La operación iniciada el 17 de marzo, contra personas presuntamente ligadas a irregularidades administrativas, ha entrado sin mayores anuncios en una nueva fase, difícil de evaluar y predecir.
Javier Ignacio Mayorca – Tal Cual
Es como la famosa «hora loca» de las fiestas matrimoniales. Los invitados que hasta ese momento guardaban cierta compostura, enfundados en trajes de noche, de repente salen a la pista de baile, se encaraman sobre las mesas, tratan de seguir el paso a los permanentes cambios de ritmo, se ponen máscaras y lanzan confeti mientras bajan las manos sobre el torso de las muchachas que están al lado. Todo se desordena.
Así está sucediendo en «caiga quien caiga». Quizá el nombre mismo del expediente ya lo anunciaba. Veamos.
*Cambio de actores. Esta operación se dio a conocer con el primer comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción (PNA) el 17 de marzo. Los funcionarios de este órgano, creado mediante un decreto de Maduro, llevaron a cabo la mayor parte de las detenciones reportadas desde ese día hasta el 30 de marzo, cuando reportaron el inicio de la segunda fase.
Posteriormente, se verificaron movilizaciones de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política dirigida por el general en jefe (Ejército) Gustavo González López. Esta entidad no solo provee custodia a la creciente lista de detenidos. También está ejecutando las diligencias que anteriormente llevaba a cabo la PNA.
*Descentralización de la vocería. Junto al Sebin, han ganado protagonismo elementos del oficialismo que mantuvieron posiciones más bien discretas durante las primeras dos fases de esta operación. Uno de ellos ha sido Diosdado Cabello, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cuya relación con González López es harto conocida.
Otro que ha tratado de ponerse al frente es el actual gobernador de Táchira, Freddy Bernal. Gracias a él, nos enteramos de que, hasta el pasado fin de semana, habían privado de libertad a 67 personas. La información sorprende, puesto que dos días después, el fiscal Saab reportaba que la cifra había subido a 81. Esto es, 14 personas entre lunes y martes. Es la hora loca.
*Maduro decide, pero ya no controla. En los primeros días de esta operación, era claro que el mandatario supervisaba cada paso, cada allanamiento. Incluso, que las cosas contaban con cierta planificación. Prueba de ello es que la nueva directiva de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) fue nombrada en Gaceta el mismo día en que destituyeron y apresaron al titular de ese despacho, Joselit Ramírez Camacho.
Maduro había anunciado que se mantendría al frente de la cacería. Pero es claro que ya no lo hace. Ahora asumió la posición de esos mariscales de campo, que ven la batalla a distancia, y de vez en cuando ordenan algún movimiento de sus tropas. Este retroceso ha sentado la oportunidad para que otros actores asuman relevancia.
En esta nueva fase, vemos acciones que se salen del libreto inicial. Quedan tras las rejas vendedores de carros, constructores, socios de empresas, directores de línea de una alcaldía, hackers, modelos y abogados. Todos en un mismo saco. Incluso, hay detenidos reciclados, como Mario Aquino, asistente de la presidencia del Circuito Judicial de Caracas al que apresaron por primera vez en febrero, señalado de haber cobrado sobornos por la liberación de un integrante de la megabanda Tren del Llano. Luego, fue puesto en libertad, y nuevamente quedó en custodia del Sebin con motivo de esta operación.
*Costo interno creciente. En medio de esta «hora loca», Maduro tuvo que tomar una decisión de alto costo, como fue la detención formal de Álvaro Enrique Pulido Vargas. Según el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaraín, este colombiano que había sido pieza fundamental en el programa Clap estuvo seis días privado de libertad en el Sebin, sin que fuese presentado en tribunales. En ese lapso, indicó Mundaraín, el director de la policía política intentó negociar con él para que entregara aunque fuese una partecita de los fondos formalmente logrados mediante la comercialización de crudo en el extranjero. La orden de formalizar su detención correspondió directamente al mandatario.
A partir de ese momento, se inició una campaña de propaganda dirigida esencialmente a las filas del oficialismo, para desligar a Pulido de las actividades de su socio, el también colombiano Alex Saab, que permanece preso en EEUU por conspiración para lavar dinero. Ambos son los máximos representantes de la empresa Salva Foods, clave en la importación de alimentos subsidiados. Ahora, en la narrativa del poder, Pulido está del lado de la corrupción, mientras que Saab sigue siendo un diplomático secuestrado.
*Fiscal juglar. En esta coyuntura, el titular del Ministerio Público ha quedado como aquellos individuos que durante la Edad Media iban de plaza en plaza cantando historias. Los reportes de Saab, al menos, sirven para llevar una cuenta sobre los números de detenidos, allanamientos y datos de contexto. Pero ningún detalle sobre los hechos que imputan a cada persona, y que permiten individualizar responsabilidades. Eso lo maneja el Sebin.
Según Mundaraín, González López ha decidido que solo trabajará con dos de los cinco funcionarios inicialmente anunciados por Saab para la instrucción de los expedientes. Ellos serían Farik Karin Mora Salcedo y Eddy Alberto Rodríguez Bencomo. Mora ya tiene experiencia en el trabajo con la policía política, desde la época en que era auxiliar para el Área Metropolitana y lo asignaban para instruir asuntos relacionados con manifestantes antigubernamentales.
Entonces, son dos funcionarios para instruir los expedientes sobre 81 detenidos por presunta corrupción y delitos conexos como el lavado de dinero, lo que implica pesquisas de alta complejidad. Una tarea titánica en la que estos dos fiscales difícilmente podrán marcar una diferencia.
