Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Hoy, miércoles 6 de diciembre de 2023, el régimen, a través de la Fiscalía General de la República, anunció, sin ningún tipo de fundamento jurídico y en flagrante violación al debido proceso, la existencia de ordenes de aprehensión contra Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones Nacional; Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales; y Henry Alviárez, coordinador de Organización Nacional, todos miembros de Vente Venezuela, así como de Roberto Abdul, presidente de Súmate y otros lideres políticos.

Esta acción constituye un nuevo capítulo del patrón sistemático de persecución política que atenta contra los derechos civiles de quienes adversan a la tiranía. Lo que no solo representa un incumplimiento a los acuerdos celebrados en Barbados, sino, además, el incremento de su lista de perseguidos políticos.

Desde Vente Venezuela respaldamos firmemente a nuestros compañeros de la Dirección Ejecutiva Nacional, y alertamos a los miembros de las diversas instancias internacionales a estar vigilantes a lo que pueda ocurrir en las próximas horas ante estos hechos que buscan criminalizar la disidencia política.

Hoy, más que nunca, nuestra lucha sigue siendo hasta el final.

Ventevenezuela.org

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el informe reciente del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA), publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el cual se revela un descenso en los niveles educativos de los estudiantes mexicanos en matemáticas, lectura y ciencias.

Informe Orwell

Durante su rueda de prensa matutina, López Obrador minimizó los resultados de la prueba PISA 2022, sugiriendo que estos parámetros fueron establecidos por el «neoliberalismo», un periodo que según él buscaba impulsar la calidad de la enseñanza, la excelencia y, al mismo tiempo, debilitar la educación pública.

«Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola», expresó el mandatario.

Los resultados de la prueba PISA 2022 indican que México obtuvo un rendimiento significativamente más bajo que la media de los 81 países evaluados.

El mayor descenso se observó en matemáticas, donde el nivel retrocedió a cifras no vistas desde 2002, situándose en el puesto 51. Además, solo el 0.7% de los estudiantes mexicanos alcanzaron los niveles destacados (niveles 5 y 6), mientras que el 33.5% se ubicó en los niveles más bajos (niveles 1 y 2).

En cuanto a las puntuaciones, México registró 395 puntos en matemáticas, retrocediendo 14 puntos desde 2018, 415 puntos en lectura, cinco menos que en la evaluación anterior, y 410 puntos en ciencias, nueve puntos menos que en 2018.

El Secretario de Estado Antony Blinken fue inequívoco en su declaración sobre Venezuela el 18 de octubre. Dijo que Estados Unidos esperaba que Venezuela tomara medidas para permitir que todos los candidatos se postularan a la presidencia y liberara a los ciudadanos estadounidenses detenidos indebidamente para fines de noviembre. De lo contrario, amenazó con restablecer las sanciones que se habían levantado.

Por: The Washington Post / Vía: Primer Informe

La fecha límite llegó y pasó. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio algunos pasos a medias hacia la reforma electoral el 30 de noviembre que difícilmente cumplen con las condiciones de Blinken. El Departamento de Estado calificó las medidas a medias como un “acontecimiento importante”, pero dijo que estaba “profundamente preocupado por la falta de progreso” en la liberación de prisioneros.

Lo que está en juego es la credibilidad de Estados Unidos. Si el secretario de Estado promete tomar medidas específicas en una fecha específica y luego no lo hace, el mundo se dará cuenta y asumirá que Estados Unidos no habla en serio. Sin duda, Maduro llegará a la misma conclusión: puede embolsarse los beneficios del alivio de las sanciones sin pagar el precio exigido por Blinken, y nadie hará nada al respecto. Blinken no debería permanecer en silencio.

Estados Unidos levantó algunas sanciones a las exportaciones de petróleo y oro en octubre después de que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, conocida como Plataforma Unitaria, firmaran un acuerdo en Barbados que establecía una hoja de ruta para elecciones libres y justas el próximo año. El acuerdo estipulaba que Maduro permitiría observadores internacionales y brindaría a todos los candidatos libertad de movimiento y reunión, así como igual acceso a los medios. Una prueba clave es la candidatura de María Corina Machado, una exlegisladora conservadora que fue elegida en una primaria informal para liderar la oposición. Muchos votantes consideran que ella tiene la mejor oportunidad de derrocar a Maduro, pero el gobierno de Maduro le prohibió postularse en junio, basándose en acusaciones de que no completó una declaración de bienes e ingresos cuando era legisladora.

El 30 de noviembre, frente a la fecha límite para comenzar a cumplir con el acuerdo de Barbados, Maduro y la Plataforma Unitaria emitieron una declaración diciendo que habían acordado que todos los candidatos a los que se les prohibiera postularse pueden apelar sus prohibiciones ante el tribunal más alto del país. Las apelaciones deben presentarse antes del 15 de diciembre. Esto no es una concesión importante, porque el tribunal es básicamente un brazo del régimen de Maduro, y tan recientemente como el 31 de octubre emitió una decisión suspendiendo las primarias que eligieron a Machado.

Maduro está haciendo lo mínimo. La exigencia de Blinken era que Venezuela “definiera un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Como mínimo, Maduro debe permitir que Machado se postule.

Maduro no ha tomado ninguna medida conocida para cumplir con la otra demanda de Blinken de “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos injustamente”. Tres ciudadanos estadounidenses siguen detenidos injustamente en Venezuela: Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Joseph Ryan Cristella. Las familias de los tres han negado que los prisioneros estuvieran involucrados en algún delito.

“El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos tomado”, insistió Blinken.

Para preservar su credibilidad y la de Estados Unidos, Blinken necesita responder con sanciones que expriman a Maduro y su pandilla, que han llevado a Venezuela a la ruina. ¿Quién más en el hemisferio tomará en serio el llamado de Estados Unidos a defender la democracia si el dictador venezolano se libra tan fácilmente y ahora puede acumular miles de millones de dólares en nuevos ingresos petroleros?

El presidente Biden no quiere una disputa con Maduro ahora, mientras el resto del mundo siente la inestabilidad causada por dos guerras. Y, sin duda, Biden quiere que los precios de la gasolina bajen de cara al año electoral. Maduro, que falsificó las votaciones anteriores, podría pensar que puede conservar el cargo el próximo año, pero también se está esforzando por minimizar las posibilidades de perder. Además de prohibir la candidatura de Machado, su gobierno celebró un extraño referéndum el fin de semana en el que los votantes aprobaron apoderarse de una porción considerable de la vecina Guyana, un esfuerzo por conseguir apoyo para el gobierno antes de las elecciones.

El comportamiento de Maduro podría haber sido predecible. Pero eso no lo hace más aceptable.

Equipos de búsqueda y rescate y las Fuerzas Especiales de Guyana han sido enviados a la frontera venezolana entre Arau y Eteringbang en busca de un helicóptero de las Fuerzas de Defensa de Guyana (GDF) que ha sido reportado como desaparecido.

Newsroom Guyana

Altos funcionarios del gobierno confirmaron a la sala de prensa que el helicóptero GDF Bell 412 (8R-AYA) está pilotado por un experimentado militar de carrera, el teniente coronel Michael Charles.

Se informó confiablemente a la Sala de Prensa que el GDF estaba llevando a cabo una “operación fronteriza” en el área cuando los funcionarios perdieron contacto con la tripulación en un área conocida como Río Echerak en la Octava Región.

El incidente ocurrió luego de recientes amenazas del gobierno liderado por Nicolás Maduro.

Un comunicado de prensa posterior del GDF señaló que la búsqueda está en curso en colaboración con operadores de aeronaves del sector privado y se ha iniciado una operación de búsqueda y rescate.

El helicóptero partió del campamento base Ayanganna a las 09:23 horas del miércoles hacia Arau, transportando a tres miembros de la tripulación y cuatro pasajeros.

Según el GDF, la aeronave transmitió una señal de Transmisor Localizador de Emergencia a las 11:20 hrs, desde coordenadas aproximadamente 30 millas al este de Arau en nuestras fronteras occidentales.

La operación de búsqueda y rescate en curso se ve afectada por las condiciones climáticas adversas en la zona. Se proporcionará más información tan pronto como esté disponible.

María Corina Machado se pronunció este martes sobre la detención de otros 13 dirigentes de la oposición por parte de la dictadura de Maduro. La líder política advirtió que el chavismo se está equivocando y que señaló que medidas como esas solo les dan más fuerza.

Infobae

“Maduro recibe otra derrota monumental. Se están equivocando. Lo que están haciendo hoy contra miembros de Vente y otras personas es una gran equivocación. No nos van a detener, todo lo contrario. Esto nos da más fuerza. Vamos a seguir hasta el final”, dijo Machado.

Tras la conocerse la noticia de la detención, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, expresó el presunto vínculo de “apátridas venezolanos” con la petrolera norteamericana Exxon Mobil. Según denunció, los funcionarios en cuestión habrían impulsado una campaña contra la consulta popular sobre el Esequibo.

Los funcionarios señalados por el chavismo son: Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela (VV); el presidente de Súmate, Roberto Abdul; los dirigentes en el exilio Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López; y los ex ministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez.

Asimismo, el fiscal chavista informó de la detención de un ciudadano estadounidense por su supuesta vinculación en una “conspiración” contra el referéndum.

El funcionario señaló que el acusado, quien “ya está detenido”, utilizó una criptomoneda y “grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar” contra el proceso consultivo.

Saab explicó que, según una investigación, “se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras”, como la petrolera estadounidense “ExxonMobil”, para “conspirar” contra el desarrollo del referéndum.

Dijo que Guyana, la ExxonMobil y Estados Unidos “trabajan en equipo para despojar a Venezuela” de un territorio que “histórica y legalmente le pertenece”.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma denunció la arremetida del régimen de Maduro en contra de Vente Venezuela.

El régimen madurista arremetió contra María Corina Machado y su equipo de trabajo, girando orden de aprehensión contra Pedro Urruchurtu, Henry Alviárez, David Smolansky y Claudia Macero

«Para ellos nuestra incondicional solidaridad».

«Esa embestida representa otra patada a negociaciones y evidencia desesperación ante hazaña de la primaria y fracaso del referéndum. A María Corina no la sacaran del carril que conduce a elecciones libres. Seguirá firme hasta el final con todo lo que eso implica», dijo Ledezma.

«¿Detendrán también a su madre e hijos?», cuestionó.

Son millones de venezolanos que respaldan esa ruta cívica, lejos de parodias guerristas. La comunidad internacional tiene la palabra.

El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció este miércoles una orden de aprensión contra Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra y otros líderes políticos, por su presunta vinculación con una organización financiada con fondos oscuros vinculados con Exxon Mobil.

La Patilla

Según reveló, los lideres políticos conjuntamente con Henri Alviárez, dirigían acciones desestabilizadoras y conspirativas, auspiciadas previamente por un grupo de sujetos que se encuentran en el extranjero.

En la lista también se ordena la aprehensión de Jhon Goicochea, Lester Toledo, Leopoldo López, Rafael Ramírez y Carlos Vecchio, de quien recordó trabajó para ExxonMobil a principios de los años 2000 hasta 2007, y entró en la política luego de que ExxonMobil se fue del país; tras no aceptar las condiciones de las empresas mixtas creadas por el Presidente Hugo Chávez.

Además reveló que se ordenó la captura de Roberto Abdul; Henry Alviárez; Claudia Macero y Pedro Urruchurtu.

“A todos ellos se les imputarán los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, cerró.

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, se pronunció sobre los resultado del referendo del Esequibo del pasado domingo 3 de diciembre, “el 22 de octubre y el 3 de diciembre triunfó la dignidad”.

La Patilla

“Ni el chantaje a empleados públicos, ni a madres o a estudiantes de liceos obligándolos a participar en actos ilícitos”, enfatizó. “Sobre el referéndum consultivo del Esequibo, todos sabemos lo que pasó el 3 de diciembre, lo vimos. Confío en que las Fuerzas Armadas se van a colocar del lado del pueblo”.

“La poca credibilidad que podía tener el CNE se la arrebataron de una, ni ellos mismos creen los resultados. El país también vio al CNE al desnudo. Pero además lo desnudaron ellos mismos. La poca credibilidad que podía tener este organismo se la arrebataron de una. Ni ellos mismos creen en los resultados”, lamentó.

Esequibo

Machado denunció que “ambos países están llevando adelante una explotación irracional del territorio. Maduro, Venezuela. Y además del daño ecológico brutal, los principales afectados son las comunidades indígenas que existen en esta zona. Y mucho más ante el planteamiento y la amenaza de un conflicto armado que tendría precisamente en estos grupos indígenas sus principales víctimas”.

“¡Mucho cuidado! Utilizar una retórica bélica como excusa para salirse de la ruta electoral, es algo que los venezolanos, ni la comunidad internacional vamos a permitir. Una escalada que puede tener consecuencias impensables“, advirtió Machado.

“De modo que apelamos a la sensatez de todos los ciudadanos venezolanos desde luego y de nuestras Fuerzas Armadas y de las instituciones que entienden dónde y cómo está planteada la resolución de esta controversia. Pero sí quiero decir algo”, señaló.

“Venezuela tiene quien la defienda. Venezuela sí tiene quien la defienda. Y en nuestro gobierno la vamos a defender”, exclamó.

“El mundo sabe, los venezolanos en primer lugar, así como las Fuerzas Armadas, que fue precisamente la actitud irresponsable, entreguista y anti-venezolana de Chávez y Maduro las que abandonaron al Esequibo. Recordemos que cuando Chávez estaba en la presidencia, Maduro era candidato. Producto de sus omisiones, declaraciones y acciones que permitieron que Guayana cometiera atropellos y concediera concesiones improcedentes a la explotación del territorio y de las reformas en reclamación”, explicó.

En este sentido, afirmó que “nadie, ningún venezolano, les perdona esta actitud y no caemos en engaños, en los cuales ahora pretenden trasladar la responsabilidad a los venezolanos, porque fue su consciente actitud, siguiendo instrucciones de Fidel Castro, y a pesar de que fue alertado por innumerables venezolanos que en su momento vivos, los errores que se cometieron y las correcciones que debían tenerlo”.

Para Machado, “no tenemos otra opción que acudir ante la Corte Internacional de Justicia, donde hoy se dirime esta controversia y donde tenemos, estamos obligados a defender nuestros derechos.

¿Qué procede ahora?

“Lo primero es recordar que el principio que debe prevalecer es el de resolver las controversias por la vía pacífica. Y la vía pacífica que está sobre la mesa es ante la Corte Internacional de Justicia. Entendamos esto. Tenemos hasta el 8 de abril para que Venezuela pueda presentar su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia y allí presentar todos los argumentos, todos los argumentos históricos, diplomáticos, judiciales, que soportan nuestra posición histórica. Esto tenemos que hacerlo con los mejores venezolanos y también con expertos internacionales, turistas, diplomáticos, historiadores, militares. Convocar a los mejores, al margen de sus preferencias políticas, porque esto es un asunto de Estado que nos tiene que unir a todos. Así como el referendo fue un planteamiento que dividió a la sociedad venezolana, este es el momento. Tenemos que unirnos todos para defender a Venezuela”, refirió.

Revisión de inhabilitación del TSJ

“Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay una decisión de la Contraloría, no hay un papel. ¿qué acto se puede recurrirse, si no existe?”, cuestionó.

“Esto es un hecho político y no jurídico“, agregó.

Ante la posibilidad de ser notificada por la Contraloría, María Corina respondió que “es una decisión que no se ha tomado aún”.

Tras encontrarse en el centro de un levantamiento histórico en Panamá, la minera canadiense First Quantum Minerals está haciendo las maletas y lista para salir del país. Operadora de la mina de cobre más grande de Centroamérica desde los cincuenta, su subsidiaria Minera Panamá logró una extensión para trabajar hasta por 40 años más. Esto desató la furia de miles de ciudadanos quienes reclamaban que el país debía cumplir con la moratoria de la minería a cielo abierto. Masivas protestas paralizaron a Panamá durante más de un mes, algo que no se veía desde la dictadura militar a finales de los ochenta. Esta semana, después de un fallo de la Corte Suprema, el presidente Laurentino Cortizo canceló el contrato con First Quantum. A todas luces, la empresa perdió la batalla.

Por: Isabella Cota – El País

Lo que queda por hacer ahora es cerrar la mina “de manera responsable”, dijo en entrevista con EL PAÍS el consejero delegado de First Quantum, Tristan Pascall. La mina suministra al mundo el 1% de la producción total de cobre. Unos 7.000 empleados perderán su trabajo y más de 30.000 personas que se beneficiaban indirectamente de la derrama económica de la mina se verán afectados. “Reconocemos que necesitamos hacer las cosas mejor en términos de la forma en que comunicamos las cosas. Necesitamos escuchar y aprender de esto”, dijo Pascall. Con la electrificación de las tecnologías, impulsada para reemplazar los combustibles fósiles, la demanda por cobre a nivel global subirá y las empresas deben encontrar la manera de operar sin afectar al medio ambiente, asegura el ejecutivo.

Pregunta. Este contrato fue declarado inconstitucional desde 2017. ¿Por qué First Quantum insistió en trabajar en un país con una moratoria sobre la minería a cielo abierto?

Respuesta. La historia que nos trajo aquí es que el depósito original se encontró en 1958. Ha llevado mucho tiempo desarrollarlo y uno de los hitos clave fue en 1997, cuando llegamos a un acuerdo para desarrollar la mina. Todavía se necesitaron otros 20 años aproximadamente para entrar en producción comercial, y First Quantum llegó en 2013 para desarrollar la mina después de obtener la aprobación de su Evaluación de Impacto Social Ambiental. El contrato fue ampliado en 2017 por el Ministerio de Comercio. Y sí, hubo casos ante la Corte Suprema, y fallaron para decir que el contrato era inconstitucional. Pero en ese momento, el gobierno de Panamá afirmó que el contrato seguía vigente y seguía incentivando la inversión en la mina. Así lo hicimos. Hasta la fecha hemos invertido 10.000 millones de dólares. Seguimos empleando gente, el 90% de los cuales son panameños. Es una verdadera historia de éxito. Desde la decisión de 2017, ha habido un proceso para comprometerse y negociar un resultado en torno a ese fallo de inconstitucionalidad, lo que nos lleva al período actual. Fueron necesarios dos años de negociación detallada con la administración actual, mucho esfuerzo, debido proceso, consulta pública antes de que los reguladores lo enviaran al Congreso, y fue ahí donde las cosas cambiaron. Nos sorprendió la rapidez con la que se aprobó y se convirtió en ley. Fue entonces cuando notamos un gran cambio en el humor del país. Creo que a muchos panameños les sorprendió que, aunque hubieran tardado cinco años y dos años de negociaciones detalladas. Reconocemos la sorpresa en torno a esto, que llevó a la avalancha de protestas públicas no solo centradas en la minería, sino más ampliamente en el período previo a las elecciones de mayo del próximo año. Hemos tenido 25 años de condiciones que han hecho avanzar el desarrollo y ahora una decisión de la Corte Suprema lo ha declarado inconstitucional y no podemos continuar. Queremos ser parte de la solución de lo que pasa ahora en Panamá y de lo que pasa en la mina. Queremos construir un diálogo abierto y honesto en torno a esto y hacia dónde ir a partir de ahora.

El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, encabezó la primera reunión interinstitucional convocada para evaluar los siguientes pasos en relación a la implementación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 406 del contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá. 

ANPanamá

En dicha reunión participaron la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Doris Zapata; el ministro de Ambiente (MiAmbiente), Milciades Concepción; y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, junto con sus respectivos equipos técnicos, quienes serán responsables de coordinar las acciones por parte del Gobierno Nacional.

Durante la reunión, se analizó la información disponible por parte de las instituciones con el objetivo de presentar recomendaciones al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Este último, al enterarse del fallo, anunció que se llevaría a cabo un cierre ordenado y seguro de la mina.

El fallo de la CSJ, que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406, fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 2 de diciembre. El Ministerio de Comercio e Industrias recibió oficialmente la notificación del fallo el lunes 4 de diciembre.

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