Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El Gerente General de Tocumen, S.A., Raffoul Arab, aseguró que hay muchas posibilidades de que al menos tres nuevas aerolíneas inicien operaciones en Panamá, ya que han conversado anteriormente con ellas y están haciendo sus estudios de factibilidad, antes de tomar esa decisión.

ANPanamá

Sobre cuáles son estas aerolíneas con las cuales han mantenido conversaciones, el Gerente General de Tocumen, S.A., manifestó que son: Arajet de República Dominicana, una de Estados Unidos y otra de China, además de que también están conversando con algunas de suramérica que han mostrado interés. 

“Panamá sigue siendo un país donde las tasas aeroportuarias son competitivas comparada con toda la región, nosotros mantenemos unos estudios y damos seguimiento a las tasas aeroportuarias de nuestros aeropuertos competidores y Panamá está en una muy buena posición”, indicó Arab.

Recalcó que la tasa es inferior a la de muchos países de Centroamérica, por lo que eso convierte a Panamá en un país competitivo y atractivo para las aerolíneas. “Lo que pasa es que luego de la pandemia muchas aerolíneas están siendo prudentes en su toma de decisiones por falta de pilotos, por falta de aeronaves”, explicó Arab.

Aclaró que su intención de trabajo, es ofrecerles a ellos las tasas que cualquier otra aerolínea y todas las aerolíneas pagan en Tocumen, pero tienen que hacer un trabajo en conjunto con las otras entidades del Estado.

Narcotraficantes constantemente violan la seguridad de Panamá, entrando con cargamentos de drogas, de la totalidad que ingresan, una parte es decomisada, pero otro tanto posiblemente mayor al decomisado se queda en el país o llega a su destino que es Estados Unidos (EE.UU.) o Europa.

Panamá América

Ante esta realidad que azota al país, se necesita implementar un plan de seguridad dirigido al combate efectivo del narcotráfico.

En Panamá, prácticamente todas las semanas se hacen grandes decomisos de sustancias ilícitas, lo que demuestra lo vulnerable que se ha vuelto el país ante esta triste realidad.

El pasado domingo, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) de Panamá informó que ha decomisado más de 31.5 toneladas de drogas en el primer trimestre de este año 2024.

La droga fue incautada en «122 operaciones antidrogas» en las que se capturó a 136 personas vinculadas al narcotráfico; de ellas, 104 eran panameñas y 32 extranjeras, en su mayoría colombianas.

En nuestro país, los mayores decomisos de droga que se realizan son de cocaína y marihuana.

Cabe resaltar que muchos de estos grandes decomisos de drogas que se dan en Panamá, se realizan en los puertos de carga de contenedores, una modalidad que ha venido tomando un mayor auge en los últimos años en el país.’

Uno de estos últimos decomisos, se dio tras un operativo realizado la noche del lunes en la terminal portuaria de la zona atlántica, ubicada en el corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón, se incautó de un cargamento de 696 paquetes rectangulares con drogas.

Según la documentación, el contenedor procedía de Seattle, Estados Unidos, pasando por Panamá (Colón) y tenía como destino final Dinamarca.

Ante esta realidad que vive Panamá, recientemente, el exministro de Seguridad y candidato presidencial José Raúl Mulino, ha planteado la necesidad de reinstalar los radares para detectar el movimiento de los traficantes de drogas por las costas panameñas.

Mulino, recientemente, comentó que lo que está pasando en las costas panameñas, es algo que le preocupa y puso como ejemplo el decomiso que se hizo en Pedasí de más de dos toneladas de drogas.

Desde Holanda, Delcy Rodríguez informó este lunes que entregaron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento con evidencias que demuestran el derecho de Venezuela sobre el territorio Esequibo, actualmente en disputa con Guyana.

NTN24

«El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado»; aseguró Rodríguez en compañía de una comisión diplomática.

En el documento, Venezuela reitera que el Acuerdo de Ginebra de 1966 representa el único instrumento válido para resolver la disputa territorial con Guyana.

«Hemos venido a entregar la verdad de Venezuela, su derecho irrenunciable y a decir desde acá que ni la ExxonMobil, el Comando Sur (de Estados Unidos), la (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) CIA, ni el Gobierno títere de Guyana van a poder con el pueblo de Venezuela», dijo.

Guyana reiteró el pasado 4 de abril sus protestas contra la ley venezolana sobre la región del Esequibo, al considerar que se trata de una «violación flagrante» del derecho internacional.

«Este intento de Venezuela de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y convertirlo en parte de Venezuela constituye una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional», aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana en un comunicado.

Un día antes, Nicolás Maduro promulgó la ley aprobada el pasado 21 de marzo por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, reafirmando la soberanía de su país sobre el Esequibo y denunciando la instalación de «bases militares secretas» de Estados Unidos.

La Casa Blanca lo niega. «No hay planes para ubicar una base militar», afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

La gran ventaja que la realidad tiene sobre las historias de ficción es que no necesita parecer realista: las cosas simplemente ocurren, por inverosímiles que a veces nos resulten, y no hay guionista al que culpar.

Por: Javier Bilbao – La Gaceta de la Iberosfera

Por su cercanía temporal aún no podemos tomar conciencia de su alcance, pero bien mirado las peripecias políticas de Trump durante estos últimos años están adquiriendo la altura de una leyenda artúrica (aunque a veces parezca más un episodio de The Office, ciertamente). Así que siguiendo la estructura del mito ideada por el antropólogo Joseph Campbell tendríamos al héroe llamado a salvar al pueblo enfrentándose a fuerzas fabulosas, las cuales inicialmente logran derrotarlo usando para ello toda clase de artimañas, pero luego vuelve del vientre de la ballena, renace tras su descenso al inframundo ahora más sabio y decidido (su viaje también es interior), dispuesto a culminar la misión encomendada y clamando a sus seguidores nada menos que «yo soy vuestra venganza». De manera que, en estas horas oscuras que atraviesa el mundo, Trump se ha convertido en el favorito de todas las encuestas electorales para el próximo noviembre pese a los más de 700 años de cárcel que penden sobre su cabeza en las diversas causas fabricadas en su contra, y una de las preguntas más repetidas está en quién será en esta aventura final su Enkidu, su Subotai, su Sam. Es decir, el vicepresidente de su segundo mandato, uno que promete ser más ambicioso y cargado ideológicamente y por tanto requiere alguien a la altura.  

Hace unos días el complejo turístico y base de operaciones de Trump, Mar-a-Lago, acogió la entrega de un premio a Vivek Ramaswamy, un joven empresario, figura pública de meteórico ascenso y reciente candidato republicano al que ya dedicamos unas palabras en su momento. El anfitrión, presente en el escenario, tomó la palabra para expresar lo mucho que quiere al premiado y proclamar «será mejor que ganemos». Inevitablemente muchos han visto en este gesto un indicio de que él será su compañero de candidatura para las elecciones, pues Trump no se distingue por sus demostraciones de afecto y raro es que apoye a alguien sin esperar algo a cambio. Nada es gratis y menos en el ámbito en que ambos se mueven. Vivek, por su parte, ha expresado que aceptará cualquier cargo que se le conceda —también hay rumores sobre que no sería finalmente vicepresidente, aunque sí estará en el gobierno— y esta semana ha estado concediendo entrevistas y tuiteando para hablar sobre los tres temas en los que el propio Trump lleva tiempo centrando su atención: la necesidad de un cambio en la política exterior estadounidense,  el control de la inmigración y la oposición al ideario woke o progresista, desde el cambio climático hasta la teoría crítica racial.

Respecto a esto último es muy significativo que el pasado miércoles tuiteara respondiendo a una declaración del CEO del mayor fondo de inversión del mundo: «He aquí el nuevo truco de BlackRock: dejar de decir `ESG´ y, de hecho, seguir impulsando exactamente las mismas agendas. Esto les permite aplacar la reacción conservadora y, al mismo tiempo, hacer un guiño a empresas como CalPERS para que puedan seguir gestionando más de 10 billones de dólares de todos. No caigas en ello». ¿Por qué decimos que es significativo? Porque en esos criterios ESG, siglas en inglés de «ambiental, social y de gobierno corporativo» es donde reside buena parte del impulso contemporáneo a la agenda progresista (como habrá observado el lector no hay gran corporación que no celebre el 8-M, el Orgullo Gay y nos aleccione sobre la «sostenibilidad», palabra fetiche), acabar con ellos será atacar al corazón de este colosal proceso de ingeniería social que llevamos presenciando desde hace años de implantación forzada de nuevos códigos morales, identidades, creencias y formas de relacionarnos. Es lo que, por poner un ejemplo entre un millón, llevaba a Yolanda Díaz a felicitar la semana anterior no el Domingo de Pascua sino en su lugar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, por lo visto mucho más importante. 

Ramaswamy sabe bien de lo que habla cuando critica esta política corporativa que sustituye a la búsqueda de beneficios, que es en lo que pensábamos que consistía el capitalismo, por este adoctrinamiento a los empleados y clientes. Él mismo llegó a sufrirla incluso desde su antigua posición de CEO y es lo que le impulsó a escribir su libro Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam. La muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 sacudió a Estados Unidos de arriba abajo, un país con un largo historial de disturbios raciales, que acababa de salir de un inaudito confinamiento por la pandemia que puso los ánimos a flor de piel y que afrontaba unas elecciones en las que todo valía para echar a Trump. Como vemos era una tormenta perfecta. Decidido a no usar el nombre de la compañía farmacéutica que había fundado unos años antes ni su posición en ella para hacer proclamas políticas, fue sin embargo presionado a hacerlo y, a continuación, severamente cuestionado entre empleados, directivos y accionistas por su tibieza cuando redactó un breve comunicado intentando ser neutral sin denunciar el «racismo sistémico» que demandaban de él que expresara (siendo además de origen indio y tez morena).

Ya puesto en cuestión entonces, la puntilla vino unos meses después, cuando unos cientos de simpatizantes republicanos asaltaron el Capitolio y la respuesta coordinada de varias compañías de Silicon Valley fue anular las cuentas —ya fuera en redes sociales, métodos de pago en línea, alquiler, etc— no solo de supuestos participantes sino de cualquier votante de Trump que mostrara algún tipo de simpatía por ellos o de crítica a las autoridades en relación con ese evento. Vivek publicó entonces un artículo en el Wall Street Journal denunciando lo que consideraba una persecución ideológica de tipo soviético claramente inconstitucional. Las reacciones se sucedieron de inmediato en su contra y con el fin de poder garantizar la continuidad de su empresa ese mismo mes terminó presentando su dimisión como CEO. Poco después comenzó a escribir el libro antes mencionado, intentando explicarse a sí mismo qué había pasado y cómo en Estados Unidos se había podido llegar a estos extremos.

La conclusión a la que llegó Vivek es que buena parte de la culpa se encontraba en los criterios ESG, por los cuales se evalúa ante los inversores el llamado impacto social y medioambiental de una empresa. El problema de esto es que se ha convertido en un criterio de inversión prioritario para fondos de inversión como BlackRock, cuyos activos alcanzan unos 10 billones de dólares (el PIB español es algo más de la décima parte, por hacernos una idea) repartidos en acciones de unas 18.000 compañías. Así que muchas empresas tienen que sumarse a la corriente progresista sobre cambio climático, feminismo, LGTB…etc no tanto por voluntad propia sino por exigencias del mercado bursátil. Tal como proclamó en 2017 su CEO, Larry Fink, «tienes que forzar comportamientos. En BlackRock estamos forzando comportamientos». Y tiene poder para hacerlo.

Como señalan en este reportaje titulado precisamente Cómo Larry Fink de BlackRock se ha convertido en el rostro del capitalismo woke: «la altura de Fink en los círculos globales financieros es mayor que la de muchos gobernantes», con los que acostumbra a tratar personalmente, pues «se ha vuelto de hecho un secretario global del tesoro sin el título oficial».  Otro Soros. O bien, dado que de joven fantaseaba con ser una estrella de rock y ahora aspira a salvar el mundo, un Bono del mercado de bonos.

Pero la reacción ante esa agenda y su forma de imponerla ya ha comenzado. En agosto de 2022 el Estado de Texas prohibió que cualquier dinero público fuera invertido en BlackRock, medida que unos meses después replicó Florida. Más genéricamente, en 37 Estados de la Unión se han propuesto leyes dirigidas contra los criterios ESG, por considerar que conllevan una carga ideológica. Pronto llegará el turno del Gobierno federal. Recordemos cuando unos meses atrás siendo aún candidato a liderar el Partido Republicano Vivek fue categórico al respecto: «BlackRock, State Street y Vanguard representan posiblemente el cártel más poderoso de la historia de la humanidad: son los mayores accionistas de casi todas las empresas importantes y utilizan *su* propio dinero para imponer agendas ESG a los directorios corporativos. Votan por `auditorías de equidad racial´ y `límites de emisiones de Alcance 3´ que no promueven sus mejores intereses financieros. Esto plantea serias preocupaciones fiduciarias, antimonopolio y de conflictos de intereses. Como presidente, cortaré la verdadera mano que guía el movimiento ESG: no la mano invisible del libre mercado, sino el puño invisible del propio gobierno».

No será ya presidente, pero como veíamos al comienzo puede que sí vicepresidente o al menos miembro del gobierno… La persona idónea, desde luego, con la que deberá contar Trump si realmente quiere derrotar al dragón y convertirse en leyenda.

Los tribunales brasileños han pedido a X, anteriormente Twitter, que bloquee ciertas cuentas que el (altamente politizado) sistema de justicia de ese país ha considerado una amenaza para el público por difundir “desinformación” y participar en “discursos de odio”.

The European Conservative

Sin embargo, el propietario de X, Elon Musk, decidió no acatar las sentencias de censura brasileñas, a lo que respondió el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes .

La conducta flagrante de obstrucción de la justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a órdenes judiciales y la futura falta de cooperación de la plataforma [X] son ​​hechos que irrespetan la soberanía de Brasil… [X] debe abstenerse de desobedecer órdenes judiciales , incluso reactivando una cuenta que la Corte Suprema ordenó bloquear.

El domingo, la Corte Suprema de Brasil abrió una investigación oficial sobre la decisión de Musk, que puede resultar en el bloqueo de X en Brasil.

La censura brasileña ya ha provocado que la plataforma de vídeos Rumble opte por salir del país tras verse obligada a procesar constantes órdenes legales para bloquear las voces disidentes.

De hecho, la extralimitación va más allá de la mera censura. Particularmente preocupante es una de las revelaciones contenidas en los Archivos de Twitter , según la cual, antes de 2022, las autoridades brasileñas aparentemente pidieron a X que pusiera a su disposición mensajes privados de cuentas brasileñas que habían retuiteado opiniones disidentes.

El periodista de investigación Michael Shellenberger ha encabezado una investigación sobre el enfoque abusivo de Brasil hacia el discurso en línea, que resumió en un tweet que Elon Musk respaldó como exacto (también habló recientemente con Glenn Greenwald para explicarle la situación).

Shellenberger escribe que de Moraes no sólo está violando la libertad de expresión estadounidense sino también el orden constitucional brasileño:

Los archivos de Twitter para Brasil… muestran que Moraes ha violado la Constitución brasileña. Moraes exigió ilegalmente que Twitter revelara información privada sobre los usuarios de Twitter que utilizaban hashtags que consideraba inapropiados. Exigió acceso a los datos internos de Twitter, violando la política de la plataforma. Censuró, por iniciativa propia y sin ningún respeto al debido proceso, publicaciones en Twitter de parlamentarios del Congreso brasileño. Y Moraes intentó convertir las políticas de moderación de contenidos de Twitter en un arma contra los partidarios del entonces presidente Jair Bolsonaro. Lo digo como periodista independiente y no partidista. No soy fanático ni de Bolsonaro ni de Trump. Mis opiniones políticas son muy moderadas. Pero reconozco la censura cuando la veo.

Sin embargo, la controversia trasciende a Twitter y arroja a Musk bajo una luz mucho mejor que la de otros directores ejecutivos de tecnología:

Los archivos de Twitter también revelaron que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traicionaron al pueblo de Brasil. De comprobarse tales pruebas, los ejecutivos de estas empresas se comportaron como cobardes: proporcionaron al gobierno brasileño datos personales de registro y números de teléfono sin orden judicial y, por tanto, violando la ley. Cuando Twitter se negó a proporcionar a las autoridades brasileñas información privada de los usuarios, incluidos mensajes directos, el gobierno intentó demandar al principal abogado brasileño de Twitter. 

Musk ha tuiteado que, si la plataforma se bloquea, los brasileños deberían recurrir a VPN para seguir accediendo a ella. En el pasado, Musk se ha descrito a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, aunque ha sido bastante inconsistente en este sentido. Sin embargo, parece firme al oponerse a lo que podríamos llamar el régimen brasileño de da Silva/de Moraes.

A raíz de las atrocidades del 7 de octubre, la guerra resultante entre Israel y Hamás y las volátiles consecuencias en los países occidentales con poblaciones de inmigrantes supuestamente enriquecidas, ha habido una nerviosa reevaluación del «multiculturalismo» como artículo de derecho patrocinado por el Estado.

Por: Harrison Pitt – The European Conservative

¿Es esto lo mejor que podemos hacer? Angela Merkel y David Cameron, difícilmente los favoritos de la derecha disidente, admitían los fracasos del multiculturalismo ya a principios o mediados de la década de 2010. ¿Se supone que debemos impresionarnos de que políticos como Suella Braverman hayan logrado darse cuenta de que esto sigue siendo cierto? Hay mucho espacio, así como todas las garantías, para que Braverman vaya más allá, particularmente dado el desprecio generalizado que ya la tienen los comunistas raciales y otros locos que se burlarán si la mujer se cepilla los dientes por la mañana. .

Un artículo muy confuso sobre este tema, recomendado por Braverman en X, fue publicado recientemente en el Telegraph por una comentarista llamada Isabella Wallersteiner. Como es típico de alguien con suficiente agudeza para notar un problema, pero demasiado abrumado por dogmas normativos para sacar conclusiones que valgan la pena, sostiene que los ataques del 7 de octubre y los estallidos de fanatismo etnoreligioso en las calles de Londres como resultado han revelado, por fin, la locura del multiculturalismo.

Antes de esto, por supuesto, todo iba a las mil maravillas. Dejando a un lado los incidentes terroristas ocasionales, el aumento de las bandas de violadores y las leyes de blasfemia de facto , al menos había consuelo en otros lugares: un alcalde musulmán perfectamente integrado de Londres que casualmente llena el tubo con poesía vengativa contra los blancos, no por mencionar a un autodenominado “hijo de la tierra de Pakistán” que dirige Escocia y tiene un historial de hablar sobre los escoceses nativos en formas que, si se dijeran de los judíos, pertenecerían a las páginas de Der Stürmer . Aún así, si nos sentimos caritativos, tal vez sea necesario decir «más vale tarde que nunca».

Excepto que empeora. «No hemos creado un crisol armonioso», continúa Wallersteiner, «sino una sociedad donde los prejuicios y las tensiones pueden agravarse». Esto implica que hubiera sido bueno para el pueblo británico en su conjunto, así como para los cuatro grupos étnicos fundadores del Reino Unido en particular, que su identidad cultural se disolviera en una sopa insípida y cosmopolita, aunque sólo fuera el experimento, para el cual nunca nos ofrecimos voluntarios como conejillos de indias; había ocurrido sin tropiezos divisivos. No se espera que ningún otro pueblo distintivo, ya sea ucraniano o israelí, sufra tal liquidación. ¿Por qué los británicos angloceltas deberían ser diferentes?

Más concretamente, ¿cómo es que tantos críticos del multiculturalismo nunca se molestan en preguntar por qué es inviable? Suelen detenerse en seco al notar las fallas y luego dejarlas ahí. Sin embargo, ¿es de extrañar que no sólo los británicos nativos, sino también las diásporas de inmigrantes recién importados, se resistan a que sus particularidades se diluyan gradualmente?

Como lo ha dejado muy claro el caos social en las ciudades europeas debido a un conflicto a miles de kilómetros de distancia, el hecho es que los inmigrantes, por muy encantadores que sean como individuos, están dispuestos a identificarse más fervientemente con sus antecedentes ancestrales (ya sean étnicos, religiosos o ambos). que con la cultura de las naciones en las que han optado por vivir. El multiculturalismo no es tanto la causa sino el producto de estas lealtades tribales. Resistirlos a nivel político es librar una cruzada de Sísifo contra la propia naturaleza humana.

Cuando personas como Braverman denuncian el multiculturalismo como un fracaso, tienen razón en espíritu, pero se equivocan irremediablemente en términos de detalle. «Durante demasiado tiempo», continúa el artículo de opinión elogiado por Braverman, «creímos que abrazar la ‘diversidad’ sin considerar cómo diferentes culturas, creencias y derechos podrían chocar, proporcionaría una integración armoniosa y cohesión social». Lo que se supone que “nosotros” denota en esta frase, si no liberales complacientes con la costumbre de llamar racistas a sus críticos reivindicados, no es inmediatamente obvio. El autor añade luego: “No fue así, y no será así, hasta que solucionemos los factores subyacentes que llevan a algunos a radicalizarse”. En verdad, los “factores subyacentes” que impiden que la diversidad funcione en la práctica son la dinámica demasiado humana de la diversidad misma. Cualquiera que sea la línea divisoria en un momento dado o en un lugar determinado, el tribalismo siempre será una característica vital de la psicología humana individual y colectiva.

Este tipo de complacencia va de la mano de una visión radicalmente empobrecida de lo que significa ser una nación. Wallersteiner acusa así al multiculturalismo de no “defender valores compartidos como la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la coexistencia pacífica”. Este anodino conjunto de principios liberales podría describir fácilmente a Finlandia como a Gran Bretaña. ¿Se supone que debemos creer que un país no es más que la suma total de los lemas más queridos de sus miembros más bougie? Como argumenté recientemente en The Podcast of the Lotus Eaters, Lord Bolingbroke no creía en muchas de las cosas que hoy pasan por «valores británicos». ¿Le hace esto menos británico que, digamos, un nigeriano yoruba que lo hace?

Definir una nación con una lista de viñetas de moda es desnudar una rica herencia de significado. También nomina a los descendientes de las personas que lo construyeron para su eliminación. Después de todo, toda la apuesta del nacionalismo cívico consiste en suponer que, mientras haya una continuidad de los «valores compartidos», no sólo es posible, sino pan comido, reemplazar a una población fundadora establecida desde hace mucho tiempo y quedarse con exactamente la misma cantidad de dinero. mismo país.

Además de ser un organismo sujeto a cambios en los valores colectivos, no se puede esperar que una nación asimile a ningún inmigrante (y mucho menos a cientos de miles) a menos que a los posibles nuevos miembros se les encomiende la tarea de integrarse en algo real: la herencia viva de una nación existente. gente. Difícilmente se puede esperar que se asimilen a algo que está a punto de desaparecer. Incluso en teoría, sería absurdo pensar que cualquiera pudiera asimilarse a Japón si los colonizadores franceses intercambiaran al pueblo japonés. En el mejor de los casos, deberían encontrarse integrándose en un puesto de avanzada de Francia en el este de Asia.

Las pruebas de civismo engañosas no nos salvarán. Ningún número de ataques al multiculturalismo hará que sea menos peligroso complacer el discurso corporativo antihumano que sostiene que un pueblo, arraigado en una historia compartida y en vínculos ancestrales instintivos, puede vivir únicamente de valores sintéticos.

El exgobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, se refirió sobre las inhabilitaciones políticas e irregularidades en el sistema automatizado de postulación para los candidatos presidenciales en las próximas elecciones del 28 de julio.

La Patilla

“El apartheid político electoral que Maduro aplica en estás elecciones es INACEPTABLE. La dignidad ciudadana no puede seguir siendo aplastada por Maduro”, sentenció Velásquez.

El líder del partido Causa R exigió “respeto a nuestros derechos ciudadanos es el reclamo nacional. Respeten el derecho de Corina Yoris a ser candidata”.

El pasado domingo, Velásquez expresó que “Maduro pretende designar al candidato opositor. Rechazamos que los candidatos tengan que pasar los caprichosos ‘filtros o trabas’ que establece Maduro. Esto sencillamente significa negar derechos de participación y elección libre de los ciudadanos”.

El lunes 1 de abril, el presidente de Colombia Gustavo Petro calificó como un «golpe antidemocrático” la inhabilitación de María Corina Machado por parte de las autoridades administrativas del régimen de Nicolás Maduro. 

Por: Ramón Cardozo – DW

Al día siguiente, Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, declaró que la administración de Biden mantenía su posición respecto a que María Corina Machado  debía ser habilitada y participar como candidata en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Palmieri recalcó que «si quieren legitimidad, hay que avanzar hacia una elección competitiva e inclusiva”.

Estas críticas y exigencias se suman a las declaraciones que en el mismo tenor han sido expresadas durante la última semana por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el portavoz adjunto de Relaciones Exteriores de Alemania, Christian Wagner; el portavoz principal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano; el Departamento de Estado de los Estados Unidos; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá.

El bloqueo de Corina M y Corina Y

De igual forma, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en una declaración conjunta suscrita el 25 de marzo, manifestaron su «seria preocupación» por el desarrollo del proceso electoral venezolano. La inquietud de estos gobiernos de la región no solo se limita a las inhabilitaciones de opositores y al bloqueo de la inscripción de Corina Yoris en el CNE, sino que también abarca la «integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad».

La creciente ola de críticas internacionales debido a las flagrantes violaciones a las garantías y derechos electorales de los venezolanos, así como el hecho de que dentro de estas relevantes voces se encuentren gobernantes y lideres de izquierda, como Lula, Petro y el ex presidente uruguayo José Mujica, quienes históricamente han respaldado al régimen chavista, ha socavado considerablemente los intentos de Nicolás Maduro de convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela se está llevando a cabo un proceso electoral democrático, justo y transparente.

Dentro de los pocos que han alzado la voz internacionalmente para respaldar a Maduro están los gobiernos no democráticos como Nicaragua, Cuba y China. Tanto Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, como Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, y Lin Jian, portavoz de la Cancillería China, expresaron su oposición a la injerencia de otros países en los asuntos internos venezolanos. No obstante, el impacto del respaldo de estos regímenes autocráticos, en términos de legitimar las próximas elecciones presidenciales venezolanas, es limitado e incluso contraproducente.

Insultos soeces del régimen de Maduro contra críticos de la izquierda latinoamericana

La evidencia del fuerte impacto negativo que las críticas internacionales han tenido sobre la estrategia de legitimación electoral del régimen autocrático de Maduro se refleja en las respuestas destempladas que han dado sus principales portavoces frente a los cuestionamientos recibidos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, usando una expresión despectiva y vulgar, arremetió en sus redes sociales contra Petro, Lula y Mujica, manifestándoles: «No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”.

Nicolás Maduro, por su parte, no vaciló en señalar, de manera implícita pero inequívoca, a Lula, Petro y Mujica como representantes de una «izquierda cobarde” y cómplice, incapaz de condenar los golpes y maniobras que amenazan la paz de la revolución bolivariana. Así mismo, Maduro desestimó las opiniones de los gobiernos que han cuestionado el sistema electoral venezolano, calificándolos como parte de un «circo internacional».

Previamente, el canciller venezolano Yván Gil, en un comunicado fechado el 26 de marzo, acusó la Cancillería brasileña de injerencista, sugiriendo que actuaba bajo la influencia de los Estados Unidos. Del mismo modo, en otro comunicado fechado el 28 de marzo, acusó al gobierno estadounidense de ser los «dueños de este circo que intenta desacreditar las próximas elecciones presidenciales».

En la misma línea oficialista, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de un comunicado fechado el 28 de marzo, acusó a la administración Biden de intentar «desprestigiar» las elecciones venezolanas. Amoroso señaló que la inscripción de 13 candidatos postulados por 37 organizaciones y partidos políticos para las próximas elecciones presidenciales es «una fabulosa demostración de la diversidad política e ideológica de la oferta política en Venezuela». En su comunicado, Amoroso dio a entender que la exclusión de Corina Yoris del tarjetón electoral se debe a la falta de respaldo de organizaciones políticas registradas o a la falta de apoyo de un grupo importante de electores.

Maduro trata de zafarse del «crucial» Acuerdo de Barbados

Aparte de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado por parte de funcionarios administrativos, así como el bloqueo a Corina Yoris «sin justificación política, ni legal”, tal y como lo denunció Lula, la gran mayoría de los reclamos expresados por los gobiernos coinciden en la violación flagrante y continuada por parte del régimen de Maduro del llamado «Acuerdo de Barbados”.

Este acuerdo, cuyos compromisos se limitan a establecer los derechos políticos y garantías electorales mínimas que deben darse para que las próximas elecciones puedan considerarse democráticas, se ha convertido para el régimen de Maduro en una camisa de fuerza de la cual ha intentado evadirse.  Ya sea acusando a la oposición de incumplirlo o intentando sustituirlo por el llamado «Acuerdo Amplio de Caracas”, suscrito el 29 de febrero de ese año. Este acuerdo fue suscrito con un conjunto de fuerzas políticas cuya condición real de opositores está fuertemente cuestionada por la opinión pública. Hasta el momento, ambas tácticas han fracasado pues la comunidad internacional sigue utilizando los compromisos de Barbados como la verdadera referencia para juzgar el desarrollo y la legitimidad del proceso electoral venezolano.

Apelando al Acuerdo de Barbados, María Corina Machado se dirigió este 3 de abril a los gobiernos de 18 países y al Alto Representante de la Unión Europea (UE), denunciando que cinco meses después de su firma, este compromiso ha sido «integralmente violado” por parte del régimen de Nicolás Maduro. Machado enumera en su misiva una la larga lista de graves violaciones a las garantías y derechos electorales de la oposición, y advierte sobre la posibilidad de que ella sea objeto de una detención injustificada. Por ello, considera indispensable extremar los recursos diplomáticos para que se cumplan las condiciones establecidas en este acuerdo.

El 3 de abril, luego de una visita de dos días a Venezuela, el secretario de Estado del Reino de Noruega, Andreas Motzfeldt, calificó como «crucial» el respeto al Acuerdo de Barbados, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional respalde el Acuerdo y se establezca la Comisión de Seguimiento y Verificación prevista en el mismo. Motzfeldt no abordó en su declaración cuál había sido la respuesta del régimen de Maduro a esta solicitud.

Nicolás Maduro afirmó la semana pasada que Estados Unidos se encuentra instalando bases militares secretas en el Esequibo, el territorio de 160.000 km2 disputado por Venezuela y Guyana, sin embargo, el gobierno estadounidense negó dicha información.

El Nacional

«No hay planes para una base militar secreta. Y hemos dicho muchas veces que hay un fallo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela, y queremos que ambas partes respeten ese fallo y lo hagan pacíficamente», afirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

Durante un acto político el pasado miércoles, Maduro acusó a Estados Unidos de construir bases militares secretas del Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el Esequibo para supuestamente atacar a Venezuela.

«Tenemos información comprobada, en territorio de la Guayana Esequiba (…) han instalado bases militares secretas del Comando Sur y núcleos de la CIA para preparar agresiones a la población de Tumeremo, a la población del sur y de oriente de Venezuela, y para prepararse en una escalada contra Venezuela», afirmó tras promulgar la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas.

También dijo que el presidente guyanés, Irfaan Ali, no gobierna su país, que está, según denunció, regido por militares estadounidenses y por la petrolera norteamericana ExxonMobil, que explota riquezas en el área en cuestión, con autorización de Georgetown.

«A Guyana la gobierna el Comando Sur, la CIA y la ExxonMobil, y no estoy exagerando. Controlan el Congreso, a los partidos que hacen vida, gobierno y oposición, controlan el gobierno completo, controlan totalmente las fuerzas de defensa guyanesas, las fuerzas policiales», sostuvo.

En diciembre del año pasado, el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Guyana realizaron operaciones de vuelo en territorio guyanés como parte de operaciones de rutina que, según la embajada de Estados Unidos en Georgetown, buscaban mejorar la cooperación entre ambos países.

La histórica controversia entre Caracas y Georgetown por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes, luego de que el gobierno guyanés otorgó concesiones petroleras en áreas pendientes de delimitación.

Vía Rumbo Propio

Desde una perspectiva ética y política, el patrón asumido por la libertad es el Estado y, en consecuencia, el Estado es la actualización de la libertad en la historia. El Estado no es un conjunto de individuos sino una totalidad orgánica en la que idealmente se maximizan tanto los intereses personales como los comunitarios. Abarca todas las instituciones necesarias para la vida humana, derecho, familia, sociedad civil, ciencia, religión, arte, filosofía. El Estado tiene una «constitución» y un sistema de gobierno.

Dos verdades opuestas ayudaron a dar forma a esta excelente nación en la que vivimos. Primero, el hombre nace libre. En segundo lugar, el hombre es imperfecto. Nuestros Padres Libertadores conocían estas dos verdades y buscaron forjar una nación que mantuviera la primera y al mismo tiempo nos protegiera de la segunda.

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera.

Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos.

Nosotros en Rumbo Propio venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados. Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos. En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder, excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación, y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

La libertad es una cualidad de la existencia, una cualidad por lo tanto entitativa, constitutiva del ente, sin la cual la existencia no es posible.   la libertad consistente en fundir la voluntad propia con la voluntad del Estado, que hace libre a los sujetos estatizados mediante su participación. La libertad no puede ser más que libertad individual, libertad del ente en la acción, libertad en concreto. El estado, por su parte, es solo el reflejo simbólico de la meditación humana acerca de la libertad individual, meditación que conduce al establecimiento de leyes, instituciones y autoridades a los efectos de coordinar aquellas libertades individuales en el seno de la convivencia ciudadana.

Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial.

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos.

De aquí a decir que la planificación estatal  opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines.

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones o por las de hecho o de facto.

En pocas palabras, si no se controla al gobierno, las libertades se erosionan lentamente.

Las preguntas con las que nosotros, tanto “nosotros” como Rumbo Propio como “nosotros” los ciudadanos de este pais, debemos enfrentar son estas: ¿Ha ido nuestro gobierno demasiado lejos? ¿Hemos erosionado demasiado nuestra libertad con demasiadas reglas y restricciones? Si las respuestas son “sí”, ¿podemos entonces rectificar reglas innecesarias eliminándolas? ¿Esta regla nos alejará más de la ‘libertad perfecta’?  Dado que la respuesta a esta última pregunta probablemente sea “SÍ”, debemos preguntarnos: ¿merece la pena? Definitivamente SI, lo cual nos hace trabajar con mayor firmeza nuestras propuestas de cambio.

Venezuela despertó, queremos un cambio profundo, una transformación total. Esta esperanza que crece día a día es porque sabemos que esta vez sí vamos a derrotar al desgobierno. Esta es una lucha espiritual más que electoral. Es una lucha vivencial. Estamos seguros que triunfaremos.

Tenemos la fe puesta en que pronto seremos un país, del primer mundo. Vamos en la ruta ciudadana rumbo a la Venezuela Posible.

CONSEJO FUNDACIONAL

Editorial

8 de abril 2024

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