Armando Esteban Quito

Varios candidatos presidenciales acudirán este jueves 20 de junio al Consejo Nacional Electoral (CNE) para suscribir un Acuerdo de Reconocimiento de los Resultados, una medida impulsada por el oficialismo.

El Nacional

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional 2020, fue quien impulsó la propuesta para evitar un presunto desconocimiento de los resultados electorales del próximo 28 de julio por parte de la oposición venezolana.

Edmundo González Urrutia, candidato por la Plataforma Unitaria, dijo que el acuerdo de Barbados es el único convenio que obedecerá, tras ser consultado sobre la convocatoria por el diario El Tempo.

Uno de los candidatos que confirmó su asistencia a la firma del acuerdo de reconocimiento de resultados fue Luis Eduardo Martínez, representante de la fracción judicializada de Acción Democrática (AD).

«Es mi convicción que solo por la vía electoral será posible el cambio que la gran mayoría de los venezolanos deseamos», escribió en redes sociales.

La convocatoria al CNE está pautada para las 10:30 am de este jueves.

A 40 días de las elecciones, 10 candidatos disputan la presidencia: Nicolás Maduro, quien aspira a una segunda reelección; Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria; Enrique Márquez (Centrados); José Brito (Primero Venezuela); Claudio Fermín (Soluciones); Javier Bertucci (El Cambio); Benajmín Rausseo (Conde); Daniel Ceballos (Arepa); Antonio Ecarri (Lápiz); y Luis Eduardo Martínez (AD).

El jefe de Hezbollah en el Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, advirtió el miércoles de que su grupo lucharía “sin control, normas ni límites” en caso de que estalle una guerra más amplia con Israel, y que ningún lugar de Israel estaría a salvo de los ataques de Hezbollah.

Infobae

En un discurso televisado, Nasrallah dijo que eso incluía posibles objetivos en el mar Mediterráneo. Nasrallah también amenazó a Chipre por primera vez, diciendo que Hezbollah podría considerarlo “parte de la guerra” si seguía permitiendo a Israel usar sus aeropuertos y bases para ejercicios militares.

”El enemigo sabe que nos debe esperar por tierra, aire y mar. Y si se nos impone una guerra, la Resistencia luchará sin control, normas ni límites”, sentenció el clérigo chií, si bien insistió en que su formación no tiene la “intención” de lanzar un conflicto más extenso que el actual.

En las últimas semanas, han vuelto a estallar renovados miedos a una guerra abierta entre Hezbollah e Israel, después de que los choques que protagonizan desde octubre se recrudecieran significativamente y de que el Estado judío elevara el tono de sus amenazas al respecto.

”El enemigo sabe muy bien que nos hemos preparado para los peores días y sabe lo que le espera, es por eso que estuvo disuadido durante ocho o nueve meses”, agregó Nasrallah en un discurso en honor al alto comandante Abu Taleb, fallecido la semana pasada en un bombardeo israelí contra el sur del Líbano.

En esta línea, alertó de que “ningún lugar” del territorio israelí quedará “indemne ante nuestros misiles y drones” en caso de guerra, e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que el movimiento libanés invada el norte del Estado judío.

”Hay un miedo por parte del enemigo a que la Resistencia invada Galilea (norte de Israel) y este es un escenario posible en el marco de cualquier guerra que se le pueda imponer al Líbano”, declaró el líder de Hezbollah.

Nasrallah también advirtió de que el estallido de un conflicto abierto entre ambas partes tendría repercusiones “en la región” y explicó que ahora cuentan con “nuevas armas” en su arsenal, algunas desarrolladas por ellos mismos y otras que todavía no han incorporado a la batalla.

Por otro lado, insistió en que la solución a los choques fronterizos es poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Hezbollah abrió un frente de apoyo al movimiento islamista Hamas un día después del inicio de la guerra en el enclave palestino y ha insistido en que sus ataques contra el Estado judío pararán una vez termine el conflicto en Gaza.

El martes mismo, el mediador estadounidense Amos Hochstein estuvo en Beirut para buscar una salida diplomática al conflicto entre Israel y el grupo libanés, que supuestamente volvió a trasladarle su demanda de que cualquier acuerdo pasa por un alto el fuego previo en la Franja.

”Continuaremos con nuestra solidaridad y apoyo a Gaza; estaremos listos y preparados para todas las posibilidades, y nada nos detendrá a la hora de cumplir con nuestro deber. La solución es simple: parar la guerra en Gaza”, zanjó Nasrallah.

La líder de la oposición, María Corina Machado, retomó su agenda de movilizaciones este miércoles en el estado Guárico con el objetivo de impulsar la candidatura de Edmundo González para las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio.

La Patilla

“Esta es la demostración cívica más grande, mejor organizada, con mayor convicción, con toda la disposición a darlo todo”, comentó Machado desde una tarima en la región llanera.

“Aquí vamos a dejar el cuero, pero esto lo vamos a ganar”, reiteró la líder venezolana en Las Mercedes del Llano.

Según su criterio, “lo que ha ocurrido con la organización de los comanditos es una belleza, a estas alturas tenemos más de 46 mil comanditos en toda Venezuela, pero queremos más”.

Además, Machado alertó a los presentes que “solo si registramos los comanditos van a tener todas las semanas la información que cada comandito tiene que tener para hacer su trabajo.

El momento de mayor júbilo se vivió cuando a la dirigente opositora le regalaron unas alpargatas, calzado típico de ese rincón de Venezuela. “Creo que aquí todo el mundo va a tener que ponerse alpargatas muy pronto”, bromeó Machado.

“Esto se acabó. Lo que pasó viniendo de Valle de La Pascua a El Socorro es algo que nunca voy a olvidar”.

Pasadas las elecciones europeas, Pedro Sánchez no ha esperado ni una semana para anunciar sus primeras medidas contra lo que ha denominado «máquina del fango» de los medios y la supuesta «guerra judicial» contra él y su mujer.

Por: El Debate vía El Nacional

Al final… ¿va a ganar el gobierno?

En lo que afecta a la Justicia, Sánchez amenazó al PP con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitar al Consejo General del Poder Judicial la competencia de hacer nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia.

No es un cambio de mayorías para la elección del CGPJ, pero implica igualmente un asalto del gobierno del PSOE al poder judicial.

En cuanto a los medios de comunicación, Sánchez insistió en los ataques a los medios de comunicación críticos, a los que llamó «tabloides digitales conservadores y ultraconservadores que propagan bulos».

La postura de Sánchez ante los jueces y los medios de comunicación recuerda a la deriva que emprendió Venezuela con la llegada de Chávez al poder y que culminó con cierre masivo de medios de comunicación independientes y el control absoluto del poder judicial.

Asalto a la Justicia

El control de los jueces y el asalto al Tribunal Supremo fue uno de los principales objetivos del chavismo nada más llegar al poder en 1998.

Sin embargo, tras perder el control del legislativo en 2015, la oposición logró devolver la independencia a los jueces con la elección de un nuevo tribunal.

Ante la pérdida del control judicial, Maduro impulsó, tras recuperar el control de la cámara en 2020, una nueva ley judicial puenteando a la oposición.

La reforma, presentada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, implicaba una disminución del número de jueves del Tribunal Supremo y garantizar que los nuevos jueces fueran electos por el chavismo mayoritario en la cámara sin necesidad de pacto con la oposición.

Desde entonces, el Tribunal Supremo se convirtió en una institución más del Estado al servicio del régimen chavista, de los intereses de Maduro y los altos funcionarios del gobierno, con sentencias altamente politizadas que siempre coincidían con las directrices marcadas por la jefatura de la república.

La reforma, sin embargo, fue tildada de anticonstitucional tanto por la oposición como por los jueces del Tribunal Supremo electo en 2015.

El Tribunal Supremo electo en 2015 negó la legitimidad de la reforma y, ante el riesgo de represión, se exilió y sus jueces quedaron diseminados por varios países. El Alto Tribunal de 2015, sin embargo, sigue funcionando como Tribunal Supremo de Justicia Legítimo.

El control absoluto de los jueces del Supremo dio al chavismo la llave definitiva para erradicar toda vestigio de democracia que quedara en Venezuela.

Junto con el control de la Fiscalía General, el chavismo desde 2020 controla todos los resortes judiciales de Venezuela, ahogando todo intento de control del poder hegemónico que ostenta Maduro y sus acólitos, como Diosdado Cabello.

Guerra contra la prensa

La deriva de Sánchez recuerda demasiado a la ofensiva emprendida por Maduro contra los jueces independientes y la prensa libre.

En 2016 creó el Estado Mayor de la Comunicación (EMCm), un organismo cuyo nombre ya apunta a una inspiración militar.

Creado con la excusa de hacer frente a una guerra de desprestigio contra el Gobierno venezolano, empleando a los medios de comunicación internacionales para ello, el EMCm se convirtió rápidamente en un instrumento de control y represión de la prensa libre y difusión de propaganda bolivariana.

Venezuela lleva décadas, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998, restringiendo la libertad de prensa.

Los periodistas han sido víctimas de campañas de calumnias desde el gobierno, de persecución y ataques.

Otro instrumento creado por el chavismo para eliminar espacios de libertad para los medios de comunicación es la Ley contra el Odio, aprobada en 2017.

Se trata de un texto que da cobertura legal a la censura y control de los medios de comunicación, con sanciones a periodistas.

La prensa física, en papel, se redujo en varias decenas de cabeceras en apenas veinte años. Muchos de ellos ni siquiera son ahora de tirada diaria.

Además, Maduro emprendió una dura campaña contra los medios digitales. Cerró muchas cabeceras en internet y las que quedaron, al igual que pasó con la prensa en papel, la radio y la televisión, estableció un férreo control sobre su contenido.

Los venezolanos ni siquiera cuentan con el recurso de poder informarse mediante televisiones extranjeras, ya que el régimen ha bloqueado la emisión de la mayoría de ellas.

Según un informe del Reuters Institute elaborado junto con la Universidad de Oxford, los medios que han sobrevivido se han visto obligados a autocensurarse y plegarse a las directrices del chavismo.

En veinte años han cerrado también 285 emisoras de radio, muchas ahogadas económicamente por el chavismo, otras cerradas a la fuerza por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

El proceso comenzó ya con Chávez quien, tras ganar las elecciones en 1998, se embarcó en un proceso de control de medios con leyes que limitaban la libertad de expresión e imponían multas y cierres a los medios que publicaran noticias contra el gobierno.

La política represiva contra los medios de comunicación experimentó un punto de inflexión en 2007 cuando Chávez cerró Radio Caracas Televisión a la que acusó de golpismo.

Pero la cumbre del acoso del chavismo a la prensa se alcanzó en 2018, cuando una sentencia judicial llena de arbitrariedades condenó al periódico El Nacional por daño moral a Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

Pero el golpe de gracia lo recibió El Nacional en enero de 2022, cuando el tribunal adjudicó la propiedad de la sede del periódico a Diosdado Cabello.

La obsesión de Cabello con El Nacional comenzó en 2015, cuando el periódico reprodujo un artículo del diario español ABC donde, a partir de fuentes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, se informaba de los vínculos de Cabello con el narcotráfico.

Cabello y el chavismo iniciaron entonces la estrategia habitual de desprestigio, acoso y derribo contra la cabecera, y contra otras que también se hicieron eco de la información.

El Centro Carter desplegará un equipo para observar las elecciones en Venezuela el próximo 28 de julio, después de que la exclusión de la misión de la Unión Europea (UE) generara preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral.

Infobae

Según informó la agencia Bloomberg, la organización con sede en Atlanta aceptó este miércoles una invitación que la autoridad electoral de Venezuela extendió en marzo, según Jennie Lincoln, su principal asesora para América Latina y el Caribe.

En estas elecciones, el dictador Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo después de que prohibiera a su mayor rival, María Corina Machado, participar en la contienda. El régimen chavista anunció en mayo que prohibiría la presencia de monitores de la UE luego que el grupo se negara a levantar todas las sanciones sobre funcionarios del gobierno.

Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva, respectivamente, dijeron que tampoco enviarían misiones para supervisar la votación.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se espera que la misión técnica del grupo llegue el 29 de junio para observar el proceso, que incluye la evaluación de las campañas de los candidatos y la organización de los centros de votación, entre otros aspectos, indicó Lincoln.

La oposición ha buscado observadores internacionales creíbles, ya que las elecciones anteriores en Venezuela se han visto empañadas por acusaciones de fraude e interferencia gubernamental.

Pese a las críticas y cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales, el ente comicial venezolano también dejó por fuera a la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, a quienes le retiró la invitación en represalia por no levantar las sanciones impuestas a la mayoría de los funcionarios del régimen por violaciones a los Derechos Humanos.

El Centro Carter supervisó por última vez las elecciones regionales en Venezuela en 2021, tras lo cual encontró evidencia de interferencia política en el consejo electoral y concluyó que la votación no cumplió con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas.

Esta organización sin fines de lucro fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, monitorea elecciones en todo el mundo, entre otros esfuerzos como combatir enfermedades.

Todos los países que han encontrado recientemente petróleo bajo tierra o bajo mar sin tener experiencia en esta industria tienen claro a quién quieren parecerse. Estos países firmarían ahora mismo poder seguir el camino de la pequeña Guyana, un país de 800.000 habitantes que ha pasado de producir cero barriles en 2019 a los 650.000 de la actualidad. Pero de todos los candidatos a ser la ‘nueva Guyana’ solo hay dos con potencial real: Surinam y Namibia. Si el objetivo es parecerse a Guyana, entre estos dos, parece claro que Surinam parte con ventaja en el corto plazo por el tipo de crudo que extrae, por su geografía e incluso por historia y cultura. Este país es un gran desconocido en el mundo del petróleo, pero todo hace indicar que muy pronto podría dejar de serlo. Con solo 620.000 habitantes y una superficie de 163.000 kilómetros cuadrados, este país lo tiene todo para convertirse en la ‘nueva Guyana’.

Por: Vicente Nieves – El Economista

Poco a poco, esta antigua colonia de los Países Bajos empieza a aparecer en los informes de los bancos de inversión y de los organismos internacionales por sus recursos en hidrocarburos sin explotar, pero sobre todo el denominado como Bloque 58, una zona muy rica en petróleo que ha disparado las expectativas económicas del país. La Agencia Internacional de la Energía ha mencionado hasta en ocho ocasiones a este país en su último informe de previsiones del crudo a medio plazo.

La AIE destaca el potencial de este pequeño país y examina el yacimiento que supuso hace ya algunos años el mayor descubrimiento de petróleo de Surinam, unos hallazgos que no se han terminado de materializar por problemas burocráticos y los vaivenes del precio del crudo, que de la noche a la mañana hacen que proyectos que parecían rentables dejen de serlo. Hoy, Surinam solo produce 10.000 barriles de crudo por día, pero las inversiones que se están realizando en este yacimiento podrían catapultar su producción 20 veces.

El mismo petróleo que Guyana

«El bloque más prometedor para los primeros barriles marinos de Surinam se encuentra directamente al este de Guyana. El bloque 58 es una parcela de propiedad conjunta de TotalEnergies y APA Corporation, y se prevé que el FID (final investment decision o decisión final de inversión) esté lista para finales de 2024″, señalan desde la AIE. Una vez que este aprobado el FID será cuestión de tiempo que el petróleo comienza a brotar a raudales del fondo marino de Suriname a través del uso de una plataforma flotante gigante (mitad plataforma, mitad buque, denominadas por sus siglas FPSO o Floating, Production, Storage and Offloading) como las que usa Guyana para extraer su crudo. «Se espera que el petróleo pueda extraer alrededor de cinco años después del FID, con una FPSO diseñada para producir entre 180 y 200.000 barriles diarios», aseguran desde la AIE.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Economista

“Ser o no ser, esa es la cuestión”

William Shakespeare, Hamlet

Los días que transcurrirán hasta el fijado para la elección constituyen un breve tiempo en el que difícilmente el régimen pueda darle un vuelco por la vía electoral al arrollador triunfo de Edmundo y las fuerzas democráticas, liderados por María Corina. Solo por vía de excepción pudieran surgir pretensiones que no tendrían cabida alguna en el marco democrático y constitucional.

Una de ellas, asomada en la denuncia de César Pérez Vivas, conforme a la cual el régimen despacharía el asunto de un plumazo, eliminando la tarjeta de la MUD con una sentencia a todas luces contraria a derecho. Conjeturamos que en el supuesto de dejar válida la candidatura a través de una sola tarjeta, esto causaría un cambio que haría confuso el método de selección en la mayoría del electorado opositor; incidencia esta que traería consigo un natural escepticismo en esa mayoría que ha estado gravitando en el ambiente desde las primarias, pasando por el zigzagueo de la inscripción candidatural. A estas alturas ya no hay nada que desaliente la firme determinación que los venezolanos tenemos para salir de esta tragedia. Ni las sentencias amañadas, ni la persecución, ni la represión, ni el amedrentamiento, podrán cambiarla o afectarla.

La otra pretensión, menos refinada, sería perpetrar un fraude electoral atribuyéndose el triunfo. Es tan colosal la ventaja opositora que tendría que ser más colosal y por tanto más evidente el fraude oficialista. Su rechazo generalizado tendría peligrosas repercusiones para un desgastado y desprestigiado régimen, tanto dentro como fuera del país. Y finalmente, la pretensión de darle una patada a la mesa, para así evitar las elecciones o reconocer sus resultados adversos, apelando para este propósito a un supuesto apoyo que pudieran darle los altos mandos militares. Es la menos probable por inviable y, por tanto, un negado supuesto. Todas atropelladas, burdas, carentes de legitimidad y sustentabilidad.

Obvio que de perpetrarse alguna de ellas, le acarrearía a quienes la ejecuten consecuencias y responsabilidades en lo político y personal. Hemos referido con anterioridad que lo que más le conviene a quienes gobiernan es que todo fluya como lo prevén los principios democráticos y la Constitución, recogido en el Acuerdo de Barbados. Unos resultados adversos deben llevarlos a considerar el porqué de los mismos. De hacerlo, pudieran mantenerse en el espectro político, aun con el menguado caudal electoral que en estas elecciones puedan lograr. Mantendrán entretanto, diputados, gobernaciones, legislaturas regionales, alcaldías y concejales en funciones hasta finales del 2025. Nada despreciable si se le da una lectura apropiada a la voluntad de los venezolanos expresadas el próximo 28J y reformulan su forma de hacer política y asumen el cauce democrático. Hacer lo contrario y repetir lo de 2018 los llevaría a su extinción como referentes políticos.

Igual, en lo personal, los deslegitimaría y seguirían al margen de la Constitución, las leyes y tratados internacionales; expuestos -más de lo que ya están- como sujetos responsables y enjuiciables ante los órganos de justicia internacional.

De manera que aquellos oficialistas que no tienen nada que temer, que los debe haber dadas las diferencias internas que han aflorado, pueden aprovechar la coyuntura para limpiar la casa, reconocer el fracaso de la peor gestión de gobierno de la que se tenga conocimiento en Venezuela y renunciar a las ideas totalitarias y hegemónicas para procurar recomponerse.
Difícil catarsis, pero no imposible.

X: @vabolivar

El PSOE ha avalado este miércoles una proposición no de ley presentada por el PP por la que se pide al Gobierno que solicite formalmente al régimen de Nicolás Maduro que acepte el despliegue de observadores de la UE en las elecciones presidenciales del 28 de julio, después de que este haya revocado su autorización.

Europa Press

La Comisión Mixta para la UE, que reúne tanto a diputados como senadores, ha aprobado por unanimidad de todos los presentes el texto presentado por el PP, después de que los ‘populares’ hubieran descartado pactar una enmienda transaccional con los socialistas para modificar la propuesta.

En concreto, la iniciativa aprobada insta al Gobierno a «expresar su rechazo a la retirada de la invitación a la Unión Europea» por parte del régimen de Maduro para ejercer de observadora en las presidenciales y a que le solicite formalmente que «reconsidere su decisión y permita la participación de la UE y otras organizaciones internacionales como observadores en el proceso electoral, garantizando así su transparencia, imparcialidad y credibilidad».

Asimismo, se pide al Gobierno que reafirme «el compromiso de España y de la Unión Europea con los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, ofreciendo apoyo técnico y logístico para la organización y supervisión de unas elecciones libres, justas y competitivas».

Igualmente, el texto aprobado llama al Ejecutivo a «promover el diálogo entre los diferentes actores políticos de Venezuela, facilitando un clima de entendimiento y consenso que permita un proceso electoral inclusivo y pacífico, respetando la voluntad libre del pueblo venezolano expresada en las urnas».

CRÍTICAS CRUZADAS EN EL DEBATE

Durante el debate, la portavoz del PP, Belén Hoyo, había reclamado a los socialistas que no se pusieran «de perfil». «No se puede ser cómplice de un régimen que, a las puertas de unas elecciones, sigue secuestrando, extorsionando y amenazando» ni se deben seguir, como a su juicio está haciendo el Gobierno, «las prácticas de ese mismo régimen respecto al intento de manipular la justicia y al ataque de periodistas e insultos».

Hoyo ha invitado a todos los miembros de la comisión a secundar su propuesta para «lanzarle un mensaje claro al régimen de Maduro de que España está al lado de la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos».

Por su parte, el portavoz socialista, José Javier Izquierdo Roncero, ha afeado al PP que Venezuela es uno de sus temas «clásicos», incidiendo en que han presentado 44 iniciativas en el Congreso y 38 en el Senado en el último año. Con todo, les ha tendido la mano a pactar el texto final en base a sus enmiendas para «mejorar técnicamente el contenido», algo que no ha ocurrido.

Asimismo, ha aprovechado para dejar clara la postura del Gobierno respecto a esta cuestión: «España aboga por unas elecciones libres, competidas, transparentes, en las que pueda participar todo aquel que quiera participar», incluida la líder opositora María Corina Machado.

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) celebra el desarrollo de un nuevo encuentro electoral en el país. Este es un momento crucial, tanto para recuperar una importante expresión de la participación política de nuestra sociedad, como para hallar alternativas para enfrentar la peor crisis de la historia contemporánea venezolana.

OEP

Hemos estado a la expectativa de un amplio debate político nacional, y nos encontramos también ocupados y preocupados por los profundos impactos y consecuencias de la dimensión ambiental de nuestra propia crisis, enmarcada en un contexto planetario sumamente complejo.

En este sentido, queremos expresar nuestra preocupación ante una notable carencia de debates amplios, informados e incluyentes, donde se aborden los principales aspectos y problemáticas que aquejan hoy a los venezolanos. Esto preocupa especialmente en este contexto de elecciones, que debería motivar una más extendida discusión nacional. Los vacíos en el discurso de los actores políticos son públicos, reseñados y notorios, tanto en lo referido a los proyectos-país, como, en particular, a las políticas sectoriales y los detalles del abordaje de las variadas problemáticas nacionales; en general, sobre cómo se dará respuesta a la crisis actual.

Consideramos grave la ausencia del tema ambiental en las propuestas de los candidatos y candidatas. Esta crucial dimensión no puede ser relegada a un segundo plano; más bien, debería ser uno de los pilares fundamentales del debate político. Las crisis económica, política y ambiental están intrínsecamente conectadas, y no podemos abordar una sin considerar las otras.

Por mencionar algunos ejemplos, entre el 70-80% de los venezolanos tienen problemas de acceso al agua, y no solo por los precarios sistemas de aducción y distribución, sino por su combinación con la devastación y contaminación de las cuencas hidrográficas y los acuíferos del país, que incluyen la deforestación, incendios, efluentes agroindustriales (ej. derrames de petróleo, mercurio en los ríos, aguas servidas urbanas), entre otros. 

También, la encuesta Encovi 2023 ha indicado que el 89% de los hogares venezolanos padece de una reiterada y violenta inseguridad alimentaria, calamidad que no solo tiene que ver con los bajísimos salarios, sino también con limitaciones directas al acceso al alimento de cientos de miles familias, como ocurre por ejemplo con la disminución de las cosechas pesqueras debido a la contaminación generada por los frecuentes derrames petroleros en lugares como el Golfete de Coro y el Lago de Maracaibo. O también con la mala planificación gubernamental para manejar los recursos hidrobiológicos y los impactos a la pesca.

Adicionalmente, está ausente en los discursos electorales, el análisis actualizado sobre el cambio climático que está afectando y afectará la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola. Pero también incidirá negativamente en la seguridad de los asentamientos poblacionales, en un país en el cual, según la mencionada Encuesta Encovi, 70% de la población está en un nivel de vulnerabilidad de medio a muy alto ante amenazas físico-naturales en sus hogares. 

Tendríamos que vernos en el espejo de las recientes inundaciones en Río Grande do Sul (Brasil), con cuya población nos solidarizamos, y actuar en consecuencia. El cambio climático está alterando y seguirá alterando las condiciones de vida a lo largo y ancho del mundo.

Numerosas preguntas necesitan formularse y ser ventiladas, junto a otras sobre asuntos como el salario, el problema de la deuda externa, la situación de los sectores de la salud y la educación, entre otros: ¿Cómo se abordarán los impactos que está causando la minería en la Amazonía venezolana? ¿Cuál es la posición con respecto al megaproyecto extractivo del Arco Minero del Orinoco? ¿Cuál será el rol de la industria petrolera venezolana en el contexto del cambio climático y la transición energética? ¿Cómo se garantizará un acceso equitativo y sostenible al agua para todos los venezolanos? ¿Qué medidas se tomarán para proteger y restaurar nuestros bosques y ecosistemas acuáticos? ¿Qué medidas específicas se tomarían en relación con las tendencias globales de transición energética?

Ante la proximidad del evento electoral, planteamos que es totalmente necesario y urgente debatir y avanzar propuestas en simultáneo sobre estos y otros temas. Sobre todo porque los problemas más acuciantes no se resolverán solo con la realización de las venideras elecciones. Las transformaciones necesarias no se expresan únicamente en cambios de gobierno, sino también en el permanente abordaje de los problemas mencionados, algo que trasciende lo meramente electoral. 

Requerimos conocer y discutir cuáles serán las rutas para enfrentar la crisis, en sus diversos componentes. Debatir en profundidad nutre además la decisión de cada ciudadano, ayuda a informarlos y estimula la actividad política y la participación en la sociedad.

Emplazamos a los distintos actores políticos y sociales a abrir esta discusión y presentar propuestas. Hacemos un especial llamado para reconocer y resaltar la dimensión socioambiental de la crisis, y la importancia de la transversalidad ecológica en el proyecto-país. Todos los actores  deben asumir su responsabilidad ante la crisis ambiental y climática

Hacen falta propuestas concretas y acciones que no sean meros gestos de “greenwashing” y falsas soluciones a la crisis ambiental, que busquen asumir también los problemas estructurales de nuestro modelo de sociedad.

Invitamos a todos los actores sociales, económicos, políticos, instituciones, y organizaciones de base, a seguir impulsando espacios de diálogo y discusión informada sobre el país que tenemos y el que queremos. Existen actualmente propuestas de políticas ambientales y alternativas pensadas y presentadas desde varios sectores de la sociedad organizada, que también deben ser tomadas en cuenta e incorporadas.

Esta nueva coyuntura electoral es una oportunidad crucial para abordar los desafíos socioambientales que enfrentamos, con la profundidad y seriedad que ellos ameritan. El OEP ofrece y continuará ofreciendo todas sus capacidades y voluntades para contribuir en el trazado de ese camino de transformaciones.

Hagamos del tema ambiental una prioridad más. Nuestro futuro como sociedad y como parte de la humanidad depende de ello. 

En un audiovisual difundido por el ex ministro chavista Andrés Izarra, se informó que el diputado por Copei, Jaime González, ha presentado un amparo constitucional ante la Sala Constitucional (TSJ) de Venezuela para suspender las elecciones en el país hasta que EEUU suspenda las sanciones impuestas a Venezuela.

La Patilla / Polianalítica

En este escrito solicito medidas cautelares de suspensión temporal para todos los procesos electorales pendientes, incluyendo los procesos regionales y municipales, sentenció.

La presentación de este amparo constitucional por parte de González genera controversia y debate en el contexto político venezolano, donde las elecciones están programadas para este año.

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