Armando Esteban Quito

Imágenes pornográficas falsas de Taylor Swift generadas mediante inteligencia artificial están circulando en las redes sociales, dejando a su leal legión de Swifties preguntándose cómo no hay más regulación en torno a la creación no consensuada de imágenes con clasificación X.

The New York Post

Las imágenes en cuestión, conocidas como “deepfakes”, muestran a Swift en varias posiciones sexualizadas en un juego de los Kansas City Chiefs, un guiño a su muy publicitado romance con el ala cerrada del equipo, Travis Kelce.

No quedó claro de inmediato quién creó las imágenes o quién las compartió por primera vez con X, aunque hasta el jueves por la mañana «Taylor Swift AI» era tendencia en la plataforma, con más de 58.000 publicaciones sobre el tema.

Los Swifties se unieron y trataron de enterrar las imágenes compartiendo una avalancha de publicaciones positivas sobre la cantante de 34 años.

“¿Cómo es que esto no se considera agresión sexual?” preguntó un usuario X. «Estamos hablando de que el cuerpo/la cara de una mujer se utiliza para algo que probablemente nunca permitiría/se sentiría cómoda. ¿Cómo no existen leyes que lo impidan?».

“Cuando vi las imágenes de la IA de Taylor Swift, no podía creer lo que veía. Esas imágenes de IA son repugnantes”, dijo otro.

Otros fanáticos escandalosos de Swift llamaron a quien creó el “repugnante” y casos como estos “arruinan la tecnología [de IA]”.

“Quien los liberó merece castigo”, intervino otro.

El publicista de Swift, Tree Paine, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Post.

Imágenes de Taylor Swift desnuda generadas por inteligencia artificial circularon en las redes sociales el jueves, mostrando a la estrella del pop en varias posiciones sexualizadas en un juego de los Kansas City Chiefs.

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para regular aún más la IA en octubre que impide que “la IA generativa produzca material de abuso sexual infantil o imágenes íntimas no consensuadas de individuos reales”, entre otras cosas, incluida una mayor supervisión del uso de la tecnología en el desarrollo de productos biológicos. materiales.

La orden también exige que el gobierno federal emita directrices «para marcar con agua o etiquetar de otro modo los resultados de la IA generativa».

La pornografía deepfake no consensuada también se ha declarado ilegal en Texas, Minnesota, Nueva York, Hawái y Georgia, aunque no ha logrado detener la circulación de imágenes de desnudos generadas por IA en las escuelas secundarias de Nueva Jersey y Florida, donde se encuentran imágenes explícitas de deepfake de las alumnas fueron difundidas por compañeros varones.

La semana pasada, el representante Joseph Morelle (demócrata por Nueva York) y Tom Kean (republicano por Nueva Jersey) reintrodujeron un proyecto de ley que convertiría el intercambio no consensuado de imágenes pornográficas alteradas digitalmente en un delito federal , con penas imponibles como penas de cárcel, una multa o ambas.

La “Ley de Prevención de Deepfakes de Imágenes Íntimas” fue remitida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero el comité aún tiene que tomar una decisión sobre si aprobar o no el proyecto de ley.

Además de tipificar como delito el intercambio de imágenes íntimas alteradas digitalmente, la legislación propuesta por Morelle y Kean también permitiría a las víctimas demandar a los infractores en un tribunal civil.

A principios de este año, otras imágenes ultrafalsas del Papa Francisco con una chaqueta acolchada de Balenciaga y de Donald Trump resistiéndose al arresto también arrasaron en Internet.

Reporte de derrames petroleros en Venezuela julio-diciembre 2023, un resumen de los hallazgos: Para el segundo semestre del año 2023 se registraron un total de 35 derrames de hidrocarburos. Al sumar esta cifra con los 44 casos contados en el semestre anterior resulta un total de 79 eventos que pudieron ser registrados en el año 2023. Un número muy similar al documentado en el año 2022 (para el 2022 se totalizaron 81 derrames).

Clima 21

Un número importante son eventos continuos o lugares donde ya habían ocurrido otros derrames y fugas sin que aparentemente se solucionen las causas de los mismos.

Durante este período los estados afectados fueron principalmente Zulia y Falcón y en menos proporción los estados Anzoátegui y Carabobo. A pesar de ello, en el mes de julio el ministro para el Ecosocialismo aseguró que el Lago de Maracaibo no se encontraba en emergencia por contaminación. Asimismo, en el mes de agosto, el ministro de petróleo afirmó que en lo que iba de 2023 se habían registrado “casi cero” derrames en ese cuerpo de agua. En contraste, a finales de junio el presidente de la República anunció un plan para descontaminar este cuerpo de agua.

Al igual que en los otros períodos, la estatal petrolera (PDVSA) derrames no suministró información adecuada y suficiente sobre las causas, naturaleza del hidrocarburo derramado, ni ningún otro detalle de los mismos.

Una excepción a esta regla fue el caso del derrame en El Palito en el cual la estatal petrolera señaló que la causa había sido el desborde de una laguna de tratamiento de efluentes como consecuencia de las lluvias ocurridas en la zona.

Estas emergencias generan graves amenazas ambientales y daños a personas y comunidades que habitan en la zona afectada. A pesar de ello, en ninguno de los casos parece haberse realizado una evaluación de los daños ocasionados por el derrame, ni las empresas involucrados asumieron responsabilidad alguna por estos daños. Tampoco se conoció que se abrieran investigaciones sobre los responsables de estos hechos, ni sobre posibles sanciones a aquellos que resultaran por acción u omisión. En algunos casos la empresa prometió pagar compensaciones a los afectados por los derrames, pero no existe ninguna información de que haya cumplido con la misma. Igualmente persiste el patrón constante de negación a la información y la obstaculización del trabajo de los medios de comunicación.

Mientras Von der Leyen y Sánchez no dejan de repetir que España y otras democracias occidentales deben seguir estrangulándose económica y energéticamente por la Agenda 2030, los datos no dejan de desmentirles. España, Francia, Alemania o EEUU llevan años reduciendo las emisiones de CO2.

Por: Carlos Cuesta – Libre Mercado

Y China y Rusia, grandes beneficiados del deterioro económico de Occidente, llevan los mismos años disparando esas emisiones. Sin embargo, toda la presión se dirige a los países que ya han bajado sus niveles contaminantes por el puro desarrollo tecnológico y no a quienes es obvio que pretenden usar el ecologismo ultra para incrementar su poder mundial y debilitar a los países democráticos.

En medio de una avalancha de falsedades científicas sobre el cambio climático -datos comparados con el fin de una miniglaciación, borrado de las evidencias sobre el impacto negativo de las medidas lanzadas en la producción de alimentos, negación del efecto fertilizante del CO2, maquillaje de los datos de elevación de temperatura por medio de no tener en cuenta el impacto de las nubes en la rebaja del calentamiento, etc.-, en medio de todo ello, ha surgido una voz, con más de 1.600 científicos a sus espaldas, para advertir del brutal peligro y exageración que albergan los datos expuestos por Naciones Unidas con el fin de generar un alarmismo desmedido con respecto al clima. Esa voz se llama Climate Intelligence y cuenta como estandarte con el premio Nobel de física de 2022, John F. Clauser. Pero no hace falta demasiado para darse cuenta de que el alarmismo climático cuenta, además, con una evidente dirección política: la de favorecer una producción sin control de países como China o Rusia y la de trasladar toda la presión -y todos los costes añadidos de producción- a los principales países democráticos.

Y es que los datos de evolución de las emisiones de CO2 de la inmensa mayoría de países democráticos y capitalistas es positivo. Y lo es, precisamente, porque ese modelo capitalista ha favorecido un incremento de la renta per capita que ha permitido la renovación tecnológica natural, sin los golpes a la economía y la riqueza que busca el ecologismo ultra.

Así, España emitió en 2021 un total de 231.914 megatoneladas (Mt) de CO2. Mucho menos que las 314.707 Mt de 2000 ó las 371.537 de 2005. Lo mismo, pero aún más exagerado, ocurre con Francia. Gracias a sus centrales nucleares emite aún menos con una economía mayor. En 2021 emitió 302.327 Mt. Y en el año 2000 estaba muy por encima: 401.752 Mt.

¿Pero qué ha pasado con las dictaduras o países ajenos a los esquemas de las democracias liberales? Rusia ha elevado su peso contaminante hasta las 1.942.535 Mt en 2021 cuando en 2000 se limitaba a 1.673.218 Mt. China ha multiplicado por cuatro su cifra hasta llegar a 12.466.316 Mt en 2021 cuando estaba en 3.703.340 en 2000. Irán ha llegado a 710.831 cuando estaba en la mitad en 2000 -352.771-. Y Arabia Saudí ha hecho lo propio, duplicando hasta las 586.398 Mt su dato de 265.151 de 2000. Pero toda la presión se centra en quienes ya, gracias a su riqueza y tecnología, cumplen con el control de las emisiones.

El gobierno español está a punto de convertir en ley una forma de «terrorismo ligero», un delito que normalmente sería difícil de justificar si se otorga impunidad.

Por: Bridget Ryder – The European Conservative

Bajo el liderazgo del primer ministro socialista Pedro Sánchez, el parlamento del país está preparando una amplia amnistía para los separatistas catalanes. El proyecto de ley , que se espera sea votado y aprobado la próxima semana, legisla la impunidad total para todos los actos cometidos “en el contexto del llamado proceso de independencia catalán” entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, un lapso de tiempo que deliberadamente incluye los dos referendos separatistas ilegales llevados a cabo en 2014 y 2017.

Es alarmante que el terrorismo se haya añadido a una lista de actos amnistiados en enmiendas al proyecto de ley realizadas a petición del partido separatista catalán Junts Per Catalunya, con la salvedad “si no ha habido una violación grave de los derechos humanos”.

La propia ley especificaría que NO serán perseguidos ni sancionados los “actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o buscar la secesión o la independencia de Cataluña, así como aquellos que hubieran contribuido a la consecución de dichos fines”. Luego detalla una lista de delitos excusables: malversación de fondos, desorden público, ataques a la policía. 

El último intento de referéndum en Cataluña estuvo acompañado de semanas de disturbios que sacudieron particularmente a la capital regional y a la segunda ciudad de España, Barcelona. En 2019, la mayoría de los líderes del referéndum fueron condenados por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. 

Entre los condenados se encuentran líderes del grupo secesionista Tsunami Democrático, que encabezó gran parte de la agitación callejera que rodeó el referéndum en sí, incluidas protestas en el aeropuerto de Barcelona que interrumpieron las operaciones y causaron indirectamente la muerte de una persona. Un informe de la Guardia Civil incluido en el caso calificó las protestas de “terrorismo”, dado que la “estrategia u hoja de ruta del grupo consistió en ejecutar acciones de gran envergadura que movilizaron a miles de personas y que compromet[ían] [la] estabilidad económica, estabilidad social, empresarial e institucional de España”. 

La situación se complicó en noviembre pasado, cuando un juez español implicó al fugitivo catalán y eurodiputado Carles Puigdemont en supuesta actividad terrorista. Puigdemont era presidente regional de Cataluña en el momento del referéndum de 2017. Uno de los principales organizadores, huyó a Bruselas y desde entonces está prófugo de la justicia española. Pero esta circunstancia no le impidió seguir al frente del partido político Junts y ser elegido al Parlamento Europeo. En España, su partido tiene siete escaños decisivos en la cámara que está utilizando para impulsar una amnistía que no sólo retirará los cargos penales y castigos contra otros secesionistas, sino que también permitirá a Puigdemont regresar a España sin tener que enfrentarse a la ley. Dado que el juez lo implicó en el caso Tsunami Democrátic, podría enfrentar cargos de terrorismo.

“Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves” del “goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las que se basa la Unión”, afirma la directiva de la Unión Europea 2017/541. Esto significa que los beneficiarios de la ley de amnistía aún pueden tener dificultades para evadir la definición de terrorismo de la Unión Europea, que no hace distinción entre actos terroristas que son violaciones graves de los derechos humanos y aquellos que no lo son.

Las normas judiciales izquierdistas de la UE, típicamente dadas a anular las competencias nacionales de los estados miembros, podrían en esta ocasión mantener un enfoque más estricto hacia el terrorismo que el propio gobierno español. 

En una publicación reciente en X, Belén Becerril Atienza, profesora de derecho en la Universidad CEU San Pablo de España, destacó que esta misma regulación define “fines terroristas” como intentos de “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas constitucionales, económicas o sociales fundamentales”. de un país”. Al llamarlos actos terroristas, la Guardia Civil española identificó que la protesta en el aeropuerto tenía exactamente ese propósito. 

En la legislación europea no existe terrorismo ligero. Introducir una distinción jurídica que suene metafísica entre actos de terrorismo que violan y no violan los derechos humanos es una receta para el caos.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela informó el miércoles que embajadores de varios Estados del bloque llevan a cabo una «agenda de reuniones» en Caracas con «actores relevantes» para la implementación de los acuerdos firmados en Barbados, el pasado octubre, entre el gobierno y el sector mayoritario del antichavismo.

EFE

«Embajadores y representantes diplomáticos de varios Estados miembros de la Unión Europea llevan a cabo una agenda de reuniones en Caracas con actores relevantes para la implementación de los Acuerdos de Barbados», dijo la Delegación de la UE en su cuenta en X.

El bloque europeo acompañó su mensaje de una fotografía de varios de los representantes de los países miembros posando frente a la estatua del Libertador Simón Bolívar, en una plaza del centro de Caracas, cercana a las sedes de varios poderes públicos.

La publicación también fue difundida por la delegación opositora en el diálogo con el gobierno, que republicó el mensaje acompañado de la frase «seguimos trabajando».

Ni la oposición ni la UE identificaron a los actores en cuestión con los que se sostienen estos encuentros.

En las últimas semanas, tanto el gobierno como la oposición que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se han acusado mutuamente de violar lo pactado en Barbados, donde las partes suscribieron el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos».

Este miércoles, Estados Unidos se mostró «profundamente preocupado» por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos, incluidos miembros de la oposición, la sociedad civil, exmilitares y periodistas, tras la denuncia del gobierno venezolano de cinco planes conspirativos que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro.

«Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

En las últimas 48 horas, Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la PUD, María Corina Machado, ha denunciado la detención de tres jefes regionales del comando de campaña y la vandalización de varias de sus sedes, en cuyas fachadas escribieron «Furia Bolivariana», nombre de un plan lanzado por el jefe de Estado para «defender el derecho a la paz».

La ONG de Venezuela Control Ciudadano pidió este miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, explicar la expulsión de un total de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), «implicados en conspiraciones» contra el Gobierno, que incluían el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.

EFE

En una nota de prensa, la ONG advirtió que las expulsiones y degradaciones anunciadas entre el martes y hoy por el ministro de Defensa «están sujetas a control jurisdiccional y deben cumplirse los extremos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para efectuarse».

Explicó que, de acuerdo con la normativa venezolana, estas son «penas accesorias» y que, además, está previsto que las sentencias de quienes incurran en el delito de «traición a la patria» sean publicadas en prensa nacional.

La presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, recordó que el cumplimiento de la norma militar en torno a estas sanciones evita actos arbitrarios dentro de la Fuerza Armada.

El ministro Padrino informó este miércoles de la expulsión de un total de 33 militares de la FANB, una cifra que hasta el martes era de 18.

En un comunicado, explicó que estos militares, cuyos nombres, rangos y números de identificación están especificados en el documento, estuvieron «implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano».

Estas acciones -prosiguió- contemplaban «incluso el asesinato del primer mandatario nacional», lo que representa «actos de traición a la patria», por los que el grupo de 33 efectivos castrenses, conformado por 29 hombres y cuatro mujeres, fueron oficialmente expulsados de la FANB.

Maduro autorizó el lunes degradar y expulsar de la FANB a los militares implicados en los cinco planes conspirativos que fueron denunciados ese día por el fiscal general, Tarek William Saab, quien informó entonces de la detención de 32 personas desde mayo de 2023 por estar supuestamente involucradas en estos hechos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana se reúnen este jueves en Brasilia, como parte de los acuerdos alcanzados a fines del año pasado en un encuentro en que los mandatarios de ambos países abordaron las crecientes tensiones por el territorio del Esequibo.

Por: Carolina Alcalde – La Voz de América

A mediados de diciembre, los presidentes de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, convinieron en San Vicente y las Granadinas abstenerse de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo, amenazar o utilizar la fuerza, resolver la controversia de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Además, acordaron la creación de una comisión mixta de cancilleres y técnicos que ahora se reúne por primera vez para tratar los asuntos mutuamente acordados.

Al encuentro, que será celebrado en el Palacio de Itamaraty, asistirán los cancilleres de Venezuela, Yvan Gil, y de Guyana, Hugh Todd, según un comunicado de la cancillería guyanesa.

También estarán presentes el canciller brasileño, Mauro Vieira; representantes del secretario general de Naciones Unidas; los gobiernos de San Vicente y las Granadinas, en ejercicio de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y de Dominica, que ejerce la presidencia de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Voz de América

En los últimos tres meses el gobierno de Joe Biden empezó a darle algo de aire a Nicolás Maduro con acuerdos en varias áreas que también han favorecido a Estados Unidos. Con el incremento en el asedio a la oposición por parte de la dictadura de las últimas horas, sumado a la presión republicana para ser más duros con el régimen y la campaña electoral ya en proceso, ahora el Departamento de Estado empieza a enviar mensajes de cómo todo ese camino se puede desandar si el chavismo no frena los ataques y avanza en un calendario electoral.

Por: Gonzalo Ferreira – Infobae

Este martes a la noche el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que cuestiona a la dictadura de Nicolás Maduro y dijo mostrarse “profundamente preocupado por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos”. Pero además, agregó una advertencia al régimen chavista: dijo que las acciones que vayan en contra de esos acuerdos “tendrán consecuencias”.

El lunes, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos entre los que se encuentran la abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina. Los acusa de conspirar en el marco de una supuesta operación a la que llamó “Brazalete Blanco”, que según el chavismo buscaba atentar contra Maduro.

El Departamento de Estado reaccionó más de 24 horas después de estos anuncios, con un comunicado en el que cuestiona el accionar del régimen de Maduro y señala que “las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro”.

“Exigimos el fin del acoso por motivos políticos, incluidos los ataques a las oficinas de campaña de la oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación”, aseguró Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.

“Estados Unidos continúa apoyando al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia. Las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias”, agregó Miller.

“Instamos a Maduro y sus representantes a adherirse al acuerdo de la hoja de ruta electoral, incluso anunciando un cronograma claro para las elecciones presidenciales de 2024, y a reinstaurar a todos los candidatos políticos”, agregó Miller en el comunicado.

Los acuerdos con el chavismo

Estados Unidos en los últimos meses realizó varios acuerdos con el gobierno de Maduro, que incluyeron en un primer paso el retorno de los vuelos a Caracas con ciudadanos venezolanos que son deportados desde EEUU.

Presionado por la migración, el gobierno de Biden encontró en este anuncio un poco de aire en la frontera. Si bien las deportaciones no pueden ser masivas porque deben hacerse en avión, sí son una señal para los venezolanos que intentan ingresar por la frontera sin hacer los procedimientos legales, dado que se los advierte de que pueden ser enviados nuevamente a Caracas. Un primer balance de las autoridades estadounidenses es positivo, dado que se logró bajar en octubre la cantidad de venezolanos que viajan rumbo a Estados Unidos. En octubre se redujo un 74 porciento. Los expertos creen, de todas formas, que ese alivio es temporal.

El segundo gran acuerdo de Washington con Caracas fue resultado de los acuerdos del chavismo con la oposición, para encaminar un calendario electoral. Estados Unidos levantó parcalmente las sanciones a Venezuela en asuntos como la explotación petrolera y de oro, lo que le dará aire al régimen en términos económicos. El gobierno de Estados Unidos afirma que ese acuerdo también es beneficioso para los norteamericanos, porque le permite en los primeros meses ya se observó una reducción de las ventas ilegales de petróleo que Venezuela hacía, para retornar al mercado legal.

“La producción de petróleo era parte del comercio ilícito, en gran medida con la República Popular China, pero también con otros países, incluido Irán. Lo que estamos viendo ahora es que el comercio ilícito regresa al sector formal después de muchos años de estar fuera del sector formal. Esto es positivo ya que evita que este producto llegue a China e Irán. Es mejor para el pueblo venezolano y desde que el petróleo se vendía en el mercado negro, hay un descuento del 30% al 35% en el precio. Y es bueno para los consumidores estadounidenses porque obtenemos petróleo y otros productos que necesitamos”, dijo en noviembre el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos de América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

En ese momento Estados Unidos amenazaba a Caracas con volver a imponer las sanciones porque Maduro estaba incumpliendo con dos partes del acuerdo: liberar a los presos estadounidenses que el gobierno de Biden entendía ilegitamente detenidos y fijar una fecha concreta para las elecciones.

A finales de diciembre, luego de negociaciones en las que Estados Unidos debió ceder más, logró destrabar ese primer punto y fueron liberados 10 estadounidenses presos en Caracas. Pero el acuerdo fue muy polémico porque implicó la liberación por parte de EEUU de Alex Saab, un aliado de Maduro detenido por lavado de dinero.

Saab es un empresario colombiano muy cercano a Maduro, que también ha sido sindicado como su testaferro. Ese acuerdo implicó también la liberación de otros 20 presos políticos venezolanos.

Sin embargo el otro punto por el que Estados Unidos amenazaba con re imponer las sanciones aún no se ha solucionado. El régimen de Maduro sigue sin fijar una fecha para las elecciones ni levantar la proscripción de candidatos. Este martes, tanto el presidente como su rival, la candidata opositora María Corina Machado, se movilizaron en Caracas.

Machado dijo que Maduro tiene miedo de medirse con ella y por ello no convoca a elecciones.

La presión republicana

Las últimas acciones del régimen son también una oportunidad para los republicanos de seguir machando a Biden como “blando” en sus posturas con Maduro. Los congresistas opositores que siguen los temas de América Latina han cuestionado duramente a la Casa Blanca y el Departamento de Estado por avanzar en negociaciones con el chavismo.

Las críticas más duras llegaron cuando Biden decidió liberar a Saab. ““Un enfoque de sólo concesiones hacia un narcodictador, cuya única aspiración es mantener su control ilegal del poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de Estados Unidos”, dijo el senador republicano Marco Rubio en un comunicado luego del anuncio.

“Las acciones del presidente Biden de recompensar la toma de rehenes estadounidenses levantando primero las sanciones, liberando a los sobrinos de Maduro y ahora a Alex Saab son descaradas. Saab es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro que privó de recursos al pueblo de Venezuela”, agregó.

Además, cuestionó las consecuencias que un acuerdo como ese puede tener para la seguridad de los estadounidenses en países como Venezuela. “Este intercambio sólo envalentonará a los dictadores para secuestrar a más estadounidenses”, dijo.

Esta semana Rubio volvió a la carga contra el gobierno por sus acuerdos con Maduro y en una entrevista en NTN24 calificó como “blanda postura de la administración de Biden y los Acuerdos de Barbados” y señaló que “el actual gobierno de EEUU no tiene ninguna voluntad de hacerlos respetar”.

La OTAN anunció este miércoles el inicio formal de sus mayores maniobras militares en décadas, apodadas “Steadfast Defender 24″ , con la partida del navío militar estadounidense “USS Gunston Hall” desde Norfolk, Virginia.

AFP

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) informó en un comunicado que “después de una serie de operaciones, el navío comenzará su tránsito a través del Atlántico”.

“La partida del ‘USS Gunston Hall’ marca el primer movimiento táctico” de las maniobras, que durarán hasta mayo y en las cuales participarán unos 90.000 soldados de la alianza de defensa transatlántica.

Los ejercicios “demostrarán que la OTAN puede llevar a cabo y sostener operaciones complejas multidominio durante varios meses, a lo largo de miles de kilómetros (millas), desde el Alto Norte hasta Europa central y oriental, y en cualquier condición”, explicó la organización de 31 naciones.

El ejercicio está diseñado para simular la respuesta de la alianza de 31 naciones a un ataque de un rival como Rusia. En los meses previos a que el presidente Vladimir Putin ordenara la entrada de tropas rusas en Ucrania en febrero de 2022, la OTAN comenzó a reforzar la seguridad en su flanco oriental, en su mayor fortalecimiento desde la Guerra Fría.

Las maniobras incluirán ejercicios paralelos localizados y se extenderá desde América del Norte hasta el flanco oriental de la OTAN, cerca de la frontera rusa.

Participarán unos 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate.

Se trata de las mayores maniobras de la OTAN desde el ejercicio Reforger de 1988, en las postrimerías de la Guerra Fría y se dan en un contexto de tensiones internacionales en auge desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del Comando de la OTAN para Europa, indicó que participarán los 31 países de la Alianza, así como Suecia, que aspira a adherir a ella.

“Será una demostración clara de nuestra unidad, de nuestra fuerza y de nuestra determinación de protegernos los unos a los otros”, apuntó el militar.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, dijo que se trata de “un número récord de tropas que podemos movilizar y realizar un ejercicio de ese tamaño, a través de la alianza, al otro lado del océano, desde Estados Unidos hasta Europa”.

Bauer lo describió como “un gran cambio” en comparación con el número de tropas que se ejercitaban hace apenas un año.

Días atrás, el almirante instó a los miembros de la alianza atlántica a “esperar lo inesperado”. Mientras la guerra se estanca y con el financiamiento de Estados Unidos y la Unión Europea para la economía de Ucrania devastada por el conflicto, frenado por luchas políticas internas, Bauer apeló a un “enfoque de toda la sociedad” ante el desafío que vaya más allá de la planificación militar.

“Necesitamos que los actores públicos y privados cambien su mentalidad de una era en la que todo era planificable, previsible, controlable y centrado en la eficiencia a una era en la que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Una era en la que debemos esperar lo inesperado”, afirmó al inaugurar la reunión.

Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, anunció que el gobierno de Londres enviará 20.000 soldados respaldados por aviones de combate avanzados, aviones de vigilancia, buques de guerra y submarinos, muchos de los cuales se desplegarán en Europa oriental de febrero a junio.

Por su parte, el Gobierno búlgaro anunció días atrás que construirá carreteras, líneas férreas y oleoductos por valor de 6.000 millones de euros que, además de su uso civil, puedan ser utilizados para el rápido despliegue de tropas de la OTAN, cumpliendo así los planes de defensa de la Alianza.

“El despliegue de un grupo de combate multinacional en nuestro territorio ha sido discutido decenas o cientos de veces”, señaló el ministro de Defensa, Todor Tagarev.

Las exitosísimas primarias de la oposición venezolana del pasado 22 de octubre nos dejaron en un estado de embriaguez en muchos sentidos. Que más de dos millones de venezolanos salieran a votar, en lo que fue una especie de aclamación, por un nuevo líder opositor, superó cualquier expectativa. El triunfo abrumador de María Corina Machado, con más del 92% de los votos, dejaba claro que en el país había surgido un nuevo fenómeno político, legítimo y popular.

Por: Orlando Avendaño – Voz Media

El escenario parecía agitado. Como Deus ex machina irrumpía en la política un nuevo actor, capaz de tensar la cuerda e imponer su agenda. El choque de trenes era inevitable y el estado de conflicto deseable, eventual. Pero el ánimo se vio frustrado por la insoportable realidad.

No habían pasado dos meses de la primaria cuando el régimen le impuso una orden de captura a tres miembros claves del equipo de María Corina Machado. Bajo esa presión, que se convirtió en chantaje, Maduro pudo nuevamente encarrilar lo que lucía como un fenómeno indómito. Estados Unidos, desafortunadamente, se prestó al juego de la extorsión y, a cambio de relajar la reciente ola de represión, le devolvió a Maduro una de sus joyas más preciadas: al gran testaferro chavista Alex Saab, preso hasta el 20 de diciembre del 2023 en una cárcel gringa.

El maquiavélico juego de canje y timo nos recordó la pesada realidad: todo aquel que vive en Venezuela, e incluso algunos fuera de Venezuela, son rehenes del régimen de Nicolás Maduro. Es libre quien Maduro desea que sea libre y hasta que Maduro desea que sea libre. Entonces, nadie es libre. Y como nadie es libre, qué esperanza hay.

Me desdigo: sí hay esperanza. Pero, cuando la realidad golpea, toca repensar. Y una de las aproximaciones que corresponde hacer es la de diseñar cualquier estrategia a partir de la admisión del estado de las cosas: somos rehenes y Venezuela no puede ser vista sino bajo la concepción de un secuestro o un cautiverio.

Jugar bajo las reglas del sistema, como hoy está planteando cuando se insiste en la ruta electoral incondicionalmente, implica un riesgo enorme. El sistema, que no es precoz, lleva más de 25 años perfeccionándose para lograr la supresión sistemática de cada gesto de disenso. Es la óptima maquinaria chavista de aniquilación. Y la aniquilación, vale decir, no necesariamente es física. También te aniquila el chavismo cuando te corrompe. Cuando te compromete con el negocio radioactivo de la mafia. Esa ha sido la gran táctica de los últimos años.

Ahora, ¿quién podría sugerir que la lucha por la libertad de Venezuela se haría sin riesgo alguno? Habría que ser muy ingenuo. No hay en el horizonte escenarios infalibles. Hay realidades, más bien, que toca asumir. Y la gran realidad, que hoy pesa como un yunque, es que las alternativas se limitan a tener que jugar dentro del sistema.

Ni está contemplada una asistencia militar internacional, como alguna vez estuvo sobre la mesa, cuando Trump habitaba la Casa Blanca, ni hay ánimo de subversión en Venezuela ni capacidad de arrebatarle al chavismo el monopolio de la violencia. Lo único que hay, muestra de ello lo que ocurrió el 22 de octubre cuando las primarias, es una voluntad enérgica y decidida de expresión sin que eso implique un mayor riesgo físico. La silent majority diría Richard Nixon, como también me lo sugirió recientemente el politólogo Enderson Sequera.

No quiere decir esto que ese prematuro ánimo de cambio, muy reservado y precavido, no pueda convertirse en un motín, que es lo que realmente agitaría el gran calabozo que es Venezuela. De hecho, si se considera el caso venezolano como un escenario de secuestro, dado que no existe la fuerza externa dispuesta a resolver la encrucijada, solo queda el motín.

Pero las rebeliones no son tan espontáneas como nos han hecho creer. Toda revuelta tuvo uno o varios detonantes. Años de excesos y precariedades llevaron a la Toma de la Bastilla. Nuestra misma historia nos lo ratifica. El cierre arbitrario de un canal de televisión produjo la ola de manifestaciones del 2007; el robo a las elecciones de Capriles, las del 2013; el asesinato de un par de estudiantes, las del 2014; y en el 2017 la supresión de la Asamblea Nacional opositora produjo la etapa más cruenta de manifestaciones de nuestra historia reciente. Si en cada episodio la oposición no ha logrado el objetivo de liberar a Venezuela tiene que ver, mucho, con la poca altura de nuestro liderazgo.

María Corina Machado intenta navegar aguas tormentosas. Debe jugar con lo poco que tiene a disposición, que no es para nada alentador, pero al mismo tiempo eso debe pavimentar el ánimo para un motín. El asunto es difícil de conjugar: ¿cómo construyes el espíritu y mantienes intacta la esperanza a partir de una estrategia que luce inviable?

Esto pasa, pienso, por reconocer la realidad, que se impuso cuando Maduro ordenó la captura de tres miembros del equipo de Machado y cuando ayer, 23 de enero, tres coordinadores de su campaña fueron desaparecidos luego de que unos encapuchados los secuestraran.

Reconocer la realidad no implica un trabajo introspectivo, a menos en este caso. Sería insultante sugerir que Machado o su equipo desconocen la naturaleza del régimen. Precisamente Machado ha hecho carrera de diagnosticar acertadamente a su adversario.

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