Una enmienda aprobada en la Cámara de los Comunes, que debe ratificarse, permitirá ignorar las órdenes globalistas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proceder a la deportación de los inmigrantes ilegales en suelo británico a Ruanda.
La Derecha Diario
El primer ministro británico Rishi Sunak se anotó una masiva victoria en su agenda anti inmigración que viene trabajando con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al aprobar este jueves, con el apoyo de 320 diputados, una ley que permite deportar inmigrantes ilegales a Ruanda.
Si bien resta la aprobación de la Cámara de los Lores (lo que sería como la Cámara Alta de su sistema legislativo), se espera que sea homologada fácilmente y el Partido Conservador logra un importante éxito en un año electoral.
Los conservadores vienen de una serie de derrotas legislativas brutales, y se ve golpeado en las encuestas por dos aspectos centrales: una pésima gestión del COVID-19 y la explícita traición al Brexit que los británicos votaron, luego de que en 4 años tras su salida de la Unión Europea, solo se eliminaran 600 de las 4.000 regulaciones vigentes del bloque europeo.
Esta medida se trata de una de las promesas electorales de Sunak, quien había prometido frenar la llegada de indocumentados a través del Canal de la Mancha y llevar a la práctica el sistema de deportaciones que había empezado a negociar el ex primer ministro Boris Johnson.
La Corte Suprema británica había fallado previamente en contra de esta política, respaldándose en la falta de garantías de seguridad de esos migrantes una vez llegados a Ruanda y en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta legislación aprobada sobrepasa la decisión del tribunal eurpeo que avala año a año el tráfico de personas indocumentadas.
El Reino Unido tiene un trabajo de largos años enfrentando una profunda crisis social y laboral provocada por la inmigración indiscriminada, especialmente la intromisión de células terroristas o ligadas al narcotráfico que llegan en estas embarcaciones.
Las cifras son alarmantes, ya que entre el 2022 y el 2023 llegaron al Reino Unido 75.000 embarcaciones cargadas de inmigrantes indocumentados, con un promedio de 500 personas por cada bote. La gran mayoría cruzando, desde Francia, a través del Canal de la Mancha.
El año pasado, el gobierno conservador logró llegar a un acuerdo con Turquía para el establecimiento de un nuevo centro operativo para abordar el crimen de inmigración organizado. En ese entonces, la ministra británica del Interior Suella Braverman aseguró que debían “hacer todo lo posible para acabar con las bandas de contrabandistas de personas y detener los barcos”.
Este texto enfrentará esta semana el primer debate en la Cámara de los Lores que podría proponer algunas modificaciones, pero sin alterar el espíritu que plantea el proyecto. El Comité de Acuerdos Internacionales de la Cámara recomendó no aprobarlo hasta que los ministros no puedan demostrar que el acuerdo es seguro.
Los laboristas, encabezados por su líder Keir Starmer, han asegurado que la derogarán en caso de llegar al poder, además de prometer una fuerte suba de impuestos en una economía en recesión.
Todas las encuestas indican que, de no mejorar las cifras para el gobierno conservador, el laborismo británico estaría a las puertas de volver a gobernar el Reino Unido luego de 14 años marginado a la oposición. El panorama es muy distinto a lo ocurrido en la última elección, donde Boris Johnson arrasó con una mayoría histórica para los Conservadores.
Boris era polémico pero efectivo, y consiguió la mayor cantidad de votos de la historia para un candidato conservador en 2019. Sunak es todo lo contrario; con un perfil moderado y alejado de las polémicas, las encuestas muestran una intención de voto por el piso.
Por fuera de la discusión parlamentaria de la enmienda migratoria, durante esta semana Sunak deberá enfrentar la rebelión de más de 40 parlamentarios conservadores, que demandaron más fondos para sus consejos locales (los gobiernos territoriales de Reino Unido), ya que enfrentan la bancarrota ante el aumento de costos y los recortes producidos por el gobierno central en busca de mayor austeridad.
