El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el régimen de Maduro, abre este jueves el período de inscripción de aspirantes a las presidenciales del próximo 28 de julio, que podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes, día 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse.
Por el momento, se desconoce cuántos candidatos se postularán, ya que algunos de los que habían anunciado su intención de aspirar a la Presidencia no lo podrán hacer por estar inhabilitados por la Contraloría chavista para ocupar cargos públicos de elección popular, como el caso de María Corina Machado, elegida como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, en las primarias del pasado 22 de octubre.
Como era de esperarse, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) eligió como candidato al dictador Nicolás Maduro, quien aceptó la propuesta de militantes y simpatizantes chavistas, y concurrirá a las elecciones en busca de su tercer mandato consecutivo.
Además de Maduro, otros candidatos que confirmaron su inscripción en el CNE para las próximas elecciones incluyen a Leocenis García, de Prociudadanos; el diputado Luis Eduardo Martínez, de Acción Democrática (AD); José Brito, de Primero Venezuela; y Javier Bertucci, de El Cambio.
Tras la confirmación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una situación compartida por muchos antichavistas, queda en incertidumbre quién será el candidato del bloque opositor en reemplazo de la líder opositora.
En respuesta a estas sanciones administrativas ilegales que impiden a los afectados postularse para cualquier cargo público a través de elecciones, varios partidos, organizaciones sociales y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han instado a garantizar la posibilidad de participación para aquellos que deseen competir por la Presidencia.
La CEV declaró esta semana que “los órganos del Estado, al servicio del pueblo, y todas las instituciones políticas y sociales deben trabajar para asegurar una participación equitativa en este proceso, tanto para electores como para candidatos”.
María Corina Machado denunció este miércoles una “brutal represión” de las autoridades, tras la detención de dos colaboradores cercanos por supuestas “acciones desestabilizadores” de cara a las presidenciales de julio, a las que también la vincularon.
“El régimen de (Nicolás) Maduro desata brutal represión contra mis equipos de campaña (…). Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia”, escribió la líder opositora en la red social X , favorita en las encuestas para enfrentar al candidato chavista, pero inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos.
Machado también negó este miércoles las acusaciones hechas por el fiscal general impuesto por la dictadura, Tarek William Saab, quien responsabilizó a colaboradores de Vente Venezuela por supuestos planes violentos de cara a las elecciones presidenciales.
”Todo lo que dijo el fiscal del terror es falso, todo es mentira”, dijo Machado ante periodistas, horas después de que se confirmara la detención del coordinador nacional de su partido (Vente Venezuela), Henry Alviárez, y de la secretaria política de la formación, Dignora Hernández.
La ex diputada aseguró que la dictadura “intercepta todas” las comunicaciones de su equipo político y “sabe” que no están detrás de planes violentos sino “organizando un país para avanzar en una ruta electoral” y “derrotar a Nicolás Maduro”.
”El régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad en paz, porque saben que están derrotados, porque no hay manera de que puedan ganar una elección contra nosotros”, sostuvo.
Alviárez y Hernández fueron capturados -explicó Saab- “en razón de lo que confesó Emil Brandt”, un jefe regional del comando de campaña de Machado, detenido a principios de marzo por estar “incriminado” en planes “violentos” y “terroristas” contra el Maduro.
