Armando Esteban Quito

Tras el asesinato de un exmilitar venezolano en Chile, el presidente del país prometió que su gobierno acabaría con los principales sospechosos: el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

InSight Crime

En una entrevista con el medio ADN el 11 de marzo, el presidente chileno Gabriel Boric se comprometió a desmantelar al Tren de Aragua. “Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra”, afirmó.

El pronunciamiento, la referencia directa más dura del presidente al grupo desde su aparición en el país, se produjo después de que el fiscal general de Chile, Héctor Barros, responsabilizara al grupo del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, ex teniente primero de las fuerzas armadas venezolanas.

El 1 de marzo, agentes de policía descubrieron el cadáver de Ojeda en una maleta enterrada bajo cemento en Maipú, un sector del suroeste de Santiago, donde anteriormente se habían descubierto múltiples “casas de tortura” del Tren de Aragua. El mismo día, la policía detuvo a un joven venezolano de 17 años por el secuestro y asesinato. Se han emitido notificaciones de Interpol contra otros dos sospechosos que, según se cree, han huido a Bolivia y Perú.

Al menos tres individuos vestidos de policías secuestraron a Ojeda desde su apartamento, situado en un decimocuarto piso en el norte de Santiago, poco después de las 3 de la madrugada del 21 de febrero y lo obligaron a subir a un carro, que posteriormente fue encontrado abandonado junto con los uniformes de policía.

Ojeda se encontraba en Chile desde que escapó de Venezuela, donde había sido detenido y torturado por las autoridades por un supuesto intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Maduro expulsó a Ojeda del ejército y lo denunció en múltiples ocasiones. La más recientemente ocurrió en enero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa afirmó que había planeado “acciones criminales y terroristas” contra el gobierno.

Ojeda no había recibido amenazas de grupos criminales antes de su secuestro, pero se sentía en peligro debido a su condición de refugiado, según declaró a InSight Crime el abogado de la esposa de Ojeda, Juan Carlos Manríquez.

El ex teniente primero creía que “el régimen lo estaba persiguiendo”, comentó su hermano al medio chileno La Tercera.

Aunque hasta ahora no hay pruebas que lo confirmen, uno de los sospechosos trabajó para el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami durante su etapa como gobernador del estado venezolano de Aragua, según documentos oficiales publicados por medios chilenos. Durante el mandato de El Assaimi como gobernador del estado natal del Tren de Aragua, el grupo se hizo más fuerte y recibió un trato preferente por parte de las autoridades.

El fiscal general de Chile afirmó que el crimen podría haber sido ordenado por alguien fuera de Chile y no ha descartado que pudiera tener una motivación política.

Análisis de InSight Crime

Independientemente de si alguien del Estado venezolano contrató al Tren de Aragua para llevar a cabo el secuestro, el crimen parece marcar una nueva fase en la evolución delictiva del grupo.

En el pasado, las acciones del Tren de Aragua habían sido más rudimentarias y burdas, publicando vídeos en Internet en los que amenazaba con matar a civiles en Lima, Perú, y desechando cadáveres en las esquinas de Bogotá, Colombia.

Sin embargo, el secuestro de Ojeda —con el uso de uniformes policiales y la decisión de llevárselo de su casa en lugar de utilizar el método más sencillo y común de secuestrarlo en público— muestra un nivel inusual de sofisticación y coraje.

“Se trata de un plan bastante considerable”, declaró Manríquez a InSight Crime. “Ejecutaron al menos seis etapas, un estudio previo, la extracción…[involucró] personas de apoyo, varios automóviles, la ruta de escape, labores de despiste… y testimonios que señalan que durante la ejecución de este hecho sí iban entregando reportes de que esta operación estaba en marcha. O sea, dan cuenta de que hay algún mandante.”

Los investigadores no han revelado quién ordenó el secuestro y asesinato de Ojeda, pero la planificación que habría requerido sugiere que sus captores eran conscientes del estatus de su víctima y de la atención que generaría el crimen. La ausencia de una exigencia de recompensa también lo diferencia del estilo de secuestro típico del Tren de Aragua, tanto en Venezuela como en el extranjero.

Se trata de la segunda vez que se vincula al grupo con un asesinato por encargo de gran repercusión —el primero fue el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en mayo de 2022—, lo que sugiere que la organización ofrece ahora este tipo de “servicios” delictivos.

La expansión de la organización desde Venezuela por toda Suramérica se basó en el tráfico de migrantes y la trata de personas, pero su adaptabilidad y la búsqueda de oportunidades delictivas han impulsado su continuo crecimiento. Sus células transnacionales están implicadas en delitos que van desde la extorsión a la explotación sexual, pasando por el tráfico de drogas a pequeña escala.

La pandilla también ha dado muestras de intentar manipular las instituciones chilenas mediante la intimidación o la corrupción. Múltiples jueces han intentado excusarse de un juicio contra los Gallegos, una facción del Tren de Aragua, y uno de ellos lo hizo sobre la base de una amistad con uno de los acusados, según El Mostrador. La Corte Suprema ha ordenado eliminar de la página web del Poder Judicial cualquier información que permita identificar a los jueces implicados en el caso, presuntamente por temor a represalias.

La presencia transnacional de la organización, que le ha permitido albergar a asociados que son buscados en un país, en una célula radicada en otro país, puede explicar por qué algunos miembros tienen una percepción de impunidad.

Asimismo, su estructura, con células en gran medida independientes en varios países, confiere a la organización una flexibilidad que impide que cualquier operación policial contra una célula se convierta en una sentencia de muerte para el Tren de Aragua en su conjunto.

Hace ya veinte años que nos pusieron una inmensa bomba en las vías por las que España transitaba hacia un futuro que, fuera cual fuera, fuerzas poderosas decidieron abortar. Por eso nos hicieron descarrilar. Para que la nación más antigua de Europa y una de las pocas decisivas en la historia de la Humanidad entrara en una etapa de vertiginosa degradación, perversión y podredumbre interior que permitiera la instrumentalización de nuestra desgracia en servicio de intereses de dichas fuerzas, ajenos y hostiles a la nación española.

Por: Hermann Tertsch – La Gaceta de la Iberosfera

Después de aquel 11 de marzo del 2004 que llevó en volandas al poder a quienes jamás lo habrían logrado sin la sangre de 193 muertos y dos mil heridos, España entró en una de las fases más vergonzosas, dañinas e indignas de su larguísima historia que ya estaba cuajada de dramáticos avatares y trágicas vicisitudes. Pero hay que buscar bien en esta turbulenta evolución de siglos de la España moderna para encontrar 20 años seguidos en los que sólo han gobernado por turnos, la vileza y la cobardía, sin ápice de verdad, dignidad y patriotismo.

Sólo los directamente beneficiados por aquella matanza, que son claramente quienes hoy gobiernan España y las fuerzas foráneas que la instigaron, tienen la osadía de pretender que la sentencia de aquel juez Bermúdez que daba carpetazo a los atentados de Atocha, tras haberse destruido sólo en días las pruebas, resolvía el caso definitivamente. Las bombas, los muertos y la España postrada dieron el poder a esta alianza que ya estaba en gestación entre las fuerzas separatistas, terroristas, totalitarias y las fuerzas con mantos ideológicos globalistas y socialdemócratas del «centrismo» rojo y azul, volcados en el control del poder por el bien de intereses propios y foráneos.

No pretendo saber quiénes idearon y ordenaron la ejecución de este atentado contra la Nación Española para cambiar radicalmente su rumbo y destino. Pero sí soy uno de tantos españoles que sabe bien, por experiencia propia, de la obsesión de dichos beneficiarios internos de la tragedia por impedir que se cuestione, investigue y rebata la ridícula visión oficial que se deriva de la sentencia. Las bombas convirtieron España en un gran campo de ensayo en territorio europeo de procesos totalitarios sólo aplicados antes fuera del continente.

Y claro está que nos convertimos en un país aún más entregado a los intereses de las dos grandes potencias europeas, Francia y Alemania, centradas ya en transformar la UE en un megaestado bajo su dirección. También de nuestro vecino del sur, Marruecos. Y por si fuera poco, también sometidos a la cada vez mayor influencia del proceso iberoamericano de secuestro de la izquierda por el crimen organizado. Éste, representado por Hugo Chavez Frías, fue quien protagonizó la primera visita de un jefe de Estado a la España gobernada por Rodríguez Zapatero, jefe de gobierno por la gracia de las bombas. Y fue Hugo Chávez con otros dirigentes criminales del llamado Socialismo del Siglo XXI los que organizaron y financiaron el desembarco de la franquicia chavista para secuestrar, con leninistas españoles a su servicio, aquel movimiento de protesta juvenil del 15M para convertirlo en Podemos y así forzar al PSOE a una radicalización en sus bases que se llevó por delante a todos los dirigentes que pudieran aun albergar un mínimo de sentido de Estado, aquellos que murieron tras el retorno triunfante en primarias del indeseable defraudador que habían expulsado de la secretaria general pero que, insensatos, no expulsaron del partido como delincuente que era tras intentar estafar en las urnas a sus compañeros.

Y así España, como fue vanguardia en el proceso de descomposición de las democracias parlamentarias en los Años Treinta se convirtió en adelantada en el desmantelamiento de los mecanismos de control del gobierno. El devenir no ha podido ser más trágico. Zapatero puso las bases para llevar al Estado hacia la dictadura de la mentira, el Partido Popular le ganó siete años después de las bombas y sólo gracias a la crisis económica unas elecciones. Y no pasó nada. La mediocridad tramposa se instaló a gestionar primero la crisis económica y después la crisis política que su falta de decisión alimentaba sin cesar. Y hubo un golpe. Y un 155. Y los jueces actuaron. Pero después nada. Todo siguió por los carriles políticos e ideológicos que habían impuesto quienes volaron las vías de Atocha. Y el gobierno memo e indolente de un líder tan despreciable como Mariano Rajoy se dejó atropellar por su propia cobardía, España quedó entregada a una izquierda ya plenamente identificada, tanto en Podemos como en el PSOE, con el socialismo del crimen organizado. Así este, desde Iberoamérica, corrompía a comunistas y socialistas españoles con Pedevesa y muchas otras modalidades de maletas Delcy y los convertía en servidumbre. Lograban así los narcocomunistas y todas las redes del blanqueo y tráfico que el Foro de Sao Paulo, después su otra careta del Grupo de Puebla, dieran el salto al Atlántico y establecieran en la Península esa cabeza de playa para la entrada de todo su negocio y todos los mecanismos de influencia política e impunidad criminal en la Unión Europea.

Y ahí estamos ahora. España gobernado por una banda de malhechores íntimamente relacionada con los regímenes más criminales del globo. Unos con Rusia, todos con Venezuela y Cuba, con Bolivia y el Brasil de Lula y la Colombia de Petro y a Zapatero lo tienen para las relaciones con todos, incluidos las relaciones personales privilegiadas con los peores como Maduro y por supuesto con los chinos, cada vez más presentes en Sudamérica y México, allí donde la banda de los Koldos que es la actual izquierda española en el poder, sacia sus instintos más primitivos de codicia.

Olvidada la broma de que las bombas las pusieron los cuatro moritos que se comieron el «marrón»… ¿Quién puso las bombas que secuestraron a España con la evidente intención de destruirla, acelerar y hacer irreversible su división y degradación en unas taifas gobernadas arbitrariamente por criminales? Para que un gobierno central en pacto con estos poderes territoriales pueda perpetuarse al impedirse toda posibilidad de cambio político hacia una recuperación de la nación, de la libertad, de la verdad, de la democracia, de la dignidad?

Beneficiarios evidentes y directos han sido aquellos que, como después hemos sabido, cuando estallan las bombas ya negociaban en secreto esa alianza de PSOE, terroristas vascos y separatistas catalanes, con este concepto hacia la creación de un «régimen progresista» como el que hoy gobierna. Pero sin duda tuvo otros capitalizados del proceso que se institucionaliza a partir de aquellas elecciones. Otros más importantes que las bandas delincuentes que hoy disfrutan con esa artificiosa y perversa mayoría parlamentaria en España. Fuerzas que no querían que España tuviera para el siglo que comenzaba entonces un papel propio, con soberanía y aliados que podían haber desarrollado otros ejes y espacios que no fueran el triste y humillante sino bajo del rodillo franco-alemán en Bruselas y hasta de la prepotencia y procacidad de Rabat.

Veinte años después, nuestra curiosidad sigue en pie. Pero nuestra prioridad tienen que ser ya acabar con los efectos del 11M, con el secuestro de España y su futuro por las fuerzas que llegaron al poder por la matanza y que responden a muchos intereses viles dentro del país y muchos otros foráneos. Llegados a donde estamos, es iluso creer que hay un retorno a la libertad, a la democracia y al imperio de la ley que no sea traumática de alguna forma traumática. Porque las instituciones están en su mayoría secuestradas por criminales prácticamente desde aquella noche electoral tras las bombas y los secuestradores no soltarán al rehén porque es el que les da todo el poder para el abuso sin límites y toda la impunidad para este abuso y el delito.

No hay motivos para el derrotismo ni la resignación. Veinte años después hemos avanzado con la toma de conciencia de muchos los españoles de que estamos de nuevo en una guerra larvada por la independencia, la libertad y nuestros derechos, una guerra que van ganando el enemigo por falta de reacción, presencia de ánimo, por tanta cobardía e indolencia de muchos que juraron defender las leyes y la nación, y no lo han hecho cuando han podido. Pero cada vez son más los españoles que saben que es una contienda que no se puede perder porque es existencial y esencial, de ella depende la continuidad histórica de España. Estamos mejor que hace quince o diez años porque muchos sabemos con quiénes no se puede contar, porque son falsos defensores. Y estamos mejor sobre todo porque hoy sabemos bien lo mal que estamos. Lo presos que estamos. Lo sometidos, maltratados, saqueados y humillados que estamos. Nos jugamos seguir existiendo como españoles y seres libres. Por eso tenemos un deber hacia nuestros descendientes, hacia nuestros antepasados y nuestra historia y hacia nuestro honor de ganarla.

En su desastroso y enfurecido discurso sobre el Estado de la Nación, Joe Biden se refirió de nuevo en abundantes citas al ‘asalto al Capitolio‘, presentándolo como un intento de golpe de Estado achacable a Donald Trump, y precisamente es el cargo de insurgencia el que está permitiendo a jueces de toda la unión retirar de los colegios electorales las papeletas del expresidente republicano.

La Gaceta de la Iberosfera

A estas alturas, las pruebas gráficas —cientos de horas de vídeo— ya parecen dejar claro que aquello fue más una trampa llena de agentes federales que una rebelión organizada, pero ahora sabemos algo más, algo que el propio Trump viene diciendo desde el principio: en cualquier caso, él no estaba detrás de los disturbios, y se esforzó por disolverlos.

Ahora sabemos que el Comité del 6 de enero de la exdiputada republicana Liz Cheney suprimió las pruebas de que el presidente Donald Trump presionó para que se enviaran 10.000 tropas de la Guardia Nacional para proteger la capital de la nación, según muestra una transcripción previamente oculta obtenida por The Federalist.

Cheney y su comité afirmaron falsamente que «no tenían pruebas» para respaldar las afirmaciones de los funcionarios de Trump de que la Casa Blanca había comunicado su deseo de enviar 10.000 soldados de la Guardia Nacional. De hecho, una de las primeras entrevistas transcritas y realizadas por el comité incluía precisamente esa evidencia de una fuente clave. La entrevista, a la que Cheney asistió y en la que participó personalmente, no ha sido publicada hasta ahora.

La primera entrevista transcrita del subjefe de gabinete Anthony Ornato con el comité se llevó a cabo el 28 de enero de 2022. En ella, les dijo a Cheney y a sus investigadores que escuchó al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, presionar a la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, para que solicitara tantos funcionarios nacionales como fuese necesarios para proteger la ciudad.

También testificó que el presidente Trump había sugerido que se necesitarían 10.000 para mantener la paz en las manifestaciones públicas y protestas programadas para el 6 de enero de 2021. Ornato también describió la frustración de la Casa Blanca con el lento despliegue de asistencia por parte del Secretario de Defensa interino Christopher Miller.

El comité no sólo no caracterizó con precisión la entrevista, sino que suprimió la transcripción de la revisión pública. Además de eso, los aliados del comité comenzaron a publicar historias críticas e incluso teorías de conspiración sobre Ornato antes de las entrevistas de seguimiento con él. Ornato era un funcionario de carrera del Servicio Secreto que había sido asignado al puesto de seguridad de la Casa Blanca.

Quiero contarles algo que viví en el último recorrido que hicimos en Barinas, Portuguesa y Mérida.

Yo venía en una moto, camino a la concentración en Acarigua, cuando este muchacho del video me empieza a gritar desde su moto.

Me dijo cosas increíbles que no sé ni cómo escuché con el ruido. Se llama Carlos y luego logró llegar entre la multitud hasta la tarima.

Lo que más me sorprendió fue que mencionó la palabra clave: confianza. Esto es lo que hoy a mí me mueve y me hace avanzar, la confianza en el pueblo de Venezuela.

Si algo me da seguridad, es esto.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió nuevamente al secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda y su reciente vinculación con miembros del grupo delictivo Tren de Aragua.

Noticia Al Día

Para Boric, este crimen “demuestra que hay grupos de crimen organizado que tienen redes operativas que terminan permeando en diferentes sectores”.

En esa línea, destacó la labor de las policías, ya que “a la semana ya la PDI y Carabineros establecieron lo que había sucedido, hay detenidos y se estableció el vínculo de una organización criminal como el Tren de Aragua, que se le está golpeando en diferentes frentes”.

“Y en eso no vamos a cejar (no cederán) y vamos a ser implacables. Todos los que sean parte del Tren de Aragua en Chile sepan que los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y los vamos a encontrar, los vamos a meter presos y vamos a desarticular su organización”, concluyó el presidente Boric.

La dictadura comunista soviética repetía machaconamente sus consignas para que calaran bien en la población. Del mismo modo, la obsesiva repetición del término «sostenible» y la ubicua presencia del logo multicolor de la Agenda 2030 son signos del nuevo totalitarismo que nos están colando por la puerta de atrás en una sociedad debilitada por la Cultura del Miedo y por la pérdida de referentes morales. A esto hay que sumar el poder de la corrección política, concepto creado por el marxismo-leninismo, la cual marca unas lindes ―infranqueables bajo pena de linchamiento u ostracismo― hoy decididas por una misteriosa Autoridad Superior y transmitidas por los obedientes medios de comunicación. Hay que reconocer que la corrección política ha cumplido con su misión: asfixiar el libre pensamiento y crear un miedo generalizado a disentir.

Por: Fernando del Pino Calvo-Sotelo – FPCS

En el caso de la Agenda 2030, la mayoría de las empresas e instituciones repite la consigna como muestra de virtud social, aunque nadie conozca muy bien su contenido. ¿Qué es la Agenda 2030? Y, si es tan importante, ¿por qué no ha sido votada por nadie?

¿Qué es en realidad la Agenda 2030?

La «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» es un acuerdo propiciado por la ONU en el año 2015 para sustituir a la olvidada Declaración del Milenio (2000-2015). Una diferencia importante entre ambos textos estriba en que ésta pasó desapercibida mientras que la Agenda 2030 ha sido embutida, encajada, empujada, encastrada, empotrada en la sociedad con tanta fuerza que, en comparación, la alimentación forzada de las ocas parece un acto de libre albedrío de los pobres animales.

La Agenda posee 17 objetivos y 169 metas con la aparente finalidad de «poner fin a la pobreza y el hambre (…) y proteger al planeta». Su lenguaje es voluntarista y rimbombante: «Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones» con un crecimiento «sostenible, inclusivo y sostenido» (soniquete que se repite como un mantra). De hecho, el texto es completamente utópico, lo que por sí mismo debería ser una primera fuente de preocupación, no en balde las utopías del s. XX ―en especial, el comunismo― mataron a más de 100 millones de personas en todo el mundo.

El lenguaje del documento ofrece bastantes indicios sobre su verdadera naturaleza. En sus cuarenta páginas[1] la palabra «sostenible» aparece mencionada 223 veces y la palabra inclusivo, 23. Por el contrario, el término «libertad» sólo se menciona en 3 ocasiones, «familia» sólo en 1 y «propiedad privada», ninguna, o sea, 0, coincidiendo con el eslogan del Foro Económico Mundial de Davos (WEF), «socio estratégico» de la Agenda 2030: «No tendrás nada y serás feliz».

Una de las tres únicas veces en que se menciona la palabra libertad es para afirmar que la Agenda busca «fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad». Es ésta una expresión inquietante, dado que el término libertad no requiere de nuevas reinterpretaciones. Así, dada la naturaleza orwelliana del texto, resulta imperativo acudir a la «neolengua» descrita en la novela 1984, en la que el Ministerio del Amor se dedicaba a la represión y el de la Verdad, a la propaganda más engañosa. De este modo, la traducción real de la frase anterior sería la siguiente: «La Agenda 2030 tiene como objeto fortalecer la dominación universal dentro de un concepto más restringido de libertad». Se comprende mejor, ¿verdad?

Para discernir la verdad sobre la oscura sombra que proyecta esta iniciativa de la ONU ―es decir, del globalismo― es necesario distinguir entre los objetivos que propugna, aparentemente loables, y los medios que propone para alcanzarlos, completamente opuestos a la consecución de dichos fines. Recuerden que el abismo existente entre unos fines aparentemente benéficos y unos medios perversos ha sido precisamente lo que ha caracterizado a las utopías más destructivas de la Historia.

Un programa totalitario y liberticida

La primera crítica que puede hacerse al utópico programa de la Agenda 2030 es su carácter totalitario, pues aspira a controlar la totalidad de la vida de los individuos ―incluyendo qué y cuánto comen, y qué y cuánto consumen―. Como hemos mencionado, el concepto de libertad brilla por su ausencia y es remplazado por un acérrimo estatismo. En efecto, la libertad individual y la iniciativa privada son ninguneadas a favor de un constante intervencionismo estatal al que se atribuye un carácter benéfico y una capacidad sobrehumana de solucionar todos los problemas.

El intervencionismo que propone resulta tan exagerado que recuerda a los Planes Quinquenales de la extinta URSS. Por ejemplo, especifica objetivos concretos de crecimiento del PIB en los países menos adelantados y la «duplicación» (¿por imperativo legal?) del peso de la industria («inclusiva y sostenible») en el PIB de esos mismos países.

Las similitudes con el comunismo continúan, pues también propone reducir no sólo la desigualdad de oportunidades, sino también «la desigualdad de resultados». En esta línea, se compromete a efectuar «cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios» y formula un axioma revelador: el crecimiento económico (sostenido, inclusivo y sostenible) «solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de los ingresos». Así, aboga por aumentar la progresividad de los impuestos y reforzar «la reglamentación y vigilancia de las instituciones» desde un Estado al que se le otorga «plena soberanía permanente sobre la totalidad de su riqueza, sus recursos naturales y su actividad económica».

Por último, declara pomposamente que actúa «en nombre de los pueblos a los que servimos». Exactamente, ¿cómo y cuándo se han manifestado «los pueblos» sobre la Agenda 2030? ¿Y podrían decirme en qué país el poder político sirve al pueblo en vez de servirse de él?

La ideología y la religión climática en la Agenda 2030

Sin embargo, lo más determinante de la Agenda 2030 es que, lejos de ser un documento políticamente aséptico, posee una carga ideológica muy determinada.

En primer lugar, es materialista, pues omite toda dimensión trascendental del ser humano, convertido en poco más que un animal o un robot, a pesar de que el 72% de la población del planeta ―el pueblo al que dicen servir― cree en Dios (sólo el 10% se declara ateo) y que una amplia mayoría cree que hay vida después de la muerte[2]. Aunque el 62% de la población mundial vive en países donde se conculca el derecho a la libertad religiosa (siendo la religión cristiana la más perseguida[3]), el texto en ningún momento la menciona, como tampoco menciona la libertad de expresión. Asimismo, su desprecio por el ser humano lleva a colocarlo al mismo nivel que las demás criaturas en un mundo «donde todas las formas de vida puedan prosperar sin temor ni violencia».

Cómo no, la Agenda 2030 defiende la ideología de género (palabra repetida 15 veces en el documento): «la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de esta Agenda es crucial». También apoya el aborto bajo el eufemismo de «salud reproductiva de la mujer» y relega a la familia a un puesto secundario en un mundo caracterizado por la relación de servidumbre entre el amo (el Estado omnipotente) y su siervo, un individuo aislado y solo, ninguneando a la familia como unidad fundamental de la sociedad y como sujeto de derechos previos a la existencia del Estado.

En cuanto a su apoyo a la religión climática ―que menciona 20 veces― la Agenda 2030 tiene el mismo tinte pesimista y catastrofista del primer informe del Club de Roma ―un documento seminal del movimiento globalista― con una conciencia de escasez cuya única solución es, aparentemente, la aceptación de una tiranía global dirigida por una élite que quiere hacernos la vida ciertamente incómoda mientras nos salva de un peligro inexistente. Así, repite la habitual letanía apocalíptica climática alertando del «peligro para la supervivencia de muchas sociedades» causado (entre otros factores) por un pretendido aumento de los desastres naturales y de las sequías y un supuesto agotamiento de los recursos, tres afirmaciones no sustentadas por los datos[4].

Naturalmente, la Agenda 2030 propone aumentar la proporción de energías renovables para lograr un suministro de energía «asequible, fiable y sostenible» y «duplicar» la eficiencia energética. El problema es que las energías renovables a las que implícitamente hace referencia (eólica y fotovoltaica) nunca serán ni eficientes, ni fiables ni asequibles al ser intermitentes y depender de la existencia de suficiente viento o radiación solar, que sólo se dan en determinadas latitudes, estaciones u horas del día. Así, las fuentes renovables exigirán siempre un respaldo de energías térmicas tradicionales, lo que implica una cara redundancia de sistemas de generación o, en su defecto, una vida vivida entre apagones intermitentes.

Objetivo: reducir la producción de alimentos

Con similares contradicciones —en lo que quizá sea la prueba más evidente de su hipocresía—, la Agenda 2030 asegura querer poner fin al hambre y duplicar la productividad agrícola mientras propone medidas que promueven justo lo contrario, es decir, que crearán hambrunas. Así, bajo la habitual coartada medioambiental el texto supone una verdadera declaración de guerra al campo, lo que ha llevado en muchos países a una justificada reacción de ganaderos y agricultores que luchan por su supervivencia, que es la nuestra.

En el caso de los ganaderos, la guerra toma la forma de una grotesca demonización del ganado como emisor de metano y de una inmoral campaña contra el consumo de carne y proteína animal, clave para la salud. En el caso de los agricultores, la Agenda 2030 quiere imponer una reducción en el uso de agua, fertilizantes y pesticidas. Con su doblez habitual, afirma querer «aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos», pero a la vez obliga a «restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los ríos» (es decir, destruir presas), lo que merma la capacidad de riego. Asimismo, con el pretexto de reducir la contaminación marina, propone primero controlar las «actividades terrestres», incluyendo «la polución por nutrientes» (es decir, los fertilizantes), y luego reducir «la liberación de productos químicos a la atmósfera, el agua y el suelo» (es decir, los pesticidas). Sin agua para alimentar las plantas, sin fertilizantes para nutrir la tierra y sin pesticidas para eliminar las plagas, ¿cómo se va a mejorar la productividad agrícola? ¿No se logrará más bien revertir la maravillosa Revolución Verde, que permitió multiplicar el rendimiento de los cultivos y alimentar a una población creciente? Voy más allá: ¿Creen ustedes que los autores de la Agenda 2030 ignoran que éste será precisamente el resultado?

El caso de Sri Lanka es el canario en la mina. En 2021, el gobierno de aquel país decidió prohibir los fertilizantes químicos y los pesticidas con los típicos argumentos medioambientales. Su presidente alardeó de ello en un discurso en la cumbre climática del COP26 en el que abogó por la agricultura orgánica y por las energías renovables. «El hombre debe vivir en sintonía con la naturaleza», afirmó citando textualmente un punto de la Agenda 2030. Tres años antes, el Foro Económico Mundial (WEF) había publicado un artículo del entonces primer ministro en el que publicitaba su “visión”. El país logró un rating ESG de 98.1 sobre 100 y se convirtió en el niño mimado de la ONU y en un modelo de aplicación de la Agenda 2030. Pues bien, en sólo seis meses la producción agrícola cayó un 20% y los precios aumentaron un 50% mientras ciertos productos, como los tomates y las zanahorias, multiplicaban su precio por cinco. En un país productor de arroz, el gobierno se vio obligado a importarlo, y finalmente llegó la hambruna, las masas asaltaron el palacio presidencial y el presidente huyó mientras el WEF corría a borrar el mencionado artículo de su web, pero el daño estaba hecho: hoy la desnutrición infantil sigue siendo un problema en Sri Lanka[5].

Conclusión

Bajo el bonito manto de unos fines aparentemente nobles, la Agenda 2030 oculta un programa empobrecedor y misántropo y nos dirige hacia un mundo con permanentes cartillas de racionamiento. Afirma querer combatir la pobreza, pero sus políticas no harán más que aumentarla al suprimir la libertad y la propiedad privada, piezas clave para el progreso económico. Enaltece a un Estado al que dota de atributos divinos (omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia) mientras desprecia a la persona, a la que reserva el papel de siervo de la élite gobernante. Hace creer, contra de toda evidencia, que son los Estados y no los individuos los que crean riqueza, olvidando que es el individuo el que crea riqueza y el Estado parasitario el que se apropia de ella. Finalmente, plantea una actitud paternalista y neocolonialista hacia los habitantes de los países más pobres, negándoles la dignidad que les corresponde y la capacidad de ser protagonistas de su destino.

El globalismo que inspira la Agenda 2030 sabe que el control (y la reducción) de la población mundial requiere del control de las fuentes de energía y de los alimentos, y éste es el verdadero objetivo de esa ingeniería social astutamente denominada cambio climático.

Finalmente, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista de sus resultados la Agenda 2030 está siendo un calamitoso fracaso, algo reconocido ya por la propia ONU[6] y el Banco Mundial[7]. En efecto, habiendo transcurrido más de la mitad del plazo con que contaba para lograr sus objetivos aparentes, no se ha reducido la pobreza extrema ni el hambre, la mortalidad infantil y maternal apenas han variado, la mortalidad por malaria, lejos de disminuir, ha aumentado (gracias al veto de pesticidas por razones «medioambientales»), y el «pleno empleo» sigue siendo una quimera.

Sin embargo, a los autores de la Agenda 2030 sus 17 objetivos no les importan en absoluto. Su verdadero objetivo es sólo uno: la dominación, lograda mediante la imposición de un nuevo orden mundial basado en un férreo control estatal y en la servidumbre de un ser humano despojado de derechos.

La última edición del Índice Global de Terrorismo (GTI, por sus siglas en inglés) del Instituto para la Economía y la Paz, publicada en febrero de este año, estima que el terrorismo causó 8.352 muertes en todo el mundo en 2023. Esta cifra es la más alta desde 2017 y representa un aumento del 22% con respecto a 2022. El número de países que registraron muertes por terrorismo cayó a 41, considerablemente menos que el pico de 57 países registrados en 2015 y los 44 en 2022.

María Florencia Melo – Statista

El índice mide el impacto directo e indirecto del terrorismo en 163 países en términos de atentados, muertes, heridos, rehenes, daños a la propiedad y los efectos psicológicos que el terrorismo tiene en la población.

De acuerdo con el reporte, «con diferencia, el mayor ataque terrorista ocurrido en 2023 fue el ataque del 7 de octubre perpetrado por militantes liderados por Hamás en Israel. En el ataque murieron 1.200 personas y fue el mayor ataque terrorista desde el 11 de septiembre, y uno de los ataques terroristas más grandes en la historia». Las consecuencias «han sido inmensas y todavía están desarrollándose, con aproximadamente 25.000 palestinos asesinados por respuesta militar de represalia de Israel hasta febrero de 2024» según una consulta del Instituto al periódico The Guardian ese mes.

Aunque Israel sufrió el mayor ataque terrorista en 2023, no fue el país más afectado por el terrorismo, ya que Burkina Faso ocupa el primer lugar en el índice. En los 13 años que se publica el reporte, es la primera vez que un país distinto de Afganistán o Irak está en lo más alto del ranking. Según el informe, «casi 2.000 personas murieron en ataques terroristas en Burkina Faso en 258 incidentes, lo que representa casi una cuarta parte de todas las muertes terroristas a nivel mundial».

De acuerdo con el índice, a escala mundial, «el grupo terrorista más mortífero por noveno año consecutivo fue Estado Islámico (EI), con 1.636 muertes atribuidas en 20 países».

Hugo Chávez inició su vida política acribillando a centenares de venezolanos, mató a más de mil personas en sus intentos de golpe de estado. Era un asesino en serie, en Estados Unidos le habrían dado 400 años de cárcel por sus crímenes, pero aquí lo liberaron.

Gustavo Tovar-Arroyo

Chávez, junto a su predilecto Maduro, ha sido el peor dictador de la historia de Venezuela, su alma estaba carcomida por el rencor y el resentimiento; su acción política también. Una vez que llegó al poder consumó su peor crimen: masacrar a una nación. Fue inclemente. Moldeado al estilo soviético que su mentor Fidel Castro le inculcó, Chávez inició su paso por el poder odiando a los venezolanos, se mantuvo en él potenciando su odio y murió odiando a diestra y siniestra, tanto fue así que dejó a su compañero de intimidades, Nicolás Maduro, como legado de su odio.

La palabra odio viene del latín odium (conducta detestable) y Chávez no sólo tuvo una conducta detestable, él era detestable. Los romanos usaban odio como referencia política, cuando se regía con aversión y rechazo, se causaba odio en la población (rechazo). Séneca decía Culpa par odium exigit: la ofensa exige un odio a la par, y las ofensas de Chávez y de su manada de corruptos fueron incontables. Insultó a todo venezolano que se le enfrentó con desparpajo e indolencia inéditos. Su intención -soviética- era aniquilar moralmente a todo aquel o aquellos que se le oponían, sin tregua, sin compasión, sin pena, disparaba su resentimiento a mansalva y si el insultado sobrevivía al insulto, la vejación o la vergüenza pública, lo perseguía y lo encarcelaba.

Su catálogo de insultos fue tan variado como feroz: fascista, estúpido, imbécil, retrasado mental, miserable, pendejo, demonio, mierda, desgraciado, troglodita, bandido, jalabola, maldito, traidor, ladrón, asesino, pitiyanqui, tarúpido, vendepatria, ignorante, malnacido, etcétera. Cada palabra era una bala en la frente de la venezolanidad, cada palabra era un puñal en el corazón de Venezuela.

La oposición quedó estupefacta, la nación no estaba acostumbrada a semejante vejamen público, insultar gratuitamente desde el poder…, desde la máxima magistratura no se había escuchado jamás en el siglo XX venezolano. Chávez había sembrado su rencor y cosechó un huracán sociopolítico que jamás fue sanado, hasta nuestros días.

Chavismo la peste

Las elecciones del año 2024 atienden propósitos distintos para el régimen y para los venezolanos. Nicolás Maduro las considera un mecanismo que puede manipular para mantenerse ilegítimamente en el poder por seis años más. Para la ciudadanía representan un derecho constitucional mediante el cual se puede, pacíficamente, remover del gobierno a quienes por veinticinco años han destruido la nación, y reemplazarlos por nuevos liderazgos que conduzcan una transición genuina de Venezuela a la democracia e impulsen su desarrollo, sostenible y en paz.

El régimen dictatorial que ocupa el poder no contempla la posibilidad de ser reemplazado, y utiliza toda clase de herramientas, legales e ilegales, para que los venezolanos abandonemos la lucha firme que todos estamos obligados a dar para provocar la transición a la democracia. Y las combina en una estrategia abominable que busca mantener la falsa percepción de que su mandato ha sido legítimamente ratificado.La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El régimen ha marcado las elecciones presidenciales que manda la Constitución para 2024 con la persecución sistemática de dirigentes opositores y con iniciativas para que la oposición sustituya el liderazgo que escogió por abrumadora mayoría en las elecciones primarias de octubre de 2023. A ello se suma, en la estrategia comentada, la reciente convocatoria anunciada por el CNE para realizar las elecciones en julio del presente año.

Las implicaciones y la inviabilidad de una sustitución del candidato presidencial

Las transiciones políticas, como la que aspira Venezuela, pueden pasar por un proceso de elección presidencial, pero implican mucho más que un cambio de gobierno y no se decretan; son procesos que se gestan y desatan del aprendizaje de las sociedades, cuando el sufrimiento, la incertidumbre y la injusticia encuentran la fuerza en un líder que encarna el sentimiento y hace posible la estrategia para avanzar. Ellas requieren de una audacia sólo equiparable a la urgencia por el cambio, y el líder emerge porque se le reconocen atributos de visión, justicia, integridad y coraje para conducir la transición, que otros no pueden emular.

En fin, el debate sobre la designación de un candidato sustituto de la oposición democrática a las elecciones de 2024 implica renunciar a la posibilidad de una transición a la democracia, hoy encarnada en María Corina Machado como líder del proceso, legitimada por la sociedad.

En otras palabras, ese debate tiene como única finalidad impedir el cambio político, pero tal claudicación no es posible porque un liderazgo así legitimado no se puede ceder, heredar o transferir.

El régimen se sabe derrotado en cualquier escenario real de consulta de la voluntad popular, especialmente si ella incluye a María Corina Machado, quien no es simplemente una candidata, sino el líder de la Venezuela posible, escogido por las bases de la sociedad para
conducir nuestra transición.

Por ello el régimen promueve la sustitución del líder a través de algunos miembros de las élites económicas, políticas e intelectuales que ha cooptado a lo largo de veinticinco años usando la extorsión, la represión y el soborno. Se trata de grupos o individuos que, por temor,
comodidad, interés o insensatez, han cerrado sus ojos frente al dolor del país; actores que alimentan el constructo perverso de “buscar que amplíen el tamaño de nuestra jaula”, que actúan en una estrategia mediocre y cortoplacista, pues en algún momento el régimen también arremeterá contra ellos. A estos actores les ha llegado el tiempo de rectificar, de lo contrario, el libro de la historia está abierto y en proceso, y el juicio posterior les será devastador.

La convocatoria del CNE implica la ilegitimidad y la simulación de las elecciones

La legitimidad del proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los venezolanos elijamos al presidente de la republica el próximo 28 de julio está en serio cuestionamiento, no sólo porque existen candidatos inconstitucionalmente inhabilitados a quienes se les impide participar, sino porque no se permite el voto de unos diez millones de ciudadanos, cifra que incluye a los nuevos votantes, a quienes no han actualizado su registro y a los millones de venezolanos forzados al destierro que residen en el exterior.

Además, el proceso es una simulación de elecciones libres porque el régimen persigue a los lideres de la oposición que hacen campaña electoral, lo que se muestra, entre otros hechos, en las violentas y ya sistemáticas agresiones a María Corina Machado, en el abierto amedrentamiento a los miembros de su equipo y en las detenciones ilegales y las desapariciones forzosas de ciudadanos como Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López y Rocío San Miguel.

El cronograma electoral establecido por el CNE, ajustado a hitos de la historia del chavismo, además de inconveniente por los lapsos previstos, es inconstitucional e inaceptable por irrespetuoso de los derechos ciudadanos. Sin embargo, el régimen lo justifica afirmando que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Dónde estuvo la participación de los rectores del Consejo que dicen representar los intereses de las mayorías democráticas? ¿Quién postuló a esos rectores?

¿Cuál es el reto y cual la solución?

El reto para los venezolanos es forzar al régimen a participar en una elección que ofrezca garantías efectivas a la oposición; es no prestarse a las maniobras de la sustitución del líder que escogimos, y, si el régimen pretende arrebatarla de las manos del pueblo, forzarlo a hacerlo exponiéndose claramente ante la nación y toda la comunidad internacional.

Y la verdadera y única solución es volver al Acuerdo de Barbados y rehabilitar a todos los candidatos, echar atrás la convocatoria del CNE y modificar el cronograma electoral, traer observadores internacionales confiables y dar las más amplias condiciones para que todos participemos libremente. De lo contrario, las elecciones serán ilegitimas, el país seguirá aislado y nosotros los venezolanos continuaremos siendo parias a nivel internacional.

Caracas, 11 de marzo de 2023

Carmen Teresa Albanes, Milos Alcalay, Claudio Bifano, Roberto Casanova, Werner Corrales Leal, Santiago Clavijo A., Arnoldo J. Gabaldón, Douglas Jatem, Sary Levy, Ángel Lombardi, Néstor López Rodríguez, José Mendoza Angulo, Vladimiro Mujica, Juan Pablo Olalquiaga, Alberto Ray, Asdrúbal Romero, Benjamín Scharifker, Genry Vargas.

Vía Rumbo Propio

¿Dónde estamos parados? : Sin autonomía de poderes, violencia, emigración de talentos, escasez, no hay estado de derecho, linchamientos, inflación, pobreza, devaluación, control, persecución política.

Preguntándonos ¿qué pasará?: Elecciones, explosión social, transición, cascos azules, asonadas militares, hambruna, fragmentación del país, quiebra del país, cambio de gobierno, permanencia del gobierno. Frustración de un país que pudo haber sido y no fue.

En Rumbo Propio afirmamos que daremos a Venezuela la transformación que tanto necesita. Venezuela está pasando por una crisis social, económica y política. Es nuestro deber luchar por la Venezuela Posible.

El Estado controla todo y nada, una conducta irracional y perversa, Una desconfianza general, pero como nunca antes en nuestra historia queremos confiar en alguien.  Y esta pasando. Cada vez mas las miradas se dirigen a una persona que nos esta inspirando la confianza para creer que el cambio es posible.

En un momento crucial para el futuro de Venezuela la figura de María Corina Machado emerge como la esperanza que encarna la persona ideal para regir desde la presidencia del pais la transformación real y efectiva para un futuro de bienestar.

Su plan de gobierno “Venezuela tierra de gracia”. Tiene como objetivo lograr el desarrollo, crecimiento económico y la riqueza por medio del trabajo “honrado y constante” de los venezolanos. Su plan tiene seis (6) pilares: 1. Transformación del Estado. 2. Política Social. 3. Política Económica 4. Política Energética 5. Política Exterior 6. Seguridad.

1. Transformación del Estado. Aquí María Corina Machado desarrolla su visión liberal al plantear un Estado “al servicio del ciudadano” y en favor de la democracia. Esta transformación institucional pasa por reducir el tamaño del Estado, aumentar su eficiencia, asegurar la independencia del Poder Judicial, así como concretar la Descentralización para convertirnos, en la práctica, en un verdadero Estado Federal. Destaca el principio de la subsidiariedad asignando un rol protagónico al sector privado y a la sociedad civil.

2. Política Social. Plantea un sistema mixto de salud, universal y por valor entregado; inversión en la educación desde la infancia hasta la universidad; un moderno sistema de pensiones adaptado a los ingresos; y una red de apoyo con transferencias directas a las familias.

3. Política Económica. Aquí parte de la tesis de la “estabilización expansiva” como medio para crear riqueza que permita la superación de la pobreza y la expansión de la clase media. Esto pasa por la estabilización de las finanzas públicas, la renegociación de la deuda y compromisos de la República, estabilidad monetaria y una política cambiaria seria para disminuir la inflación y la devaluación, y un agresivo plan de inversiones nacionales e internacionales para fomentar el crecimiento económico.

4. Política Energética. El objetivo: convertir a Venezuela en el Hub Energético de las Américas. Para lograrlo, se propone la privatización y recuperación de la industria petrolera (lo que representaría un cambio de paradigma en nuestra historia), asegurar el suministro de gas y energía eléctrica en los hogares, así como enrumbar al país hacia la transición energética por medio de energías verdes sostenibles.

5. Política Exterior. La meta es clara: recuperar la soberanía nacional para reinsertar a Venezuela en el concierto internacional de naciones y superar el aislamiento generado por desgobierno. ¿Cómo hacerlo? Recuperando el servicio exterior venezolano para así ejercer un liderazgo estratégico en todas las áreas de interés nacional.

6. Seguridad. En este apartado, se sitúa la seguridad del ciudadano y la defensa del territorio como valores democráticos y bienes que le corresponden al Estado garantizar. A grandes rasgos, se proponen desarticular las organizaciones criminales, acabar con la impunidad, retomar el control efectivo del territorio y desarrollar una Doctrina Militar que dé respuesta a las amenazas reales que enfrentamos como nación.

Un plan moderno, serio y racional para atender áreas tan diversas y cuya crisis es de una profundidad que solo al llegar al gobierno y hacer una profunda auditoria de nuestras cuentas como República vamos a comprender.

Celebramos la honestidad intelectual y la seriedad de la propuesta luego de un cuarto de siglo viendo transitar a los peores en el ejercicio del poder.  Aquí hay un enorme potencial que los venezolanos sabremos explotar y viable si logramos recuperar la democracia y sacar al chavismo del poder.

Es allí donde Rumbo Propio como organización política quiere llegar. Que las propuestas no solo sean creíble sino absolutamente factibles.

Imaginamos un país donde los ciudadanos tengan las herramientas y los recursos para vivir una vida plena. Un mundo donde la economía opere en armonía.  El empoderamiento de los grupos marginados y las soluciones energéticas inteligentes hasta los negocios de economía circular. La economía opere en armonía con la naturaleza y dentro de los límites de nuestras capacidades como sociedad. 

Creemos en la dignidad, la singularidad y el valor intrínseco de cada individuo que habita en esta tierra de gracia.  Nuestra palabra y nuestro compromiso con la gestión eficiente de los recursos serán la base desde la cual brindamos los máximos beneficios y oportunidades a todas las comunidades e individuos de todos los segmentos poblacionales sin distingo, ni coerción.  

Lo que estamos planteando es la aplicación del modelo de desarrollo de nuestro ideario de CAPITALISMO LIBERAL  para esa Venezuela Posible.

Nuestra filosofía está basada justamente en un profundo respeto por el ser humano y por sus derechos. Confiamos en que esta orientación, centrada en el ser humano y en la libertad con responsabilidad, es la única capaz de crear progreso y prosperidad, tanto material como espiritual. Lo nuestro es una verdadera revolución moral.

Por eso decimos que el Capitalismo Liberal es la única y verdadera esperanza de los pobres y los excluidos. En ese sentido avanzamos en la Ruta Ciudadana acompañando a nuestra abanderada, María Corina Machado, en su legítima aspiración de convertirse en la próxima presidente de esta Tierra de Gracia.

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