Venezuela y China están restableciendo las conexiones después de años de enfriar los lazos, con la reanudación de los contactos gubernamentales y proyectos conjuntos flotando en lo que equivale a un desafío para Washington.

Por: Patricia Laya y Fabiola Zerpa – Bloomberg

Funcionarios de alto rango de China, el mayor acreedor de Venezuela, se reunieron con asesores cercanos del presidente Nicolás Maduro en Caracas el mes pasado para discutir la reestructuración de la línea de crédito de larga data de la nación, según personas con conocimiento del asunto. Las dos partes también hablaron sobre áreas potenciales para renovar la colaboración, incluidas las telecomunicaciones y el petróleo, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas para discutir la estrategia interna.

Un deshielo en las relaciones con China le ofrecería a Maduro un poderoso aliado, así como la posibilidad de un conducto renovado para las ventas de petróleo, mientras que potencialmente le daría más influencia con los EE. votantes. Venezuela tiene las mayores reservas conocidas del mundo, pero está sujeta a sanciones internacionales que han paralizado su capacidad para vender petróleo.

“Hoy, la relación entre China y Venezuela ha alcanzado su nivel más alto de confianza mutua, colaboración y trabajo”, dijo Maduro el 27 de marzo en una transmisión en vivo al despedirse del embajador chino en Venezuela, Li Baorong. “Seguiremos profundizando aún más nuestras relaciones estratégicas con China”.

El alcance se lleva a cabo en un contexto de intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China y en medio de señales tentativas de que América Latina se está convirtiendo nuevamente en un destino para los préstamos chinos , lo que aumenta la influencia de Beijing en la región. La reunión del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva con el presidente Xi Jinping el mes pasado subrayó el interés mutuo entre China y la economía más grande de América Latina.   

El acercamiento también coincide con la normalización de la economía de Venezuela después de años de recesión cuando los lazos con China quedaron en suspenso, una pausa agravada por la pandemia de covid-19.

China se convirtió en un prestamista clave para Venezuela en 2007, cuando proporcionó fondos por primera vez para proyectos de infraestructura y petróleo bajo el difunto presidente Hugo Chávez. Los datos públicos respaldan las estimaciones de que Beijing prestó más de $ 60 mil millones en préstamos respaldados por petróleo a través de bancos estatales hasta 2015, alcanzando un nivel de inversión diplomática y financiera sin precedentes en América Latina y quizás en el mundo.

Tocar fondo

El apoyo de China llenó un vacío de inversión y seguridad causado por el alejamiento de Washington de Caracas durante décadas, y se volvió crucial para la continuación del socialismo de Chávez a través de la transición a Maduro. La colaboración incluyó carreteras, puentes, centrales eléctricas y fábricas de procesamiento de alimentos, pero muchas nunca se terminaron o ya no están en uso.

“La relación entre China y Venezuela se deterioró gravemente durante la última década debido al fracaso y la corrupción endémica en torno a los proyectos chinos en el país”, dijo Parsifal D’Sola, directora del Centro de Investigación de América Latina de China en Bogotá. “Hoy el gobierno chino percibe que la crisis venezolana ha tocado fondo y ve a Maduro en una posición más estable y menos aislada en la región”.

Aunque hay pocos datos públicos, D’Sola, quien es director de la Fundación Andrés Bello , estima que la deuda pendiente ronda los $11-12 mil millones, lo que significa que Venezuela ha pagado casi el 80% del total que le debe a China, que recibe petróleo como reembolsos de la deuda. Venezuela no ha podido enviar suficiente crudo para cumplir con sus obligaciones en los últimos años, ya que su producción se derrumbó y los precios del crudo se desplomaron, lo que provocó una de las contracciones económicas más pronunciadas de la historia moderna. Una serie de sanciones estadounidenses obstaculizó aún más la capacidad del país para exportar petróleo, su mayor fuente de ingresos.

La estatal Petróleos de Venezuela SA está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los contratos después de encontrar miles de millones de dólares en ingresos petroleros faltantes. Entre el 5% y el 10% de esas exportaciones se destinarían al pago de la deuda, dijeron las personas.

“El gobierno de Venezuela ha avanzado mucho en el pago de la deuda con crudo”, dijo Rodolfo Sanz, legislador del gobierno de Maduro y exministro de Industria, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-China. Es hora de que Venezuela “eleve el estatus de las relaciones económicas y políticas con China”, dijo.

China National Petroleum Corp. , un productor clave en el cinturón del Orinoco de Venezuela, vio que la producción de su empresa conjunta Sinovensa casi se duplicó a 90,000 barriles por día a principios de abril, según datos de PDVSA vistos por Bloomberg. La producción todavía está un 40% por debajo de los niveles históricos de 160.000 barriles por día en 2015.

En otra señal de estrechamiento de lazos, el alto diplomático chino y exasesor de la embajada china en Venezuela, Lan Hu , acaba de regresar a Caracas como embajador después de cuatro años en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing y una temporada como embajador en la vecina Colombia.

“China y Venezuela son socios estratégicos integrales y los dos países siempre han seguido el principio de igualdad y beneficio mutuo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en respuesta a preguntas sobre un reinicio con Caracas. “La cooperación práctica basada en el principio de cooperación y comercialización de ganar-ganar trae beneficios tangibles a los dos pueblos”, dijo, declinando comentar sobre aspectos específicos de la relación.  

El Departamento de Estado de EE. UU. no respondió a tiempo para la publicación después de varias solicitudes de comentarios.  

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inicia este miércoles su primera visita oficial a España, un viaje en el que posicionará su agenda ideológica.

Por: Sabrina Martín – La Gaceta de la Iberosfera

Petro recientemente viajó a Estados Unidos donde se reunió con Joe Biden y algunos congresistas; ahora viaja al continente europeo para impulsar su imagen como un líder regional de la izquierda, y donde puede adelantar acciones de cabildeo a favor del régimen de Nicolás Maduro y en contra de las sanciones.

Petro mantendrá un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y dirigirá un discurso ante el Congreso.

Tras un Gabriel Boric diezmado en Chile, un Alberto Fernández sin aspiraciones electorales en Argentina, un Andrés Manuel López Obrador sin popularidad en México, y un Nicolás Maduro cercado internacionalmente, Gustavo Petro se perfila como el líder del socialismo iberoamericano y quizás como un nuevo aliado del Partido Popular y del PSOE.

De terrorista a alcalde destituido

Petro llegó a la Presidencia de Colombia con la promesa populista de implementar «profundos cambios sociales y un nuevo modelo económico» para el país. Se trata de un exguerrillero que siempre manifestó sus intenciones de llegar al poder al punto en que participó en tres campañas presidenciales.

A los 17 años, Petro se unió a la guerrilla terrorista del M19. Se hacía llamar «Aureliano» y estuvo preso más de un año. El M19 secuestró entre 1970 y 1989 a más de 500 personas y se le atribuyen cientos de crímenes, robos y asesinatos, y el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, uno de los episodios violentos más trágicos en la historia del país.

Fue senador en el Congreso de ese país y en 2011 llegó a la alcaldía de Bogotá donde fue destituido temporalmente por un fallido modelo de recolección de basura con el que intentó atentar contra el manejo de la empresa privada.

Petro había desprivatizado la recolección de basuras en la capital colombiana, entregando a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el sistema de recolección de residuos. El proceso de transición en 2012 llevó a un caos en la recolección de basura en la ciudad que duró tres días y causó gastos millonarios e impacto ambiental, lo que fue considerado una «falta grave» por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez.

Tras su destitución, Petro acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló en su favor y ordenó su restitución como alcalde de Bogotá. Su triunfo legal y su retorno a la alcaldía le permitió catapultarse como el principal líder de la izquierda de ese país. Su gestión fue tan ineficaz y deplorable que terminó su mandato con 68% de desaprobación.

El escándalo de los fajos de dinero

Durante un debate en noviembre de 2018 en el Senado de Colombia sobre el escándalo de Odebrecht, la congresista Paloma Valencia presentó un video en el que se veía al entonces senador Petro recibiendo fajos de dinero y poniéndolos en una bolsa.

Petro compartió en su cuenta de Twitter una declaración de su abogado diciendo que el video fue un intento de «desprestigiar y descalificar su gestión política» y, aunque nunca explicó de qué se trataba, añadió que fue tomado de manera ilegal por un «excompañero». Dijo que se trataba de una actividad interna de recolección de recursos para el «mantenimiento y sostenimiento del movimiento».

Caída de ministros y vinculación con el narco

Sin haber cumplido un año, Petro ya enfrentó varias crisis que derivaron en la devaluación del peso colombiano y una inflación que se disparó a cifras históricas. Recientemente anunció la sorpresiva salida de varios que manifestaron en reiteradas ocasiones duras críticas contra la reforma de salud del mandatario con la que quiere transformar el sistema sanitario.

Pero esta no es la única crisis que ha debido enfrentar Petro en las últimas semanas; recientemente la Fiscalía General de la Nación inició una investigación a Nicolás Petro Burgos, uno de los hijos del mandatario, y a su hermano Juan Fernando Petro, por presuntamente valerse de sus apellidos con el fin de cobrar diversas comisiones a empresarios y reclusos a los que se les prometía favores. Llegó a promover la legalización de las drogas al declarar que le parecía una estupidez mantener la marihuana en la clandestinidad. Y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, se refirió en distintas ocasiones a Gustavo Petro como el «Caballo de Troya del narcotráfico».

Van a por los niños, capítulo XCXXI. Hasta la fecha, la humanidad civilizada ha entendido que los niños no pueden decidir, porque carecen de la madurez intelectual necesaria para hacerse responsables de sus decisiones.

La Gaceta de la Iberosfera

Ha sido siempre un principio jurídico universalmente compartido y sigue plenamente vigente para un montón de cosas: a los menores de edad no se les aplican las leyes penales tras la comisión de un delito y no pueden ir a prisión. No pueden votar. No pueden comprar alcohol ni tabaco. No pueden casarse ni suscribir contratos por su cuenta. No pueden conducir. No pueden someterse a cirugía sin permiso parental.

Lo que sí pueden hacer, en cambio, incluso con la oposición de sus padres, es someterse a tratamientos hormonales que detienen su desarrollo para asemejarse al sexo contrario y quizá también a operaciones falsamente llamadas de reasignación de sexo, ambos con consecuencias irreversibles. Al menos, eso es lo que defiende la Administración norteamericana.

Ante el rápido avance de estas teorías absolutamente anticientíficas y disparatadas, algunos estados conservadores están reaccionando, no solo reiterando los derechos de los padres sino, además, prohibiendo procedimientos que se consideran inseguros y que condicionan el resto de la vida de un menor.

Pero el Gobierno de Joe Biden se ha sacado de la manga una teoría desquiciada, según la cual la 14 Enmienda de la Constitución protege el derecho de un niño a tomar bloqueadores de la pubertad. Las prohibiciones de tratamientos hormonales para niños con disforia de género, como la prescripción de testosterona a un niño transgénero de 12 años, violan la cláusula de igual protección de la Enmienda 14.

Esta postura criminal la ha presentado el gobierno en el caso LW contra Skrmetti, una demanda presentada en un tribunal federal de Nashville, Tennessee, por las familias de tres niños transgénero: una hija transgénero de quince años (que decidió que era transgénero a los 12 años), una hija transgénero de quince años y un hijo transgénero de doce años. Las tres familias se oponen a una ley que acaba de aprobar el Congreso de Tennessee que «establece prohibiciones de ciertos procedimientos médicos relacionados con la identidad de género en menores». Alegan que la ley de Tennessee viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 al afectar solo a los transgénero y viola el derecho a la autonomía de los padres garantizado por la cláusula del debido proceso de la Enmienda 14. Los tres niños en cuestión están “actualmente recibiendo atención médica” prohibida por la reciente legislación de Tennessee.

El «tratamiento» (hormonas y bloqueadores de la pubertad) que reciben estos niños y tratamientos similares cada vez más comunes en Estados Unidos, incluyendo la castración quirúrgica y la maestectomía, se consideran «necesarios» para remediar los efectos de la disforia de género por las principales asociaciones médicas norteamericanas. La ley en cuestión no prohíbe la terapia hormonal en general, sino solo en relación a la disforia de género.

Y esa es la objeción del DOJ de Biden: que el tratamiento de la disforia de género no puede prohibirse categóricamente, incluso si los legisladores de un estado consideran que el tratamiento es peligroso, ineficaz y, en última instancia, dañino. La Administración Biden argumenta que la ley «amenaza con daños irreparables» a estos niños y a cualquier otro niño «transgénero» en el estado de Tennessee. Dice que una persona transgénero, a quien define como «alguien cuya identidad de género es inconsistente con su sexo asignado al nacer», debería ser una clase protegida, que «el estatus transgénero merece un mayor escrutinio» porque es «inmutable» como el género. Por lo tanto, las leyes que se enfocan en el tratamiento de la disforia de género deben recibir un escrutinio intermedio por parte de los tribunales.

La posición de la Administración Biden de que la identificación de una persona como transgénero debería elevarla a una clase protegida similar al género no ha sido adoptada por el Tribuna Supremo ni por la mayoría de los circuitos federales de apelación. Si se aceptara, causaría un cambio significativo en la ley y pondría en riesgo numerosas leyes estatales que prohíben la mutilación de género infantil o la administración de bloqueadores de la pubertad a los jóvenes. En otras palabras, es su forma de eludir el proceso legislativo.