Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Venezuela planea recurrir a una empresa poco conocida para que se haga cargo de campos e instalaciones clave que alguna vez fueron operados por ConocoPhillips mientras avanza rápidamente para firmar acuerdos antes de la fecha límite para que Estados Unidos decida si restablece las sanciones.

Por: Fabiola Zerpa – Bloomberg

La firma venezolana A&B Investments se asociará con Petróleos de Venezuela para operar campos de petróleo pesado en la Faja del Orinoco y una instalación de procesamiento asociada, según personas familiarizadas con las negociaciones que pidieron no ser identificadas porque las discusiones están en curso.

El acuerdo esperado llega en vísperas de la fecha límite del jueves para la expiración del alivio de las sanciones estadounidenses. Si se vuelven a imponer restricciones, cerraría la puerta a los jugadores que buscan ingresar al país sudamericano y podría marcar el comienzo de un regreso a las restricciones de la era Trump sobre las actividades petroleras de PDVSA. La administración Biden de Estados Unidos ha reiterado su postura de que el presidente Nicolás Maduro no ha cumplido los compromisos alcanzados en octubre en materia de condiciones democráticas para las elecciones presidenciales del 28 de julio, incluido permitir que todos los candidatos se presenten.

La nueva empresa conjunta se llamará Roraima, que es el nombre de un estado brasileño. Una empresa brasileña está detrás del financiamiento, dijeron dos de las personas, sin revelar detalles.

El empresario venezolano Jorge Silva Cardona, que dirige A&B, tiene un historial de hacer negocios con la firma brasileña J&F Investimentos SA, el holding de la multimillonaria familia Batista propietaria del mayor productor de carne del mundo, JBS SA.

Silva es un “representante comercial” de J&F y ofrece “oportunidades de inversión para que el grupo y los accionistas las evalúen en Venezuela”, según J&F. J&F dijo el miércoles que ninguno de sus accionistas “tiene compromisos de inversión en Venezuela” y que continúa evaluando oportunidades en toda la región.

Silva no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que PDVSA declinó hacer comentarios.

Se espera que Roraima se haga cargo de los activos de Petro San Félix, incluido un puerto, que el fallecido presidente Hugo Chávez expropió a ConocoPhillips en 2007. Sus campos y su mejorador cayeron posteriormente en mal estado después de que el país sufriera un colapso económico y quedara bajo sanciones de Estados Unidos.

El plan de A&B apunta a una producción de 90.000 barriles por día dentro de dos años y exige inversiones de 600 millones de dólares para el mejorador. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el martes, aunque las autoridades de PDVSA aún no han firmado los términos del acuerdo.

Entre un cierto  estrato de periodistas y comentaristas políticos, a los que Naky Soto engloba bajo el cognomento de “lojanalistas”, corre como moneda frecuente la idea de que entre las razones principales de la negativa absoluta del grupo en el poder de dar cabida a la candidatura de María Corina Machado está la de que un triunfo de Machado significa una política de venganzas y represalias contra ellos. Se añade que eso ayuda a explicar la mayor condescendencia hacia la candidatura de Rosales, que aparece en esa “narrativa” como una figura más moderada y conciliatoria.

Por: Diego Bautista Urdaneja – La Gran Aldea

Ese enfoque ha adquirido un ropaje politológico, pues varios exponentes de esa disciplina académica han usado con frecuencia la terminología  de los llamados “costos de salida”. El concepto se refiere a los costos que significaría para la cúpula en el poder salir de él, y se deja por sentado que esos costos serían mayores con Machado que con cualquier otro, y en particular que con Manuel Rosales.

Creo que se trata de una perspectiva errónea. Ojalá ese fuera el problema. Todo el tema de la suerte posterior del actual grupo de poder, una vez que hubiera salido del poder, puede ser objeto de negociaciones políticas de tipo clásico. Digo más : una persona con posturas tradicionalmente duras como Machado tiene más margen de maniobra en ese terreno que dirigentes habitualmente vistos como más blandos o dóciles. Su fama de intransigencia le permite llegar a unos acuerdos de más alcance que en todo otro caso. En la historia política del mundo hay bastantes episodios de esa clase.  Si ese fuera el verdadero asunto, más prometedora es una negociación con Machado que con cualquier otro dirigente político aparentemente más suave . Pero ahí está el detalle : que ese no es el verdadero asunto.

El verdadero tema es que el auténtico y definitivo costo, el costo en verdad impagable no es otro que la salida misma.

La amplia difusión del tópico de los costos de salida me parece que en realidad refuerza lo que es un mero pretexto que oculta lo que en verdad está en juego, la necesidad absoluta de la permanencia en el poder.

Se le puede asegurar  a quienes abandonen el poder las mayores garantías: palacios y odaliscas, viajes en jet privado, estancias imperturbadas en mansiones de lujo. No. El problema no está ahí : el problema está en si siguen teniendo el poder o no. Seguir ahí, ese es el objetivo supremo. 

Por lo demás, fuera del poder, ninguno de esos responsables con tantas facturas pendientes está seguro.  Nadie puede garantizar larga y plena seguridad a personas con tantas cuentas pendientes. Hay cosas que ya no dependen de negociaciones internas, sino de procesos internacionales que tienen su propio curso. Luego está el paso del tiempo. Las cosas no se olvidan. Las faltas cometidas tienen paciencia y nadie puede asegurar que no llegará el día  en que pasen su factura. 

Pero nadie va a venir con venganzas en Venezuela, ni Machado ni nadie. No es para los poderosos cosa de escapar de represalias  La imagen en verdad temible, la situación insoportable, el costo de salida que no se puede pagar, es el mero verse fuera del poder. 

Estos  temores, estos costos,  son situaciones psicológicas y como tal cambiantes. Por otra parte es el mundo  del poder un mundo de círculos concéntricos. Está el núcleo central, y luego vienen, uno tras otro, círculos menos comprometidos, menos endeudados. Quién sabe qué alquimia hay allí, dentro de cada círculo y entre ellos, ante el panorama de una situación objetiva, nacional e internacionalmente, cada vez más insostenible, cada vez más ingrata. Tensiones internas, sospechas por doquier, reproches reprimidos,  la conciencia, más en unos que en otros, de estar haciendo mal, de estar haciendo daño.

Y así como hay costos de salida, hay costos de permanencia. Altísimos, cada vez más altos. Puede que cueste salir, pero es seguro que también cuesta permanecer. Ha de costar seguir  respaldando una situación que no tiene recuperación posible y cuyo único futuro es más represión, más arbitrariedad, más precariedad nacional, más sufrimiento popular.

Cada involucrado debe hacer su balance y ver qué costo es mayor, si el de salida o el de permanencia. Lo que es seguro es que el costo de permanencia crece de manera inexorable,  lo cual en definitiva hace   que el problema de permanecer sea mayor que el de salir.  Sobre todo si están a mano formas pacíficas, constitucionales y democráticas de parar esa dinámica infernal.

Estados Unidos no renovará una licencia que expirará el jueves y que había aliviado ampliamente las sanciones petroleras a Venezuela, avanzando para reimponer medidas punitivas en respuesta al incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de ciertos compromisos electorales, dijeron altos funcionarios estadounidenses.

Reuters

Apenas unas horas antes de la fecha límite, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en su sitio web que había emitido una licencia de reemplazo que otorgaba a las empresas 45 días para «cerrar» sus negocios y transacciones en el sector de petróleo y gas del país de la OPEP.

Washington había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer las sanciones energéticas a menos que Maduro cumpliera sus promesas que llevaron a un alivio parcial de las sanciones estadounidenses a partir de octubre, luego de un acuerdo electoral alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana.

Las amplias sanciones a la industria petrolera de Venezuela fueron impuestas por primera vez por la administración Trump en 2019 tras la victoria electoral de Maduro, que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales rechazaron.

Si bien Maduro ha cumplido algunos compromisos bajo el acuerdo del año pasado, no ha cumplido otros, incluido permitir que la oposición presente al candidato de su elección en su contra en las elecciones presidenciales del 28 de julio, dijeron los funcionarios a los periodistas el miércoles.

Como resultado, la administración Biden planea permitir que la actual licencia general de seis meses expire sin renovación poco después de la medianoche EDT (0500 GMT del jueves), dijeron los funcionarios bajo condición de anonimato.

«Las áreas en las que se han quedado cortos incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil», dijo un funcionario.

La retirada del elemento más importante del alivio de las sanciones de Estados Unidos marca un importante paso atrás en la política del presidente estadounidense Joe Biden de volver a comprometerse con el gobierno de Maduro.

Sin embargo, la administración Biden no está logrando un retorno total a la campaña de «máxima presión» emprendida durante el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump.

Sobre la decisión de Estados Unidos han pesado las preocupaciones sobre si volver a imponer sanciones al sector energético de Venezuela podría impulsar los precios mundiales del petróleo más altos y aumentar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México mientras Biden hace campaña para la reelección en noviembre.

LUCHA PARA ELABORAR UNA DECISIÓN SOBRE SANCIONES

Los asesores de Biden habían luchado en deliberaciones internas para elaborar un enfoque que castigara a Maduro pero no dañara los intereses estadounidenses con la expiración de la licencia que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, dijeron fuentes estadounidenses.

Los funcionarios venezolanos han insistido en que están preparados para cualquier escenario y que pueden resistir las renovadas sanciones petroleras de Estados Unidos.

«Estamos preparados comercialmente», dijo el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, a los periodistas el miércoles en la sede de la petrolera estatal PDVSA en Caracas. «Logísticamente, seguiremos produciendo».

Algunas empresas, dijo, pueden mostrarse reacias a invertir ante las “medidas unilaterales” de Washington, pero la mayoría continuará.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron en marzo a su nivel más alto desde principios de 2020, ya que los clientes se apresuraron a completar las compras antes del vencimiento previsto de la licencia, informó Reuters este mes.

Sin embargo, desde la flexibilización de las sanciones en octubre, Venezuela ha avanzado lentamente hacia la reconstrucción de su capacidad de producción, y su infraestructura paralizada y la falta de nuevas inversiones siguen imponiendo límites a lo que puede lograr.

La administración Biden deja abierta la posibilidad de que eventualmente modere su respuesta. Un funcionario estadounidense dijo que la última acción “no debe verse como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, y agregó que Washington continuaría interactuando con los representantes de Maduro.

Cualquier actividad bajo la licencia vencida deberá completarse antes del 31 de mayo, pero las empresas aún pueden volver a solicitar individualmente licencias específicas, dijeron los funcionarios. Obtener la aprobación dependerá de qué tan permisivo decida ser Estados Unidos.

Ciertas autorizaciones estadounidenses independientes de la licencia que vence no se modificarán, incluido el permiso otorgado a Chevron (CVX.N) desde 2022 para vender petróleo en los EE.UU. de sus empresas conjuntas en Venezuela, así como las aprobaciones existentes para que empresas europeas tomen petróleo venezolano.

Entre las principales preocupaciones de Estados Unidos sobre las condiciones electorales de Venezuela está la represión contra los oponentes políticos de Maduro.

«Estábamos especialmente preocupados por el hecho de que las autoridades venezolanas también impidieron la candidatura de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado», dijo un funcionario estadounidense.

Las autoridades venezolanas han mantenido una prohibición electoral para Machado, quien ganó rotundamente las primarias de la oposición en octubre pasado, y la oposición actualmente está manteniendo negociaciones internas sobre quién podría postularse como sustituto.

Estados Unidos también ha denunciado una serie de arrestos en los últimos meses de políticos y activistas de la oposición.

A CONTINUACIÓN TEXTO ÍNTEGRO

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Reglamento de Sanciones a Venezuela
31 CFR parte 591

LICENCIA GENERAL NO. 44A
Autorizar la liquidación de transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela

(a) Excepto lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, todas las transacciones prohibidas
por el Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), incluidas las transacciones
que involucre a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) o cualquier entidad en la que PdVSA sea propietaria, directamente o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más (colectivamente, “Entidades PdVSA”), que normalmente son incidente y necesario para la liquidación de cualquier transacción relacionada con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela previamente autorizados por la Licencia General Venezuela 44 son autorizados a través de 12:01 a. m., hora del este, 31 de mayo de 2024.

(b) Esta licencia general no autoriza:
(1) Cualquier transacción que involucre a cualquier institución financiera bloqueada de conformidad con el Ejecutivo Orden (E.O.) 13850 distinta del Banco Central de Venezuela o Banco de Venezuela SA Banco
Universal;

(2) El suministro de bienes o servicios a, o nueva inversión en, una entidad ubicada en Venezuela que es propiedad o está controlada por, o es una empresa conjunta con, una entidad ubicada en Rusia;

(3) Cualquier transacción relacionada con nuevas inversiones en operaciones del sector de petróleo o gas en
Venezuela por una persona ubicada en la Federación de Rusia o cualquier entidad propiedad o controlada por una persona ubicada en la Federación de Rusia;

(4) Cualquier transacción prohibida por las subsecciones 1(a)(i) – (iii) o 1(b) de la E.O. 13808, otro
que el pago de facturas por bienes o servicios relacionados con operaciones del sector de petróleo o gas en
Venezuela, o la entrega de petróleo o gas desde Venezuela a los acreedores del Gobierno de Venezuela, incluidos los acreedores de las Entidades de PdVSA, para efectos del pago de deuda;

(5) Cualquier transacción prohibida por E.O. 13827 o E.O. 13835; o

(6) El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada conforme al VSR.

(c) A partir del 17 de abril de 2024, se reemplaza la Licencia General No. 44, de fecha 18 de octubre de 2023.
y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 44A.

El Ministerio Público confirmó durante la tarde de este miércoles 17 de abril el presunto suicidio del coronel Marino Lugo bajo custodia del chavismo, quien era ex director de mercado nacional de la estatal Pdvsa y uno de los detenidos en la trama de corrupción de Tareck El Aissami.

LaPatilla

Funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público acudieron al centro de reclusión respectivo para realizar reconocimiento del sitio del suceso, ante la información del fallecimiento de un detenido.

En el sitio se pudo constatar que el ciudadano fallecido responde al nombre de Marino José Lugo Aguilar. La evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento. De acuerdo a la información publicada por la Fiscalía en su cuenta de X.

Revelan que adicionalmente un médico forense acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses a practicar autopsia del ciudadano Marino José Lugo Aguilar, fallecido, quien fue detenido con motivo de una orden de aprehensión solicitada en la investigación del caso Pdvsa-Cripto.

A Marino Lugo se le imputarían los delitos de Apropiación o Distracción del Patrimonio Público, Concierto para la Celebración de Contratos, Evasión de Procedimientos, Controles o Restricciones en Licitaciones; Legitimación de Capitales, Traición a la Patria y Asociación.

Más temprano, el periodista Eligio rojas habría informado que Lugo se encontraba siendo “interrogado” en la sede de la Dgcim.

Este miércoles el Senado de Italia aprobó de forma unánime una resolución sobre las elecciones de Venezuela, en la que abogan por un proceso libre, transparente y que respete la participación de la opositora María Corina Machado, quien ganó con más de 80 % de los votos los comicios primarios realizados en octubre de 2023.

NTN24

«Fuerte y contundente es el llamado unánime de los senadores de todas las fuerzas políticas italianas, en apoyo a la candidata presidencial de los venezolanos María Corina Machado», expresó la cuenta Mundo Con Vzla en X.

A contrarreloj, en medio de tensiones, la oposición venezolana buscaba este lunes vías para «una candidatura unitaria» que enfrente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.

El próximo sábado acaba el plazo para sustituir candidatos en las boletas electorales. Tras la inhabilitación de María Corina Machado, favorita en las encuestas, la alianza opositora Plataforma Unitaria postuló en el último minuto un nombre provisional luego del bloqueo de su segunda opción, Corina Yoris.

Machado arrasó el año pasado en las primarias de la coalición opositora y acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un mecanismo acordado en negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición para revisar las inhabilitaciones, pero la sanción fue ratificada bajo el reclamo de Estados Unidos y la Unión Europea.

El 31 de marzo, apeló a un plazo adicional para sustituir candidaturas hasta el 18 de julio, insistiendo en Yoris, pero en ese caso los cambios no aparecerían reflejados en las boletas electorales, lo que podría provocar confusión en los votantes.

Las divisiones en la oposición venezolana han sido frecuentes.

El politólogo Carlos Guevara Mann advirtió que sería «un peligro para la democracia» de Panamá que al candidato presidencial José Raúl Mulino no se le permita competir en las elecciones del próximo 5 de mayo.

Panamá América

En una entrevista con la cadena internacional CNN, Guevara aclaró que la carta que él y otras reputadas figuras enviaron a la Organización de Estados Americanos no obedece a intereses políticos, sino a la defensa de la democracia.

«Este llamado no tiene ribetes político-partidistas. Hemos hecho este llamado de atención por el peligro que entraña para la democracia. Es muy delicado faltando tan poco tiempo, que se vaya a alterar la situación», dijo el politólogo.

Guevara recalcó que le corresponde al pueblo decidir en las urnas quién será su próximo presidente, no a un organismo judicial.

«Es una preocupación por la pureza y transparencia del proceso electoral que enfrentamos los panameños», dijo.

Días atrás, Guevara, junto a Eloy Alfaro, Enrique de Obarrio, José Miguel Alemán, José María Castillo y Miguel Antonio Bernal enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la demanda contra la candidatura de Mulino.
Esta semana, el propio secretario general del organismo continental informó que tomó nota de dicha comunicación y agregó que comunicó de la misma a la jefatura de la misión de observación electoral, que está en Panamá entre el 29 de abril y el 7 de mayo.

La constitucionalidad de la candidatura de Mulino ha sido defendida por expertos en la materia como los exmagistrados Winston Spadafora, Edgardo Molino Mola y el exdefensor Italo Antinori.

El martes, el presidente Laurentino Cortizo dijo que todos los candidatos, incluido Mulino, deben correr. Y recriminó al Tribunal Electoral por no haber resuelto este tema.

Mulino lidera todas las encuestas. En la más reciente, de Doxa para el IPEC y Arca Media, el exministro tiene 19 puntos de ventaja sobre su contendiente más cercano.

La inflación interanual a marzo en Panamá llegó al 1,7 %, con una variación del 0,3 % respecto al mes anterior, impulsada por el crecimiento de los costos del transporte, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Panamá América

Según el ente estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó alzas del 0,3 % en cada mes entre enero y marzo, por lo que acumula 0,9 % en el primer trimestre de 2024.

Al comparar el indicador de marzo con el mismo mes del año anterior, los grupos que mostraron aumentos fueron transporte, con el 5,5 %; bienes y servicios diversos (3,1 %); restaurantes y hoteles (2,8 %); vivienda, agua, electricidad y gas (2,3 %); salud (1,3 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9 %); educación (0.7 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,5 %).

Mientras que en el mismo período mostraron disminuciones en el IPC los grupos de prendas de vestir y calzado, en un -2 %; recreación y cultura (-0,8 %); muebles, artículos para el hogar (-0,4 %); y comunicaciones (-0,3 %).

Al comparar el IPC de marzo con el del mes anterior se observa que el grupo de mayor aumento fue transportes con el 1,9 %, impulsado por la variación del 12,8 % en la clase «transporte de pasajeros por aire», debido al alza en el costo del pasaje de avión, y del 4,7 % en «combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal», por el alza en el precio de la gasolina.

Le siguieron los grupos de bienes y servicios diversos (0,4 %); bebidas alcohólicas y tabaco (0,3 %); vivienda, agua, electricidad y gas; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar; y restaurantes y hoteles, todos con el 0,1 %.
El grupo de educación no presentó variación, mientras que bajaron los precios en los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas; y prendas de vestir y calzado, ambos con -0,2 %.

La tasa de inflación puede cerrar este año en un 2,2 % según cálculos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

La inflación de Panamá cerró diciembre de 2023 con un acumulado anual del 1,5 %, lo que llevó la interanual al 1,9 %, impulsada por alzas en el precio de los servicios y la educación, según las estadísticas oficiales.

En el 2022, el indicador cerró con una variación interanual del 2,1 % y un acumulado entre enero y diciembre del 2,9 %, mientras que la de 2021 fue del 2,6 % y 1,6 %, respectivamente.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, defendió el programa de auxilio económico que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y propone ajustes a los criterios mediante los cuales se otorgan.

Panamá América

«Nosotros estamos preparando un borrador para entregarlo al gobierno entrante en el proceso de transición destinado a hacer ajustes y no eliminación de los auxilios económicos que otorga el Ifarhu», confirmó Cortizo en medio de los cuestionamientos sobre la discrecionalidad con la que se ha entregado el beneficio en los últimos años.

«No me iría al extremo de decir elimínalo porque estaría eliminando a un joven que pasó los exámenes en una Georgia Tech y que viene de una familia humilde», dijo el mandatario citando un caso específico.

Al ser cuestionado sobre los beneficiarios vinculados a altos funcionarios del Estado, diputados o por cercanía política, Cortizo defendió que hay carreras en universidades cuya anualidad no es posible cubrir con el salario de un año de un funcionario.

«Hay que analizar criterios y carreras», agregó Cortizo. Igualemente, señaló que hay carreras en buenas universidades en Panamá que no necesitan beca, préstamos o auxilio económico.

En lugar de eliminar el beneficio, el mandatario insistió en revisar los criterios mediante los cuales se otorga el beneficio.
Recientemente, el contralor de la República, Gerardo Solís también defendió el otorgamiento del beneficio y advirtió que la Contraloría General de la República no discriminará a ningún aspirante por su clase social o por razones políticas.

«Que nadie sienta vergüenza porque los discrimen por clase social o por razón política. Ningún estudiante beneficiado debe ser discriminado por quien es su papá, su tío, su abuela o su hermano», insistió Solís en cuanto a la lista que circula de beneficiarios y sus vínculos con figuras políticas y allegados al Gobierno en turno.

Las declaraciones de Solís fueron duramente cuestionadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá quien advirtió sobre la gravedad que implica el hecho de que el contralor, en lugar de hacer cumplir sus obligaciones relativas a fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos, sea el protagonista de la falta de transparencia al refrendar una gran cantidad de los auxilios económicos.

Para el gremio no existe justificación legal ni moral para que un funcionario de tal envergadura justifique su complicidad por el evidente incumplimiento de sus funciones.

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) de Nicaragua denunció este martes que el nicaragüense Carlos Alberto García Suárez, un opositor al régimen de Daniel Ortega y que estuvo preso por participar en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, fue hallado muerto y quemado en el basurero municipal de Jinotepe, departamento de Carazo (sur).

EFE

En una declaración, el Grex aseguró que el cuerpo de García Suárez, que fue señalado por la Policía de Nicaragua de presuntamente cometer los delitos de secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas en perjuicio del Estado y de la sociedad nicaragüense, en el marco de la crisis que vive ese país, fue encontrado con un 90 % de su cuerpo quemado.

“Solicitaremos y denunciaremos ante los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos que registren este caso como uno más de los ataques a los excarcelados políticos, hoy convertidos en objeto de permanente persecución y hostigamiento político”, señaló ese grupo, formado por opositores que guardaron prisión en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde hace 6 años.

El Grex sugirió que el caso debe ser investigado en su momento por órganos competentes y serios, “para pedirle cuenta a los responsables directos e indirectos de su muerte”, y no por la Policía de Nicaragua “en vista del grado de desprestigio, desnaturalización, criminalidad y parcialidad con que opera”.

“Su muerte debe ser agregada a los casos de otros, asesinados también atrozmente, como los casos de los excarcelados políticos asesinados en el municipio de Mulukuku (Caribe) en el año 2021, en distintas fechas, Ernesto Jarquín Orozco y Marlon Antonio Castro López, que por el momento se encuentran en total impunidad”, indicó.

Carlos Alberto García Suárez (Policía de Nicaragua/Archivo)

¿Mensaje para opositores?

El excarcelado político exiliado Ricardo Baltodano señaló a la agencia de noticias EFE que la muerte del opositor, de la que dijo el Gobierno es el principal sospechoso, es “para mandar un mensaje a los excarcelados políticos de que anden caminando con pasito tum tum (con cuidado), como decimos nosotros”.

Denunció en este sentido que los opositores excarcelados han sido estigmatizados por las autoridades nicaragüenses y usados como chivos expiatorios “para mandar mensajes inmovilizantes a toda la sociedad nicaragüense”.

Según el Grex, García Suárez, de oficio zapatero y de 52 años, estuvo preso entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 por participar en las protestas antigubernamentales y nunca dejó de criticar al régimen de Ortega.

La Policía de Nicaragua y el Instituto de Medicina Legal, citados por la prensa oficial, descartaron mano criminal en la muerte del opositor.

Según el Canal 8 de la televisión nicaragüense, el médico forense Sergio Cano aseguró que las aves de rapiña devoraron gran parte del cuerpo del hombre.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.

Este martes concluyó el plazo para la inscripción de votantes en Venezuela, marcando el fin de un periodo de 28 días caracterizado por múltiples quejas sobre demoras en la apertura de registros en el extranjero, previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Infobae

Sin pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la finalización, el calendario electoral preveía la admisión de nuevos electores o la actualización de datos de los ya registrados hasta el 16 de abril.

En una extensión de horario no prevista, las oficinas de inscripción cerraron sus puertas pasadas las 17.00 hora local (21.00 GMT) este martes, en respuesta a la alta afluencia de ciudadanos, particularmente jóvenes que buscan ejercer su derecho al voto por primera vez en los comicios de julio, donde el dictador caribeño, Nicolás Maduro, se postula para una segunda reelección.

El alcalde de Baruta, en Caracas, Darwin González, anunció que el registro electoral en su municipio permaneció activo hasta la medianoche. A través de la red social X, difundió imágenes de decenas de individuos aguardando en la noche para realizar sus trámites electorales.

A lo largo del día, diversos candidatos de la oposición, entre los 12 que buscan desplazar a Maduro del poder, instaron al CNE a prolongar el proceso de inscripción por varios días más, petición que no ha sido respondida públicamente por el organismo electoral, que es controlado por el chavismo.

Asimismo, venezolanos residentes en el extranjero compartieron en redes sociales fotografías de largas colas en consulados de países como España y Argentina, evidenciando la participación de la diáspora en el proceso electoral.

“De verdad que no entiendo por qué nos ponen tanta traba en el camino para nosotros ejercer nuestro voto”, expresó Giovanny Tovar, quien salió de Venezuela hace cinco años en busca de empleo.

“Y de verdad que yo quisiera votar, pero para no darle el voto a Maduro”, agregó.

Se calcula que más de la mitad de los cerca de 7,7 millones de venezolanos que abandonaron su país durante la compleja crisis que ha caracterizado a los 11 años de de Maduro en el poder están registrados para votar en Venezuela. Pero de todos los venezolanos dispersos por el mundo, incluidos aquellos que emigraron antes de la crisis, las cifras oficiales muestran que apenas 107.000 están registrados para votar fuera del país.

El requisito de residencia es suficiente para reducir significativamente el número de personas que pueden registrarse, ya que la mayoría de los migrantes carecen de estatus legal. Durante el periodo de registro de este año, incluso quienes tenían residencia temporal en los países que los recibieron, fueron rechazados por funcionarios consulares debido a que las misiones diplomáticas exigen pruebas de estatus permanente.

“Documentos de Residencia Permanente emitidos por el país de acogida” deben demostrar la “vigencia del documento… de por lo menos 3 años a la fecha actual” y “deben haberse expedido con 1 año de antelación mínimo”, de acuerdo con un folleto colocado fuera del consulado venezolano en Bogotá. Sin embargo, la ley electoral de Venezuela únicamente establece que los interesados “posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Para complicarle todavía más el asunto a algunos interesados en votar, existe el requisito de tener pasaporte venezolano, cuyo costo es excesivo y actualmente tarda de semanas a meses en procesarse.

Cálculos oficiales indican que unos 36.000 de los 107.000 venezolanos que están registrados correctamente para votar en el extranjero viven en Estados Unidos. Ahí se enfrentan a un obstáculo infranqueable: los consulados en donde comúnmente irían a votar están cerrados debido a que Venezuela y Estados Unidos cortaron lazos diplomáticos después de la reelección de Maduro en 2018.

Entretanto, representantes del CNE sostuvieron un encuentro con delegados del Centro Carter, quienes enviaron una misión exploratoria para discutir una posible supervisión internacional de la votación.

Por otro lado, integrantes de la Misión Exploratoria de la Unión Europea, que se encuentran en Venezuela desde el 7 de abril, se reunieron con los rectores electorales para evaluar el envío de una misión de observación a los comicios, decisión que aún pende de un hilo.

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