Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que, desde el 12 de mayo de 2023, el gobierno ha expulsado a otras naciones y devuelto a Venezuela a más de 13.000 connacionales.

El Nacional

En una nota publicada en su página web, el DHS aseguró que en la primera semana de diciembre realizó vuelos de expulsión a Venezuela, América Central, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Corea del Sur, que incluyeron a adultos solos y unidades familiares.

Advirtió además que gracias al acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para establecer vuelos de repatriación directo a Venezuela, el número de expulsión de migrantes seguirá en aumento.

«Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, de conformidad con las leyes estadounidenses», expresó.

Hasta el momento, se han realizado en total ocho vuelos de expulsión a Venezuela que parten directamente de Estados Unidos.

En octubre pasado fueron capturados otros 45.950 venezolanos, el doble que los 22.686 interceptados en octubre de 2022 por la Patrulla Fronteriza, según los números oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.

«Estados Unidos se asegura de que todos los ciudadanos extranjeros que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos sean evaluados adecuadamente a efectos de determinar si tienen reclamaciones válidas para recibir protección y para suspender la expulsión conforme a nuestras leyes y a las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos», explicó el organismo.

«Esto se aplica a todos los extranjeros, con independencia de su nacionalidad, a fin de asegurar el procesamiento, el traslado y la expulsión ordenados y humanos de personas adultas solas y de unidades familiares. Durante cada una de las últimas dos semanas, hemos realizado más de treinta vuelos de repatriación que trasladaron a miles de personas de regreso a su país de origen y hemos repatriado a más de cinco mil personas en forma directa a México».

El precio del dólar en Venezuela volverá a duplicarse en 2024, luego de que la divisa se encareciera 102% en 2023, a tres semanas de cerrar el año, según estimaciones difundidas este martes por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos.

EFE

A través de una encuesta que fue respondida por 10 economistas, la agrupación proyecta que la tasa de cambio cerrará alrededor de los 67,1 bolívares por dólar, pudiendo aumentar cerca de un 30 % más en el peor escenario.

El precio del dólar se ha duplicado en lo que va de año, al pasar de 17,55 a 35,62 bolívares, lo que revela, además, una devaluación de 50% en la moneda local.

Ahora, el OVF calcula que el incremento de la tarifa será, en promedio, cercano al 90%, con otra depreciación del 46,91%.

Según estas estimaciones, la inflación, que ha acumulado este año 182,9%, cerrará 2024 en 176%, mientras que la economía crecerá 3,5% en el primer trimestre.

La variación en el mercado cambiario afecta directamente a los ciudadanos de Venezuela que, en su gran mayoría, perciben ingresos en bolívares y deben pagar productos y servicios calculados en dólares.

De esta forma, el incremento en el precio del dólar supone una reducción en el poder de compra de los venezolanos, especialmente del grueso de empleados públicos y de unos 4 millones de pensionistas que reciben un ingreso mensual -fijado por el Gobierno- en 130 bolívares, equivalentes hoy a 3,64 dólares.

El periodista de sucesos Román Camacho informó a través de su usuario en la cuenta X que no fue un camión cargado de combustible, sino un camión que transportaba tíner, el causante de la nueva tragedia en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho.

https://twitter.com/RCamachoVzla/status/1734912437910954421

Comisiones de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos se encuentran en el sitio controlando el siniestro.

Más temprano se reportó que había sido gandola cargada de combustible, la causante de la explosión en la Autopista Petare-Guarenas (Gran Mariscal de Ayacucho) y ocupa ambos canales.

Es el segundo siniestro de vehículos pesados en esta vía en menos de 24 horas.

Este accidente ocurrió a la altura de Araguaney, no hay paso hacia Caracas por ahora.

No habrá paso durante varias horas. Por los momentos 10 personas habrían fallecido.

Un total de 3,8 millones de niños de Venezuela tienen necesidades humanitarias que deberán ser cubiertas en 2024, según estimaciones difundidas este martes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que requiere aproximadamente 147 millones de dólares para sus programas de ayuda en el país.

El Nacional

En el documento llamado Acción humanitaria por los niños, la agencia recuerda que -según cálculos de la ONU- 7,7 millones de personas viven en la pobreza, con carencias acuciantes, de los cuales 3,8 millones son niños y adolescentes.

Unicef espera recibir el año próximo las donaciones necesarias, sin las cuales, advierte, será incapaz de proveer los servicios de ayuda que brinda a los niños en Venezuela con el propósito de «proteger sus derechos».

Entre las áreas por cubrir en 2024 destacan la entrega de micronutrientes en polvo a 300.000 niños y proveer de materiales de aprendizaje a otros 516.500 infantes.

Unicef abordará la desnutrición aguda y grave

«A través de un paquete integrado de servicios, Unicef abordará la desnutrición aguda y grave mediante medidas tempranas de detección» de adelgazamiento patológico para «brindar atención nutricional de calidad» a estos niños, dice el documento.

Unicef también prevé atender a unos 35.800 niños, de 6 meses a 5 años de edad, por «emaciación severa» (adelgazamiento morboso).

Un total de 2,1 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria entre enero y octubre, según boletín difundido el 30 de noviembre por el organismo multilateral.

El llamado Plan de Respuesta Humanitaria ha alcanzado 40,38% de la meta planteada, consistente en ayudar este año a 5,2 millones de personas con «necesidades urgentes» en Venezuela.

ExxonMobil dice que seguirá incrementando su producción frente a la costa de Guyana a pesar de la escalada de una disputa territorial con la vecina Venezuela, que reivindica como propia esa región rica en petróleo.

Los Ángeles Times

En un breve comunicado publicado el lunes en Facebook, ExxonMobil Guyana dijo que reafirmaba su “compromiso a largo plazo con Guyana” ante el aumento de las tensiones entre los dos países sudamericanos que comparten frontera.

“No nos vamos a ir. Nuestro objetivo sigue siendo desarrollar los recursos de manera eficiente y responsable, conforme a nuestro acuerdo con el gobierno guyanés”, escribió la empresa.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este mes que las empresas que operan en la región del Esequibo, en Guyana —la cual es rica de minerales y está ubicada cerca de cuantiosos yacimientos petrolíferos—, deberían cesar sus operaciones dentro de tres meses.

Su gobierno también pretende prohibir a las empresas que operan en Guyana que lo hagan en Venezuela.

Los legisladores venezolanos están actualmente debatiendo una propuesta de ley que incluye la prohibición propuesta.

Maduro ha argumentado que tiene autoridad para emitir órdenes de ese tipo tras el referéndum del 3 de diciembre sobre la región del Esequibo.

ExxonMobil está produciendo unos 600.000 barriles de petróleo al día después de haber perforado con éxito más de 40 pozos frente a la región del Esequibo. El consorcio ExxonMobil también presentó una oferta y recibió la aprobación para explotar otras tres zonas de la región que se cree que contienen más yacimientos de petróleo.

Muchas de las mayores minas de oro, diamantes, manganeso y otros minerales de Guyana se encuentran también en Esequibo. La mayoría son de propiedad canadiense, pero ninguna empresa ha reaccionado aún a la declaración de Maduro. Varias empresas chinas también tienen explotaciones madereras en la zona.

ExxonMobil emitió el comunicado un día después de que, el domingo, el presidente guyanés Irfaan Ali dijera a los periodistas que los inversores no tienen nada que temer.

“Queremos animar a nuestros inversores a que inviertan todo lo que quieran”, declaró.

Ali y Maduro se reunirán el jueves en San Vicente y las Granadinas para discutir la disputa territorial, mientras los líderes regionales instan a entablar conversaciones para evitar nuevos conflictos.

Guyana y Venezuela están inmersos en lo que podría convertirse en una de las crisis internacionales más serias vividas en América Latina en los últimos años.

Por: Leandro Prazeres y Jorge L. Pérez Valery – BBC

El referendo convocado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela para que los ciudadanos aprobaran la incorporación a ese país del Esequibo -un territorio rico en recursos energéticos y minerales bajo control de Guyana, pero reclamado como propio por Venezuela- ha puesto a Caracas y Georgetown en ruta de colisión.

Tras la consulta el 3 de diciembre, Maduro no solo anunció la creación de un estado venezolano en ese territorio, sino que dijo que Venezuela otorgaría licencias para la explotación allí de petróleo y minerales, e incluso lanzó amenazas sobre las empresas internacionales que ya han recibido concesiones por parte de Guyana.

Sus acciones han puesto en alerta a las autoridades de Guyana, cuyas fuerzas de defensa realizaron maniobras militares la semana pasada junto al Comando Sur de Estados Unidos.

Luego de décadas de negociaciones infructuosas, Guyana ha llevado el diferendo sobre el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Venezuela debería presentar sus alegatos en 2024. Pero Maduro insiste en buscar una solución por medio de la negociación y se niega a acudir a ese tribunal de la ONU.

El presidente de Venezuela se reunirá este jueves en la isla de San Vicente y Granadinas con su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, para tratar la controversia con miras a reducir la intensidad del conflicto e instaurar una vía de diálogo apropiada.

En ese contexto, BBC Brasil y BBC Mundo conversaron con el presidente de Guyana sobre la crisis actual con Venezuela, las posibilidades de que derive en el uso de la fuerza y la posición de Georgetown en torno a la resolución del diferendo sobre el Esequibo.

Usted tendrá una reunión con Nicolás Maduro el jueves, ¿qué espera de este encuentro con él y qué le gustaría decirle?

En primer lugar, Guyana es un país respetuoso de la paz. No somos nosotros los agresores. No amenazamos a nadie con el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, Guyana hará todo lo que esté a su alcance, dentro del ámbito del derecho internacional, para garantizar que nuestra integridad territorial y soberanía sean preservadas intactas.

Por supuesto, nuestras fronteras se establecieron en 1899. [Hubo] Una fijación total y completa de nuestras fronteras. Todos nuestros socios en esta región, incluido Brasil, Caricom, CELAC, Estados Unidos, el hemisferio occidental y la comunidad internacional respetan el laudo arbitral de 1899 como un acuerdo total y completo para nuestra frontera.

A pesar de esto, cuando nos acercábamos a la independencia, Venezuela presentó la controversia. Durante décadas y décadas, esa controversia se estuvo discutiendo en el contexto del acuerdo de Ginebra (1966).

El acuerdo de Ginebra disponía que si las partes no llegaban a una conclusión, el secretario general de la ONU determinaría los medios para resolver esta controversia.

Y el secretario general de la ONU determinó que la CIJ (Corte Internacional de Justicia) era el medio para resolver esta controversia. Ahí es donde se decidirá esta controversia y el reclamo de Venezuela y acataremos el resultado de este caso y llamamos a Venezuela a hacer lo mismo.

Ahora, en relación con las conversaciones y reuniones del jueves, como buenos vecinos tenemos que coexistir, tenemos que trabajar para garantizar que esta región siga siendo una región de paz y estabilidad. Y como buen ciudadano regional, Guyana fue contactado por Brasil, la Celac, el Caricom -a pesar de nuestra posición y a pesar del apoyo de la región a nuestra posición- para tener conversaciones con el presidente Maduro y Venezuela.

Esas conversaciones tienen como objetivo reducir la amenaza del uso de la fuerza por parte de Venezuela. Porque Guyana no amenaza a nadie.

¿Exactamente qué quisiera usted decirle a Maduro?

Le diría muy claramente que Guyana es un país respetuoso de la paz. No tenemos otra ambición que la seguridad y protección de nuestra soberanía e integridad territorial. Nuestra única ambición es hacer avanzar el país de manera pacífica, trabajar en una coexistencia pacífica con nuestros vecinos, apoyar a nuestros vecinos en su propio desarrollo. Y esperamos que se respete nuestra frontera y que Venezuela no actúe de manera imprudente o aventurera, y que trabajemos juntos para garantizar la paz y la estabilidad de nuestra región.

¿Teme que el gobierno venezolano pueda realmente invadir el Esequibo?

Bueno, no tememos. Tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad por la retórica que está saliendo de Venezuela. Venezuela organizó un referéndum y, antes de que lo realizaran, acudimos a la CIJ para obtener medidas cautelares debido al hecho de que algunas de las preguntas en el referéndum apuntaban a la anexión del Esequibo, lo que requeriría la ocupación de Venezuela. Entonces, estamos muy preocupados por esto. Hemos contactado a nuestros socios internacionales. Tenemos una colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tenemos muchos programas de entrenamiento, muchos ejercicios conjuntos que se están realizando y que van a continuar.

Vamos a activar y trabajar de manera constante con la comunidad internacional para garantizar que Venezuela no actúe de una manera que afecte nuestra integridad territorial, nuestra soberanía o que ocupe cualquier espacio que esté dentro de las fronteras geográficas de Guyana.

La semana pasada hubo ejercicios militares entre el Ejército de Guyana y el Ejército de Estados Unidos. ¿Ha pedido algún apoyo militar de EE.UU. en caso de una invasión venezolana?

La cooperación militar y en materia de defensa con Estados Unidos ha sido muy amplia y crecerán en el futuro… Todo esto es parte de nuestra estrategia de defensa y seguirá creciendo. Así que tendremos más programas de formación, más intercambios conjuntos. Y, por supuesto, no solo con Estados Unidos, estamos hablando con varios de nuestros socios en relación con Venezuela, la retórica de Venezuela y estamos hablando en el contexto de mantener la paz y en el contexto de garantizar que nuestros amigos estén con nosotros y asegurar nuestra soberanía e integridad territorial.

¿Está dispuesto su gobierno a permitir la creación de una base militar estadounidense en Guyana?

Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la soberanía y la integridad territorial de Guyana.

¿Eso incluye una base militar?

Estamos siguiendo todas las acciones de Venezuela. Trabajaremos monitoreando de manera integral el comportamiento de Venezuela. Estamos analizando toda la inteligencia y en el momento oportuno tomaremos la decisión adecuada. Pero sea lo que haga falta, con nuestros socios bilaterales, con nuestros socios internacionales para proteger la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de Guyana, lo haremos.

Debemos garantizar que la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de nuestro país estén aseguradas y protegidas. Ese es el objetivo primordial.

Volvamos a su reunión con Maduro. El gobierno venezolano alega que como el Esequibo es un área en disputa, el gobierno de Guyana no podría haber otorgado permisos petroleros a empresas como Exxon Mobil.

Esto se resolvió en 1899. Venezuela y Guyana participaron en el establecimiento de los hitos fronterizos. La controversia se planteó ante la CIJ y vamos a esperar el resultado. En las medidas cautelares de la CIJ en respuesta al referéndum, quedó claro que el status quo se mantiene, es decir, el Esequibo permanece en el territorio de Guyana y es gobernado por Guyana. Tenemos todos los derechos para emitir cualquier licencia, cualquier inversión y desarrollo que queramos en Guyana.

Hace unos días, Maduro dijo que Guyana y ExxonMobil deberían sentarse con Venezuela para discutir este asunto. Como va a reunirse con él, ¿hay algo que estaría dispuesto a comprometer para disminuir esta tensión?

Lo interesante es que a la población local de Venezuela, el presidente Maduro le dice que Exxon es imperialismo y, sin embargo, está trabajando activamente para lograr que Chevron, BP e incluso otras empresas multinacionales vuelvan a invertir en Venezuela.

En la mesa tenemos muchas cosas que discutir. Tenemos la seguridad energética regional, cómo abordamos la seguridad energética, cómo abordamos el desarrollo de la región, cómo trabajamos juntos sobre el cambio climático, cómo coexistimos, cómo desescalamos. Entonces, no vamos a comprometer ningún desarrollo que tengamos en el Esequibo; nuestra posición declarada es que este caso será resuelto en la CIJ.

¿Existe algún punto medio al que Guyana y Venezuela puedan llegar sobre la controversia?

La Corte decidirá el fondo de la controversia. No hay negociaciones al respecto.

¿Qué pasa con las reservas de petróleo? ¿Existe algún acuerdo que estaría dispuesto a discutir con Maduro?

Si las reservas de petróleo a las que te refieres son las del Esequibo, entonces esas son las reservas de petróleo de Guyana y vamos a desarrollar nuestras reservas de petróleo en el contexto de la seguridad energética regional. Si hay inversiones de la región, incluida Venezuela, que alguien quiera discutir, podríamos considerar examinar las inversiones, pero nuestras reservas de petróleo son las reservas de petróleo de Guyana.

¿Estaría dispuesto a compartir los ingresos del petróleo con Venezuela?

Esa es una posición muy interesante. Entonces, ¿Venezuela compartiría con Guyana todos los ingresos que obtuvo durante los últimos cien años de su petróleo? Ese es su espacio territorial. Nunca les hemos pedido que compartan lo que es suyo. Estos son los ingresos de Guyana. Este es nuestro activo dentro de nuestro territorio. ¿Cómo vamos a compartir eso?

Decirme que tenemos que hacer un acuerdo con Venezuela para repartir los ingresos por los recursos de nuestro país es un insulto al pueblo de Guyana. Es un insulto a nuestro liderazgo. Eso nunca sucederá. ¿Le preguntaría a Maduro si está dispuesto a compartir los ingresos del petróleo y el gas de Venezuela con Guyana? ¿Qué diría? Creo que la gente nos subestima porque somos una población pequeña, pero somos una población pequeña y responsable con la moral, la ética, el buen gobierno, la democracia y la libertad de nuestro lado y con grandes socios internacionales.

Maduro dijo que Guyana y Exxon Mobil deberían sentarse con Venezuela…

Él puede decir lo que quiera. Él no es Dios. No es el presidente de Guyana. Usted está hablando con el presidente de Guyana. Él no tiene autoridad para convocar a ninguna empresa que opere en Guyana ni a ningún individuo que opere en Guyana a ninguna reunión. Está fuera de lugar. Es impropio. La inversión de ExxonMobil está en Guyana.

Lo animo a que él haga un llamado a las empresas y las anime a invertir en Venezuela y a crear la atmósfera para ello y a trabajar por la paz y la estabilidad. ¿Cómo espera conseguir inversiones para Venezuela? Si quiere desestabilizar la región o si quiere utilizar la amenaza de la fuerza, eso no ayudará a nadie. Lo que tenemos que hacer es trabajar para garantizar que tengamos el mejor clima de inversión para esta región desde el punto de vista político, social, económico, financiero y, por supuesto, en materia de seguridad.

Maduro se reunirá en unos días con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Teme que la crisis del Esequibo pueda significar que Guyana en algún momento quede atrapada entre la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia?

Guyana no puede quedar atrapada en ningún lado. Estamos en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de los hechos, en el lado correcto de los fundamentos morales. Estamos en el lado correcto de la ética. Estamos en el lado correcto de la política dentro de la región y la comunidad internacional nos apoya.

Ahora, somos conscientes de que la narrativa propagandística fuera de Venezuela busca ignorar estos hechos fundamentales. Pero seguiremos trabajando a nivel diplomático para involucrar a todos. Vi en el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia dijo que Venezuela debe respetar el derecho internacional. Así que espero que el presidente Putin le diga al presidente Maduro que tiene que respetar a la CIJ y sus resultados.

Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, ¿está considerando fortalecer las fuerzas militares de Guyana?

Precisamente por eso tenemos todo este programa de entrenamiento y todos estos intercambios conjuntos, porque tenemos que fortalecer nuestra fuerza de defensa para preservar la paz y garantizar que nuestras fronteras estén protegidas.

En este momento, Guyana tiene enormes ingresos provenientes de las reservas de petróleo. Básicamente, el país tiene el dinero para fortalecer su propio ejército. ¿Utilizará esos ingresos?

Lo haremos. Durante los últimos tres años, hemos estado trabajando en un programa integral para recapitalizar, modernizar y equipar nuestras fuerzas militares. Entonces, sí, estamos trabajando en un paquete de inversión estratégica para las Fuerzas de Defensa de Guyana, no sólo desde una perspectiva de equipamientos, sino también desde una perspectiva de recursos humanos.

¿Esta crisis sobre el Esequibo ha impulsado este plan?

Yo diría que nuestro plan era muy agresivo. Teníamos un plan que era muy estratégico. Y ese plan se está desarrollando dentro del plazo que habíamos previsto para su implementación.

Pero ahora mismo, Venezuela tiene un ejército mucho más grande y mejor equipado en comparación con el de Guyana. ¿Cómo reaccionaría Guyana ante una eventual invasión militar proveniente de Venezuela?

Tenemos amigos, tenemos aliados, estamos trabajando con la comunidad internacional. Guyana no está sola. No entraría en profundidades sobre nuestra relación, pero hemos estado involucrando a Francia, Reino Unido y a Estados Unidos. Y nuestros amigos no van a permitir que Guyana sea pisoteada.

¿Se siente amenazado por las decisiones de Maduro?

Maduro intenta infundir miedo en el pueblo de Guyana. Definitivamente ha utilizado la amenaza de la fuerza como medio para demostrar su plan. Pero no somos un pueblo que sucumba a su miedo y a su amenaza. Lo que estamos haciendo es planificar. Trabajar con nuestros socios, prepararnos y asegurarnos de que estamos en condiciones de asegurar todo nuestro territorio, soberanía e integridad territorial.

Así que no temo por su amenaza. Me preocupa su amenaza. Estoy preocupado y es por eso que estamos planteando esto a nivel internacional, estamos trabajando a través de la diplomacia. Pero lo que también estamos haciendo es prepararnos.

¿Cuál es la situación actual de la población que vive en el Esequibo? Algunos dicen que están preocupados…

Por supuesto. Cuando hay un presidente lanzando amenazas con el uso de la fuerza, la gente se preocupa y tiene todo el derecho a preocuparse. Pero hemos asegurado a todos los ciudadanos de Guyana, especialmente a los que viven en la frontera, que no hay absolutamente nada que temer. Estamos trabajando todos los días para garantizar que la soberanía y la integridad territorial de Guyana permanezcan intactas y que avancemos sin ningún temor.

Algunos miembros de la oposición en Guyana han estado alegando que su gobierno debería restringir algunos derechos civiles de los venezolanos que ahora tienen la ciudadanía de Guyana. Uno de estos derechos sería el derecho a votar. ¿Está su gobierno dispuesto a coartar el derecho al voto de los venezolanos?

Somos un país pacífico. Trabajamos dentro de las normas internacionales. Si tenemos migrantes que vienen aquí desde Venezuela, los tratamos con dignidad y con honor. Queremos darles los derechos básicos, eso es lo que somos como guyaneses. No podemos permitir que Maduro o los instrumentos de Maduro cambien quiénes somos como pueblo, quiénes somos como país, para volvernos contra nuestros principios, contra nuestro sistema de valores.

La administración entrante del actual presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta La administración entrante del actual presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta a una situación compleja ante importantes retos económicos y políticos. La crisis financiera y fiscal amplifica los efectos potencialmente adversos de su enfoque radical, restringiendo las opciones del gobierno. La inminente devaluación de la moneda argentina y su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan una presión adicional. Las decisiones fiscales, como el uso de fondos chinos, provocan tensiones que contrastan con las promesas de campaña. La disminución de los ingresos agrícolas y la resistencia política añaden complejidad a los desafíos. El limitado respaldo político del Presidente Milei complica la aplicación de las reformas, intensificando la incertidumbre de los inversores y fomentando la fuga de capitales. En cuanto a la seguridad, su atención a la lucha contra la droga y otros problemas de seguridad podría ser un primer éxito de su gobierno, a pesar de los limitados recursos que dificultan el refuerzo de las fuerzas de seguridad. El nombramiento de Patricia Bullrich sugiere una oportunidad no sólo para una política de seguridad eficaz, sino para ampliar la colaboración con Estados Unidos (EE.UU.). En materia de política exterior, Milei busca cambiar la orientación anterior de Argentina posicionando al país como un Estado más pro-israelí y adoptando posiciones firmes frente a Irán y Rusia. La postura más crítica de Milei hacia los regímenes de izquierda crea oportunidades de cooperación con Estados Unidos, pero podría aumentar la tensión en la región. Las posibles alianzas con Paraguay y el escepticismo hacia China podrían alterar la dinámica regional. Los proyectos chinos en Argentina podrían enfrentarse a un mayor escrutinio, aunque continuarán las relaciones diplomáticas y comerciales con la RPC. La nueva dirección de Milei también puede complicar el consenso en las organizaciones regionales, y las tensiones políticas podrían afectar a los acuerdos comerciales, especialmente en sectores clave como el litio y la soja.

Por: Evan Ellis – Think Tank del Ejercito del Perú

Introducción

La elección aplastante del economista Javier Milei, el 19 de noviembre de 2023[1], como presidente de Argentina conlleva una extraordinaria combinación de oportunidades y riesgos para el país, la región y EE. UU. La trayectoria de Argentina en los próximos meses, en el peligroso viaje en el que se está embarcando el mandatario electo, reflejará la interacción entre su programa como una desviación significativa del peronismo, los graves imperativos económicos, fiscales y financieros a los que se enfrenta la nación, las opciones entre las fuerzas políticas que se vinculan (al menos temporalmente) al gobierno de Milei y las que se posicionan estratégicamente para su fracaso, y las limitaciones constitucionales y de otro tipo de lo que su administración puede hacer tanto en política interior como exterior.

En política interior, la oportunidad de Milei radica en su avance de ideas meritorias que no han sido consideradas seriamente en Argentina durante décadas, y que actualmente están fuera de moda en gran parte de EE. UU. y América Latina, en relación con el poder de la iniciativa privada y el libre mercado, en el marco de un gobierno limitado, como principal motor de la innovación y la prosperidad. El principal riesgo surge de la posible incapacidad de Milei para aplicar eficazmente ese programa, incluida la posibilidad de que se refuerce una espiral de parálisis política, huelgas, fuga de capitales, insolvencia financiera, hiperinflación e incluso un final prematuro de su mandato, sustituido finalmente por fuerzas políticas mucho menos democráticas y amigas de EE. UU.

Si el gobierno de Milei logra evitar estos peligros internos, algunos de sus logros más significativos podrían incluir no solo un giro económico, sino una política de seguridad más eficaz y una orientación de la política exterior que ofrezca una asociación más constructiva con EE. UU., transformando la dinámica política de la región tanto por su contenido como por el ejemplo de su éxito.

Los Peligros Internos de la Agenda de Milei

En política interior, Milei tendrá que sortear considerables peligros económicos y políticos, partiendo de una posición de significativa desventaja.[2] La actual crisis económica de la nación, incluida la debilidad financiera y fiscal, maximizará los efectos secundarios económicamente dolorosos y políticamente perturbadores de la «terapia de choque» de Milei,[3] si puede aplicarla, limitando al mismo tiempo las opciones del Gobierno para llevar a cabo tales cambios, en el contexto de un país cuya economía y sistema político se han vuelto estructuralmente adictos a un papel sustancial del Estado en la economía.

Al asumir funciones el 10 de diciembre, el gobierno de Milei se enfrentará a una serie de crisis y dilemas. El Ministro de Economía elegido por él, Luis Caputo, subrayó la importancia de avanzar rápidamente.[4] El gobierno no tendrá más remedio que devaluar bruscamente el peso argentino antes de que el país agote sus reservas de divisas. El tipo oficial de 350 pesos argentinos por dólar[5] está significativamente desalineado con la cotización informal del «mercado azul», de más de 1.000 pesos por dólar.[6] Como en la anterior devaluación de agosto de 2023,[7] la próxima, casi segura, producirá una inflación políticamente dolorosa. El nuevo repunte de la inflación, que supera el 140 %,[8] se producirá justo cuando el gobierno de Milei más necesita capital político para aplicar su programa.

En el ámbito fiscal, Argentina se enfrenta al próximo pago de 900 millones de dólares de su deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI),[9] programado para diciembre.[10] Sin embargo, las reservas de divisas del país, destinadas a efectuar dicho pago, se encuentran en números rojos, alcanzando un déficit de 10.000 millones de dólares.[11] La administración de Milei se halla en la encrucijada de utilizar los fondos disponibles, que asciende a 23, 500 millones de dólares,[12] a través del vehículo de canje de divisas de la República Popular China (RPC), como hizo su predecesor.[13] Una postura que contrasta con la posición declarada durante la campaña, donde afirmó con firmeza que «no haría negocios con comunistas».[14]

Asimismo, Milei se verá presionado para controlar rápidamente el gasto federal, debido a la pérdida de ingresos por la sequía de 2022-2023, la cual acabó con una parte sustancial de las exportaciones[15] agrícolas generadoras de ingresos del país. Los ingresos fiscales argentinos se vieron aún más mermados por una medida electoral del Gobierno saliente de Alberto Fernandez para reducir los impuestos.[16] No obstante, las radicales propuestas de Milei para recortar el Gobierno,[17] incluyendo la eliminación de 10 de los 18 ministerios,[18] así como el sistema de pagos por transferencia[19] desde el Gobierno federal hasta las provincias, pondrá a prueba[20] su habilidad para reunir a la centroderecha en torno a sus reformas. El partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por Milei, cuenta actualmente con solo 7 de los 72 escaños[21] en el Senado y 38 de los 257[22] en la Cámara de Diputados. Aunque se sumen todos los escaños de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), que se aliados de manera discreta durante las elecciones, junto con los de otros partidos de centro y derecha, sólo se obtienen 36 de 72 votos en el Senado[23] y 100 de los 257[24] en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, partes sustanciales del peronismo, incluidos poderosos sindicatos, buscan bloquear o enfrentar a[25] Macri desde el principio,[26] en lugar de trabajar con él. Esto genera temores no sólo de una parálisis política en la aplicación de sus programas, sino huelgas que desestabilicen aún más la economía argentina y agraven la crisis fiscal y financiera.

En esta situación de extrema exigencia, la percepción de que la administración Milei no está logrando sortear la crisis económica, las crisis fiscales y financieras aumentan las dudas de los inversores a la hora de invertir en el país y aceleran la fuga de capitales, una dinámica similar a la que contribuyó a la caída del gobierno de Mauricio Macri.

Estos enormes desafíos simultáneos pondrán a prueba las capacidades de coordinación, administrativas y políticas del nuevo Gobierno de Milei. El período de transición excepcionalmente corto en Argentina,[27] con solo tres semanas desde las elecciones del 19 de noviembre hasta la toma de posesión del presidente Milei el día 10 de diciembre, del cual está tomando más de una semana para viajar a los EE. UU. y a Israel,[28] complicarán aún más la falta de experiencia administrativa y de gobierno del presidente,[29] así como la diversidad de su gabinete y la coalición política. Todo esto terminará por convertir los retos que enfrentará en un camino excepcionalmente difícil de recorrer.

Retos de Seguridad y Criminalidad

Las mayores posibilidades de éxito de la Administración Milei, paradójicamente, pueden residir en un sector que recibió poca atención en la prensa exterior: la seguridad pública. Argentina afronta en la actualidad desafíos significativos provenientes del narcotráfico y las dinámicas delictivas asociadas. El norte del país está en la ruta de tránsito de la cocaína[30] de Bolivia y Perú hacia Europa. La pugna por el dominio de puntos estratégicos como Rosario ha exacerbado la violencia pública,[31] mientas que el pago en especies por parte de las organizaciones narcotraficantes ha propiciado una adicción al crack de cocaína,[32] conocida como Paco, en los vecindarios marginados de Buenos Aires y otras urbes.[33] Las fuerzas de seguridad y militares de Argentina, que han padecido una financiación insuficiente durante mucho tiempo,[34] experimentaron una presión considerable, debido a la respuesta ante el COVID-19.

A medida que se agraven las crisis económica y política del país, según el apartado anterior, la profundización de la necesidad humana contribuirá probablemente a aumentar la criminalidad, mientras que la expansión de los actos de protesta política[35] pondrá a prueba a unas fuerzas de seguridad con escasos recursos.

Aunque es posible que el gobierno de Milei no pueda aumentar fácilmente los recursos para las fuerzas de seguridad pública argentinas, la elección de Patricia Bullrich[36] como ministra de Seguridad Nacional, con su exitosa experiencia previa en el mismo cargo bajo el anterior gobierno de centro-derecha de Macri, crea la oportunidad de respuestas razonables y eficaces a estos desafíos de seguridad pública en un momento en que otras partes del programa de Milei están siendo más criticadas. Además, el trabajo previo de Bullrich con Estados Unidos y otras naciones occidentales abre la posibilidad de una colaboración eficaz en materia de desarrollo de capacidades y seguridad. La reunión de Milei en Washington D.C. con el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, durante su primer viaje al extranjero como presidente electo, puso de relieve el potencial de cooperación en materia de seguridad y otras cuestiones estratégicas entre ambos gobiernos. En particular, la próxima Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas, que se celebrará en Argentina, constituirá una importante oportunidad para aprovechar la experiencia de Bullrich y mostrar a la región la nueva postura e iniciativas de seguridad de la administración Milei.

Riesgos y Oportunidades de la Política Exterior

El gobierno de Milei dispondrá de un margen más amplio para redireccionar la política exterior argentina que para reestructurar la economía nacional. Esto se debe a que, además de la aprobación legislativa de recursos, tratados y conflictos bélicos, la política exterior tiende a depender menos de la acción legislativa. El nuevo rumbo en este ámbito tendrá un impacto significativo en la dinámica regional, generando tanto oportunidades como riesgos para EE. UU.

A corto plazo, es probable que Argentina se convierta en uno de los países más proisraelíes de la región. Esto se refleja en la decisión de Milei de visitar Israel y EE.UU.[37] durante su breve período de transición, a pesar del creciente sentimiento antiisraelí en otras partes de la región,[38] debido al conflicto entre Israel y Hamás. Además, es probable que adopte una postura más firme hacia Irán y su reanudación de las relaciones con la región, incluso mientras los vecinos de Argentina, como Brasil, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, [39] fomentan y facilitan esa relación en diversos grados. También es probable que Milei adopte una postura mucho más beligerante[40] con Rusia que su predecesor y condene la guerra que mantiene contra Ucrania.

Estas políticas, junto con la postura de Argentina en cuestiones regionales, introducirán conflictos en la orientación cada vez más izquierdista y, hasta cierto punto, antiestadounidense de Sudamérica en asuntos multilaterales. La ministra de Asuntos Exteriores[41] designada, Diana Mondino, ha señalado[42] que Argentina no se unirá[43] a la organización ampliada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). [44] La postura de confrontación de Milei hacia Brasil[45] podría generar problemas en la relación bilateral[46] y en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Es probable que la Argentina de Milei sea muy crítica con los regímenes autoritarios de izquierdas como Venezuela, Nicaragua, Cuba y, posiblemente, Bolivia, lo cual podría crear oportunidades para que EE. UU. construya coaliciones con el fin de contrarrestar el avance de Rusia e Irán en la región, además de ejercer presión contra comportamientos antidemocráticos por parte de dichos regímenes, evocando la dinámica observada en el Grupo de Lima[47] durante la era Trump. Aunque las políticas de Milei podrían brindar un respaldo marginal a las posiciones de EE. UU. en la Organización de Estados Americanos (OEA), seguirá habiendo dificultades para alcanzar un consenso en la organización. Esta colaboración contra las administraciones autoritarias de izquierda estará, sin embargo, marcada por tensiones, ya que gobiernos como los de Dina Boularte en Perú, Gabriel Boric en Chile y Daniel Noboa en Ecuador se sumarán a posiciones compartidas con Estados Unidos y Argentina en ciertos temas, pero mantendrán distancia de Milei en otros. Por otro lado, podría surgir una fuerte alianza entre Argentina y el gobierno de centro-derecha de Santiago Peña en el vecino Paraguay, destino previsto del primer viaje internacional de Milei tras asumir la presidencia si se logran superar las diferencias en temas como el gravamen al tránsito del corredor fluvial Paraguay-Paraná.

De la misma manera, cabe la posibilidad que las nuevas posiciones de Argentina en su política exterior socaven el consenso en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), incluso en su apertura a la RPC, a través del foro China-CELAC.

El escepticismo de Milei hacia la RPC cambiará el tono[48] de la relación con esta última, desencadenando disputas en torno a proyectos del sector público e instrumentos financieros. No obstante, parece poco probable que Milei termine las relaciones diplomáticas entre Argentina y la RPC, [49] y, mucho menos, que afecte las inversiones o el comercio entre ambos países.[50] Similar a la época en que el presidente argentino de centroderecha, Mauricio Macri, asumió inicialmente el cargo, es posible que las iniciativas de la RPC con Argentina sean objeto de mayor escrutinio adicional al comienzo de la administración Milei, lo que podría ralentizar ciertos procesos.

El radar de espacio profundo de Neuquén,[51] situado en Argentina y operado por el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino, junto con el radiotelescopio[52] chino de 40 metros en construcción en la provincia de San Juan y el puerto privado chino en desarrollo en la estratégica Tierra del Fuego,[53] podrían enfrentar diversas repercusiones. Bajo la administración de Milei, existe la posibilidad que se abandone el compromiso previo de su predecesor de utilizar el RNB (Renminbi), la moneda oficial de China, en el comercio con la RPC. [54] Sin embargo, es probable que siga siendo necesario emplear la línea de crédito RNB para realizar swaps de divisas, contribuyendo a facilitar los pagos a corto plazo del país al FMI.

Los proyectos de litio de la RPC en Argentina[55] podrían enfrentar un mayor escrutinio a nivel federal, aunque -en gran medida- las decisiones sobre dichos contratos se toman a nivel provincial. Debido a que la RPC tiene un interés estratégico significativo en el litio de Argentina,[56] es probable que los mencionados proyectos continúen. Del mismo modo, cabe la posibilidad que la RPC siga comprando[57] una parte significativa de sus productos agrícolas de Argentina, considerando la escasez[58] de producción de fuentes alternativas, como Brasil, a causa de la sequía[59]. No obstante, tal como ocurrió en 2010[60] con el aceite de soja argentino,[61] en caso de un posible deterioro de la relación política entre la RPC[62] y el gobierno de Milei, los principales compradores de la RPC, como China Oilseeds and Foodstuffs Corporation (COFCO), podrían encontrar razones técnicas para reducir[63] las compras de soja argentina[64] y presionar al gobierno de Milei.[65]

Conclusiones

Estados Unidos tiene la valiosa oportunidad estratégica y el deber de apoyar al éxito del gobierno de Milei. El triunfo de este último es crucial no solo para Argentina, sino para demostrar la importancia de la democracia, una economía de mercado y un gobierno limitado. Además, colaborar con EE. UU. como aliado, es fundamental en una región cada vez más cortejada por los competidores estadounidenses y escéptica ante el enfoque país. Para capitalizar esta oportunidad, EE.UU. debe estar preparado para respaldar a Argentina de manera significativa y ágil, brindando asistencia económica e institucional, mediante canales bilaterales y foros multilaterales.

En el ámbito fiscal, EE.UU. debería apoyar la renegociación de la deuda con el FMI por parte del gobierno de Milei para proporcionaría al nuevo régimen un margen financiero y tranquilizaría a los inversores nerviosos para frenar la fuga de capitales. De esta manera, Milei tendría menos necesidad de recurrir a la RPC en busca de fondos, lo que aumentaría su capacidad para abordar las preocupaciones gubernamentales relacionadas con China.

En cuanto a la seguridad, EE. UU. debería estar preparado para aprovechar las oportunidades que surjan para expandir su compromiso con un socio dispuesto, abordando temas como la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otras iniciativas contra el crimen organizado. Esto incluiría asistencia en materia de seguridad y desarrollo de la capacidad institucional, aprovechando la colaboración con la Guardia Nacional de Georgia, socio estatal de Argentina, de forma similar a sus contribuciones durante el Gobierno de Macri.

En política exterior, la Administración Biden debería buscar oportunidades para capitalizar el interés de Milei en trabajar con EE. UU. y su postura más servicial en cuestiones como Israel, Irán y Rusia, sin socavar la posición del país con otros socios regionales que puedan tener perspectivas diferentes.Respecto a la RPC, la Administración Biden, a través del Departamento de Estado, debería comprometerse con Milei para fortalecer la capacidad de las instituciones argentinas en la toma de decisiones transparentes y técnicamente competentes sobre inversiones y proyectos. También debería enfocarse en garantizar la equidad en las contrataciones públicas y el cumplimiento de leyes y reglamentos, incluso cuando las empresas beneficiarias sean de la RPC. Paralelamente, EE.UU., a través de los Departamentos de Estado y Comercio, así como de la Corporación Financiera de Desarrollo, debería facilitar vigorosamente la inversión en la economía argentina, ofreciendo alternativas de alta calidad a las inversiones de la RPC que generen valor agregado y oportunidades locales duraderas. En este proceso, EE.UU. debería estar atento a la evidencia expuesta por la administración Milei de mal desempeño, corrupción y otros problemas relacionados con las actividades de la RPC en Argentina durante la administración anterior, a fin de compartir estos ejemplos con la región para fundamentar mejor los costos y riesgos de relacionarse con China.

Finalmente, al igual que sucede con muchos socios estadounidenses, no todos los aspectos del estilo personal y las políticas del presidente Milei en temas sociales y medioambientales coincidirán con las preferencias de la Administración Biden. A pesar de estas divergencias, y manteniendo a la Administración Milei dentro de sus compromisos como una democracia según la Constitución y las leyes argentinas, EE. UU. debería seguir centrando su atención en el imperativo estratégico de ayudar a la administración de Milei a tener éxito.

Tras 48 horas cargadas de expectativas e incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este martes las principales medidas con las que la gestión de Javier Milei iniciará sus primeros días de gobierno.

El Nacional

Entre los principales ejes se destaca una fuerte devaluación del peso de casi 100% y recortes en las obras públicas no iniciadas, en subsidios al transporte y la energía y en las transferencias discrecionales a las provincias.

10 medidas

  1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. El ministro de Economía remarcó que una practica habitual en política consiste en incorporar familiares y amigos antes de la finalización de un término de mandato de gobierno.
  2. Se decreta la suspensión de la pauta oficial durante un año a los medios de comunicación. Según detalló Caputo, durante 2023, entre la Presidencia y los ministerios, se gastaron $34.000 millones en pauta. “No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, señaló.
  3. Se reducen los ministerios, de 18 a 9, y las secretarías, de 106 a 54. Según el ministro, ello redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional.
  4. Se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. “Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”, afirmó el ministro.
  5. Recorte en la obra pública. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. “La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en la Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, destacó el flamante titular de la cartera de Hacienda.
  6. Reducción de subsidios de energía y transporte. Según el funcionario, hoy el Estado “sostiene artificialmente precios bajísimos” en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios. “La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación son los pobres los que terminan financiando a los ricos”, afirmó Caputo.
  7. Se mantienen los planes Potenciar Trabajo según el Presupuesto 2023.
  8. Se duplicará el monto del Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentarán 50% el monto de la Tarjeta Alimentar.
  9. Devaluación del dólar oficial a $800, con aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y retenciones de exportaciones no agropecuarias para “no discriminar al campo”. “Una vez terminada la emergencia, se eliminarán los derechos de exportación”, vaticinó Caputo.
  10. Se eliminará el sistema de importaciones SIRA y se reemplazará con un sistema estadístico sin necesidad de aprobación previa de licencias.

Un narcotraficante organizó desde prisión dos conciertos de artistas de renombre en Venezuela, informó este martes la fiscalía, que abrió una investigación después de “irregularidades” en una de las presentaciones.

EFE

Un show del cantante estadounidense de bachata Romeo Santos en una base militar en Caracas destapó el escándalo: previsto para las 20H00 (00H00 GMT) del domingo, comenzó a las 04H00 del lunes cuando muchos de los espectadores ya se habían ido.

El fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación contra las promotoras del concierto que “agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanática del cantante”.

Y señaló que “las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Duran, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en el 2015 en República Dominicana”.

Araujo cumple condena por narcotráfico en el Internado Judicial El Rodeo II, a unos 53 kilómetros de Caracas, y, según Saab, contó “con la complicidad interna de su lugar de reclusión”.

“También habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel celebrado el pasado mes de marzo”, añadió el fiscal, que indicó que el narco usaba estas empresas para “legitimar capitales”.

El director de El Rodeo II “ya se encuentra privado de libertad por hechos de corrupción”, indicó el fiscal.

El régimen de Maduro impulsó en los últimos meses un plan de ocupación de centros de reclusión para retomar su control de pandillas, que los usaban para coordinar redes de extorsión y narcotráfico.

El Rodeo II no está entre las cárceles intervenidas.

Romeo Santos se disculpó con el público al subir al escenario. Dijo que fue una “irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor”.

“Llevo 26 años de trayectoria (…) nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde”, remarcó.

Quién es Juan Carlos Araujo Duran

El exdirector de Producciones Solid Show 2050, Juan Carlos Araujo Durán, fue sentenciado a 30 años de cárcel en 2020 por narcotráfico y lavado de dinero a través de su empresa de entretenimiento en Venezuela. Araujo Durán, reconocido en el ámbito del espectáculo y promoción de eventos musicales, utilizó su compañía como una fachada para ocultar operaciones ilegales, según la justicia venezolana.

El Ministerio Público de Venezuela detalló que la estructura delictiva liderada por Araujo Durán empleaba bienes muebles e inmuebles, así como otras empresas, como fachadas para sus actividades ilícitas. Además, la organización contaba con la complicidad de funcionarios venezolanos, quienes han sido arrestados en relación con estas prácticas. La estrategia de suspender conciertos de forma inesperada y presentar dificultades para reprogramar las fechas, era uno de los métodos para facilitar el movimiento de grandes sumas de dinero implicadas en el tráfico de drogas.

Araujo Durán gozaba de un extenso reconocimiento en Venezuela, específicamente en el sector del entretenimiento. Desde 1996 dirigió su empresa de producciones, que era una de la más destacadas en el ámbito de la organización de eventos musicales, marketing corporativo y mercadeo promocional en Venezuela. Este prestigio le posibilitó tejer una red de conexiones y apoyos que facilitaron sus actividades delictivas.

Para comprender a cabalidad el proceso constitucional en el que se encuentran enfrascados los chilenos, es necesario hacer un poco de historia. Luego del estallido social en octubre de 2019, el 78% del electorado votó por cambiar la Constitución impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y en 2021 eligió democráticamente a una convención dominada por la izquierda, para que elaborara un nuevo texto constitucional. Sin embargo, aquella propuesta fue rechazada de forma abrumadora en septiembre del año pasado, a pesar de que las encuestas preveían lo contrario.

Por: Mauricio Palazzo – Infobae

Tras este primer intento, Chile avanzó en un segundo proceso constitucional y en mayo pasado eligió a nuevos redactores, la mayoría esta vez de tendencia derechista, quienes elaboraron otro texto que, por supuesto, no convenció a la izquierda y ha tenido detractores dentro del mundo académico e incluso dentro de la misma oposición. Esta propuesta es la que se votará el próximo domingo 17 y he aquí sus normas más controvertidas:

1.- Aborto

Aunque la nueva propuesta constitucional no incluye ninguna mención explícita al aborto, sí asegura a todas las personas el derecho a la vida e indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa mención, aunque muy similar, contiene un matiz a la de la Carta Magna vigente, en donde se recoge que “la ley protege la vida del que está por nacer”.

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Para la consejera feminista María Pardo, militante del izquierdista partido Convergencia Social, ese cambio de palabras —“que” por “quien”— “hace referencia a la calidad de ser humano, persona, respecto de la vida del que está por nacer y eso va a tener un impacto en cómo se reciba eso a nivel legal”. Para la activista, ese punto “obviamente, habilita la posibilidad de que retrocedamos en materia de los derechos de las mujeres”.

El oficialismo teme que, de aprobarse el artículo con esa redacción, pueda colisionar con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación.

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Para el delegado conservador Arturo Phillips, “en ningún caso existe acá una derogación de la ley vigente, lo que nosotros no queremos es retroceder en el derecho a la protección de la vida”. Agrega que quien está por nacer “es sujeto de derecho y de protección, por parte del Estado”.

No obstante, el Código Civil chileno señala que “la existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte”. Añade que, entre los requisitos, para la existencia legal están el que haya nacimiento y que el niño “sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya advirtió sin embargo que cuando sean mayoría en el Congreso buscarán eliminar la ley de aborto en tres causales.

2.- Detenciones en lugares no habilitados

El artículo 31 de la propuesta constitucional trata sobre las medidas y facultades del Presidente de la República en relación al estado de asamblea y estado de sitio. En su inciso 7, el texto señala que el mandatario en funciones podría arrestar a las personas en sus propias casas o en lugares que no sean centros comunes de detención.

«Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión».

El cientista político Danilo Herrera levantó las alarmas sobre esta norma en radio La Clave a través de un ejemplo: «Imagínense que José Antonio Kast gana la próxima elección, y puede decretar él por sí solo estado de sitio por un acto terrorista en cualquier región del país, y eso quiere decir que (…) nos pueden detener en nuestras propias moradas y nos pueden meter presos en recintos que no sean cárceles. Ese es el nivel al que hemos llegado».

3.- Eliminación del impuesto a la vivienda

La eliminación de las contribuciones a la vivienda principal fue una de las enmiendas más criticadas por expertos en materia fiscal, quienes tacharon la medida republicana como «populista» y «regresiva» debido a que generaría efectos nocivos en las comunas de más bajos ingresos. El articulado señala que «el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho».

A pesar de tratarse de una enmienda popular, los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto, y quienes lo hacen son -por lo general- las propietarios de más altos ingresos.

«Esta sería una medida muy regresiva, y por regresiva se entiende que beneficiaría mucho a las personas de altos ingresos. Recordemos que tan solo un 23% de las propiedades pagan contribuciones (…) las propiedades más caras de chile están dentro de este 23%», advierte el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica Kenzo Asahi.

Un estudio publicado a fines de septiembre por economistas de la Universidad Católica del Norte alertó que eliminar el impuesto territorial generaría migraciones masivas a Santiago, empobrecimiento de las ciudades, pérdida de áreas verdes y luminarias públicas y, en general, la disminución de la calidad de vida:

«Las personas se van a quedar con 50 mil pesos más en su bolsillo, pero lo que se pierde en bienes públicos, salarios o producción sobrepasa ese número», señaló el profesor Dusan Paredes, director del estudio.

4.- Pueblos originarios

La Constitución vigente no menciona a los indígenas, mientras el texto que se someterá a plebiscito los reconoce como parte de la Nación chilena, “que es una e indivisible”, y agrega que respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por la carta magna.

Además, reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos.

La propuesta constitucional que fue rechazada el año pasado reconocía también los sistemas de justicia indígenas y los situaba al mismo nivel que el sistema nacional de justicia. Además, consagraba 17 escaños reservados en el Congreso para esta población. En el nuevo proyecto, no constan ninguna de esas dos menciones.

5.- Presos por delitos de lesa humanidad

Con 31 votos a favor del Partido Republicano y Chile Vamos se aprobó la enmienda que indica que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado que esta enmienda iría en directo beneficio de los reos de Punta Peuco, quienes se encuentran cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Lo anterior debido a que 153 de los 265 presos mayores de 75 años que hoy cumplen penas en el país están condenados por violaciones a los derechos humanos.

6.- Limitaciones al derecho a huelga

El Consejo Constitucional también hizo una serie de modificaciones en lo relativo a la sindicalización y derechos laborales. Una de las enmiendas aprobadas establece que «no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá́ los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal».

Otra modificación enmarcó la huelga solo en el marco de la negociación colectiva: mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establecía que «esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”, la derecha reemplazó la última frase por la siguiente «y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva».

7.- Constitucionalización del Sistema de Salud

La propuesta constitucional también consagra la denominada “libertad de elegir” en todas las prestaciones sociales. En salud, esto se plasma en el artículo que señala que “es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

Sin embargo, el oficialismo ha denunciado que esta norma haría inconstitucional los sistemas de salud públicos y, en la práctica, consolidaría el modelo de isapres a nivel constitucional.

El comisionado Flavio Quezada (PS), señaló que “si miramos a países como Reino Unido, España o Francia, esos modelos, que son Estados sociales en esa materia, serían inconstitucionales con esa norma. Por tanto, creo que ese artículo no solo es peligroso porque petrifica un modelo, sino, además, porque petrifica un modelo que es incompatible con el Estado social”.

8.-Constitucionalización del Sistema Previsional

Algo similar ocurre en el sistema previsional. Una enmienda aprobada por Republicanos y Chile Vamos señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Y si bien la propiedad exclusiva de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones es una demanda sentida por la ciudadanía, expertos señalan que esto impediría generar mecanismos «solidarios» o de reparto en el actual modelo previsional, lo que dejaría intocable el sistema de las AFP. De hecho, tras la aprobación de la norma en el Consejo Constitucional, diputados del Partido Republicano exigieron al Gobierno retirar su reforma previsional, la cual pretende avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, debido a que sería inconstitucional bajo la nueva Carta Magna.

¿Qué dicen las encuestas?

Diversas encuestadoras coinciden en que la mayoría de los consultados se muestra contrario al proyecto constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, a 16 días del plebiscito constitucional arrojó que el 39,6% de la población estaría votando “En contra” de la propuesta de Nueva Constitución, 4 puntos menos con relación a la medición del noviembre (43,6%).

Además, el 26,7% estaría votando “A favor” (+4,5), mientras que el 20,7% no sabe, el 8,1% votaría nulo o blanco y el 4,9% no votaría.

Si la nueva propuesta constitucional vuelve a ser rechazada por los chilenos en diciembre, seguirá vigente la Carta Magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que aunque ha experimentado decenas de cambios, sigue siendo rechazada por su origen.

La ley vigente no contempla avanzar hacia un tercer proceso constitucional, por lo que en caso de rechazo, la posibilidad de introducir cambios a la Constitución actual quedaría en manos del Congreso, según los analistas.

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