Ocurrió con el tercer jefe de la DGCIM, el General de Brigada del Ejército, Ildderf Ibarra Tallupe, quien hasta el 18 de marzo 2023 fue el Director de Operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Moisés, como era su alias en la institución, fue antes jefe de la Comandancia Regional de Contrainteligencia Militar N° 1 de la zona Occidental, hasta el 29 de agosto 2022. Hace casi un año, siendo el tercer jefe de la DGCIM a nivel nacional, le quitaron el cargo, lo metieron en la cárcel de la Dgcim en Fuerte Tiuna y lo acusan de Terrorismo.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Todo se inició desde que denunció a un alto poder de la Dgcim a nivel nacional por encubrir actividades del narcotráfico en el Zulia. La causa penal está en la Fiscalía con el Nr. MP-75958-2023, y el expediente es el Nr. 4CT-S-052-2023, del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo. Lo imputaron por financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, valimiento de influencia entre otros.

“Nadie quiere hablar porque tienen miedo”, le dice a Infobae un amigo de Ibarra, quien pide mantener la reserva de su nombre. “Todo esto fue porque Ildderf pasó un reporte, al general Iván Hernández Dala, sobre actividades irregulares y nexos ilícitos del Teniente Coronel Alexander Granko Arteaga, en la zona del Sur del Lago, Guajira y la Costa Oriental del Zulia”.

Ante la pregunta de qué tipo de actividades y con quién, responde que con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) “y esos grupos que denominan Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes), dónde Ibarra encontró argumentos y cientos de evidencias contra Granko. Cuando el general presentó las evidencias, el director general de la DGCIM, MG (Ej) Iván Hernández Dala cuestionó a Granko, quien incluso permaneció detenido en las oficinas de Boleíta, sometido a una investigación, pero eso lo dejaron así, Granko volvió a su cargo y meses después meten preso a Ibarra”.

“El general Ibarra está enfermo por un problema de una válvula que tiene en el corazón. Las visitas que recibe es solo a través de un vidrio, no le permiten contacto físico con su familia, hablan a través del teléfono”.

“Lo peor que está pasando en la Fuerza Armada (FANB) es que Granko, que es un oficial de menor rango, tiene tanto poder que se impone ante un jefe de región con el grado de General. Eso ha causado mucha molestia entre los oficiales, porque incluso un Mayor General ha sido reducido a actuar como subalterno de un teniente coronel de la Guardia Nacional como es Granko”.

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En un provocativo mensaje en TV, Vladimir Putin habló de la muerte de su máximo rival, el opositor Alexei Navalny, advirtió a Occidente que Rusia no se dejará “intimidar ni aplastar” y agradeció el apoyo en las urnas, en las que según el Kremlin, se impuso con el 88% de los votos.

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Al pronunciar su nombre en público por primera vez en años, Putin dijo: “En lo que respecta al señor Navalny, sí, falleció. Es un acontecimiento triste”. Y agregó: “Días antes de la muerte del señor Navalny, algunos colegas me dijeron… Hay una idea de intercambiar a Navalny por algunas personas presas en países occidentales… Y dije que estaba de acuerdo. Pero lamentablemente pasó lo que pasó”.

Navalny murió repentinamente en una prisión del Ártico el mes pasado. Su cuerpo fue retenido durante días hasta que finalmente se le entregó a sus familiares y la causa de la muerte permanece dudosa. Su esposa, Yulia Navalnaya, y sus partidarios aseguran que fue asesinado.

Además de la breve referencia a Navalny, Putin dedicó gran parte de su intervención a resaltar su victoria electoral de este domingo, aun cuando los comicios presidenciales se celebraron en el contexto de la más dura represión de la oposición política y la libertad de expresión en Rusia desde la época soviética. Sólo tres candidatos simbólicos -y ninguno que se oponga a su guerra en Ucrania-pudieron presentarse contra Vladimir Putin.

“Primero de todo, quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron”, dijo Putin. “La victoria está relacionada con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos”, afirmó.

“Rusia no se dejará intimidar ni aplastar. Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca”, aseguró el jefe del Kremlin en el discurso televisado.

Putin, de 71 años, ya ejerció dos mandatos de cuatro años y dos de seis, con un período intermedio como primer ministro en el cual siguió siendo el hombre fuerte del país.

Surgido del KGB soviético, implantó desde su llegada al Kremlin el 31 de diciembre de 1999 una estructura vertical de poder que a lo largo de los años se caracterizó por un constante endurecimiento y por la tentativa de restaurar una influencia geopolítica perdida con el colapso de la URSS en 1991.

El endurecimiento lo llevó a imponerse a los oligarcas del sistema, a desatar la segunda guerra de Chechenia y a asfixiar las libertades públicas, la prensa y la oposición. La búsqueda de poder geopolítico tuvo sus hitos en la guerra en Georgia (2008), la anexión de la Crimea ucraniana (2014), la intervención militar en Siria (2015) y la invasión de Ucrania (2022).

De completar un nuevo período, habría permanecido en el poder más que cualquier otro líder ruso desde Catalina la Grande, en el siglo XVIII.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reelegido para su quinto mandato, hasta 2030, obtuvo el 87,32% de los votos, escrutado el 99,36% de los votos emitidos, según los datos ofrecidos este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC).

EFE

En segundo lugar se situaba el candidato comunista Nikolái Jaritónov (4,32%) seguido del representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov (3,79%), y la cuarta y última posición era para el ultranacionalista Leonid Slutski (3,19%).

Tras la publicación de los resultados preliminares que le daban su mayor victoria electoral desde que llegara al poder en 2000, Putin agradeció a los rusos el apoyo en las urnas.

Maduro felicitó a Putin por su reelección presidencial y ratificó la alianza bilateral
«Primero que todo quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron», dijo el jefe del Kremlin.

Putin destacó que la alta participación ciudadana, la mayor desde 1991, está estrechamente vinculada con la guerra en Ucrania.

«Esto está relacionado con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos», afirmó.

La oposición al Kremlin no pudo concurrir en los comicios, ya que CEC no registró a sus candidatos, que apoyaban la paz en Ucrania, por diferentes motivos técnicos o defectos de forma.

Miles de rusos críticos con el Kremlin acudieron a las 12 del mediodía del domingo a votar en masa en Rusia y en el extranjero en una muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la política de Putin y la guerra en Ucrania.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 34 partidos políticos para postular candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones están controladas, de manera directa o indirecta, por el régimen de Nicolás Maduro.

La Patilla

Entre los partidos habilitados destacan 11 agrupaciones que en los últimos años han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la designación de nuevas autoridades afines o leales al régimen. Algunas de ellas eran históricamente opositoras al chavismo y otras formaban parte de las fuerzas que acompañaban al expresidente Hugo Chávez, pero luego se distanciaron de Maduro.

El inicio de las intervenciones se remonta al año 2012, cuando la Sala Constitucional del TSJ designó a Didalco Bolívar, un exgobernador que había sido imputado por corrupción, como presidente de una junta directiva ad hoc del partido Podemos, organización de izquierda que desde 2007 había roto con el chavismo.

Tres años después, en 2015, previo a las elecciones legislativas de ese año, el TSJ intervino otros cuatro partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), el Movimiento de Integridad Nacional – Unidad (MIN Unidad), Bandera Roja (BR) y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

Intervención sistemática

A partir del año 2020 estas intervenciones judiciales se volvieron sistemáticas, como parte de una estrategia para cooptar a las organizaciones políticas previo a la renovación del parlamento, que desde 2015 era dominado por una amplia mayoría opositora.

Es así como antes de las elecciones parlamentarias de 2020 el TSJ intervino a otros seis partidos, no solo opositores sino también agrupaciones chavistas que se habían distanciado de Maduro y pretendían postular una alianza diferente a la del oficialismo.

El histórico partido Acción Democrática (AD) fue el primero en ser intervenido ese año, el 15 de junio de 2020. La Sala Constitucional impuso a Bernabé Gutiérrez como presidente de una mesa directiva ad hoc, quitándole la representación legal de la organización a su secretario general, Henry Ramos Allup.

Ha transcurrido un año desde el inicio de procedimientos por una de las mayores tramas de corrupción en empresas estatales venezolanas, pero aun no se han aclarado, al menos públicamente, varias interrogantes, entre ellas el monto desfalcado.

La Voz de América

Hace un año las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por acusaciones de estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado.

Hasta la fecha se desconocen públicamente nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones.

La fiscalía giró órdenes de arresto contra altos funcionarios de las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven), el Poder Judicial, un diputado y empresarios.

Muchas de las detenciones fueron informadas de manera extraoficial por los medios de comunicación y, horas, e incluso días después, fueron confirmadas por las autoridades. Las audiencias de presentación de muchos detenidos ocurrieron de madrugada, y las imágenes fueron divulgadas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Dos personas implicadas en las tramas de corrupción, una de ellas con enfermedad terminal, murieron bajo custodia del Estado el año pasado. La fiscalía ordenó investigar uno de los casos.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que las operaciones ilegales paralelas a PDVSA implicaban la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a “particulares sin ningún tipo de control administrativo”, inclumpliendo con las normativas de contratación y con los pagos correspondientes.

Sin información sobre Tareck El Aissami

Tareck El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo del año pasado, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos y posteriormente acusados por delitos de apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en Twitter el 20 de marzo.

El diputado chavista Jesús Faría aseguró, también en 2023, que el ex ministro de Petróleo, estaba siendo investigado en el marco de la trama de corrupción en PDVSA.

“Está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación que, no solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos”, respondió Farías en la emisora de radio local Unión Radio, al ser consultado sobre si la Asamblea Nacional interpelaría al ex funcionario.

Consultado sobre El Aissami, el fiscal general aseguró que no adelantaría información “sobre ningún nombre en particular”.

“En relación a futuras, próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión”, dijo Saab en ese entonces.

El ex ministro de Petróleo de 49 años, a quien la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU señaló en 2017 como un “narcotraficante especialmente designado”, no ha vuelto a aparecer públicamente desde que el 6 de marzo de 2023 anunció haber mantenido una reunión de trabajo con Igor Sechin, director ejecutivo de la estatal rusa, Rosneft.

Transparencia Venezuela ha cuestionado la escasa información pública sobre la trama, así como la opacidad agudizada en las últimas dos décadas en el país.

Además, ha alertado que “los graves casos de malversación de fondos podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento” y los ministerios publicaran informes de gestión.

Venezuela entró, por décimo año consecutivo, en la lista de los países más corruptos del mundo en el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público 2023 de Transparencia Internacional.

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Vía Rumbo Propio

La conexión entre desempleo y desigualdad es orgánica. También lo es la conexión entre los esfuerzos de estabilización y el desempleo y la desigualdad. La política de Garantía de Empleo tiene como objetivo garantizar que el derecho internacionalmente reconocido a un empleo remunerado sea legalmente ejecutable y que cualquiera que busque un trabajo con un salario digno pueda encontrarlo cuando sea necesario. Pero es mucho más que una política de creación de empleo. 

Para Rumbo Propio como organización política y social, se trata de una reforma estructural que reorienta fundamentalmente la política de estabilización macroeconómica lejos de una economía de goteo y hacia una estabilización desde abajo basada en un nuevo contrato social. 

El componente de este nuevo contrato social tiene en primer lugar al sector público mediante acciones políticas concretas, para garantizar eficiencia en los resultados del mercado laboral. Se enfrenta a dos opciones políticas: seguir apoyando el status quo de escasez de empleo o cambiar a un régimen político que cree activamente suficientes oportunidades de empleo para todos los solicitantes de empleo. La Clave: Capitalismo Liberal.

La Garantía de Empleo puede centrar la política fiscal en torno al empleo anticíclico y la estabilización macroeconómica sin sacrificar la estabilidad de precios. Esto tendría el beneficio adicional de estabilizar los ingresos laborales en la parte inferior y mejorar la distribución del ingreso.  

El Cambio del paradigma político. Los empleadores privados crean la gran mayoría de las oportunidades de empleo en una economía de mercado. El Estado tiene un papel crucial que desempeñar para estimular la competencia. Esto se puede lograr creando oportunidades de empleo adicionales de interés público que se concentren en abordar necesidades sociales agudas.

Diseñar una infraestructura institucional para garantizar el derecho al empleo para todos es posible. Con este fin, la Garantía de Empleo tiene como objetivo combinar las necesidades insatisfechas con los recursos disponibles y mejorar el bienestar general a través de la acción colectiva. Pública y Privada.

Como dijo una vez Harry Hopkins, el asesor más cercano del presidente norteamaricano Franklin Delano Roosevelt y defensor incansable del derecho al empleo: «La gente no come a largo plazo, come todos los días». El aspecto de la autoconciencia también significa que los ingresos dignos y los salarios que sustentan a la familia son esenciales para la supervivencia, tanto desde una perspectiva material como psicológica. 

El derecho al empleo ha sido una demanda recurrente al menos desde la Constitución francesa de 1793, y si bien los primeros economistas políticos clásicos no enmarcaron el problema económico del trabajo en el lenguaje de los «derechos», economistas como Adam Smith basaron su análisis en que el trabajo era el insumo esencial de la producción. También argumentaron que el nivel de remuneración es distinto de otros insumos y debería ser suficiente para permitir que el trabajo se reproduzca.

El miedo a la privatización no es sólo el miedo a un salario inadecuado, sino también el miedo a perder el empleo por completo. La propuesta moderna de Garantía de Empleo responde a este llamado.   El sector público normalmente los suministra como bienes públicos y, en muchos casos, los garantiza. Solo hay que imaginar la eficiencia gerencial de los privados en la optimación de los resultados.

La Garantía de Empleo también se convierte en un trampolín para que las personas realicen una transición más efectiva hacia otras oportunidades de empleo mejor remuneradas que si todavía estuvieran atrapadas en el desempleo. Esto es especialmente importante para los jóvenes que enfrentan algunas de las tasas de desempleo más altas de nuestro mercado laboral.

La Garantía de Empleo es también un programa preventivo que contrarresta los costos sociales y económicos del desempleo. 

La preparación y la prevención serían principios rectores clave para dicha política. Si la Garantía de Empleo pasa a formar parte de la arquitectura política permanente, las personas que necesitan un trabajo remunerado podrían aprovecharlo según sea necesario y no sufrir un desempleo prolongado y las consecuencias correspondientes.

Lejos de ser «simplemente otro programa de empleo», la Garantía de Empleo es una reforma estructural, un mejor estabilizador macroeconómico y también una norma laboral para otros empleos. Puede ser la piedra angular de un paradigma político fundado en los principios de democracia económica y solidaridad global. También puede garantizar que el anhelo a un empleo decente y remunerado para todos no sea sólo una declaración de aspiraciones, sino un derecho viable, accesible y legalmente exigible. 

Estado e iniciativa privada juntos de la mano en procura de la recontracción de la República con acciones concretas. Para el pueblo llano significa lo que coloquialmente nuestra abanderada presidencial María Corina Machado ha llamado: “platica en el bolsillo”

En Rumbo Propio  creemos que el Libre Mercado y el Capitalismo Liberal emergerán desde las zonas populares, de pequeños emprendedores  que no reciben privilegios de la clase política. Convencidos de que es la real opción que Venezuela necesita y que ya los ciudadanos, ese pueblo todo,  esta aupando y acompañando en las calles en cualquier pueblo o ciudad que se visita. 

No nos cansaremos de pregonarlo: El capitalismo Liberal es única y verdadera esperanza de los pobres.

CONSEJO FUNDACIONAL 

Editorial

18 de marzo 2024