Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado informó en entrevista con Fernando del Rincón, de CNN, que cuatro miembros de su equipo de campaña llevan desaparecidos más de 24 horas y señaló que no sabe de qué se les acusa porque no tienen acceso a los expedientes.

La Patilla

El movimiento político de Machado, Vente Venezuela, había denunciado los casos como detenciones.

En este sentido, Machado reiteró las denuncias tras los ataques cometidos por la administración de Nicolás Maduro ante las amenazas en la llamada “furia bolivariana”.

Asimismo, Machado expresó que el chavismo “sabe que perdieron todo el apoyo popular, que su propia base está con nosotros, incluso de los cuadros medios, porque saben que no tienen futuro con esta gente que han destruido al país y es una mecánica mafiosa”.

“Entonces todo se han venido apoyar a esta gran causa, entonces como no tienen votos, apelan a los fusiles, apelan a la sentencia, apelan a la persecución, es lo que le queda a Maduro, es un candidato represor y quiere hacer esto a la fuerza, a los tracasos, a los juegos sucios”, agregó.

CNN se comunicó con el Ministerio Público para solicitar información sobre estos reportes, pero no obtuvo respuesta.

Un total de 33 militares venezolanos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por su presunta vinculación con “conspiraciones” de magnicidio denunciadas por las autoridades esta semana, una medida cuestionada por expertos y en la mira de Estados Unidos.

AFP

Un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes, seis primeros tenientes y siete sargentos aparecen identificados con nombre y apellido en un comunicado.

Están presuntamente “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, todo lo cual representa ‘Actos de Traición a la Patria’”, indicó el general chavista, Vladimir Padrino López.

“Estos traidores que nunca han debido tener y portar el uniforme militar (…), no son dignos”, expresó Padrino en un video publicado en sus redes sociales. “Son grupos que no representan en absoluto a la Fuerza Armada”.

Los militares son el principal sostén de Nicolás Maduro y en repetidas oportunidades le han ratificado lealtad.

Controlan, además de las armas, empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios.

La oposición y oenegés denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.

“Penas accesorias”

Las denuncias de magnicidio son frecuentes en el chavismo, que cumple 25 años en el poder este 2024 y se juega su continuidad en unas elecciones que aún no tienen fecha. La fiscalía venezolana informó el lunes del arresto de 32 personas, entre civiles y militares, por estas supuestas conspiraciones, y el martes anunció nuevas detenciones sin precisar un número.

A todos los vinculan con cinco presuntos planes para asesinar a Maduro develados en 2023 e inicio de este año, según Tarek William Saab, que denunció además complicidad de la agencia antidrogas (DEA) y de inteligencia (CIA) de Estados Unidos, así como actores del Ejército colombiano.

Padrino se hizo eco igual de estas acusaciones.

“Le digo a las cloacas imperiales de la CIA, la DEA, a quienes aquí les hacen el juego los venezolanos traidores también: no nos cansaremos de dar la batalla”, expresó en el video.

Rocío San Miguel, experta militar y habitualmente crítica del chavismo, identificó irregularidades en el acto de degradación y expulsión, que se realizó en el Patio de Honor del ministerio.

Explicó que las medidas son “penas accesorias” a una pena principal, que debe ser pública. “Están sujetas a control jurisdiccional y deben cumplirse los extremos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar”, insistió en una nota de su ONG, Control Ciudadano.

“Son varios los aspectos que se desconocen sobre estas expulsiones y degradaciones de efectivos militares”.

“Posicionamiento cómplice”

Estados Unidos se mostró por su parte “profundamente preocupado” por las últimas detenciones, que según la Casa Blanca se hicieron con motivos “poco creíbles”.

“Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023”, señaló el martes el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller.

Se refiere a lo firmado por la oposición y el chavismo en Barbados para celebrar las presidenciales en el segundo semestre de este año con observación internacional. A cambio, Washington flexibilizó un férreo embargo al crudo venezolano.

La Casa Amarilla rechazó “categóricamente” el “cínico” comunicado. “El gobierno de los Estados Unidos de América ha perdido la brújula moral” al “condenar a Venezuela por tomar acciones (…) para preservar la paz”.

“No sorprende que Washington abogue a favor de los artífices de las operaciones terroristas frustradas en Venezuela y que incluso les brinde su posicionamiento cómplice”, añadió.

“Defender estas acciones desestabilizadoras fomenta la violencia y atenta contra el normal desarrollo del proceso electoral de 2024”.

La ciudad de Nueva York emitió una alerta sanitaria que clasifica a las redes sociales como una “toxina de salud ambiental” debido a su impacto en la salud mental de los niños. El alcalde Eric Adams realizó el anuncio durante su discurso anual sobre el Estado de la Ciudad, enfatizando la necesidad de proteger a los estudiantes de los peligros en línea.

Infobae

“Somos la primera gran ciudad estadounidense que da este paso y denuncia así el peligro de las redes sociales”, declaró el alcalde Adams durante su discurso este miércoles. “Al igual que hizo el cirujano general con el tabaco y las armas, estamos tratando las redes sociales como otros peligros para la salud pública y asegurándonos de que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de sus productos”.

Datos del 2021, citados por ABC News, demuestran que un 77% de los estudiantes de secundaria en Nueva York pasan tres o más horas diarias frente a pantallas, sin contar el tiempo dedicado a las tareas escolares. El alcalde Adams enfatizó que aplicaciones populares como TikTok, YouTube y Facebook están “propiciando una crisis de la salud mental” mediante características de sus plataformas que son diseñadas para ser adictivas y peligrosas.

“No podemos permitir que las grandes tecnológicas moneticen la privacidad de nuestros hijos y pongan en peligro su salud mental”, declaró Adams. El comisionado de salud de la ciudad, el Dr. Ashwin Vasan, fue el encargado de oficializar la alerta sanitaria, confirmó CBS News.

Un estudio del Pew Research indicó por su parte que un 59% de adolescentes en Estados Unidos cree que las redes sociales los ayudan a sentirse más aceptados. No obstante, la advertencia del comisionado de salud remarca la insuficiencia de “investigación y datos claros” para determinar si las redes sociales son “seguras” para los adolescentes.

“Publiqué mi aviso sobre las redes sociales y la salud mental de los jóvenes porque la pregunta más frecuente que me hacen los padres es si las redes sociales son seguras para sus hijos. Aunque algunos niños se benefician de las redes sociales, no hay pruebas suficientes para concluir que sean suficientemente seguras”, declaró Murthy a ABC News el año pasado. “En cambio, hay más pruebas de que muchos niños se ven perjudicados por el uso que hacen de las redes sociales”.

En respuesta a las declaraciones de Murthy, un representante de Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, señaló la complejidad del problema de la salud mental y sugirió factores contribuyentes como el acceso limitado a la atención sanitaria, la pandemia de COVID-19 y la presión académica. De igual forma, desde YouTube comunicaron a ABC News que han instaurado varias salvaguardas para los usuarios jóvenes, y TikTok informó que han implementado funciones orientadas a mejorar la salud mental de los jóvenes, incluyendo recordatorios de horario de descanso y restricciones de edad.

En Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32 % con respecto a 2022, cuando se documentaron 396, denunció este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe anual.

EFE

Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra “personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG.

Según el informe, el año pasado estuvo marcado por una “profundización de la política de criminalización” y un “aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras”.

En este sentido, señaló que aumentaron las “vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa” de DDHH.

Fue un “año de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil”, subrayó la ONG.

Según estos registros, 298 fueron hechos de “estigmatización”, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados.

Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones “afectas a los intereses políticos del Estado” y “afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a “organismos de seguridad” en 24 de los hechos.

La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”.

Además, alertó de la elaboración, por parte del Parlamento, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de “limitar y obstaculizar el trabajo” de la “sociedad civil en general”.

En otro orden, Estados Unidos expresó este miércoles su “profunda preocupación” por las órdenes de arresto y las detenciones por parte de la dictadura de Maduro de al menos 33 venezolanos, entre ellos opositores, activistas, ex militares y periodistas.

“Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro”, señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Ese acuerdo, que comprometía a Maduro a facilitar unos comicios limpios, llevó a Estados Unidos a suavizar algunas de las sanciones que había impuesto al régimen chavista.

El gobierno de Joe Biden ha estado vigilando de cerca el cumplimiento de los compromisos por parte de los chavistas y ha advertido que las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias.

Imágenes pornográficas falsas de Taylor Swift generadas mediante inteligencia artificial están circulando en las redes sociales, dejando a su leal legión de Swifties preguntándose cómo no hay más regulación en torno a la creación no consensuada de imágenes con clasificación X.

The New York Post

Las imágenes en cuestión, conocidas como “deepfakes”, muestran a Swift en varias posiciones sexualizadas en un juego de los Kansas City Chiefs, un guiño a su muy publicitado romance con el ala cerrada del equipo, Travis Kelce.

No quedó claro de inmediato quién creó las imágenes o quién las compartió por primera vez con X, aunque hasta el jueves por la mañana «Taylor Swift AI» era tendencia en la plataforma, con más de 58.000 publicaciones sobre el tema.

Los Swifties se unieron y trataron de enterrar las imágenes compartiendo una avalancha de publicaciones positivas sobre la cantante de 34 años.

“¿Cómo es que esto no se considera agresión sexual?” preguntó un usuario X. «Estamos hablando de que el cuerpo/la cara de una mujer se utiliza para algo que probablemente nunca permitiría/se sentiría cómoda. ¿Cómo no existen leyes que lo impidan?».

“Cuando vi las imágenes de la IA de Taylor Swift, no podía creer lo que veía. Esas imágenes de IA son repugnantes”, dijo otro.

Otros fanáticos escandalosos de Swift llamaron a quien creó el “repugnante” y casos como estos “arruinan la tecnología [de IA]”.

“Quien los liberó merece castigo”, intervino otro.

El publicista de Swift, Tree Paine, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Post.

Imágenes de Taylor Swift desnuda generadas por inteligencia artificial circularon en las redes sociales el jueves, mostrando a la estrella del pop en varias posiciones sexualizadas en un juego de los Kansas City Chiefs.

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para regular aún más la IA en octubre que impide que “la IA generativa produzca material de abuso sexual infantil o imágenes íntimas no consensuadas de individuos reales”, entre otras cosas, incluida una mayor supervisión del uso de la tecnología en el desarrollo de productos biológicos. materiales.

La orden también exige que el gobierno federal emita directrices «para marcar con agua o etiquetar de otro modo los resultados de la IA generativa».

La pornografía deepfake no consensuada también se ha declarado ilegal en Texas, Minnesota, Nueva York, Hawái y Georgia, aunque no ha logrado detener la circulación de imágenes de desnudos generadas por IA en las escuelas secundarias de Nueva Jersey y Florida, donde se encuentran imágenes explícitas de deepfake de las alumnas fueron difundidas por compañeros varones.

La semana pasada, el representante Joseph Morelle (demócrata por Nueva York) y Tom Kean (republicano por Nueva Jersey) reintrodujeron un proyecto de ley que convertiría el intercambio no consensuado de imágenes pornográficas alteradas digitalmente en un delito federal , con penas imponibles como penas de cárcel, una multa o ambas.

La “Ley de Prevención de Deepfakes de Imágenes Íntimas” fue remitida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero el comité aún tiene que tomar una decisión sobre si aprobar o no el proyecto de ley.

Además de tipificar como delito el intercambio de imágenes íntimas alteradas digitalmente, la legislación propuesta por Morelle y Kean también permitiría a las víctimas demandar a los infractores en un tribunal civil.

A principios de este año, otras imágenes ultrafalsas del Papa Francisco con una chaqueta acolchada de Balenciaga y de Donald Trump resistiéndose al arresto también arrasaron en Internet.

Reporte de derrames petroleros en Venezuela julio-diciembre 2023, un resumen de los hallazgos: Para el segundo semestre del año 2023 se registraron un total de 35 derrames de hidrocarburos. Al sumar esta cifra con los 44 casos contados en el semestre anterior resulta un total de 79 eventos que pudieron ser registrados en el año 2023. Un número muy similar al documentado en el año 2022 (para el 2022 se totalizaron 81 derrames).

Clima 21

Un número importante son eventos continuos o lugares donde ya habían ocurrido otros derrames y fugas sin que aparentemente se solucionen las causas de los mismos.

Durante este período los estados afectados fueron principalmente Zulia y Falcón y en menos proporción los estados Anzoátegui y Carabobo. A pesar de ello, en el mes de julio el ministro para el Ecosocialismo aseguró que el Lago de Maracaibo no se encontraba en emergencia por contaminación. Asimismo, en el mes de agosto, el ministro de petróleo afirmó que en lo que iba de 2023 se habían registrado “casi cero” derrames en ese cuerpo de agua. En contraste, a finales de junio el presidente de la República anunció un plan para descontaminar este cuerpo de agua.

Al igual que en los otros períodos, la estatal petrolera (PDVSA) derrames no suministró información adecuada y suficiente sobre las causas, naturaleza del hidrocarburo derramado, ni ningún otro detalle de los mismos.

Una excepción a esta regla fue el caso del derrame en El Palito en el cual la estatal petrolera señaló que la causa había sido el desborde de una laguna de tratamiento de efluentes como consecuencia de las lluvias ocurridas en la zona.

Estas emergencias generan graves amenazas ambientales y daños a personas y comunidades que habitan en la zona afectada. A pesar de ello, en ninguno de los casos parece haberse realizado una evaluación de los daños ocasionados por el derrame, ni las empresas involucrados asumieron responsabilidad alguna por estos daños. Tampoco se conoció que se abrieran investigaciones sobre los responsables de estos hechos, ni sobre posibles sanciones a aquellos que resultaran por acción u omisión. En algunos casos la empresa prometió pagar compensaciones a los afectados por los derrames, pero no existe ninguna información de que haya cumplido con la misma. Igualmente persiste el patrón constante de negación a la información y la obstaculización del trabajo de los medios de comunicación.

Mientras Von der Leyen y Sánchez no dejan de repetir que España y otras democracias occidentales deben seguir estrangulándose económica y energéticamente por la Agenda 2030, los datos no dejan de desmentirles. España, Francia, Alemania o EEUU llevan años reduciendo las emisiones de CO2.

Por: Carlos Cuesta – Libre Mercado

Y China y Rusia, grandes beneficiados del deterioro económico de Occidente, llevan los mismos años disparando esas emisiones. Sin embargo, toda la presión se dirige a los países que ya han bajado sus niveles contaminantes por el puro desarrollo tecnológico y no a quienes es obvio que pretenden usar el ecologismo ultra para incrementar su poder mundial y debilitar a los países democráticos.

En medio de una avalancha de falsedades científicas sobre el cambio climático -datos comparados con el fin de una miniglaciación, borrado de las evidencias sobre el impacto negativo de las medidas lanzadas en la producción de alimentos, negación del efecto fertilizante del CO2, maquillaje de los datos de elevación de temperatura por medio de no tener en cuenta el impacto de las nubes en la rebaja del calentamiento, etc.-, en medio de todo ello, ha surgido una voz, con más de 1.600 científicos a sus espaldas, para advertir del brutal peligro y exageración que albergan los datos expuestos por Naciones Unidas con el fin de generar un alarmismo desmedido con respecto al clima. Esa voz se llama Climate Intelligence y cuenta como estandarte con el premio Nobel de física de 2022, John F. Clauser. Pero no hace falta demasiado para darse cuenta de que el alarmismo climático cuenta, además, con una evidente dirección política: la de favorecer una producción sin control de países como China o Rusia y la de trasladar toda la presión -y todos los costes añadidos de producción- a los principales países democráticos.

Y es que los datos de evolución de las emisiones de CO2 de la inmensa mayoría de países democráticos y capitalistas es positivo. Y lo es, precisamente, porque ese modelo capitalista ha favorecido un incremento de la renta per capita que ha permitido la renovación tecnológica natural, sin los golpes a la economía y la riqueza que busca el ecologismo ultra.

Así, España emitió en 2021 un total de 231.914 megatoneladas (Mt) de CO2. Mucho menos que las 314.707 Mt de 2000 ó las 371.537 de 2005. Lo mismo, pero aún más exagerado, ocurre con Francia. Gracias a sus centrales nucleares emite aún menos con una economía mayor. En 2021 emitió 302.327 Mt. Y en el año 2000 estaba muy por encima: 401.752 Mt.

¿Pero qué ha pasado con las dictaduras o países ajenos a los esquemas de las democracias liberales? Rusia ha elevado su peso contaminante hasta las 1.942.535 Mt en 2021 cuando en 2000 se limitaba a 1.673.218 Mt. China ha multiplicado por cuatro su cifra hasta llegar a 12.466.316 Mt en 2021 cuando estaba en 3.703.340 en 2000. Irán ha llegado a 710.831 cuando estaba en la mitad en 2000 -352.771-. Y Arabia Saudí ha hecho lo propio, duplicando hasta las 586.398 Mt su dato de 265.151 de 2000. Pero toda la presión se centra en quienes ya, gracias a su riqueza y tecnología, cumplen con el control de las emisiones.

El gobierno español está a punto de convertir en ley una forma de «terrorismo ligero», un delito que normalmente sería difícil de justificar si se otorga impunidad.

Por: Bridget Ryder – The European Conservative

Bajo el liderazgo del primer ministro socialista Pedro Sánchez, el parlamento del país está preparando una amplia amnistía para los separatistas catalanes. El proyecto de ley , que se espera sea votado y aprobado la próxima semana, legisla la impunidad total para todos los actos cometidos “en el contexto del llamado proceso de independencia catalán” entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, un lapso de tiempo que deliberadamente incluye los dos referendos separatistas ilegales llevados a cabo en 2014 y 2017.

Es alarmante que el terrorismo se haya añadido a una lista de actos amnistiados en enmiendas al proyecto de ley realizadas a petición del partido separatista catalán Junts Per Catalunya, con la salvedad “si no ha habido una violación grave de los derechos humanos”.

La propia ley especificaría que NO serán perseguidos ni sancionados los “actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o buscar la secesión o la independencia de Cataluña, así como aquellos que hubieran contribuido a la consecución de dichos fines”. Luego detalla una lista de delitos excusables: malversación de fondos, desorden público, ataques a la policía. 

El último intento de referéndum en Cataluña estuvo acompañado de semanas de disturbios que sacudieron particularmente a la capital regional y a la segunda ciudad de España, Barcelona. En 2019, la mayoría de los líderes del referéndum fueron condenados por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. 

Entre los condenados se encuentran líderes del grupo secesionista Tsunami Democrático, que encabezó gran parte de la agitación callejera que rodeó el referéndum en sí, incluidas protestas en el aeropuerto de Barcelona que interrumpieron las operaciones y causaron indirectamente la muerte de una persona. Un informe de la Guardia Civil incluido en el caso calificó las protestas de “terrorismo”, dado que la “estrategia u hoja de ruta del grupo consistió en ejecutar acciones de gran envergadura que movilizaron a miles de personas y que compromet[ían] [la] estabilidad económica, estabilidad social, empresarial e institucional de España”. 

La situación se complicó en noviembre pasado, cuando un juez español implicó al fugitivo catalán y eurodiputado Carles Puigdemont en supuesta actividad terrorista. Puigdemont era presidente regional de Cataluña en el momento del referéndum de 2017. Uno de los principales organizadores, huyó a Bruselas y desde entonces está prófugo de la justicia española. Pero esta circunstancia no le impidió seguir al frente del partido político Junts y ser elegido al Parlamento Europeo. En España, su partido tiene siete escaños decisivos en la cámara que está utilizando para impulsar una amnistía que no sólo retirará los cargos penales y castigos contra otros secesionistas, sino que también permitirá a Puigdemont regresar a España sin tener que enfrentarse a la ley. Dado que el juez lo implicó en el caso Tsunami Democrátic, podría enfrentar cargos de terrorismo.

“Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves” del “goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las que se basa la Unión”, afirma la directiva de la Unión Europea 2017/541. Esto significa que los beneficiarios de la ley de amnistía aún pueden tener dificultades para evadir la definición de terrorismo de la Unión Europea, que no hace distinción entre actos terroristas que son violaciones graves de los derechos humanos y aquellos que no lo son.

Las normas judiciales izquierdistas de la UE, típicamente dadas a anular las competencias nacionales de los estados miembros, podrían en esta ocasión mantener un enfoque más estricto hacia el terrorismo que el propio gobierno español. 

En una publicación reciente en X, Belén Becerril Atienza, profesora de derecho en la Universidad CEU San Pablo de España, destacó que esta misma regulación define “fines terroristas” como intentos de “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas constitucionales, económicas o sociales fundamentales”. de un país”. Al llamarlos actos terroristas, la Guardia Civil española identificó que la protesta en el aeropuerto tenía exactamente ese propósito. 

En la legislación europea no existe terrorismo ligero. Introducir una distinción jurídica que suene metafísica entre actos de terrorismo que violan y no violan los derechos humanos es una receta para el caos.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela informó el miércoles que embajadores de varios Estados del bloque llevan a cabo una «agenda de reuniones» en Caracas con «actores relevantes» para la implementación de los acuerdos firmados en Barbados, el pasado octubre, entre el gobierno y el sector mayoritario del antichavismo.

EFE

«Embajadores y representantes diplomáticos de varios Estados miembros de la Unión Europea llevan a cabo una agenda de reuniones en Caracas con actores relevantes para la implementación de los Acuerdos de Barbados», dijo la Delegación de la UE en su cuenta en X.

El bloque europeo acompañó su mensaje de una fotografía de varios de los representantes de los países miembros posando frente a la estatua del Libertador Simón Bolívar, en una plaza del centro de Caracas, cercana a las sedes de varios poderes públicos.

La publicación también fue difundida por la delegación opositora en el diálogo con el gobierno, que republicó el mensaje acompañado de la frase «seguimos trabajando».

Ni la oposición ni la UE identificaron a los actores en cuestión con los que se sostienen estos encuentros.

En las últimas semanas, tanto el gobierno como la oposición que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se han acusado mutuamente de violar lo pactado en Barbados, donde las partes suscribieron el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos».

Este miércoles, Estados Unidos se mostró «profundamente preocupado» por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos, incluidos miembros de la oposición, la sociedad civil, exmilitares y periodistas, tras la denuncia del gobierno venezolano de cinco planes conspirativos que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro.

«Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

En las últimas 48 horas, Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la PUD, María Corina Machado, ha denunciado la detención de tres jefes regionales del comando de campaña y la vandalización de varias de sus sedes, en cuyas fachadas escribieron «Furia Bolivariana», nombre de un plan lanzado por el jefe de Estado para «defender el derecho a la paz».

La ONG de Venezuela Control Ciudadano pidió este miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, explicar la expulsión de un total de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), «implicados en conspiraciones» contra el Gobierno, que incluían el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.

EFE

En una nota de prensa, la ONG advirtió que las expulsiones y degradaciones anunciadas entre el martes y hoy por el ministro de Defensa «están sujetas a control jurisdiccional y deben cumplirse los extremos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para efectuarse».

Explicó que, de acuerdo con la normativa venezolana, estas son «penas accesorias» y que, además, está previsto que las sentencias de quienes incurran en el delito de «traición a la patria» sean publicadas en prensa nacional.

La presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, recordó que el cumplimiento de la norma militar en torno a estas sanciones evita actos arbitrarios dentro de la Fuerza Armada.

El ministro Padrino informó este miércoles de la expulsión de un total de 33 militares de la FANB, una cifra que hasta el martes era de 18.

En un comunicado, explicó que estos militares, cuyos nombres, rangos y números de identificación están especificados en el documento, estuvieron «implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano».

Estas acciones -prosiguió- contemplaban «incluso el asesinato del primer mandatario nacional», lo que representa «actos de traición a la patria», por los que el grupo de 33 efectivos castrenses, conformado por 29 hombres y cuatro mujeres, fueron oficialmente expulsados de la FANB.

Maduro autorizó el lunes degradar y expulsar de la FANB a los militares implicados en los cinco planes conspirativos que fueron denunciados ese día por el fiscal general, Tarek William Saab, quien informó entonces de la detención de 32 personas desde mayo de 2023 por estar supuestamente involucradas en estos hechos.

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