Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció la tarde del miércoles 25 de marzo una situación que calificó como grave irregularidad en el sistema judicial venezolano, relacionada con la aplicación de la Ley de Amnistía.

La Patilla

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jurista informó que han recibido múltiples denuncias de familiares de detenidos, quienes aseguran que algunos tribunales se están negando a entregar las copias de las decisiones judiciales en las que se rechaza la solicitud de amnistía.

“Hemos recibido varias denuncias señalando que algunos tribunales se están negando a darle a los familiares que se las solicitan las copias de las decisiones en las que niegan la amnistía”, alertó Himiob.

El vicepresidente de la organización defensora de derechos humanos, explicó que la negativa a entregar estos documentos tiene consecuencias legales directas para los solicitantes.

Según detalló, sin la copia formal de la decisión judicial no es posible interponer recursos de apelación, lo que en la práctica limita el derecho a la defensa y genera incertidumbre en los procesos. “Es grave porque no se permite apelar de la negativa sin la copia de la decisión”, advirtió el abogado.

Esta situación, de confirmarse, podría constituir una vulneración al debido proceso, principio fundamental en cualquier sistema de justicia.

La denuncia surge en el contexto de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, el pasado 19 de febrero, la cual entró en vigencia al día siguiente tras su publicación en Gaceta Oficial.

De acuerdo con registros públicos, la normativa fue presentada como un mecanismo para facilitar la liberación de personas detenidas por motivos políticos o en contextos de conflictividad social.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el proceso de implementación ha generado múltiples denuncias por presuntas irregularidades y falta de transparencia.

En las últimas semanas, familiares de detenidos han reportado que tribunales venezolanos estarían rechazando solicitudes de amnistía en distintos casos, lo que ha incrementado la preocupación sobre la aplicación real de la ley.

La principal inquietud radica en que, además de negar el beneficio, las autoridades judiciales presuntamente estarían impidiendo el acceso a la documentación oficial, lo que limita las posibilidades legales de revisión del caso.

Esta situación ha generado incertidumbre jurídica para los solicitantes, retrasos en los procesos judiciales, obstáculos para ejercer el derecho a la defensa y desconfianza en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Irán se encuentra analizando una propuesta de paz de 15 puntos presentada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque su respuesta inicial “no ha sido positiva”, según informó este miércoles un alto funcionario iraní. La evaluación de Teherán se produce mientras el país plantea sus propias exigencias para detener un conflicto que ha devastado su infraestructura económica y energética.

Infobae

El funcionario iraní, quien habló con Reuters bajo condición de anonimato, señaló que la respuesta preliminar de la República Islámica ya fue entregada a las autoridades de Pakistán para que sea transmitida a Washington. A pesar de que Teherán aún estudia los detalles del plan impulsado por la administración de Donald Trump, la fuente subrayó que el contenido inicial no ha satisfecho las expectativas de la dirigencia iraní.

Previamente, la cadena estatal Press TV, citando a un alto funcionario no identificado, había informado que la respuesta fue negativa. “El fin de la guerra ocurrirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump imagine su conclusión”, afirmó esa fuente. Sin embargo, la comunicación oficial a través de los mediadores en Islamabad sugiere que el proceso de análisis técnico y político continúa abierto.

La propuesta de Washington, descrita por funcionarios paquistaníes, contemplaba un alivio de las sanciones y cooperación nuclear civil a cambio de un desmantelamiento del programa nuclear iraní, límites a su arsenal de misiles y garantías de libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

Las cinco condiciones de Teherán

Lejos de aceptar los términos de Washington, Irán ha puesto sobre la mesa un contra-plan de cinco condiciones para el cese de hostilidades. Según el informe de Press TVTeherán exige el fin inmediato de lo que califica como “agresiones y asesinatos” contra sus líderes y el país, además de la creación de un mecanismo robusto que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanuden las operaciones militares.

Las demandas iraníes también incluyen compensaciones económicas por la destrucción causada durante las casi cuatro semanas de ataques y la reconstrucción de sus instalaciones. Asimismo, Irán exige un cese al fuego en todos los frentes regionales, incluyendo a los grupos de la “resistencia” —una referencia a aliados como Hezbollah— y el reconocimiento internacional de su soberanía total sobre el Estrecho de Ormuz.

Incertidumbre en la mesa de Islamabad

El rechazo público de Teherán complica el panorama trazado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien horas antes había anticipado posibles conversaciones directas en Islamabad para este fin de semana.

Grossi, quien describió la situación actual como una “responsabilidad por la paz”, advirtió que el tiempo se agota ante el avance técnico de Irán. El diplomático señaló que el país mantiene 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel que calificó de “casi militar”. “Ningún país sin armas nucleares enriquece a este nivel”, subrayó Grossi, sugiriendo que cualquier acuerdo viable requeriría una dilución inmediata de ese material.

Presión política y militar

En Washington, el presidente Trump ha insistido en que existe un “consenso sólido” para un pacto, aunque el Pentágono sigue reforzando su presencia con el envío de 1.000 tropas adicionales de la 82.ª División Aerotransportada.

La administración estadounidense enfrenta una creciente presión interna: encuestas recientes de AP-NORC indican que el 59% de los ciudadanos considera excesiva la acción militar en Irán, mientras que el 45% está “extremadamente preocupado” por el alza histórica de los precios de la gasolina, producto de la crisis en el Golfo.

A pesar de la retórica hostil de Teherán, los mediadores en Islamabad, encabezados por el primer ministro Shehbaz Sharif, mantienen la esperanza de que las “conversaciones significativas” previstas para el fin de semana puedan abrir una grieta en el muro de desconfianza mutua.

En un emotivo video difundido recientemente, la madre del Teniente Coronel Julio César Riobueno Azuaje rompió el silencio para denunciar lo que califica como un «calvario» jurídico y humano. Riobueno se encuentra privado de libertad desde hace 17 meses, actualmente recluido en el centro Yare II.

NDP

Durante su declaración, la madre del oficial detalló una serie de graves violaciones al debido proceso que han marcado el caso desde su inicio:

  • Detención arbitraria y desaparición forzada inicial.
  • Incomunicación prolongada.
  • Construcción de un expediente basado en «mentiras y abuso de poder».

Un proceso bajo sospecha

La denuncia señala directamente a la Fiscal 70 Nacional del Ministerio Público, Rosalba Hernández, como responsable de las irregularidades en el expediente. Cabe destacar que dicha funcionaria se encuentra actualmente bajo investigación y privada de libertad por, presuntamente, alterar la verdad procesal para incriminar a inocentes.

«¿Cómo puede esperarse justicia cuando se subyacen este tipo de cosas? Como madre me causa dolor, pero como ciudadana me causa indignación», expresó visiblemente conmovida.

Llamado a la comunidad internacional

Ante lo que describe como una «complacencia» de los tribunales —quienes habrían desestimado al menos cuatro apelaciones presentadas por la defensa—, la familia hace un llamado urgente a:

  • Autoridades e instancias competentes para una revisión exhaustiva del caso.
  • Comunidad Internacional y Organizaciones de Derechos Humanos para que se solidaricen y actúen como observadores.

La declaración finaliza con una demanda clara: la libertad plena para el Tte. Cnel. Riobueno y para los demás militares que atraviesan situaciones similares, apelando a la máxima de que «la justicia, cuando se demora, es injusticia».

https://www.instagram.com/libertarios1360/p/DWUEVRXAOn8

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha encabezado un concurrido acto de masas en la ciudad de Houston (Estados Unidos), en donde ha llamado a todos los venezolanos en el exilio a prepararse para los meses por venir en Venezuelacon la mirada puesta en un eventual proceso electoral.

La Gaceta de la Iberosfera

En tal sentido, la Nobel de la Paz ha calificado la actual circunstancia del país sudamericano como una «etapa clave», en la que cada venezolano debe convertirse en un «agente multiplicador de la esperanza», dado que el cambio definitivo en la nación hispanoamericana es «indetenible».

«Tenemos mucho trabajo por delante, verlos a ustedes aquí hoy es la ratificación de lo que yo sé. La fuerza que nos une es la más poderosa que existe porque es la del amor. El anhelo de tener a nuestros hijos de vuelta, porque el amor a Venezuela es algo que nos une a todos hoy. El amor por la libertad es lo que nos ha traído aquí», ha dicho.

Del mismo modo, la líder venezolana ha precisado que «los próximos pasos son cruciales», en un contexto en el que el chavismo «nunca ha estado tan débil como ahora».

«El mundo entero nos ve con orgullo. El camino que nos hemos labrado ha costado mucho y hoy desde el fondo de mi corazón quiero decirles: estamos viviendo el momento más importante de nuestras vidas. Lo que estamos haciendo en Venezuela no solo marca nuestra historia, sino la de todo occidente. La historia de un pueblo que se levantó con dignidad ante la peor tiranía. Falta rematar, ahora continúa la transición y la vamos a hacer bien ‘a la venezolana’», ha señalado además la disidente venezolana.

La deriva radical de la izquierda francesa suma un nuevo episodio. El recién elegido alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, del partido La Francia Insumisa (LFI), ha anunciado su intención de desarmar a la policía municipal y ha advertido abiertamente a quienes no compartan su agenda política: «Se irán por sí solos».

La Gaceta de la Iberosfera

Bagayoko pretende retirar a los agentes incluso los medios de defensa no letales, como lanzadores de proyectiles de goma, gas lacrimógeno o spray pimienta, en una decisión que ha generado una fuerte preocupación por la seguridad en una de las zonas más sensibles del país.

El propio alcalde ha reconocido que quiere convertir Saint-Denis en «un laboratorio político» de la extrema izquierda, dejando claro el carácter ideológico de su proyecto.

Sus declaraciones no han tardado en provocar una reacción contundente. Desde el entorno del partido Agrupación Nacional han denunciado que esta medida supone «una licencia para matar para traficantes y delincuentes», en referencia al debilitamiento de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Los efectos ya comienzan a notarse. Según diversas fuentes, decenas de agentes han solicitado su traslado ante la incertidumbre generada por las nuevas directrices del Ayuntamiento.

El mensaje del alcalde a los propios funcionarios ha sido igualmente claro: aquellos que no respalden su línea política no podrán continuar en puestos relacionados con la seguridad pública, lo que ha sido interpretado como una purga ideológica dentro de la administración local.

La legitimidad del mandato también ha sido cuestionada. Bagayoko fue elegido con apenas 13.506 votos, en una ciudad de aproximadamente 150.000 habitantes, en un contexto de elevada abstención y con una parte significativa de la población sin derecho a voto.

Detrás de este proyecto se encuentra la línea política de Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, conocido por su retórica agresiva contra las instituciones y por promover un modelo de sociedad profundamente transformador en materia identitaria y migratoria.

El caso de Saint-Denis refleja una tendencia creciente en algunas ciudades europeas: la combinación de radicalismo ideológico, debilitamiento de las fuerzas de seguridad y tensiones sociales en entornos con alta presión migratoria. Un experimento político que, según advierten sus críticos, puede tener consecuencias directas en la seguridad de los ciudadanos.

Los regímenes no siempre caen: a veces aprenden a sobrevivir mejor.

Hay momentos en la historia en los que la realidad se disfraza de una eficacia inquietante. Momentos en los que lo que parece evidente —el fin de una era, el colapso de un régimen, el inicio de una transición— no es más que una ilusión cuidadosamente administrada. Venezuela atraviesa uno de esos momentos.

Desde fuera, la narrativa es seductora. La salida de Nicolás Maduro, la recomposición del poder en Caracas, la sustitución de figuras clave dentro del aparato militar y la tímida flexibilización frente a exigencias estadounidenses han sido interpretadas como señales inequívocas de una transición. La tentación de creerlo es enorme. Europa quiere creerlo. Washington quiere gestionarlo. América Latina quiere celebrarlo. Pero la política rara vez es lo que parece a primera vista.

Porque lo que ocurre hoy en Venezuela no es, en rigor, una transición. Es algo más ambiguo, más sutil y, por eso mismo, más peligroso: una mutación del poder bajo presión.

Las transiciones auténticas implican una transformación del sistema: reglas nuevas, árbitros independientes, instituciones que dejan de ser instrumentos de un grupo para convertirse en patrimonio de todos. Requieren, sobre todo, algo que el poder rara vez concede sin resistencia: la posibilidad real de perder. Nada de eso ha ocurrido todavía.

Lo que sí ha ocurrido es una reorganización meticulosa del mando. Un desplazamiento de piezas que no altera la esencia del tablero. La sustitución de Vladimir Padrino López por Gustavo González López al frente del Ministerio de Defensa no es la señal de un desmontaje, sino la evidencia de una sofisticación. El poder no se retira: se repliega, se reorganiza, se vuelve más eficiente.

El cambio no es ideológico. Es funcional.

Durante años, el chavismo gobernó apoyado en una lógica militar visible, casi teatral: uniformes, jerarquías, desfiles, declaraciones de lealtad. Hoy, en cambio, el énfasis se desplaza hacia una lógica menos ostentosa pero más eficaz: la inteligencia. El control ya no descansa tanto en la fuerza bruta como en la información, en la vigilancia, en la capacidad de anticipar fracturas antes de que se conviertan en amenazas.

Es, si se quiere, una evolución natural de los sistemas que sobreviven demasiado tiempo: abandonan la retórica épica y abrazan la administración pragmática del poder.

Este giro no es casual. Responde a una realidad psicológica que suele pasar inadvertida: el chavismo ya no opera desde la seguridad de quien se sabe dueño del juego, sino desde la ansiedad de quien teme perderlo todo. Ha entrado en lo que podríamos llamar un “dominio de pérdidas”. Y en ese terreno, los actores políticos se vuelven más arriesgados, más flexibles, más dispuestos a sacrificar símbolos que antes consideraban intocables.

El relevo de figuras históricas, la disposición a cumplir parcialmente con exigencias externas, la apertura controlada en sectores estratégicos de la economía: todo ello responde menos a una conversión democrática que a una lógica de supervivencia.

Aquí es donde la narrativa internacional se vuelve peligrosa. Porque confundir adaptación con transición no es un error menor: es un error estratégico.

La camarilla de Delcy Rodríguez no está entregando el poder; está ejecutando, de manera calculada, las exigencias de la administración Trump —estabilización, recuperación y eventual convocatoria electoral— como una estrategia para prolongar su permanencia.

La relación con la Casa Blanca es el mejor ejemplo de esta ambigüedad. Hay, sin duda, una cesión de autonomía, un Estado tutelado. El margen de maniobra de Miraflores ya no es el de hace una década. Pero esa cesión no es una rendición, sino una inversión: el poder entrega parte de su libertad externa para preservar su control interno.

Es una soberanía condicionada, sí, pero también calculada.

En este nuevo contexto, el enemigo del régimen ha cambiado. Ya no es, al menos no en primer plano, el adversario externo: el imperialismo yanqui. Es la fragmentación interna. El caos. La posibilidad de que las tensiones acumuladas dentro del propio sistema —entre facciones políticas, militares y económicas— terminen por desbordarlo.

Por eso la prioridad ya no es la confrontación ideológica, sino la gestión del orden. Menos discurso, más control. Menos épica, más administración.

Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. Una de las más interesantes es el aparente “retorno a los cuarteles”. Durante años, la militarización de la vida política venezolana fue uno de los rasgos más visibles del régimen. Hoy, ese protagonismo parece atenuarse. Pero conviene no precipitarse: los militares pueden retirarse del escenario sin abandonar el poder.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos en los que el uniforme desaparece del balcón, pero permanece en la sala de mando.

El riesgo, entonces, no es solo la continuidad del poder, sino su transformación en algo más difícil de identificar y, por tanto, de desafiar: un sistema menos visible, más técnico, más silencioso.

Un poder que ya no necesita exhibirse para imponerse.

En este equilibrio precario conviven actores con intereses divergentes: Washington, que busca estabilidad con condiciones; el interinato en Caracas, que busca sobrevivir; la Fuerza Armada, que busca preservar su cohesión; y figuras como Diosdado Cabello, cuya influencia representa una amenaza latente para cualquier intento de recentralización del poder.

Es un equilibrio inestable. Y como todo equilibrio de este tipo, puede romperse en cualquier momento: por un incumplimiento, por una purga interna, por una explosión social.

La pregunta, entonces, no es si Venezuela está cambiando. Lo está. La pregunta es en qué dirección.

Y aquí conviene recuperar una vieja lección de la historia: los regímenes autoritarios no siempre caen cuando parecen debilitados. A veces, en lugar de derrumbarse, aprenden. Se adaptan. Se vuelven más flexibles, más pragmáticos, más resistentes.

La ilusión de transición es peligrosa precisamente porque tranquiliza. Porque permite creer que el problema está en vías de resolverse, cuando en realidad solo está mutando.

¿Cómo distinguir, entonces, una apertura real de una continuidad disfrazada?

No por los discursos, ni por los nombres, ni por los gestos simbólicos. Sino por algo mucho más simple y mucho más difícil: si el poder acepta, de verdad, la posibilidad de perder.

Ese es el único test que no admite simulaciones.

Mientras ese momento no llegue, lo que Venezuela vive no es una transición.

Es una adaptación. Y, como toda adaptación eficaz, puede extender la vida del sistema mucho más de lo que sus adversarios —e incluso sus observadores— están dispuestos a reconocer. Mientras no se defina un cronograma claro para la fase final —elecciones—, persiste el riesgo de que el statu quo se consolide: un autoritarismo reciclado, ahora revestido de legitimidad externa.

Antonio de la Cruz

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se desconectó de manera abrupta del foro internacional FII Priority, que se realiza en en Miami (Estados Unidos), justo cuando los panelistas se disponían a hacerle algunas preguntas relacionadas con la situación de Venezuela.

Rodríguez ofreció una extensa presentación en el evento sobre la economía venezolana y las supuestas oportunidades de inversión en el país. Sin embargo, al finalizar su intervención y dar paso a la ronda de preguntas, la conexión se interrumpió sin explicación.

El moderador del panel, el empresario marroquí Richard Attias, intentó iniciar un intercambio breve debido a las limitaciones de tiempo.

“Gracias por estar con nosotros esta mañana. Como nos queda poco tiempo, le haré dos preguntas”, comenzó. Segundos después, al notar la ausencia de respuesta, agregó: “Espero que la presidenta siga en línea. ¿Se desconectó? Está bien, eso me ahorra tiempo y al menos no tenemos diálogo”.

Ante la falta de respuesta, el panel continuó con la siguiente sesión.

Venezuela “lidera el crecimiento” en la región

Durante su intervención, la funcionaria defendió el desempeño económico de Venezuela y aseguró que el país lidera el crecimiento en América Latina, citando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

También afirmó que la nación acumula 19 trimestres consecutivos de expansión, en lo que calificó como una recuperación sostenida pese a un “entorno restrictivo” marcado por sanciones internacionales.

“19 trimestres consecutivos de crecimiento económico que han dado ya una tendencia de 5 años de recuperación de nuestra economía. Y repito: esto es dentro de un entorno restrictivo debido a las medidas coercitivas unilaterales. Cuando nosotros vemos que la inversión productiva crece más que el Producto Interno Bruto, estamos asegurando inversiones y garantizando el futuro”, dijo.

Destacó asimismo sectores como la construcción, los hidrocarburos, las finanzas y la minería como motores del crecimiento, y afirmó que el país cuenta con condiciones favorables para la inversión, incluyendo nuevas leyes que según ofrecen mayor flexibilidad fiscal y mecanismos de arbitraje internacional.

“Venezuela es hoy uno de los países más seguros de nuestra región, con 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando América Latina tiene 16,3% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene 33% de homicidios por 100.000 habitantes. Venezuela hoy tiene un entorno de seguridad y estabilidad”, indicó la presidenta interina, quien reconoció que hay deudas sociales importantes que se deben atender.

“Ver la realidad de Venezuela”

La presidenta interina insistió en la necesidad de “desideologizar” los entornos de inversión y llamó a empresarios internacionales a “ver la realidad de Venezuela”.

No obstante, la desconexión evitó que respondiera preguntas sobre su reporte, en un foro dirigido precisamente a inversionistas y líderes empresariales que podrían estar interesados en conocer más detalles sobre la situación del país.

Rodríguez, sin mencionar la captura de Nicolás Maduro, destacó los avances en el diálogo diplomático con el presidente estadounidense Donald Trump y abogó por una mayor integración económica en América Latina.

Delcy Rodríguez también resaltó el potencial energético de Venezuela. Señaló que el país posee las mayores reservas petroleras del mundo y costos de producción competitivos. Además, afirmó que el país logró eliminar la importación de combustible en 2025 gracias a la recuperación de la industria.

“Sé la propuesta que tiene el presidente Trump. Venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva, bilateral y beneficiosa para ambos países”, expresó.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvieron este miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

EFE

«Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos», dijo a los medios de comunicación José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

Los trabajadores y los estudiantes universitarios se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el régimen chavista ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Patines indicó que también le exigirán a Delcy Rodríguez, y a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que rindan cuentas sobre las constantes fallas en el suministro de agua y de luz en el país.

«Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo», añadió.

Por su parte, Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, dijo que es necesario seguir haciendo ruido para que los sueldos, las becas, las condiciones de vida y de estudio «valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena».

En febrero pasado una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que divulgó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

La ONG afirmó que un salario mínimo cubre apenas 0,05 % del costo de esta canasta, calculada en base a cinco personas, para la que se requieren 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de «guerra económica», uno de los complementos que paga el Gobierno venezolano cada mes.

El BCV reportó a principios de marzo que el país suramericano acumuló una inflación de 51,9 % en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado.

En abril de 2012 se hicieron públicas fotos del entonces Rey Juan Carlos I de España en un safari en África, provocando un escándalo nacional en plena crisis económica española. El rey, un hombre ya mayor, posaba sonriente y satisfecho con fusil en mano junto al cadáver de un hermoso elefante abatido durante la excursión. Más allá de las preguntas sobre cómo, por quién y con qué permiso la bestia había sido cazada, la imagen mostraba a gritos la disparidad económica y de poder entre dos naciones. El hombre blanco, rico y poderoso explotando los recursos de un país pobre para subsanar el daño que el paso del tiempo ocasionaba en su autoestima.

Las imágenes de la tropilla pseudo bolchevique, progresista, punk del primer mundo subida a un bus eléctrico para recorrer las calles destruidas y mugrientas de La Habana producen una indignación similar. La izquierda europea, elite económica, cultural y política, arrasa los escasísimos recursos de una empobrecida Cuba. Después de más de sesenta años en el poder, el 89% de su población vive en condiciones de pobreza extrema según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El 15% de las viviendas de la isla se encuentra en peligro de derrumbe y solo el 15% de la población accede a agua potable los trescientos sesenta y cinco días del año, en una crisis social y económica que se acelera. En los últimos cinco años, el país vive en constantes apagones programados. Ya en 2024, se produjeron seis colapsos del sistema eléctrico nacional, en 2025 otros dos, y en este 2026 hubo un apagón en todo el territorio que duró días.

En ese contexto de precariedad absoluta, los miembros de la tropilla europea malgastan energía en aire acondicionado, fiestas y sesiones de rap. Cantan, bailan, e intentan lavar la cara de un régimen que persigue políticos, activistas y artistas, convirtiendo a Cuba en el país de Latinoamérica con mayor cantidad de presos políticos. Pero eso sí, no entonan ni un verso de alguna canción de los músicos cubanos Maykel OsorboMister Will D’CubaNando OBDC que se pudren, literalmente, en cárceles del régimen. Ni un verso de la poetisa María Cristina Garrido, ni una sola bandera o camiseta con algún dibujo de Luis Manuel Otero Alcántara, ni un video dedicado a Ernesto Medina o Kamil Zaya, jóvenes creadores de contenido digital encarcelados este año por supuesta “propaganda contra el orden constitucional” por el tono crítico de sus videos.

La explotación de los cubanos por parte de la izquierda europea (y estadounidense) no es nueva. Ya lo dijeron muchas veces, y cito a la eurodiputada Irene Montero e IglesiasCuba es la “reserva moral de la humanidad”, es el “territorio emocional”, el espacio “refugio”. Cuba es de ellos, su colonia. Si cientos de miles de cubanos han padecido la cárcel, el destierro, la persecución, el hambre, poco importa. Lo importante es que ellos posean ese pedacito de sueño, esa tierra de pobreza “honesta”, “genuina” para ser admirada desde el balcón de un hotel de cinco estrellas.

Y como en el caso del Rey, para la izquierda europea, la posesión se acciona, se materializa si es documentada y mostrada. Por eso las fotos y los videos, por eso la falta de vergüenza y pudor. Edward Said nos lo había explicado correctamente: registrar es poseer, registrar y mostrar es ser dueño y amo. Las fotos y videos que suben a sus redes gritan, “es nuestra”, “son nuestros”, “hacemos de ellos lo que queremos”. Extractivismo burdo. Ellos son los poseedores de Cuba, ellos deciden cuán real es el sufrimiento de la gente, cuánto pueden y deben aguantar para sostener su emocionalidad frágil de niños bien alimentados.

Que llamen a eso “Nuestra América Convoy” solo enfatiza el desprecio que sienten por el país y su historia.

Un pedófilo transgénero está intentando demandar al estado australiano de Victoria por supuestas violaciones de derechos humanos que sufrió mientras estaba recluido en una prisión de mujeres. Autumn Tulip Harper, también conocido como Hilary Maloney, ya había provocado indignación tras recibir una sentencia sorprendentemente leve por el delito de abuso sexual contra su propia hija de 5 años.

Reduxx

Harper, cuyo nombre de nacimiento masculino Reduxx prefiere no revelar para proteger a su víctima, llamó la atención de las autoridades australianas por primera vez después de que el FBI arrestara en septiembre de 2023 a un pedófilo estadounidense con quien se había estado comunicando.

Se reveló que Harper mantenía una relación de tipo BDSM con el agresor sexual, a quien se refería como su «Amo». El agresor estadounidense animó a Harper a abusar sexualmente de su hija para su propia satisfacción y lo elogió por hacerlo, llamándolo «buena chica» y expresando lo «impresionado» que estaba con él.

Según la policía australiana , Harper creó al menos 77 archivos que fueron identificados como material de abuso sexual infantil entre mayo y junio de ese año, después de que sus dispositivos fueran incautados en una redada el 15 de septiembre de 2023. Las imágenes de su hija, a quien había abusado en al menos 19 ocasiones distintas, fueron enviadas al pedófilo estadounidense a través de Discord, plataforma que se ha ganado la reputación de permitir el acoso a menores en varias salas de chat.

En algunos de los videos Harper le pregunta si le “gustaba” el abuso, se oye claramente a la niña responder “no”. Otras fotos muestran a Harper posando sexualmente con ella, y también hay imágenes de ella desnuda y en la ducha. A pesar de la naturaleza explícita de sus delitos, se le permitió permanecer en libertad antes del juicio e incluso se le autorizó a cambiar su nombre legal durante el proceso.

Durante el juicio, el Dr. Rajan Darjee, psiquiatra forense, presentó a Harper como si fuera una mujer que había sido presionada para cometer el delito por un pedófilo siniestro. Darjee afirmó que Harper no sentía atracción sexual por los niños y que no necesitaría ninguna intervención específica para prevenir futuros delitos sexuales.

La jueza del caso, Nola Karapanagiotidis, permitió que la supuesta experiencia de Harper con la «disforia de género» y la «transfobia» sirviera como atenuante, y aceptó el argumento de la defensa de que había abusado de su propia hija únicamente para ser «validado… como mujer y persona sexual». La condena de cuatro años y nueve meses supuso una reducción significativa respecto al máximo potencial de 25 años, con la posibilidad de libertad condicional tras solo dos años y seis meses. Tras su condena, Harper fue internado en el Centro Dame Phyllis Frost, un centro penitenciario femenino.

La semana pasada, el Herald Sun reveló que Harper demandará al gobierno del estado australiano de Victoria por el trato recibido en prisión. El periódico confirmó que la demanda se centrará en supuestas violaciones de sus derechos humanos, ya que fue trasladado a aislamiento tras la repercusión internacional de sus crímenes.

Victoria había aplicado anteriormente una política que consistía en recluir a los presos transgénero en cárceles que se correspondieran con su identidad de género declarada, en lugar de con «el sexo que se les asignó o se les atribuyó al nacer», como «principio rector». Esta política se eliminó el mes pasado, tras varios escándalos relacionados con presos transgénero en el estado.

Los contribuyentes victorianos desembolsaron una cantidad no revelada en un acuerdo secreto con una reclusa que fue agredida sexualmente por Clinton Rintoull, un asesino que se identificaba como transgénero y que había sido internado en la prisión femenina de mínima seguridad de Tarrengower. Los votantes del estado respaldaron abrumadoramente el cambio de política: el 72 % de los victorianos afirmó que la naturaleza del delito debería ser mucho más relevante que la identidad de género de los reclusos a la hora de decidir en qué prisión se alojan.

En 2022, las reclusas del Centro Dame Phyllis Frost denunciaron a un hombre transgénero que había sido trasladado a la Unidad de Protección Murray en julio de ese año. No se reveló el nombre del agresor, pero los detalles de sus antecedentes coincidían con los de Lisa Jones, un hombre transgénero que fue condenado a tres años y tres meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer en 2021.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top