y privados.

Dando marcha atrás

Karim Khan no solo inauguró las instalaciones de su oficina en Caracas, sino que también colaboró con la posible reapertura de otra instancia que permanece cerrada: el despacho que tenía en el país el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El fiscal le dijo lo siguiente al jefe del Gobierno:

«Me muestro muy agradecido de que usted haya mostrado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del alto comisionado de la ONU regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible. Creo que es algo muy positivo».

El mandatario, por su parte, declaró:

«Estoy de acuerdo con que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (…) y hablemos de las diferencias que tenemos y el conflicto que surgió y lo superemos. Cuando quiera y como quiera».

«Reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto», remató.

Hace casi 2 meses el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la suspensión de las actividades y  la salida del personal de la oficina técnica que el alto comisionado d tenía en Caracas, bajo la acusación de haberse convertido en un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país». Esto se produjo luego de que Türk cuestionara la detención arbitraria y desaparición forzada de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Confusión mediática

La visita de Khan también estuvo marcada por malas interpretaciones y confusiones con relación al caso venezolano. Así, la agencia española de noticias Efe aseguró en un artículo que la investigación de la Fiscalía de la CPI «quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara internamente los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017».

La afirmación desde el punto de vista técnico jurídico no luce acertada, pues la investigación actualmente no está paralizada. Solo lo estuvo entre abril de 2022 y junio de 2023 por los recursos interpuestos por el Estado venezolano ante la propia Corte. Sin embargo, los mismos fueron rechazados.

La última derrota en este sentido la sufrieron las autoridades en marzo pasado, cuando la Sala de Apelaciones avaló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones.

Otro ejemplo es que algunos medios publicaron informaciones en las que se aseguraba que Khan había abierto una investigación sobre el supuesto impacto que las sanciones internacionales impuestas por los Gobiernos como el de Estados Unidos han tenido sobre los derechos humanos en Venezuela.

La Fiscalía de la CPI examina la remisión que el Gobierno venezolano presentó en febrero de 2020 en ese sentido, situación conocida como Venezuela II, pero la misma todavía se encuentra en fase de examen preliminar. Lo que Khan dijo en su declaración es que las autoridades se habían comprometido con él a entregarle más información que le servirá para «poder tomar una decisión en su debido momento».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Esta nueva visita del fiscal de la CPI es positiva por cuanto se inauguró la anunciada oficina técnica que brindará apoyo a jueces, fiscales y policías para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad y evitar que se repitan.

Sin embargo, la opacidad y falta de información que rodearon el viaje son motivo de preocupación y no contribuyen a generar tranquilidad, en especial después de las convulsas semanas vividas por los venezolanos, en las cuales activistas de derechos humanos, políticos y periodistas han sido detenidos, se ha impedido a candidatos la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones presidenciales y las autoridades han presentado proyectos de ley que parecen destinados a reforzar la censura y la autocensura.

Las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven presentaron un informe que hizo hincapié en las restricciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior para acceder al Registro Electoral, ya sea para la actualización de datos o para el registro por primera vez, a fin de poder ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en el país caribeño.

Por: Gaston Calvo – Infobae

En diálogo con Infobae, la defensora, educadora y especialista en derechos humanos Ligia Bolívar, coordinadora del estudio, aseguró: “Que el 25% de la población con capacidad de votar no pueda hacerlo, es un fraude preelectoral masivo”.

“Tenemos casi nueve millones de venezolanos en el exterior, de los cuales obviamente no todos pueden votar porque muchos son menores de edad, entre otras razones. Pero las estimaciones de los expertos en el tema electoral consideran que, de esos nueve, por lo menos cinco millones estarían en capacidad de votar porque son mayores de edad. Eso por un lado. Entonces ya por ahí hay cinco millones”, siguió.

Respecto a los que viven en el país, Bolívar indicó que “se habla de unos cuatro millones de nuevos votantes que no se han podido inscribir, más los que tenían que cambiar de residencia porque se han mudado. Entonces, el registro electoral es para las dos cosas: para el cambio de residencia o para los primeros electores”, aclaró.

“De hecho, si sumamos cuatro más cinco, pues fácilmente nos da nueve millones de personas. Y si tomamos en cuenta que el registro estuvo por debajo del 1% en general, tengo que revisar las cifras exactas, pero nosotros hicimos estimaciones y proyecciones en ese momento porque no teníamos las cifras del registro que están saliendo ahora por partes”, consignó.

La coordinadora del informe luego explicó: “Si sumamos entonces esos nueve millones, y en Venezuela hay 21 millones de personas, incluso podría ser hasta más de un 25%. Nosotros pusimos una cifra conservadora pero podría ser hasta un tercio de la población. Porque si tenemos 21 dentro del país y 9 más son 30, estamos hablando de casi un tercio. Pero conservadoramente, con el optimismo de que algunos hayan podido registrarse, pusimos esa proyección de 25% de la población que estaría incapacitada para votar porque no se pudo registrar. Esa es más o menos la lógica del cálculo detrás de esa cifra”.

La especialista en derechos humanos destacó que también están las personas “sin contar” dentro de los pocos que pudieron registrarse y luego les llegó un correo que decía que sus datos tenían inconsistencias y que tenían que regresar al consulado. “Ahí ya algunas personas desistieron porque son temas también de pérdida de días de trabajo, de tiempo. Y no todos se pueden dar el lujo de seguir perdiendo días laborales para ir al consulado, entonces también ahí hay un grupo adicional que estaría. No sería quizás sustantivo pero sí considerable, que también queda fuera aún habiéndose podido registrar”, detalló.

Por último, remarcó: “Todo esto fue deliberado porque no existe una base jurídica para limitar la posibilidad de registrarse solamente las personas que tienen residencia permanente, por una parte; y por otro lado, tampoco hay excusas válidas para que el registro se haya retardado casi dos semanas y que haya habido diferentes interrupciones a lo largo del proceso”.

“Eso fue en todas partes, no solamente en Colombia. Lo vimos en varios países. Creo que está destacado el caso de Argentina, donde tuvimos diferentes testimonios sobre lo que eran las demoras deliberadas, de nuevo, sobre el proceso. Entonces, por eso hablamos de un fraude electoral masivo porque no son cuestiones accidentales, sino deliberadas”, concluyó.

Las conclusiones del informe

1. El Estado venezolano restringió arbitrariamente el derecho humano a elegir en condiciones de igualdad y no discriminación en perjuicio de todos los venezolanos en el exterior con capacidad de votar, los cuales contabilizan al menos 4.485.470 venezolanos con permisos de residencia y otras estancias regulares, al contravenir los artículos 23.2, 24 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en relación con las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2, los artículos 21.1, 21.3 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1, 2.2 y 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 41 de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
2. El Estado venezolano restringió los derechos de una población todavía mayor que la que registra algún tipo de residencia o visa, ya que el ejercicio de un derecho político fundamental como el voto sobre asuntos del país de origen no puede estar supeditado a la condición migratoria de las personas, ni a requisitos arbitrarios como el pasaporte y otros registros según los casos, que no se exigen a quienes residen en Venezuela. Para votar debe bastar con la cédula de identidad venezolana (vigente o vencida), tal como se les pide a los venezolanos en el territorio. El Estado discrimina a través de la invocación del artículo 124 de la LOPRE -el cual toma como referencia incluso de manera parcial- y de un instructivo que, al omitir la segunda parte del mencionado artículo, hace todavía más restrictivo el voto en el exterior.
3. Sin perjuicio del alcance masivo de la discriminación que llevó adelante, el Estado venezolano afectó de manera desproporcionada los derecho al voto y a la igualdad del grupo de venezolanos en el principal país receptor de migrantes (Colombia), en la medida en que al menos 2.293.006 venezolanos regularizados o en proceso de regularización a través del Estatuto de Protección Temporal se vieron privados del derecho al voto, puesto que no serían “residentes” a juicio de Venezuela, pese a contar con un documento que denotaba su condición de regularidad migratoria en el país. Esto sucede aun cuando el PPT otorga una permanencia regular de 10 años, muy superior a la visa de residente que concede 5 años de permanencia.
4. El Estado, al privar arbitrariamente del derecho al voto a los venezolanos en el exterior, afectó al mismo tiempo los derechos a la libertad de opinión y participación política, asegurados en los artículos 19 y 23 de la CADH, de cerca del 25% de la población electoral venezolana. En consecuencia, Venezuela está violando también la obligación de garantizar “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores”, como ordena el artículo 23.b) de la Convención Americana, y el artículo 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas aplicables. Es decir, no puede existir elecciones auténticas ni libres sin la cuarta parte de la población electoral.
5. El Estado venezolano a su vez restringió el derecho a una elección auténtica, en los términos del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través de un lapso determinado para el registro electoral en el exterior cuando éste debe ser permanente y abierto según la legislación. En cambio, se trató de un registro de duración breve, que no contó con medidas de promoción como campañas públicas, y que, además de los requisitos arbitrarios de residencia, pasaporte y otros registros según los casos, tuvo un inicio tardío en muchos países.

“Un registro electoral de estas características es incompatible con una elección auténtica y constituye un fraude preelectoral masivo, en la medida en que priva deliberadamente del derecho al voto a más de cuatro millones de venezolanos”, cerró el informe.