María Corina Machado ya había arrasado en las primarias opositoras pero el régimen chavista mantenía sobre ella una insólita proscripción (similar a la que rige sobre decenas de dirigentes opositores venezolanos de peso) que le impedía presentarse a las presidenciales de este año. Mientras buena parte de los países de la región y las principales democracias del mundo aumentaban la presión sobre Nicolás Maduro para que cumpliera con su palabra de organizar elecciones democráticas este 2024 y habilitara la inscripción de Machado, el presidente brasileño Lula da Silva se paró en la vereda opuesta.

Por: Leonardo Mindez – Infobae

Este 6 de marzo, unos días después de mantener un amistoso encuentro con el dictador venezolano y mientas compartía una rueda de prensa junto al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo sentirse “feliz” de que el régimen hubiera fijado la fecha de las elecciones para el 28 de julio. “Venezuela sabe que necesita elecciones altamente democráticas para que pueda recuperar el espacio de participación ciudadana en los foros mundiales que tanto necesita y para que podamos ver el fin del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela”, argumentó.

Pero el punto más llamativo de su alocución fue cuando prácticamente dio una aval a la proscripción de Machado. Lula recordó que en 2018 había sido impedido de participar en las elecciones brasileñas (cuando estaba procesado por el caso Lava Jato) y alegó: “En vez de quedarme llorando, señalé a otro candidato y disputó las elecciones”. El postulante del PT en aquel momento terminó siendo Fernando Haddad, que perdió en el ballotage con Jair Bolsonaro.

Machado reaccionó indignada y lo tildó de misógino. “¿Yo llorando, presidente Lula? ¿Lo dice porque soy mujer? Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro”, le respondió a través de sus redes sociales. “Usted está convalidando los atropellos de un autócrata que viola la Constitución y el Acuerdo de Barbados que usted dice apoyar. La única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está hoy en la calle conmigo”.

Lo cierto es que dos semanas después, agotadas las posibilidades de apelación por parte de la Plataforma Unitaria Democrática venezolana, con el tiempo corriendo e impedidos de inscribir a Machado, finalmente la oposición decidió optar por una candidata alternativa que no contara con ningún tipo de proscripción, casi siguiendo la sugerencia de Lula. Así fue que el viernes pasado, Machado anunció que su remplazante sería la prestigiosa académica y profesora universitaria Corina Yoris.

Pero si Lula o alguien más pensaba que con eso se resolvían los problemas, estaba equivocado. A horas de que venza el plazo legal, Yoris anunció este lunes que tras intentarlo de todas las maneras durante este fin de semana -tanto a través del sistema informático que dispuso el régimen como presencialmente ante el Consejo Nacional Electoral- no la han dejado inscribirse como candidata presidencial. “No solamente son los derechos de Corina Yoris que están siendo conculcados, sino que también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y es también negar los derechos a los venezolanos a postular y a elegir al candidato que quieren elegir”, explicó la filósofa e historiadora de 80 años.

Así, el régimen de Maduro volvió a mostrar una vez más que su único objetivo es bloquear cualquier candidatura que le pueda disputar el gobierno para así crear sucesivas farsas electorales que le permitan eternizarse en el poder a pesar de su marcada impopularidad revelada en todas las encuestas y el éxodo histórico de millones de venezolanos. Al igual que ocurrió en 2018, la autoridad electoral se encargó de habilitar una decena de candidaturas de falsos opositores cercanos al chavismo sin ninguna representatividad política para poder escenificar una pantomima de elección con resultado cantado el próximo del 28 de julio. No hay nada de original: es el mismo sistema que vienen utilizando hace años otros autócratas como Daniel Ortega en Nicaragua o Vladimir Putin en Rusia.

Así lo han reconocido hasta viejos aliados del chavismo, como el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, que viene repitiendo que Maduro “no respeta las leyes elementales de la democracia”.

Lo llamativo es que algunos líderes democráticos con larga trayectoria política todavía sigan cayendo en el jueguito y legitimando a estas nuevas dictaduras.

Tamara Sujú, abogada venezolana especializada en temas de derechos humanos, entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Caracas, un informe acerca de la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de esas violaciones.

Diario de Cuba

En una directa en video desde La Haya, sede del organismo, la jurista, que vive exiliada en República Checa, aseguró que su gestión fue para «cumplir el mandato de las víctimas», quienes pidieron a la CPI investigar «las torturas donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos» en Venezuela.

«Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes, con su participación directa o indirecta», recordó la abogada.

«Necesitamos recuperar Venezuela, nuestra soberanía, nuestro territorio, de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que lo están invadiendo. Pero también necesitamos recuperar, además de nuestra democracia y nuestras instituciones, nuestra dignidad. No es posible que haya agentes foráneos encargados de la represión y de la inducción de crímenes de lesa humanidad en nuestro país contra nuestros compatriotas», enfatizó.

Sujú envió un mensaje a todos los cubanos: «Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes».

Finalizó reiterando a los habitantes de la Isla «un mensaje de esperanza, de no cansarse, de no cesar».

En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el que se argumenta que el órgano represivo del chavismo contra sus disidentes contó directamente con la asesoría del régimen cubano.

Según el documento, los organismos de Inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con dicha investigación, varios exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) confirmaron que «agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM».

La DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), son los dos órganos de seguridad del Estado venezolanos señalados de forma directa como involucrados en una serie de atrocidades, torturas, trato cruel y detenciones en lugares clandestinos, entre otros patrones que se repiten en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

Los expertos internacionales lograron revisar «los acuerdos confidenciales escritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales».

Los acuerdos en materia de seguridad se remontan a 2006, una vez que Hugo Chávez rompió en 2005 una larga relación de cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos. La misión de la ONU recabó información para señalar que dicha «cooperación continuaría vigente» en la actualidad, con lo cual el aparato de seguridad de Cuba está involucrado en los crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela.

En sus tres informes, este equipo de expertos señala de manera directa a la DGCIM y al SEBIN de ser responsables «de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales». Para los expertos, «algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad».

La misión de la ONU documentó 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede, conocida como La Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención clandestinos en diversos puntos del país.

En el caso del SEBIN, según la misión, se documentaron 51 casos que evidencian patrones de violaciones graves y sistemáticas. Al comparar el volumen de casos de ambos organismos, la DGCIM, que recibió asesoría del régimen castrista, tiene un registro notablemente mayor en los casos enmarcados como crímenes de lesa humanidad.

En relación con Cuba, «se trata de acuerdos de cooperación pagados con petróleo venezolano, enmarcados en el campo de la inteligencia y seguridad y de carácter confidencial», sostuvo el activista de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo.

«Desde el año 2014, las organizaciones venezolanas de derechos humanos hemos escuchado sobre esta presencia a través de los testimonios de las víctimas. Es un patrón y no la apreciación de una o dos personas. Esto ha sucedido cuando en simultáneo viene ocurriendo una represión y tortura sistemática contra las personas que protestan pacíficamente y contra disidentes políticos», explicó Lobo a DIARIO DE CUBA.

Para Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), los acuerdos vigentes persiguen «fortalecer el aparato de inteligencia y control social que funciona bastante bien en Cuba».

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Márquez llegó la noche de este 25 de marzo a la sede del Poder Electoral en Caracas para inscribirse como candidato para las presidenciales 2024.

El Pitazo

La fase de postulación de candidatos en Venezuela se desarrolla en medio de tensión y la presión del gobierno de Nicolás Maduro por impedir que se postule un adversario fuerte. A pocas horas de que cierre el proceso, aún la candidata que representa a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Corina Yoris, no logra inscribirse para la contienda.

Omar Mora Tosta, abogado defensor de los jefes del Comando de Campaña de María Corina, presentó este lunes 25 de marzo una denuncia formal por la desaparición forzada de Henry Alviarez y Dignora Hernández, miembros del mismo equipo político, quienes fueron secuestrados por el régimen hace cinco días.

Vente Venezuela

Mora Tosta detalló que tras recorrer todas las instancias judiciales del país junto a los familiares y consultar ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, no se ha obtenido información de dónde se encuentran los dirigentes.

En virtud de esto, decidieron acudir ante la Defensoría del Pueblo y a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público para alertar de esta situación y que esto sirva como mecanismo de presión para que aparezcan.

El abogado defensor precisó que, además, asistirán una vez más al Tribunal de Control con Competencia en Terrorismo para solicitar información nuevamente sobre la audiencia de presentación, la cual no se ha materializado desde su detención, vulnerando los plazos establecidos en la ley. Asimismo, indicó que junto a los familiares, solicitarán su designación como abogado defensor, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución, lo cual no habría sido admitido hasta el momento por dicha instancia.

Alviarez y Hernández fueron arbitrariamente detenidos el 20 de marzo por cuerpos represores del régimen en la ciudad de Caracas, vinculados a supuestas acciones conspirativas, que fueron dadas a conocer mediante las declaraciones del Fiscal del régimen, Tarek William Saab, quien ordenó la captura de otras siete personas del equipo de María Corina Machado.

El incendio forestal que ha acabado con más de cinco mil hectáreas de bosque de Pino Caribe en la comunidad de Uverito, es de tal magnitud que la luz emitida por sus llamas se aprecia desde el espacio, sí lo dio a conocer la organización Sembramos Todos, la cual busca proteger y reforestar el Parque Nacional Henri Pittier.

El Periódico de Monagas

Según lo dado a conocer por la organización, la intensidad lumínica que generan las llamas, es mas grande que el área iluminada de Ciudad Guayana.

Asimismo, Microm INC, empresa dedicada a desarrollos de ingeniería en proyectos agroindustriales con más de 50 años de experiencia, destacó en su cuenta X que en una muestra tomada este lunes 25 el resplandor generado alcanza los 36,6°C.