El gobierno de Nicolás Maduro amenazó este martes con revisar «cualquier mecanismo de cooperación» existente con Estados Unidos si la administración norteamericana intensifica las sanciones económicas impuestas a la nación petrolera.

EFE

«Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida», dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en su cuenta en X.

Venezuela tildó de «grosero e indebido chantaje» el anuncio de la Casa Blanca que, más temprano, informó de la restauración de sanciones al sector del oro venezolano y amenazó con hacer lo mismo con el petrolero, como represalia por la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

Rodríguez aseguró que este «deliberado intento por golpear a la industria del petróleo y el gas venezolano» no detendrá a Venezuela en «su empeño por recuperar la economía con esfuerzo propio»

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está lento. Pese a que constitucionalmente este año 2024 corresponde la celebración de los comicios presidenciales, aún no ha fijado la fecha del evento, tampoco ha habilitado operativos para la inscripción y la actualización de datos en el Registro Electoral y mucho menos ha dado luces de los concursos para la escogencia de los miembros de mesa.

Por Roison Figuera – Tal Cual

Al ente rector se le adelantó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien dijo que antes del 18 de abril los venezolanos ya tendrán un cronograma electoral. El Parlamento dominado por el chavismo aprobó iniciar una jornada de consulta con sectores productivos y sociales para dirimir la agenda de cara a las presidenciales. El mandatario Nicolás Maduro hizo seguidilla a Rodríguez y expresó su apoyo al diálogo para poder tener unas «elecciones ya».

Desde principios de este año, las presiones exigiendo una fecha y un cronograma no han cesado. Dirigentes políticos de oposición, organizaciones electorales, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil exhortan al CNE a dar a conocer la fecha de las presidenciales, presentar un cronograma y abrir el Registro Electoral. El Poder Electoral, presidido por Elvis Amoroso, se ha mantenido en mutis.

Su demora en pronunciarse sobre las elecciones presidenciales contrasta con la rapidez mostrada en la convocatoria y organización del referendo consultivo por el Esequibo realizado el pasado 3 de diciembre a petición del Parlamento.

La elección presidencial será el segundo gran evento del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, integrado por Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aime Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos Delpino. El referendo sobre el Esequibo fue la primera «fiesta electoral» de la cual fueron anfitriones, pero esta terminó con serios cuestionamientos a los resultados.

Primero que la fecha de elecciones, se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -el pasado 26 de enero- sobre las inhabilitaciones, en el marco del Acuerdo de Barbados. El máximo tribunal habilitó a algunos políticos, pero confirmó la medida contra María Corina Machado, quien el pasado 22 de octubre ganó las primarias y se convirtió en la candidata de oposición. También mantuvo la medida contra Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia (PJ).

Ante el retraso del CNE, organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) expresan su preocupación sobre el Registro Electoral porque más de diez millones de personas podrían quedarse sin votar: muchos están fuera del país, otros se han mudado y otra gran cantidad apenas acaba o está a punto de cumplir su mayoría de edad.

CNE no actualiza el RE y tampoco convoca a concursos
La nuevas autoridades del CNE -con 5 meses en el cargo- heredaron varias deudas, que datan, incluso, desde hace 12 años. Para el exrector Andrés Caleca las dilaciones son parte de la estrategia del gobernante Nicolás Maduro de dividir y procurar la abstención del voto opositor.

Uno de los puntos pendientes es la auditoría y depuración del Registro Electoral, un procedimiento que no está sujeto a la convocatoria de elecciones. Caleca precisa que la auditoría y depuración debe contar con la presencia de todas las organizaciones con fines políticos del país.

«El CNE es un poder al servicio de estas organizaciones y tiene que garantizar que todo el mundo esté contento y satisfecho con las medidas que se toman», comenta.

Hasta el momento «nadie sabe si el registro está verdaderamente depurado, por ejemplo, de los ciudadanos fallecidos, o que se mudaron de residencia». Caleca sostiene que el CNE tiene un rezago grande. Explica que en el último corte dado a conocer por el ente se evidenció que el padrón electoral está compuesto por 21 millones de personas.

Sobre lo anterior, apuntó que es sabido que de ese total de ciudadanos, 7,5 millones están en el exterior y no han podido actualizar sus datos porque el CNE tampoco se ha dado la tarea de abrir el RE en los consulados con la «excusa» de que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos «¿Pero y en los demás países qué pasó?», se pregunta.

Precisa que en Venezuela hay, al menos, tres millones de nuevos votantes imposibilitados para votar también.

Con Caleca, coincide Griselda Colina, directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Agrega que aunque en los primeros tres meses del año el Consejo Nacional Electoral debería hacer el sorteo de los miembros de mesa, tampoco ha habido decisión alguna.

«El proceso también pasa porque, cuando se tenga esa información, se notifique a las personas que fueron escogidas. La gente que es seleccionada es parte del registro electoral y eso permite que los ciudadanos se involucren con todos los pasos de este proceso», expone.

Para Colina es necesario que el CNE se ponga manos a la obra porque el tema no se queda en el mero anuncio de la fecha de la elección presidencial, sino que también debe formar a todo el capital humano que impulsará el evento en los centros de votación.

«Este es un proceso en el que los ciudadanos tienen un rol fundamental, pero eso ha sido coartado por los partidos políticos sobre todo del oficialismo», dice.

Sobre este punto, Caleca afirma que desde hace 12 años no se han hecho estos concursos. Explica que debido a los fallecimientos o la diáspora, lo que ha ocurrido en las últimas elecciones -ante la ausencia de los miembros designados por el CNE- es que se conforman unas coordinaciones con los primeros de la cola, que muchas veces forman parte de la estructura del partido de gobierno.

La opinión de Colina y Caleca también coincide en el hecho de que el Registro Electoral y la celebración del concurso para los miembros de mesa no depende de un cronograma y que el CNE «si quisiera» ya habría podido hacer la habilitación de estos procesos.

Para Ignacio Ávalos, directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), es cuestionable que aún Venezuela desconozca cuándo debe acudir a las urnas electorales para escoger a su presidente. Señala que en el planeta hay 70 elecciones en este 2024 y en todos ya se conoce el día de la elección.

Cuestiona el rezago en la divulgación de la fecha y el cronograma electoral debido a toda la organización técnica, humana y logística que se requiere para organizar un evento comicial. «Los candidatos, además, necesitan anticipación para saber cómo prepararse y alinear sus fuerzas, preparar el programa de gobierno que presentarán a la ciudadanía, etc».

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¿Un déjà vu? Eso parece… Complots de asesinato, órdenes de detención contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ataques a adversarios — desde menosprecios hasta judiciales — y otras acciones gubernamentales han marcado el inicio de 2024 para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados. Añádase la condena internacional y las sanciones económicas, y la realidad de un año con elecciones presidenciales se vuelve evidente.

AP

Y, una vez más, la pregunta es: ¿Cómo de democráticos serán los comicios?

A los venezolanos se les prometió que habrá elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, luego de que Maduro y una facción de la oposición respaldada por el gobierno de Estados Unidos alcanzaran un acuerdo en octubre. Además, pactaron reconocer y respetar el derecho de los partidos a elegir libremente a su candidato, tomar medidas que revirtieran la decisión de Caracas que impedían a políticos presentarse a cargos públicos, e invitar a observadores electorales internacionales.

En los últimos tres meses, el gobierno ha mostrado su disposición a poner a prueba los límites del acuerdo, desacreditando las primarias presidenciales de la oposición, arrestando a numerosos adversarios reales o presuntos y caracterizando repetidamente a los miembros de la oposición como delincuentes que incitan al odio.

Pero la prueba de fuego se produjo el viernes, cuando el Tribunal Supremo venezolano — alineado con el gobierno de Maduro — bloqueó la candidatura presidencial de María Corina Machado al ratificar una decisión administrativa que le prohíbe optar a un cargo público durante 15 años.

“Hasta el momento no creo que tengamos evidencia de que Maduro planee permitir una elección competitiva”, dijo Geoff Ramsey, analista sobre Venezuela en el centro de estudios Atlantic Council. “Lo que estamos viendo es que el gobierno está dejando claro que no tiene previsto marcharse en el corto plazo”.

Pero el veto aún no ha acallado a Machado. La ex legisladora dijo el lunes a sus partidarios y a reporteros que Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024 en las que “derrotaré a Nicolás Maduro”. La fecha de los comicios no se ha fijado aún.

Pero Jorge Rodríguez, jefe negociador de Maduro y líder de la Asamblea Nacional, rechazó sus palabras de inmediato y afirmó que esa cuestión estaba ya resuelta.

Así es como zanjó también el gobierno disputas similares en vísperas de las últimas presidenciales, que resultaron en la reelección de Maduro.

En aquel momento, Maduro y la oposición habían acordado trabajar en las condiciones electorales. Pero las conversaciones terminaron en febrero de 2018 luego de que el ejecutivo no se mostró dispuesto a comprometerse con unos comicios libres y justos, y sus rivales se negaron a reconocer al congreso paralelo ideado por el partido gobernante tras perder la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015.

Poco después, el gobierno programó los comicios para el 20 de mayo y los principales partidos de la oposición decidieron boicotear la convocatoria, mientras a los líderes más destacados se les impedía optar a cargos públicos o se veían forzados a exiliarse tras la apertura de procesos judiciales en su contra por un letal movimiento de protesta que buscaba la marcha de Maduro.

La comunidad internacional consideró mayoritariamente que aquellos comicios fueron una farsa. Esto aisló aún más a Maduro y provocó sanciones económicas contra su gobierno.

Menos de tres meses después de su reelección, Maduro vinculó a los líderes de la oposición con lo que el gobierno describió como un intento de asesinato contra el presidente en el que drones armados con explosivos detonaron mientras pronunciaba un discurso ante cientos de soldados, que estaba siendo emitido en vivo por televisión.

Tuvieron que pasar varios años hasta que Maduro y la facción de la oposición respaldada por Washington, conocida como Plataforma Unitaria Democrática, parecieron realizar progresos cuando en octubre alcanzaron un acuerdo para sentar las bases para los comicios de 2024. Tales fueron los avances que Estados Unidos concedió a Maduro parte del ansiado alivio de las sanciones, y el bloque negociador de la oposición celebró sus primarias días más tarde.

Machado, la clara favorita durante meses, se impuso en los comicios. Pero la participación de más de 2,4 millones de votantes sorprendió a rivales y aliados opositores, que esperaban alrededor de un millón de votos debido a los desafíos organizativos y los obstáculos impuestos por el gobierno.

La victoria de Machado, con más del 90% de los votos, se produjo a pesar de que le gobierno anunció en junio su inhabilitación para 15 años. Pudo participar en las primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente del Consejo Nacional Electoral venezolano.

En diciembre, Machado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia alegando que el veto era nulo y solicitando medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. La corte reiteró la prohibición el viernes, que alega supuesto fraude e infracciones fiscales y la acusa de buscar las sanciones económicas estadounidenses al país en la última década.

Ramsey apuntó que la oposición debería presentar alternativas a Machado ya que el chavismo — el movimiento político iniciado por el mentor y antecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez — nunca le permitirá postularse.

“Si el chavismo imaginara a su enemigo declarado, se imaginaría el rostro de María Corina”, afirmó. “Ella representa todo a lo que el chavismo se opone. Representa a la élite política y económica que gobernó el país durante años antes de Chávez”.

Como el tribunal, el Consejo Nacional Electoral también está controlado por el oficialismo. El director de la entidad es Elvis Amoroso, quien firmó el veto administrativo a Machado el año pasado cuando fungía como auditor estatal.

Entre los leales del partido gobernante está también el fiscal general, Tarek William Saab, quien después de las primarias abrió investigaciones penales contra algunos de los organizadores y más tarde emitió órdenes de detención para tres de los colaboradores de campaña de Machado. Además, un estrecho colaborador de la opositora, Roberto Abdul, con quien fundó un grupo prodemocrático hace más de dos décadas, fue arrestado tras las primarias.

Un intercambio de prisioneros de alto nivel entre Washington y Caracas permitió la liberación de Abdul y que los tres colaboradores de Machado abandonaran la embajada extranjera en la que se habían refugiado. Pero otros tres fueron detenidos la semana pasada en relación con lo que Saab, Maduro y Rodríguez han descrito como intentos de asesinato fallidos contra el presidente.

Estados Unidos respondió al fallo judicial del viernes revocando el alivio concedido en octubre a la empresa minera estatal, la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, o Minerven. Además, dijo que Maduro tenía hasta abril para cumplir las condiciones del acuerdo electoral o perdería más beneficios.

La decisión del gobierno de Joe Biden provocó la indignación de Rodríguez y llevó al ejecutivo venezolano a advertir que dejaría de aceptar vuelos de deportación el 13 de febrero, la fecha en la que las mineras estadounidenses liquidarán sus operaciones vinculadas a Minerven.

“‘Tienen hasta abril”’ dicen. Ahórrense el lapso”, dijo Rodríguez, pronunciando después un improperio contra Washington, durante un discurso en la Asamblea Nacional. Según el acuerdo con la oposición, agregó, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia “debe ser respetada”.